Dentro de los flujos de información dedicados al análisis de los programas armamentísticos internacionales, una constante es centrar la atención en las directrices que siguen los grandes complejos castrenses en Oriente y Occidente, principalmente en países como Rusia, Estados Unidos, China, India y Alemania. Ello, por sí mismo, no representa sorpresa alguna: la inercia de tales investigaciones se encuentra atravesada por la experiencia histórica en la que un par o dos de potencias se enfrentaban de manera directa, o a través de una carrera armamentística sin límites cualitativos y cuantitativos definidos. Basta con pensar en los conflictos que saturaron la realidad europea, desde las guerras napoleónicas y la reunificación alemana hasta la segunda guerra mundial, o en la profusión de proyectos nucleares aplicados al campo bélico, en los años que siguieron, para advertir que, por regla general, la humanidad tiende a ver en esos grandes desarrollos científico-militares una amenaza insorteable para la continuidad de la vida en el planeta.
Sin embargo, lejos de esas macroestructuras, apartados de esos grandes y definibles conglomerados armamentísticos a través de los cuales se expresan el imperialismo y el colonialismo, se desenvuelven intercambios igual de importantes que los primeros, pese a que son menos perceptibles o, en todo caso, menos interesantes para los analistas de las corrientes del Great Power Politics. Y es que al margen de las corrientes de armamento ilegal que siempre se mueven como sombra irrenunciable de los marcados lícitos, los programas de armado y militarización de la vida en sociedad —eufemísticamente nombrados como programas de cooperación e intercambio en materia de seguridad— que se mueven en dirección Norte a Sur (globales) cumplen una función aún más devastadora, por difusa, que la de cualquier conflicto directo entre potencias.
Así, por ejemplo, resulta imposible comprender la violencia que las poblaciones africanas viven bajo el avasallamiento de (lo que Occidente engendró, en el proceso de colonización del continente, y ahora denomina con plena corrección política como) los señores de la guerra sin antes observar que justo los principales proveedores de esos regímenes son los capitales occidentales, públicos y privados. Y es que, contrario a la creencia generalizada de que la violencia que se desenvuelve sobre estas sociedades nace, vive, se replica y muere con el ciclo de vida y en perfecta mimesis con las perversiones de la psique del caudillo, la certeza de la muerte y del suplicio corporal es consecuencia de la (re)producción estructural del modo de producción y consumo moderno capitalista.
En efecto, la violencia del mundo no es el resultado de un proyecto inacabado de mecanismos de concertación, diálogo, medición o negociación realmente civilizados, tampoco es obra de una supuesta irracionalidad hospedada en lo más profundo de mentes retorcidas. Por lo contrario, la violencia del mundo —y sobre todo, en la periferia de la economía-mundo— es la obra, por completo racionalizada, de un proyecto de civilización (con pretensiones universales, de totalización de la vida en una única dimensión existencial) que se enfrenta, de manera permanente, con una multiplicidad y una heterogeneidad de formas políticas, culturales, de producción y consumo materiales que se resisten a su avance. Es decir, es el medio y la condición lógica de la incesante imposición de una manera muy particular de entender, de vivir y estar en el mundo que subsume, alteriza, elimina y/o excluye cualquier otra expresión de la socialidad humana que no esté basada en la escala axiológica de aquel proyecto uni-versal, o en la reproducción del valor tal y como en él se perpetúa.
En este sentido, asegurar diferentes espacios-tiempos alrededor del planeta dentro y alrededor de los cuales se desdoblan procesos productivo/consuntivos y cadenas de suministro es vital para el mantenimiento tanto del ese proyecto inacabado de civilización como para la continua acumulación y centralización de capital. No es, por ello, una casualidad que la periferia del globo sea la región con los mayores índices de violencia física, así como tampoco lo es que la experiencia histórica de sus poblaciones esté plagada de dictaduras cívicas y militares, regímenes de partidos hegemónicos, autoritarismos personalistas, señores de la guerra, conflictos religiosos, ambientales, culturales etcétera. Porque en el centro de cada uno de esos conflictos siempre se encuentra en juego la posibilidad de que las comunidades originarias mantengan su propia existencia.
La violencia en la periferia no es de un tipo que siempre se encuentre determinada en última instancia por la incapacidad de sus sociedades de avanzar hacia formas sociales, económicas y políticas más modernas, más civilizadas, incluyentes, pluralistas, tolerantes y democráticas. Son los recursos naturales —necesarios para mantener una sociedad de consumo—, y la necesidad del capital de externalizar sus costos y los desechos de su actividad, lo que requiere el constante avasallamiento de comunidades autónomas. Porque de la obtención y el flujo constante agua depende la vida de una sociedad, pero también porque del tráfico ininterrumpido de combustibles lo hace el movimiento comercial, porque del tránsito de especies vegetales y animales dependen los procesos químicos de farmacéuticas, y de minerales estratégicos lo hacen los avances de la informática y nuevas tecnologías afines.
Así pues, si bien el capital privado siempre está en posibilidades de emplear sus propios cuerpos de aseguramiento estratégico (compañías de seguridad privada, mercenazgo y similares), en términos de la actividad gubernamental —por cuanto garante principal de la propiedad privada— siempre es importante observar los flujos de armas que los cuerpos castrenses del Estado adquieren y en qué contexto lo hacen. México, por ejemplo, cerró el último lustro con una adquisición de armas que cuadruplicó la cantidad registrada para los cinco años precedentes; esto es, que entre 2012 y 2017 el gobierno mexicano se hizo de un 331% más armamento que entre los años 2006-2011; los más cruentos de la guerra en contra del narcotráfico.
Ese solo dato ya es relevante por sí mismo, en abstracto: una mayor cantidad de armas siempre implica una mejora cualitativa y cuantitativa de las capacidades técnicas, operacionales de los cuerpos militares del Estado —inclusive si el proceso se da en el marco de un programa de renovación de inventario. En términos cualitativos, la renovación o adquisición de nuevas armas conlleva, de suyo, la necesidad de volver más certera la actividad de los efectivos militares: volverlos más precisos, con mejores resultados, a un menor costo y con un margen de bajas castrenses reducido. En el plano cuantitativo, implica una mayor demanda de la actividad militar en la sociedad, es decir, que más armas circulando significa más militares en operaciones. El problema es que cuatrocientos noventa y cuatro millones de dólares anuales en compras de armas no se lee en abstracto.
En primer lugar, el mayor proveedor de la presente administración federal en México es Estados Unidos. Ello, comparado con el resto de América Latina, muestra que el país es el único de la región que se desprende de la tendencia de contar con Rusia como principal oferente. Así pues, es claro que México sigue siendo prioridad dentro de la órbita imperial estadounidense, y que en términos bélicos no sólo es la sujeción del gobierno mexicano a la industria de ese país, sino que también va incluido el adiestramiento, el adoctrinar a los efectivos en el uso de las armas que le compran a sus capitales privados y públicos.
En segundo, no debe dejar de observarse que el equipo comprado no es cualquier aditamento: las características de las adquisiciones mexicanas hechas a Estados Unidos son las del tipo de arma que se requiere para hacer frente a enemigos difusos, o lo que es lo mismo, para desplegar actividades de contrainsurgencia. Por supuesto el analista promedio sustrae del dato que el motivante es combatir a diversos cárteles del narcotráfico que justo operan como guerrilla. Sin embargo, no debe pasarse por alto que la historia de los cuerpos castrenses nacionales es el correlato de medio siglo de guerra sucia en contra de las comunidades originarias.
 En tercer lugar está el hecho de que, desde hace cinco años, la presidencia de Enrique Peña Nieto ha impulsado la adopción de nuevas medidas legales en materia de seguridad pública y nacional. Tal es el caso de las modificaciones a las disposiciones constitucionales y legales que norman el Estado de Excepción, por un lado; y por el otro, la adopción de una nueva ley que reglamente las actividades del ejército, la marina y la fuerza aérea en materia de seguridad pública federal. Ambos casos, vistos por separado, quizá no se entiendan como un reacomodo de fuerzas que refuerce aún más la militarización de la vida en sociedad. No obstante, en conjunto cierran un canal por medio del cual la discrecionalidad en las actividades militares se legitima y se respalda a través de la Constitución y sus leyes.
En cuarto, no debe ignorarse que el sexenio ha estado marcado por una serie de cambios normativos que, por un lado, han profundizado la penetración del capital privado (nacional y extranjero) en diversos sectores de la economía, pero de manera primordial en el extractivismo o la ocupación de largas porciones de tierra y cuerpos de agua; y, por el otro, que esos cambios han fomentado, en proporción similar, diversas manifestaciones de inconformidad en diversos estratos sociales. En este sentido, en la primera parte de la ecuación es necesario asegurar la penetración del capital en la explotación de yacimientos de gas, petróleo y minerales, en el establecimiento de parques energéticos e hídricos, lo que conlleva el actuar de las fuerzas armadas; en la segunda, asimismo, la exigencia es prevenir cualquier estallido social o manifestación de inconformidad.
Basta con observar el más reciente despliegue de quinientos efectivos en Ciudad Mier, Tamaulipas, para asegurar la Cuenca de Burgos —y para regular la circulación del tráfico ilegal— para advertir que la militarización de la sociedad es condición sine qua non para la intensificación de la acumulación de capital.
Finalmente, no debe descartarse la posibilidad de que la campaña del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por la cual propusieron una candidatura indígena para los siguientes comicios, no se esté contemplando justo en los mismos términos en los que en 1994 se hizo con el levantamiento de los Caracoles. Después de todo, la Agenda Nacional de Riesgos, uno de los principales documentos rectores en materia de seguridad nacional, contempla, desde hace dos décadas, a las autonomías indígenas como una amenaza mayor a la seguridad de la nación, toda vez que no únicamente contemplan las vías armadas en su acción política, sino que el carácter mismo de su autonomía se traduce en un potencial freno a la actividad comercial del país.
Por todo lo anterior, que el gobierno mexicano esté intensificando su adquisición de armamento no es algo menor. En el contexto actual, argumentar que México debe protegerse contra sus enemigos extranjeros, xenófobos, se antoja una salida fácil para no observar que desde hace doce años el ejército sigue avanzando como un factor de poder político real y público; frente al pacto de convivencia que en la génesis del priísmo contemporáneo lo relegó como elemento visible del poder público federal. Cualquier viraje a la izquierda política (por institucional y domesticada que ésta sea, como el PRD o MORENA) debe tener en consideración el fortalecimiento militar del Estado si es que quiere figurar, siquiera, como posibilidad real de una alternativa. Más aún debe hacerlo la izquierda no-institucional, pues la historia no deja olvidar que es sobre esa alternativa que el genocidio a la mexicana toma su forma particular.

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