22/12/17
La noticia de que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría avalado, en 2016, el desvío
de más de doscientos cincuenta millones de pesos para financiar las campañas
electorales de candidatos priístas para los comicios de ese año, así, se suma a
una serie de publicaciones desafortunadas para la imagen pública del partido en
el Gobierno que incluyen —al margen de una longeva tradición de secretos a
voces sobre la apropiación partidista del erario nacional—, tan sólo para el
último año, las investigaciones sobre las empresas fantasma de Veracruz y sobre
el empleo de universidades públicas para desviar más de siete mil millones de
pesos, entre 2013 y 2014.
De acuerdo con la
información disponible hasta el momento, basadas, por un lado, en las
declaraciones de Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda de Chihuahua
durante la administración de César Duarte como gobernador de la entidad; y de
Ricardo Yáñez Herrera, Secretario de Educación en los mismos términos; y en la
documentación correspondiente a la investigación judicial en contra de
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, por el orto; los montos
monetarios en cuestión fueron enviados a las entidades con gobernantes priístas
próximos a la figura del presidente, Enrique Peña Nieto, para ser transferidos,
mediante la simulación de contratos gubernamentales con empresas fantasma, a
las estructuras internas del Partido Revolucionario Institucional para ser
empleados en el financiamiento de sus propias campañas electorales en las
entidades en que se temía perder la gubernatura.
Con independencia
de los causes que esta información y los eventos mismos deberán de seguir para
llegar a su esclarecimiento, algunas de las principales reflexiones que surgen
sobre el problema tienen que ver con tres temáticas, con
consecuencias particulares por cada una de ellas.
La primera de
ellas tiene que ver, por evidencia explícita, con esa gran discusión relativa a
los actos de corrupción dentro del Gobierno Federal. Y es que, de las muchas
cosas que sí quedan claras incluso dentro de los límites que suponen la
información circulante, es que, una vez más, un sólo evento es totalmente capaz
de mostrar que la administración pública, en sus tres niveles de gestión,
mantiene, como parte de su funcionamiento habitual, el despliegue de
operaciones bien estructuradas, sistemáticas, de apropiación de los recursos
públicos para beneficiar a una casta de ciudadanos dedicados a vivir de los
cargos de representación popular.
La cuestión con
este nivel es, no obstante, que mostrar, de nueva cuenta, que los rasgos más
fundamentales del Estado y de sus andamiajes gubernamentales son los de un
complejo que funciona para mantener relaciones de clase y privilegios en sus
términos, no hace gran cosa en una sociedad en la que la historia de sus
instituciones (esas que el priísmo se adjudica como parte de su patrimonio
material e intelectual), de sus sistema de partidos y del funcionamiento global
de su sistema político (también, en palabras del actual candidato del PRI a la
presidencia de la república, José Antonio Meade Kuribreña, deudas de los
mexicanos con su partido) es la historia misma del ejercicio de los cargos
públicos (de representación o no) como ejercicio patrimonial de los intereses
vigentes en cada sexenio.
Ello, por
supuesto, no significa que las implicaciones del acto de corrupción actual sean
menores. Por lo contrario, de las muchas situaciones que este nuevo escándalo
permite hacer visibles a la ciudadanía —pese al cerco mediático que ya se
cierne sobre él— es que cada uno de esos casos que año con año se presentan
como eventos aislados, autónomos, en los que una figura pública, un burócrata o
un funcionario electo, es involucrado en casos de manejo irregular de los
recursos del erario o de financiamiento ilegal de privados no son, en ningún
sentido, situaciones independientes unas de las otras; como si cada caso de
corrupción implicase única y exclusivamente a un reducido universo de personas
involucradas. Son, por lo contrario, casos representativos de una lógica
operacional estructural y sistemática de la que la sociedad apenas llega a
enterarse a cuentagotas —pese a la mayor incidencia que se presenta en periodos
electorales.
El problema que
los mexicanos enfrentan ante esta situación, por eso, no se encuentra allí,
sino en los esfuerzos que desde diferentes frentes se conjugan para normalizar
los casos de corrupción, ya sea por la vía de la opacidad y la impunidad gubernamentales,
o por la construcción de una narrativa en las que estos eventos son
estructurados como problemas propios de la falta de ética y profesionalismo de las
personalidades involucradas; personalidades, al final del día, siempre
reemplazables por otras que se suponen más integras y probas —y con cuyo
nombramiento el caso de corrupción en cuestión sería liquidado. Así, la
corrupción se construye como un archipiélago de excepciones, con cada una de
sus islas aislada y sin ninguna racionalidad inherente.
La segunda temática
tiene que ver con el terreno electoral, y debe comenzar a plantearse en los
siguientes términos: es claro que el monto de los recursos triangulados no es
menor, y menos aún dentro de los márgenes de los procesos electorales en las
entidades. Cualquier revisión superficial de los registros bancaros de los
partidos y de las cuentas públicas de cada administración involucrada en la
operación da cuenta de ello. La cuestión es, por lo tanto ¿En qué términos y en
qué profundidad participaron las autoridades electorales, locales y federales,
que sus facultades de fiscalización de los recursos materiales, humanos y
financieros empleados en los comicios no arrojaron ningún tipo de irregularidad?
Y más aún, como también queda claro que inclusive si la desviación de recursos
se comprueba, a pesar de esa comprobación, más bien, las elecciones ya están en
su curso gracias a la validación y la sanción del Instituto Nacional Electoral
y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los problemas que
se visualizan son dos: ¿Es este caso el preludio de lo que ocurrirá en los
comicios de 2018, en el sentido en que de superarse el financiamiento
establecido las elecciones seguirán siendo validadas, sancionadas y
legitimadas? ¿Cómo se supone que se debería de proceder en los casos en los
que, como en la actual situación, se muestre, a destiempo, que todo el proceso
electoral estuvo marcado por el financiamiento irregular? ¿Se deberá mantener a
las administraciones surgidas de esos procesos como legales y legitimas?
Las implicaciones
no son menores, pues remiten a la interrogante sobre el número de casos que se
han dado en condiciones similares, bajo patrones equiparables y que sin embargo
han sido sostenidos por todo el andamiaje gubernamental en sus funciones.
La tercera
temática, justo, apunta hacia esa dirección. Y es que más allá de las dos
dinámicas anteriores, en el fondo de esta situación lo que parece encontrarse
en el centro es el uso político y los resultados que tendrá en el desarrollo y
los resultados de las presidenciales de 2018. Una lectura inicial, por
supuesto, arrojaría que los tiempos en los que detonó el problema simplemente
no fueron los correctos como para causar todos los estragos que posiblemente sí
habría ocasionado en un momento en el que las campañas ya se encontraran avanzadas.
Después de todo, estas son apenas las semanas de las precampañas, y con medio
año por delate y un electorado de memoria cortoplacista, hacer viral el escándalo
tan pronto fue consecuencia de un mal cálculo.
Pero aquí es en
donde está lo interesante, el punto que no debe dejar de observarse. Si toda
esta situación se dio tan pronto es porque su objetivo político se encuentra
justo en las precampañas, en el momento en donde los principales arreglos, concesiones
y reparto de posiciones de poder y otros dividendos apenas se están
construyendo y organizando.
Que el escenario
de la disputa sea Chihuahua bajo una administración panista da la impresión de
que el fuego proviene de las trincheras de un panismo desesperado por
deshacerse de sus rivales electorales antes de que se llegue al tiempo de las
urnas y las boletas. Los márgenes de maniobra que Javier Corral —uno de los
panistas a los que menos secretos sucios se le conocen en la arena pública— otorgó
a su fiscalía apuntan en esa dirección. Y es que no es una regularidad del
funcionamiento del sistema político mexicano que dentro del propio partidismo
se den este tipo de sucesos, en los que son más que un par de funcionarios en
la base de la pirámide alimenticia los que se están perfilando en el próximo sacrificio.
Sin embargo, esta
es justo apenas una impresión. El fuego tiene todos los elementos para ser identificado
como fuego amigo, proveniente de la trinchera de un priísmo moribundo, bajo el
riesgo de ser consumido por una casta de nuevos intereses que definitivamente
no se encuentran en sincronía con las formas cortesanas y la solemne corrección
política del priísmo de la vieja guardia.
En lo que va de
tiempo, desde el momento en que se hizo público el desvío de los dineros
públicos hasta hoy, una de las principales lecturas que se han hecho del mismo
es la que el propio gobernador Corral ofreció: que las filtraciones del proceso
judicial que se está siguiendo en la fiscalía chihuahuense provienen del grupo
compacto de César Duarte para poder evitar la prisión apelando a que la
filtración de información confidencial sería violatoria del debido proceso. Sin
embargo, todo el movimiento se percibe más grande que la figura del
exgobernador Duarte.
Y es que, en
general, el pacto de silencio que impera entre los miembros de la clase
política siempre funciona en términos en los que es posible recompensar con
creces a aquellos individuos que están dispuestos a ser sacrificados con el
objeto de mejorar la percepción de la imagen del partido y del gobierno. De ahí
que si bien es factible concebir que las filtraciones se dieron como una
advertencia de Duarte para evitar ser procesado por los crímenes que se le
imputan en la justicia mexicana, el recurso se presente, hasta cierto punto,
como un movimiento extremo de frente a un sistema que tiene como signo característico
a la impunidad y a la complicidad.
Por ello, la
ruptura de ese silencio sepulcral por parte de funcionarios pertenecientes al círculo
interno del más añejo y rancio priísmo de la vieja guarda apunta, más bien, a
una suerte de ajuste de cuentas entre facciones internas que se están
disputando el reparto de dividendos que resulten de los comicios venideros. El
mensaje de advertencia es claro, y sus efectos ya comienzan a perfilar como
elementos prescindibles a aquellos que entorpezcan la campaña de José Antonio
Meade.
El argumento de la
elusión del proceso judicial de Duarte por causa de la filtración de
información privilegiada dentro de una carpeta de investigaciones, en este
sentido, sólo cobra sentido en el momento en que se observa que si es correcto
que la información se ventiló desde la facción a la cual pertenece, el proceso
judicial como pretexto para castigarlo por la osadía de arremeter en contra de
su propio partido queda fuera de la ecuación. De lo contrario, queda rebasado.
Duarte, y hasta
Beltrones (guardia pretoriano que custodia la historia oficial de Lomas
Taurinas), parecen precios pagables de frente a la posibilidad de que el
priísmo que se afirma como heredero de la Revolución pierda el control no sólo
de las estructuras gubernamentales que recobró en 2012, sino de cara a la
posibilidad de perder el control de sus propias instancias internas de poder. Y
son, de hecho, las dos únicas opciones que las figuras próximas al presidente
Peña Nieto tienen de amortiguar el impacto que esta situación ocasiones
(buscando que ésta no escale hasta vincular a personalidades más cercanas a
Peña Nieto y Meade). Y es que el movimiento es, también, capaz de contener la
creciente influencia de Luis Videgaray en la campaña de Meade; influencia que
encuentra una fuerte resistencia no únicamente por parte del círculo interno
del presidenciable, sino que también la encuentra en el equipo de trabajo del
actual presidente del partido, Enrique Ochoa Reza.
En última instancia, es el control de daños lo
que permitirá definir, de manera más certera, la intención mentada en la
publicación de esta información: el mayor o el menor grado que se observe que
ocasiona en las principales figuras del partido será lo que señale el
enfrentamiento entre las facciones y los balances o desbalances que se den en
su correlación.
