16/7/18


Los mexicanos se encuentran a poco menos de una semana de que se celebren los comicios más grandes en la historia del Estado, tanto por financiamiento como por padrón electoral, cantidad de elecciones concurrentes y número de cargos de representación en juego. Sin embargo, más allá de los temas propios de la contienda electoral, relativos a los problemas y las respuestas que cada presidenciable pretende atajar, de ser electo, durante los siguientes seis años, una de las cuestiones que menos ha sido abordada ni por ellos ni por sus respectivos equipos de campaña —pero sí en cierto grado por la prensa nacional— es aquella que tiene que ver con el rol que juega la violencia —así, sin adjetivos— por cuanto determinante del comportamiento, las preferencias y la participación política directa de los ciudadanos.
En términos generales, todos los presidenciables se han posicionado sobre la materia en cuestión partiendo del postulado de que es necesario pacificar, reconciliar y asegurar al país, dando por terminado con un largo ciclo de poco más de doce años de violencia en el marco de la guerra del Estado mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico. Con algunos candidatos ofreciendo más violencia como respuesta a los elevados índices de violencia en el país —al estilo del Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón y su cruzada en favor de la mutilación de miembros—; otros más, apelando a la buena voluntad de la ciudadanía para olvidar el pasado y reconciliarse con sus verdugos —caso de la estrategia de la campaña de López Obrador, que si bien no es tan simplista como sus detractores la pintan, éste no ha ofrecido una propuesta programática para conocer los mecanismos que se emplearían, por lo demás, algunos experimentados con gran éxito en sociedades con historias marcadas por dictaduras cívicas y/o militares o intervenciones armadas—; y otros en franca aceptación de que se debe continuar por el camino hasta ahora transitado —que serían José Antonio Meade y Ricardo Anaya apelando a la noble y patriótica naturaleza de las instituciones del Estado, las mismas que tienen al país en la descomposición imperante—; lo que queda claro en cada caso es que, unos y otros, cuando no han decidido menospreciar la importancia del tema para el desarrollo de la sociedad, han dado muestras de un soberbio desconocimiento del fenómeno y una profunda carencia de propuestas para abordarlo.
En el caso de la Coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por López Obrador, por ejemplo, quien escribe estas líneas ya ha expresado en otros espacios lo preocupante que es que, de resultar electo en los comicios de julio, su equipo de campaña no cuente con ninguna estrategia clara sobre la manera en que se tendrá que proceder en el caso de que los intereses a los que ahora se opone —o por lo menos, a los que no les resulta favorable— López Obrador decidan hacer un uso más intensivo y extensivo del conflicto armado en torno del narcotráfico para desestabilizar la gestión gubernamental y demostrar la incompetencia del nuevo ejecutivo para hacer frente a un fenómeno que ya se ha cobrado poco más de doscientas mil vidas.
En el caso de los dos representantes del oficialismo (Meade y Anaya) por supuesto, esta posibilidad se encuentra potencialmente reducida, en comparación con López Obrador, habida cuenta de que si bien es cierto que ambos representan intereses que en muchas ocasiones no comulgan y hasta se saben adversos, también lo es que en un panorama amplio las diferencias entre unos y otros no son tan profundas y en por lo menos ya en el transcurso de cuatro sexenios han dado muestras de saber colaborar por la obtención de un entorno comercial y político que les sea mutuamente favorable.
En este sentido, a lo que se ha prestado muy poca atención dentro de la agenda pública es a la discusión, justo, del rol determinante que en el momento presente juegan los grupos armados, militares y paramilitares, desplegados por todo el territorio nacional. Y lo cierto es que ello no es para menos. De entrada, el actual proceso electoral ya es, en la historia de los comicios en México —salvo, quizá, el enmarcado en la guerra civil de 1910-1921—, el más violento en términos de la designación de candidaturas. Tan sólo de septiembre de 2017 a la fecha, cuarenta y seis candidatos y/o precandidatos a puestos de representación popular han sido asesinados en hechos marcados por el ejercicio de distintos grados de violencia.
Comparado con los comicios presidenciales pasado, es decir, los correspondientes a 2006-2012, el proceso electoral en curso se distancia de aquel por cuarenta y cinco asesinatos (lo que representa un incremento de este fenómenos en 4500%), toda vez que en el periodo anterior sólo se registró un candidato ultimado en los mismos términos en los que se dieron los cuarenta y seis casos presentes. Pero no sólo, pues, además, el sexenio de Enrique Peña Nieto se distancia en gran medida del de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en el número de políticos (regidores, alcaldes, exalcaldes) ultimados por el crimen organizado: nueve entre 2006 y 2012 frente a ciento veintidós entre 2012 y 2018.
Por supuesto que éstas cifras son risibles si se las compara con las cifras correspondientes al total general de asesinados en cada sexenio, al número de desapariciones forzadas, de secuestros, de casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de crímenes de odio por género, preferencias sexuales, raza, credo; y hasta por el ejercicio de profesiones como la de reportero y médico. Sin embargo, y teniendo plena conciencia de que unas ejecuciones no sustituyen o demeritan a otras, el elemento de especial relevancia respecto de las personalidades al frente de estructuras políticas-administrativas del Estado, en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y en cualquiera de sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), es que del uso que se hacen de esas estructuras dependen la vida los cientos, miles o millones de mexicanos que desarrollan su vida dentro de su jurisdicción específica.
A este fenómeno se ha tendido, cada vez más, a denominarlo como captura total o parcial del Estado, y partiendo del supuesto de que las instituciones de éste y las personas al frete de las mismas son incapaces de cometer actos de violencia y/o criminales —asesinato y desaparición de estudiantes, activistas, líderes indígenas; ejecuciones de testigos, civiles y criminales de manera extrajudicial; sometimiento a prácticas de tortura por parte del sistema judicial, etcétera—, se ha ido colocando en la discusión pública el tema de que el peligro latente en dicha captura se encuentra en el hecho de que el Estado, es decir, sus normas, sus instituciones y sus servidores, se verían incapacitados para no cometer actos de violencia y(o criminales.
El problema con esta discusión, no obstante, es que justo los términos de la misma están gravitando en torno de la posibilidad de que el Estado, sus normas, sus instituciones y sus servidores, capturados por el crimen, dejen de estar moral y éticamente incapacitados para cometer algún acto como los que cotidianamente realiza el crimen organizado; cuando en realidad la discusión, por lo menos en lo que toca para los comicios próximos y el sexenio entrante, en realidad tiene que ver con la relación que se desarrolla entre esa captura y la ciudadanía sobre la que también se ejerce.
Es decir, casos, ejemplos de la actividad criminal del Estado, de las normas que le dan fundamento, de las instituciones por medio de las cuales trabaja y de los servidores que mantienen al conjunto en funcionamiento, hay muchos a lo largo de la historia del Estado-Nación mismo, en general; y del Estado mexicano, en particular. Que los sujetos, los objetos y las estrategias a través de las cuales dicha violencia se hace patente en un espacio y en un tiempo determinado cambien es un tema diferente; que sin embargo no altera en absoluto la sistematicidad histórica con la que dicha violencia se ha ejercido. Por ello la discusión no es si el Estado podría llegar a equipararse con los grupos del crimen organizado en el país, sino la posibilidad que tiene la ciudadanía para hacer frente a ese actuar.
¿En qué sentido? Aunque históricamente los resultados no siempre han sido los esperados, y los dispositivos ideológicos y de ejercicio del poder al servicio del Estado siempre han tenido una gran efectividad para anular, contener, disuadir y/o reprimir ciertas respuestas, las resistencias frente al Estado, sus normas, sus instituciones y sus funcionarios en cada caso tienen un costo político para aquello o aquellos a quienes se resisten; factor que, en última instancia, tiene el potencial para detener una política pública, un proyecto de ley y hasta para conseguir la deposición al cargo del servidor público. En el caso del crimen organizado, no obstante, ese costo es inexistente frente al hecho de perder la vida si se decide resistir —baste el caso de las autodefensas en Guerrero y Michoacán para ejemplificar ambos supuestos.
Es cierto que la violencia que hoy captura a las campañas electorales no focaliza su accionar en un territorio o en un partido concreto. Su dispersión, su cartografía, en estrictito, se concentra en diez entidades y ochenta municipios (con preponderancia en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Veracruz); mientras que sus objetivos lo mismo pertenecen a partidos como el Revolucionario Institucional (con veintidós asesinatos), al de la Revolución Democrática (con trece asesinatos) y a Acción Nacional (con nueve asesinatos), que a entidades políticas locales, populares, partidistas y/o comunitarias (con veintiún asesinatos). Sin embargo, ello, lejos de ser un dato para preocuparse menos es, de hecho, revelador de lo extensa que se encuentra la red de acuerdos entre intereses.
Así pues, tres son los fenómenos en los que la ciudadanía no debe dejar de poner particular atención. Primero, se debe cobrar conciencia de la capacidad de movilización que tienen los grupos del crimen organizado, en términos de compra y coacción del voto; partiendo del entendido de que es infinitamente más potente la coacción que se ejerce por medio del asesinato que el que se ejerce por medio de amenazas con suspensión de programas sociales y/o servicios públicos. Este rasgo es especialmente importante para el día en que se celebren los comicios.
Segundo, no se debe perder de vista el curso que tomarán las políticas públicas en los municipios y las entidades en las que el asesinato de políticos ha cobrado mayor relevancia, sobre todo, porque ello permitirá develar la agenda de intereses que se está poniendo en juego en esa localidad. El asesinato de un candidato o de un servidor en funciones no tiene un efecto neutral o inocuo dentro del programa de políticas públicas de la gestión en cuestión, y ello, con independencia de si en lo sucesivo la el número de ejecuciones disminuye o simplemente desaparece.
Tercero, es imprescindible no obviar que los servidores que entren en funciones a partir de su elección el primero de julio deberán enfrentarse a la tarea de negociar o enfrentar al crimen organizado en sus respectivos márgenes políticos y administrativos, lo que ya de entrada introduce la imperiosa necesidad de reconocer que inclusive las agendas más progresistas impulsadas por los candidatos deberán conciliar su viabilidad, aplicación y gestión con los intereses que afecten; imposibilitando su aplicación en los términos en los que hasta ahora han sido expuestas en el discurso.
El día después de la elección, cuando el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral declaren un ganador, estos rasgos serán fundamentales, pues toda la confrontación que en niveles institucionales y de bases (de los partidos) se ha desplegado a lo largo de la campaña deberá enfrentarse frente a los escenarios de una inflexión que termine por romper la tensión o al de una articulación de antagonismos. Y lo cierto es que sin importar cuál de los dos escenarios se dé, el proceso será traumático para grandes sectores de la población, con independencia del ganador.


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]

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