10/10/17

En vísperas de la visita del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, a México, y de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el principal organismo cúpula representante de los intereses industriales en México, desde 1918, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), lanzó la advertencia pública de que México se retirará de la renegociación del Tratado si en las próximas conversaciones sobre la materia se vierten propuestas que vayan en contra del interés de los mexicanos o si se llega a poner en peligro la soberanía del país.
Por supuesto, aunque el ultimátum de la Concamin pudiera parecer, hasta cierto punto, banal o intrascendente —por recurrir a un lugar común, a una frase trillada y sobreexplotada dentro de la estrategia discursiva del Gobierno Federal—, no es, por lo contrario, para nada un evento que se daba pasar por alto sin mayor reparo en sus implicaciones no confesas.
Y es que si bien es cierto que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos diversos actores, individuales, corporativos e institucionales, así como ciertos sectores de la población, han optado por la repetición sistemática de este tipo de juicios —que de manera tan certera y explícita apuntan a la efervescencia del nacionalismo mexicano para hacer frente a las agresiones externas—, también es verdad que, en esta ocasión, el que sea el organismo aglutinador de los intereses industriales nacionales quien emite tal afirmación reviste al acto de un simbolismo muy particular que da cuenta de los grados de oposición a los que ha llegado la defensa de los privilegios empresariales de los privados en ambos lados de la frontera.
En este sentido, cuando Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, afirma que México se retirará de la mesa de negociaciones cuando se encuentre cualquier tipo de cerrazón o pretensión de imponer decisiones contrarias al interés de los mexicanos, lo que hay de fondo no es la pura retórica ni el dogmatismo nacionalista de un discurso que pretende dotarse de legitimidad en un contexto de franca desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas y privadas. Reducir el gesto a tales términos invisibiliza que la Confederación aglutina y representa las ganancias de industrias tan redituables como la del vestido, de la construcción, del transporte de carga, del calzado, de conservas alimenticias, de consultoría, de electrónica, telecomunicación y tecnologías de la información, etcétera.
Más bien, lo que no debe perderse de vista en las últimas declaraciones de la Confederación es, en primera instancia, que cuando discurren en tercera persona no se están refiriendo a la generalidad de los mexicanos, como sujetos representados, sino a las cámaras nacionales, regionales y genéricas, así como a sus asociaciones que se encuentran efectivamente representadas por un mismo interés empresarial general. De ahí que la retirada con la que amenaza el presidente de la Concamin no se funde en la ofensa, el condicionamiento o la puesta en peligro de todos los mexicanos y sus intereses nacionales, sino en la afrenta en que estas cámaras y estas asociaciones adscritas a la Confederación estarían siendo colocadas, respecto de sus homólogos estadounidenses.
Después de todo, siendo las corporaciones estadounidenses sus principales competidores en el mercado nacional mexicano, la Concamin no está en posición de ceder espacios de negocios si en ello se van las ganancias que los industriales mexicanos requieren para mantener su actividad productiva misma, y por supuesto sus márgenes de ganancia.
Por ello, no es de extrañar que uno de los temas que más preocupe a los industriales mexicanos tenga que ver con la relación que existe entre los niveles salariales de las tres entidades estatales que participan en el Tratado de Libre Comercio. Porque, en primer lugar, todo TLC entre un Estado central y uno periférico está diseñado para mantener inmóviles las relaciones asimétricas del intercambio mercantil, subordinando el Estado periférico al central como mero espacio de externalización de costos; y en segundo, porque esa misma asimetría (que en principio se supondría benéfica exclusivamente para los competidores extranjeros), es, al mismo tiempo, el asidero al cual se ciñen los capitales nacionales del Estado periférico para abaratar sus propios costos de producción.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Trabajo, de Estados Unidos, en 1975, por ejemplo, un trabajador mexicano laborando en el sector manufacturero representaba, en términos salariales, un costo que apenas alcanzaba una proporción del 30% respecto de su contraparte estadounidense. Esa proporción, en 2012, pasó a 14%; y a principios de 2017, tras las sucesivas depreciaciones del peso frente al dólar, llegó hasta el 12%; lo que sólo significa que este año un trabajador mexicano especializado en el ramo de las manufacturas es 88% más barato que su contraparte estadounidense.
Esta situación, claro está, no sólo beneficia a los capitales extranjeros que se establecen en suelo mexicano gracias a las condiciones tan favorables que maximizan sus ingresos (con los bajos salarios y la nula recaudación tributaria de la que son objeto en primero y segundo lugar). También beneficia a los empresarios nacionales que compiten en el mercado local: porque en el momento de abaratar costos de producción para atraer inversión extranjera directa, la pauperización es generalizada. Además, no debe perderse de vista que en muchas de estas industrias, en la mayoría, en realidad, los capitales nacionales predominan por encima de los extranjeros, lo que se traduce, en términos comparativos, en más empleos creados por empresas mexicanas que por corporaciones transnacionales.
Ahora bien, la postura de la Concamin no es reciente. Ya desde que Donald Trump comenzó a amenazar con denunciar el tratado y con no volver a negociar sus términos la Confederación fue uno de los principales actores que se pronunció por la opción de optar por un desarrollo económico nacional volcado hacia afuera, como en una especie de ciclo renovado de industrialización por sustitución de importaciones. Y lo cierto es que es una postura que no sorprende, después de todo, al conglomerar a los sectores productivos encargados de la actividad manufacturera/maquiladora del país, es decir, a las labores encargadas de reproducir las bases materiales del comercio mexicano —por oposición a los servicios y a las actividades de financiarización—, ante un posible abandono del Tratado, la pretensión es llenar el vacío que se deje y acaparar los recursos públicos que se destinen para el crecimiento económico de los siguientes años.
Por eso, es evidente que no son azarosas las agendas que la Confederación y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) formularon y han estado promoviendo ante el Gobierno Federal como vías alternas a una posible catástrofe comercial en la relación México-Estados Unidos. Las solicitudes que ambas instancias han estado reiterando, en términos de los fondos públicos que requieren para lograr ser más competitivas que sus pares extranjeras; del recorte de impuestos que consideran pertinente para facilita la oferta laborar en las empresas que aglomeran; o de las políticas públicas que afirman deberían de estar implementándose en este momento para contar con mayores volúmenes de mano de obra especializada en la manufacturación de productos van justo en ese sentido.
Por eso, quizá, el agravante de las recientes advertencias de la Confederación de Cámaras Industriales es que lo hayan hecho en un momento tan clave de las últimas fases de negociación del tratado. Porque habiéndose visto complacidas en las tres mesas de concertación anteriores, lo primero que salta a la vista es que éstas ya hayan llegado a un punto en el que los industriales del país se estén viendo afectados en límites que les son inaceptables, y que ponen en juego la base de consumo sobre la que han estado construyendo sus fortunas durante las últimas tres décadas.
Y es que si sólo fuese la Confederación la que está emitiendo tales declaraciones la cosa del asunto quizá no se advertiría tan grave para los empresarios mexicanos. Sin embargo, no son sólo los industriales: el propio CCE y hasta la alta clase política del priísmo más añejo y autoritario ya han marcado, por lo menos en términos discursivos, una delimitación muy clara de los temas que los ponen en riesgo no como mexicanos frente a una potencia extranjera comandada por un nacionalista de corte supremacista intransigente, sino como clase propietaria nacional.
Por ello, justo, es que no se deben menospreciar las señales que los empresarios mexicanos están mandando en estos momentos: todas ellas dan cuenta de los flujos en los que se están moviendo para asegurar sus márgenes de concentración y acumulación de capital en un momento en el que, por un lado, el despojo de la riqueza social apropiable se encuentra en franca aceleración por la vía de la instrumentación de las reformas estructurales del Pacto por México; y por el otro, en un momento en el que las afectaciones que diversos eventos climáticos y geológicos comienzan a demandar la privatización de las actividades de reconstrucción de las zonas afectadas, en donde la ciudad de México figura como el principal mercado inmobiliario, y Oaxaca, Morelos y Chiapas lo hacen como zonas de mercantilización privilegiadas por la vía del establecimiento de las Zonas Económicas Especiales.
Porque lo cierto es que en estas dos situaciones no únicamente se encuentra en juego la restauración o reconstrucción de las identificaciones y la infraestructura dañadas; más allá de ello, lo que hay de fondo es un potencial inconmensurable de reestructuración de mercados, de cadenas de valor, de flujos de producción, comercialización y consumo; así como la potencialidad de performar nuevos espacios de valorización en donde no los había hasta antes de los desastres vividos.
Parece poco, en comparación con el tamaño de la economía nacional, sin embargo, lo que va quedando claro —y ya en las primeras etapas de planificación— es que los flujos de capital que se requiere movilizar son lo suficientemente grandes como para reactivar sectores de arrastre, como en el caso de la industria de la construcción, de la cual dependen un millar de actividades productivas.
Así pues, es imperativo no dejar de leer las negociaciones del Trtado de Libre Comercio y la política económica del Gobierno Federal de frente a las situaciones que vayan surgiendo como secuelas de las inundaciones, los deslaves, los sismos y los huracanes de los últimos meses, pues con el pretexto de la reconstrucción, los sectores público y privado nacionales estarán ahondando la mercantilización de la vida en sociedad en espacios y en tiempos antes ajenos a su dinámica.

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