30/7/18

El pasado martes 26 de junio, cuando Argentina vivió su tercer paro general, en tres años de administración ejecutiva de Mauricio Macri, lo que la sociedad de ese país confirmó, más allá de la evidente negación del gobierno en turno de abrir cualquier posibilidad de diálogo, es que no únicamente la sostenibilidad del modelo de política económica vigente es inexistente, sino que, además, el gobierno nacional está dispuesto a pagar el costo social y político que sea necesario para profundizarlo y escalarlo a niveles aún mayores a aquellos en los que se encontraba a finales del siglo XX y principios del XXI.
Revelador de esa apuesta del macrismo es, por ejemplo, que tan sólo en 2017 la sociedad argentina se manifestó, en diferentes proporciones, con diferentes dinámicas de movilización y a través de distintos grados de exigencias, en dos mil doscientas sesenta y cinco ocasiones (éstas, de carácter laboral, se suman a las mil setecientas nueve movilizaciones sociales de naturaleza no-laboral). Y si bien es cierto que, comparando ese número de protestas (más los tres paros nacionales) con las trece huelgas generales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) durante el mandato de Raúl Alfonsín, con los nueve paros celebrados durante la presidencia de Carlos Menem, o con las nueve huelgas llevadas a cabo en los dos años de gestión de Fernando De la Rúa; las expresiones de inconformidad social con el macrismo palidecen, también lo es que la persistencia y los niveles de articulación alcanzados en los tres últimos años son, por mucho, más combativos que aquellos si se considera que este volcado hacia el neoliberalismo más atroz se dio como respuesta a poco menos de una década de reformismo con fuerte soporte popular y obrero —a pesar de las cinco huelgas que Cristina Fernández tuvo que enfrentar.
El camino para llegar a los niveles de degradación social que hoy se viven en Argentina aunque lento, se ha labrado con la progresiva implementación de políticas públicas y directrices que no por tener efectos marginales en lo singular dejan de tener un impacto abrumador cuando se las observa en su sistematicidad y en esa lógica que las lleva a atajar diferentes frentes. Poco más de la mitad de las movilizaciones registradas en 2017, por ejemplo, fueron realizadas por los trabajadores del sector público, siendo los servicios relativos a la educación, salubridad y similares y/o derivados los principales concentradores y catalizadores de las movilizaciones; mientras que en el resto, protagonizadas por los empleados del sector privado, el grueso de las manifestaciones fueron organizadas y personificadas por obreros industriales.
Sin embargo, lo que es una constante que de hecho articula a ambos lados de la ecuación es que los móviles principales de uno y otro extremo tienen que ver con la degradación del poder adquisitivo de los ciudadanos y las ciudadanas, siendo el salario, a través de paritarias, reducciones al mismo, congelamiento de pagos, incumplimiento de contratos y acuerdos, etc., el principal objetivo de la pauperización que se experimenta a lo largo y ancho del país; concatenado con una menor proporción, pero igual de constante, de problemáticas relativas a despidos y/o suspensiones laborales.
Es decir, que aunque en el grueso de la prensa regional los temas sobre las políticas de ajuste y contracíclicas son los que saturan la agenda, éstos son detonantes de un menor número e intensidad de movilizaciones. Más aún, pues en el entendido de que el impacto de estos dos rubros en la cotidianidad de los y las argentinas no es similar entre los sectores público y privado, el que para aquel sector sean las problemáticas salariales su principal motivante, mientras que para el privado lo son las cuestiones concernientes a los despidos, las suspensiones y las condiciones de trabajo e general, indica que el criterio dominante del ajuste estructural del macrismo a la economía argentina se centra, primordialmente, en un adelgazamiento de las proporciones del andamiaje estatal y de las estructuras laborales-sindicales sobre las cuales se monta.
    Sin demeritar las condicionantes de la acción social por parte de los grupos laborales del sector privado, no es menor la problemática que envuelve al poder adquisitivo de los trabajadores. En América, la profunda desigualdad en la distribución del ingreso se mantiene como una constante que, aunque no coloca a la región como la más pauperizada por el capital, sí le concede el lugar como la más desigual de la economía-mundo, en general; y de entre las periferias globales, en particular. Después de la crisis de acumulación de 2008, mientras el grueso de los Estado del Sur del continente se encontraba bajo administraciones de corte progresista de izquierda, los márgenes de desigualdad en el ingreso se mantuvieron relativamente estables y en niveles históricamente bajos, con reducciones importantes en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y, justo, Argentina.
Ello, en parte, se vio reflejado, en Argentina y el resto de la región, en una reducción (de dieciséis puntos porcentuales) en la relación del ingreso medio percápita de los estratos sociales con la menor obtención del mismo y los estratos con la mayor —aunque aún se mantiene una disparidad de cien unidades monetarias para los primeros por poco más de mil, para los segundos. Y todo, gracias al claro énfasis que se colocó en la tarea (primordialmente, pero no solo) de incrementar los niveles de ingresos obtenidos por los hogares más empobrecidos en rubros relativos al trabajo asalariado y a la obtención de prestaciones y otras transferencias similares.
Por eso no es menor lo que la política económica vigente en Argentina está haciendo al atizar el ensanchamiento de la brecha de desigualdad entre las distintas capas sociales de la población, porque si bien los sectores sindicalizados y los trabajadores al servicio del Estado no pertenecen a ese último quintil de la población, el de menores ingresos, la presión que el gobierno está poniendo sobre los salarios en rubros de servicios, industria, transporte y almacenamiento es extrapolable a otros ámbitos.
El último paro general experimentado por el macrismo parece querer dirigir la atención de la sociedad argentina justo en esa dirección, y en la necesidad de encontrar canales de mayor articulación a pesar de las profundas diferencias salariales y aún de intereses y prerrogativas que existen en el seno de los sectores laboralmente activos. Históricamente, de hecho, las huelgas generales son, en Argentina, un recurso de última instancia cuando la exigencia de unificar luchas se convierte en imperativo. La coincidencia de la CGT y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y los grados de acatamiento de las disposiciones para la huelga dan cuenta de ello.
Por su puesto que, además del desconocimiento y la descalificación de la movilización social, por parte del gobierno en turno, le apuesta a que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el siete de junio pasado, le brinde un poco de margen de maniobra (con una corrida de USD 50,000 millones a treinta y seis meses) para llegar al final del cuatrienio con cierta estabilidad y con un apaciguamiento gradual del desencanto popular —luego de que el propio gobierno labrara su fracaso macroeconómico tras verse imposibilitado a realizar nuevas contrataciones de deuda luego de la colocada, por USD 9,000 millones, en enero de este año.
Sin embargo, la medida, lejos de incrementar los márgenes de maniobra del gobierno, lo lleva justo en la dirección opuesta. Y es que, siguiendo, de nuevo, los principios del Consenso de Washington, relativos a la reducción de la presión fiscal como medida de incentivación y afianzamiento de la inversión (productiva o en cartera), lejos de reducir el déficit y de promover la inversión, se encuentra operando para incrementar al primero y disminuir a la segunda.
No debe olvidarse, en este sentido, que gran parte del éxito alcanzado en política económica y social por parte de las administraciones progresistas anteriores se edificó sobre la base, por un lado, de un régimen de pensiones estable y progresivo; y por el otro, de un proporcional gasto social por parte del Estado, con énfasis particular en protección social, educación, salud, vivienda y actividades de promoción cultural —en ese orden descendente como porcentaje el Producto Interno Bruto. Y aunque es verdad que Argentina se mantiene como uno de los Estados que mayores recursos destina al gasto social (del orden de veinte puntos porcentuales del PIB), también lo es que la articulación entre tasas de interés por arriba de los veinte puntos, depreciación constante de los salarios y los más recientes y sistemáticos recortes al gasto público no únicamente impactan en el consumo interno, sino que, además, profundiza la necesidad del Estado de captar recursos, toda vez que alrededor del noventa por ciento de sus ingresos dependen de impuestos, derechos sobre el comercio exterior y otras contribuciones a la seguridad social, a su vez determinadas por los niveles de actividad económica alcanzados.
De aquí se desprende la trascendencia de los recortes, exigidos por el Fondo Monetario Internacional, que en el país se materializarían en i) treinta mil millones de pesos menos para obras viales, drenajes, potabilización de agua y vivienda; ii) veinticuatro mil millones de pesos menos al gasto corriente del Estado (personificados en más de treinta mil despidos); iii) diez mil millones de pesos menos e transferencias para las provincias, sumado a una reducción del porcentaje que representan los subsidios en el gasto del Estado (cincuenta y seis puntos porcentuales); y, iv)un incremento sustancial en el gasto destinado al pago de la deuda, que ya alcanza el 14% de la ejecución presupuestaria anual.
Es claro que para 2019 el panorama no se avizora menos conflictivo, pues el macrismo debe dar cabal cumplimiento a las exigencias del FMI, y a pesar de que el historial de huelgas generales en Argentina, desde principios de la década de los años ochenta, es indicativo de que esta sociedad aún mantiene un alto grado de respuesta, de organización y articulación en sus masas laborales —en comparación con otras sociedades de la región, en las que sendos sectores poblacionales se mantuvieron inmutables, complacientes y hasta indiferentes con volcados hacia el neoliberalismo (Ecuador), golpes de Estado (Brasil) y bloqueos e injerencias (Venezuela)—; el hecho de que el descontento aún no haya escalado en márgenes más amplios de la población también da muestra de que ni la respuesta represiva del Estado ni el control del desencanto por la vía de la política económica han sido menores.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]

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