10/3/18

Hace doce años, cuando la alternancia partidista entre una opción de derecha y una versión aún más radical de la misma perfilaba la posibilidad que inclusive en algún momento una expresión más moderada, de tipo socialdemócrata, llegara a la administración del poder ejecutivo federal por un sexenio, el representante de la que en ese momento era la apuesta mexicana más próxima a la socialdemocracia fue convertido, por la narrativa gubernamental y la campaña mediática de un conglomerado de intereses comerciales y financieros privados, en un peligro para México. En ese momento, el motivo de la peligrosidad del entonces candidato a la presidencia del país por primera vez, Andrés Manuel López Obrador, se fundaba en la retórica radical de éste con respecto al funcionamiento del sistema político y económico de corte neoliberal vigente.
Radical, no porque en realidad, en el fondo, la propuesta de gobierno ofrecida consistiese en algo cercano a un punto de ruptura o a un movimiento de discontinuidad en relación con la lógica general del México posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; sino, más bien, porque para los estándares de funcionamiento del sistema de partidos y de las actividades comerciales y financieras, nacionales y extranjeras con presencia en el país, el centro de gravedad de los privilegiados que es posible conseguir por medio del régimen se perfilaba para gravitar alrededor de intereses particulares distintos de los entonces —como ahora— dominantes. Es decir, radical, en este sentido, porque la posibilidad, hasta entonces no confesada, de que una opción gubernamental beneficiara a otros grupos políticos y a otros intereses empresariales, distintos de los propios de la derecha y la extrema derecha del espectro ideológico estaban, por fin, siendo confesados.
Hace doce años, pues, López Obrador y los conglomerados empresariales y partidistas a los que representa eran un peligro para México no porque el contenido de su retórica en realidad girara en torno del establecimiento de un régimen socialista o algo parecido. En gran medida, por supuesto que para la opinión pública que el Gobierno federal y su transición pactada formaron a través del asedio mediático ese era el peligro real. Y lo cierto es que no es para menos: la primera década del siglo XXI vio surgir por toda América regímenes gubernamentales con bases de todo tipo, populares, campesinas, indígenas, sindicales, afrodescendientes, etc.; y la idea de que expresiones similares llegasen a México ponía en cuestión que los endebles privilegios laborales que se gozaban en el país —meros retazos de un pasado industrialista extinto desde los años 80— se extinguieran.
Pero hay más, pues incluso si López Obrador y su programa de gobierno no eran ni remotamente próximos a lo que en América presidencias como las de Hugo Chávez, Evo Morales o Lula da Silva ya realizaban en el terreno —con expropiaciones de capitales extranjeros, regulaciones más estrictas en materia comercial y una intervención más marcada del Estado con márgenes de redistribución de la riqueza más amplios y profundos—, el hecho de que en el Sur del continente intereses de potencias comerciales como Estados Unidos se estuvieran viendo afectados por una reducción sustantiva en sus ganancias era motivo suficiente para que el sentido común de la población general en México se viera introducido dentro de la órbita de la comentocracia estadounidense y su intransigente demagogia.
En este plano, las probabilidades de que Estados Unidos y el resto de las democracias electorales y representativas de Occidente vieran una amenaza en López Obrador como la veían en Hugo Chávez eran reducidas y en realidad no iban más allá de lo que en el plano discursivo circulaba. Sin embargo, la sola idea de que un modelo similar a los sureños se extendiera tan cerca de las fronteras de la aún potencia comercial, militar y financiera de la economía mundial era motivante suficiente como para superponer al cerco mediático nacional uno con marca propia desde Washington.
   La reacción de la plataforma lopezobradorista ante su pérdida en las elecciones de aquel 2006 sirvió para potenciar —y en ocasiones confirmar— algunas de las consignas que durante la campaña habían alimentado la animadversión a popular hacia su propuesta. Y un sexenio, varios miles de asesinatos y de desapariciones, decenas de miles de millones de dólares añadidos a la deuda exterior del Estado, reducciones sustanciales en el poder adquisitivo de la ciudadanía y un país sometido ante los designios de las fuerzas armadas nacionales y de los cárteles del narcotráfico después, la fórmula que tantos réditos dio en aquellos comicios se repitió, ahora frente a un autoproclamado nuevo y rejuvenecido Partido Revolucionario Institucional, para volver a cerrar el cerco alrededor de la apuesta socialdemócrata mexicana.
De ambas experiencias a este momento, no obstante, mucho ha cambiado en el contenido y en las formas del lopezobradorismo —ahora morenismo, en virtud de su pronta institucionalización en el partido político Movimiento de Regeneración Nacional. Y es que, lo que en esas dos elecciones se daba por supuesto como un peligro para México, hoy, cuando la distancia ideológica entre los partidos de izquierda —o eso que en México se autodenomina como tal— y de derecha se cerró y colapsó sobre la propia derecha, dejándola en pie como la única opción ofrecida a la ciudadanía para los siguientes comicios, la apuesta socialdemócrata de López Obrador (la única que pugnaba por diferenciarse de sus pares cuando las precampañas aún no comenzaban), ya no pasa de ser un espectro más de la derecha pero con discurso que pretende ser progresista, de abajo y a la izquierda.
Ello, no sólo por ese amasiato al que Morena llegó con la expresión evangélica, democristiana, más estable que ha tenido el sistema político mexicano en el último medio siglo, el Partido Encuentro Social (PES), sino además, porque al haber comprendido que noventa por ciento de la elección tiene que ver con los capitales que invierten en esta democracia, y un diez por ciento restante con la necesidad de legitimar aquella dinámica por medio de la simulación de comicios libres, informados y periódicos, López Obrador y su plataforma han recurrido cada vez más a la opción de mantener las cosas como están siempre y cuando se realicen pequeñas concesiones a las bases de apoyo que le son históricas al movimiento que encabeza. La cantidad deserciones que desde otros partidos y círculos empresariales se han transitado hacia Morena para obtener las designaciones que en sus viejas guardias les fueron negadas son claro ejemplo de ello —y por supuesto, también del hecho de que lo que se juega en estas elecciones es tanto, que para quien resulte ganador habrá tanto para repartir como promesas haga durante la campaña.
Pero aún más representativo de ese giro que en el mejor de los casos sería un intento de invertir aquel adagio que reza que el poder se conquista por la izquierda y se sostiene con la derecha, el maridaje que en las últimas semanas López Obrador ha buscado en el seno del sector financiero, en la 81ª Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero, es signo de que si algo queda de la opción de izquierda a la que en algún momento llegó a aspirar, hoy no se distingue en nada de la pretendida ciudadanización del priísmo o de la presunta moderación progresista de la coalición Acción Nacional-Revolución Democrática.
Dos posibilidades, no obstante, quedan en el aire aquí. La primera tiene que ver con el no tan remoto escenario en el que de manera consiente López Obrador esté buscando sumar apoyos a su causa sabiendo que después de ganar los comicios, con tan potente integración de intereses, no respetará los acuerdos a los que llegó de antemano; reduciendo los márgenes de acción de las opciones que se encuentren más próximas a la derecha de su propio posicionamiento. Por supuesto esta apuesta no es para nada libre de riesgos, y es que, de proceder en tal línea de ideas, lo que se aproxima es una parálisis y un desaseo de proporciones mayúsculas en el caso de llegar a la presidencia. Después de todo, gobernar, y no sólo llegar a, es cuestión de negociación permanente entre intereses divergentes; y traicionando a quienes alimentaron su campaña a cambio de una concesión tiene el potencial de desatar, en el mejor de los casos, escenarios como el que ahora asedia a Venezuela y en años recientes a Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina; en el peor, guerras más profundas que la desatada por Felipe Calderón, entre 2006 y 2012.
La segunda posibilidad presupone que el Morenismo respetará cada acuerdo de campaña una vez en detentación del ejercicio del ejecutivo federal. La cuestión es que no por ello es menos atroz que el primer escenario. Y es que aquí el problema es que las concesiones pueden ser tantas y con consecuencias tan agudas que el mantener el funcionamiento del régimen en sus términos actuales sería el menor de los males asechando a la población. Y lo cierto es que, por lo hasta ahora visto, y por las personalidades que han desfilado hacia Morena, ese costo no se aprecia para nada menor.
Si en dos oportunidades en el pasado la plataforma de López Obrador no suponía ningún peligro para México —por lo menos no en los términos en los que se planteó desde la narrativa que lo denostó en 2006 y 2012—, esta tercera, el peligro es mayúsculo (en el nivel de las otras coaliciones), y lo que lo hace aún peor es que la única expresión realmente opositora a la totalidad de la lógica del sistema político mexicano, la representada por el Concejo Indígena de Gobierno y la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ni siquiera fue respaldada por ninguno de esos sectores que durante tanto tiempo se autoproclamaron la izquierda mexicana.

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