Archive for marzo 2017

La conquista de la conciencia por las armas y la hegemonía estadounidense

No deja de ser un hecho trágico el que la reacción general ante la propuesta del presidente estadounidense de incrementar cincuenta y cuatro mil millones de dólares al gasto en defensa de su país sea el de la interminable tautología de los peligros que representa el relanzamiento de una nueva carrera armamentista; como haciendo que el mundo retorne a los años de la Guerra Fría. Ello, no porque toda empresa militar no suponga un riesgo, por lo menos, para algunas poblaciones que habitan el planeta, o porque no conlleve la posibilidad de extinguir la vida alrededor del orbe. Más bien, es trágico porque muestra, por un lado, el completo desconocimiento de la cerrara armamentista en curso; y por el otro, lo catastrófico de interiorizar la violencia armada y la amenaza nuclear permanentes como condiciones sine qua non de pacificación y estabilización social.
Y es que, en efecto, basta con mirar las primeras planas de la prensa mainstream —como The New York Times, El País, Le Fígaro, The Economist y The Financial Times— para advertir el tono catastrófico con el que la noticia del presupuesto militar estadounidense es tratada; reproduciendo la falsa concepción de que la era anterior a la presidencia de Donald Trump es la del paradigma pacifista, concertacionista y colaboracionista que caracterizaría a Estados Unidos; esto es, el tiempo de la diplomacia, los acuerdos institucionales y la cooperación internacional para el desarrollo como núcleo axiológico que rige la manera en que la mayor potencia militar del orbe se relaciona con el resto de los Estados-nacionales.
La cuestión es que cada señalamiento que se esgrime para acusar al presidente estadounidense de forzar una carrera armamentista que traería consigo de vuelta a las peores experiencias bélicas de la Guerra Fría se sustenta, de un lado, en la afinidad ética que el observador establece con los responsables de las políticas públicas; y por el otro, en el carácter relativo que la comparación del actual presupuesto con los de Barack Obama expresa. Así pues, no deja de llamar la atención que, pese a que el incremento presupuestario de Donald Trump no es, ni de lejos, el de mayor envergadura en todo lo que va del siglo XXI, sí es el que más se condena. Pero no porque en esta ocasión Trump esté introduciendo cambios cualitativos o cuantitativos monumentales en el aparato de seguridad de su país, sino porque el vínculo ético que los observadores establecen con peste es el del pleno rechazo a la personificación de todo lo que se supone no son los valores occidentales de igualdad, libertad, multiculturalidad, tolerancia y democracia.
El sesgo, siempre objetable, que se presencia en términos del armamento nuclear que amenaza la continuidad de cualquier forma de vida en la tierra lo ejemplifica. De los ciento noventa Estados parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, de 1970, cinco, pese a haberlo firmado y ratificado, poseen los inventarios más cuantiosos de armamento nuclear en todo el globo. Tres de ellos, por supuesto, son democracias occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido); y sólo dos forman parte del antagonismo histórico a todo lo que representa Occidente (Rusia y China). La cuestión de fondo aquí es que, para ese mismo Occidente, sólo los armamentos de Rusia y China —aunado a los de Corea del Norte, Irán y Sudán del Surson sinónimo de un estado de permanente inseguridad; la indisoluble amenaza que atenta con extinguir toda forma de vida civilizada que no congenie con el autoritarismo inmanente de sus regímenes políticos. Pero por cuanto a las cabezas nucleares de los otros tres miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —adicionales a las de Israel—, la ecuación se invierte: la afinidad ética de los analistas y las poblaciones Occidentales observan en esas armas la garantía de la paz y la estabilidad globales.
Lo mismo ocurre, claro está, con el resto de los componentes que conforman los complejos científicos-militares de cada Estado. Los ejércitos de occidente son la garantía que preserva la continuidad de la democracia frente a sus enemigos ideológicos, las aplicaciones bélicas de agentes químicos en Estados Unidos e Israel son la póliza de prevención ante las armas biológicas de sus enemigos, y las guerras, siempre declaradas bajo la bandera de la libertar, la igualdad y la fraternidad entre los humanos y sus sociedades son las guerras del estándar moral que toda la humidad debe seguir; so pena de ser objeto de una campaña bélica en caso de negarse.
El problema con el razonamiento anterior es que ignora, niega e invizibiliza el hecho de que en la aplicación de la técnica bélica por parte de una sociedad sobre otras lleva, de suyo, la puesta en marcha del proceso de imposición de un proyecto civilizatorio construido sobre y alrededor de una única expresión subjetiva: la del vencedor. De aquí lo trágico y lo verdaderamente catastrófico que es el que la humanidad se encuentre inmersa en una lógica que concibe en la servidumbre la igualdad formal entre los individuos, en la desigualdad, la igualdad; en la guerra, la paz; en las elecciones dirigidas, la democracia; en las dictaduras latinoamericanas, democracias populares y; en la violencia de las armas, la tranquilidad de la seguridad individual.
De lo anterior se deriva, también, la falacia inscrita en el cortoplacismo de los análisis que comparan a los gobiernos de Obama con la gestión de Trump. Porque ignoran que ya durante su gestión, el entonces presidente Obama, con la venia del Congreso, gastó en seguridad y defensa más de lo que la administración Trump tiene contemplado erogar; o que el propio Barack Obama —premio Nobel de la Paz— ya contemplaba un incremento de treinta y cinco mil millones de dólares, en ambos rubros, para su último año fiscal. Por ello, incluso si el Congreso aprueba a Donald Trump un excedente de cincuenta y cuatro mil millones de dólares, en términos absolutos, dicho incremento únicamente representará alrededor de diecinueve mil millones de dólares más de lo que Obama gastó.
Y aún hay más. Incluso si la erogación propuesta por Trump se hace efectiva, ello no cambia en nada el hecho de que hoy, a diecisiete años de comenzado el siglo XXI, Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de poseedores privados de armas. En este sentido, Estados Unidos, con únicamente el 4.43% de la población mundial ostenta el 43% del total de armas de circulación legal alrededor del mundo —la cifra ilegal es más difícil de establecer. Y lo cierto es que ello no sorprende: la industria armamentista le reditúa a la economía estadounidense más de seis mil millones de dólares anuales y alrededor de doscientos mil empleos directos en el país.
Quizá por todo lo anterior valga preguntar si la solicitud presupuestal del presidente Donald Trump es realmente un cambio cualitativo en la operación del aparato de inteligencia, de seguridad y de defensa estadounidense o si la atención que dicho acto recibe se debe más a la aparente negación, que su persona representa, de todo cuanto Occidente significa —y sí, aparente, porque en otras latitudes de Occidente las formas de Trump son replicadas bajo criterios políticamente más correctos.
Después de todo, con el 22% del Producto Interno Bruto global, Estados Unidos sigue siendo, el Estado con la mayor erogación en ámbitos de inteligencia, militares y de defensa: su gasto en estos rubros es de poco más de un tercio de las participaciones globales, muy por encima de los presupuestos de la Unión Europea, Rusia y China juntos, constituyendo otro tercio; y del tercio restante en el que se engloban al resto de los Estados. Por eso no sorprende que, contrario a lo que señala la sabiduría popular, sean las democracias occidentales —esas que más afirman defender la libertad, la paz, la igualdad y la fraternidad entre las naciones— las que concentren arriba del 68% del total mundial en gasto bélico —apenas doce puntos porcentuales por debajo del máximo erogado en 1995.
Estados Unidos no ha dejado de abultar su presupuesto bélico en todo lo que va del siglo XXI. Desde los atentados del 11 de Septiembre, el gobierno federal ha mantenido el promedio de seiscientos mil millones de dólares dedicado a ese rubro. Y un punto interesante aquí es que, por un lado, arriba del 60% de ese gasto se va a la renovación constante de equipo como tanques, aeronaves, vehículos terrestres y marítimos etc.; y por el otro, que un porcentaje similar sea el que concentra la Armada, por encima del ejército de tierra y aéreo.
El dato del gasto en equipo es interesante porque pone en perspectiva lo importante que es la industria militar, en un proceso de constante e interminable renovación, para mantener activos grandes flujos de capitales —que Estados Unidos sea el primer exportador de armamento no es fortuito. Pero el segundo dato es aún más interesante porque permite visualizar la manera en que ha crecido la potencia marítima estadounidense en un mundo en el que, de acuerdo con las directrices castrenses de sus colegios de guerra, la principal condición para mantener la existencia de Estados Unidos es asegurar los flujos económicos y financieros de todo el mundo. Así pues, si la prioridad manifiesta de la administración Trump es potenciar la actividad comercial de su país, el correlato oculto de esa narrativa es la exigencia de asegurar militarmente los puntos de extracción de materias primas, de maquilación de manufacturas y de mercados de importación.
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Militarización, armamentismo y control estratégico en México

Dentro de los flujos de información dedicados al análisis de los programas armamentísticos internacionales, una constante es centrar la atención en las directrices que siguen los grandes complejos castrenses en Oriente y Occidente, principalmente en países como Rusia, Estados Unidos, China, India y Alemania. Ello, por sí mismo, no representa sorpresa alguna: la inercia de tales investigaciones se encuentra atravesada por la experiencia histórica en la que un par o dos de potencias se enfrentaban de manera directa, o a través de una carrera armamentística sin límites cualitativos y cuantitativos definidos. Basta con pensar en los conflictos que saturaron la realidad europea, desde las guerras napoleónicas y la reunificación alemana hasta la segunda guerra mundial, o en la profusión de proyectos nucleares aplicados al campo bélico, en los años que siguieron, para advertir que, por regla general, la humanidad tiende a ver en esos grandes desarrollos científico-militares una amenaza insorteable para la continuidad de la vida en el planeta.
Sin embargo, lejos de esas macroestructuras, apartados de esos grandes y definibles conglomerados armamentísticos a través de los cuales se expresan el imperialismo y el colonialismo, se desenvuelven intercambios igual de importantes que los primeros, pese a que son menos perceptibles o, en todo caso, menos interesantes para los analistas de las corrientes del Great Power Politics. Y es que al margen de las corrientes de armamento ilegal que siempre se mueven como sombra irrenunciable de los marcados lícitos, los programas de armado y militarización de la vida en sociedad —eufemísticamente nombrados como programas de cooperación e intercambio en materia de seguridad— que se mueven en dirección Norte a Sur (globales) cumplen una función aún más devastadora, por difusa, que la de cualquier conflicto directo entre potencias.
Así, por ejemplo, resulta imposible comprender la violencia que las poblaciones africanas viven bajo el avasallamiento de (lo que Occidente engendró, en el proceso de colonización del continente, y ahora denomina con plena corrección política como) los señores de la guerra sin antes observar que justo los principales proveedores de esos regímenes son los capitales occidentales, públicos y privados. Y es que, contrario a la creencia generalizada de que la violencia que se desenvuelve sobre estas sociedades nace, vive, se replica y muere con el ciclo de vida y en perfecta mimesis con las perversiones de la psique del caudillo, la certeza de la muerte y del suplicio corporal es consecuencia de la (re)producción estructural del modo de producción y consumo moderno capitalista.
En efecto, la violencia del mundo no es el resultado de un proyecto inacabado de mecanismos de concertación, diálogo, medición o negociación realmente civilizados, tampoco es obra de una supuesta irracionalidad hospedada en lo más profundo de mentes retorcidas. Por lo contrario, la violencia del mundo —y sobre todo, en la periferia de la economía-mundo— es la obra, por completo racionalizada, de un proyecto de civilización (con pretensiones universales, de totalización de la vida en una única dimensión existencial) que se enfrenta, de manera permanente, con una multiplicidad y una heterogeneidad de formas políticas, culturales, de producción y consumo materiales que se resisten a su avance. Es decir, es el medio y la condición lógica de la incesante imposición de una manera muy particular de entender, de vivir y estar en el mundo que subsume, alteriza, elimina y/o excluye cualquier otra expresión de la socialidad humana que no esté basada en la escala axiológica de aquel proyecto uni-versal, o en la reproducción del valor tal y como en él se perpetúa.
En este sentido, asegurar diferentes espacios-tiempos alrededor del planeta dentro y alrededor de los cuales se desdoblan procesos productivo/consuntivos y cadenas de suministro es vital para el mantenimiento tanto del ese proyecto inacabado de civilización como para la continua acumulación y centralización de capital. No es, por ello, una casualidad que la periferia del globo sea la región con los mayores índices de violencia física, así como tampoco lo es que la experiencia histórica de sus poblaciones esté plagada de dictaduras cívicas y militares, regímenes de partidos hegemónicos, autoritarismos personalistas, señores de la guerra, conflictos religiosos, ambientales, culturales etcétera. Porque en el centro de cada uno de esos conflictos siempre se encuentra en juego la posibilidad de que las comunidades originarias mantengan su propia existencia.
La violencia en la periferia no es de un tipo que siempre se encuentre determinada en última instancia por la incapacidad de sus sociedades de avanzar hacia formas sociales, económicas y políticas más modernas, más civilizadas, incluyentes, pluralistas, tolerantes y democráticas. Son los recursos naturales —necesarios para mantener una sociedad de consumo—, y la necesidad del capital de externalizar sus costos y los desechos de su actividad, lo que requiere el constante avasallamiento de comunidades autónomas. Porque de la obtención y el flujo constante agua depende la vida de una sociedad, pero también porque del tráfico ininterrumpido de combustibles lo hace el movimiento comercial, porque del tránsito de especies vegetales y animales dependen los procesos químicos de farmacéuticas, y de minerales estratégicos lo hacen los avances de la informática y nuevas tecnologías afines.
Así pues, si bien el capital privado siempre está en posibilidades de emplear sus propios cuerpos de aseguramiento estratégico (compañías de seguridad privada, mercenazgo y similares), en términos de la actividad gubernamental —por cuanto garante principal de la propiedad privada— siempre es importante observar los flujos de armas que los cuerpos castrenses del Estado adquieren y en qué contexto lo hacen. México, por ejemplo, cerró el último lustro con una adquisición de armas que cuadruplicó la cantidad registrada para los cinco años precedentes; esto es, que entre 2012 y 2017 el gobierno mexicano se hizo de un 331% más armamento que entre los años 2006-2011; los más cruentos de la guerra en contra del narcotráfico.
Ese solo dato ya es relevante por sí mismo, en abstracto: una mayor cantidad de armas siempre implica una mejora cualitativa y cuantitativa de las capacidades técnicas, operacionales de los cuerpos militares del Estado —inclusive si el proceso se da en el marco de un programa de renovación de inventario. En términos cualitativos, la renovación o adquisición de nuevas armas conlleva, de suyo, la necesidad de volver más certera la actividad de los efectivos militares: volverlos más precisos, con mejores resultados, a un menor costo y con un margen de bajas castrenses reducido. En el plano cuantitativo, implica una mayor demanda de la actividad militar en la sociedad, es decir, que más armas circulando significa más militares en operaciones. El problema es que cuatrocientos noventa y cuatro millones de dólares anuales en compras de armas no se lee en abstracto.
En primer lugar, el mayor proveedor de la presente administración federal en México es Estados Unidos. Ello, comparado con el resto de América Latina, muestra que el país es el único de la región que se desprende de la tendencia de contar con Rusia como principal oferente. Así pues, es claro que México sigue siendo prioridad dentro de la órbita imperial estadounidense, y que en términos bélicos no sólo es la sujeción del gobierno mexicano a la industria de ese país, sino que también va incluido el adiestramiento, el adoctrinar a los efectivos en el uso de las armas que le compran a sus capitales privados y públicos.
En segundo, no debe dejar de observarse que el equipo comprado no es cualquier aditamento: las características de las adquisiciones mexicanas hechas a Estados Unidos son las del tipo de arma que se requiere para hacer frente a enemigos difusos, o lo que es lo mismo, para desplegar actividades de contrainsurgencia. Por supuesto el analista promedio sustrae del dato que el motivante es combatir a diversos cárteles del narcotráfico que justo operan como guerrilla. Sin embargo, no debe pasarse por alto que la historia de los cuerpos castrenses nacionales es el correlato de medio siglo de guerra sucia en contra de las comunidades originarias.
 En tercer lugar está el hecho de que, desde hace cinco años, la presidencia de Enrique Peña Nieto ha impulsado la adopción de nuevas medidas legales en materia de seguridad pública y nacional. Tal es el caso de las modificaciones a las disposiciones constitucionales y legales que norman el Estado de Excepción, por un lado; y por el otro, la adopción de una nueva ley que reglamente las actividades del ejército, la marina y la fuerza aérea en materia de seguridad pública federal. Ambos casos, vistos por separado, quizá no se entiendan como un reacomodo de fuerzas que refuerce aún más la militarización de la vida en sociedad. No obstante, en conjunto cierran un canal por medio del cual la discrecionalidad en las actividades militares se legitima y se respalda a través de la Constitución y sus leyes.
En cuarto, no debe ignorarse que el sexenio ha estado marcado por una serie de cambios normativos que, por un lado, han profundizado la penetración del capital privado (nacional y extranjero) en diversos sectores de la economía, pero de manera primordial en el extractivismo o la ocupación de largas porciones de tierra y cuerpos de agua; y, por el otro, que esos cambios han fomentado, en proporción similar, diversas manifestaciones de inconformidad en diversos estratos sociales. En este sentido, en la primera parte de la ecuación es necesario asegurar la penetración del capital en la explotación de yacimientos de gas, petróleo y minerales, en el establecimiento de parques energéticos e hídricos, lo que conlleva el actuar de las fuerzas armadas; en la segunda, asimismo, la exigencia es prevenir cualquier estallido social o manifestación de inconformidad.
Basta con observar el más reciente despliegue de quinientos efectivos en Ciudad Mier, Tamaulipas, para asegurar la Cuenca de Burgos —y para regular la circulación del tráfico ilegal— para advertir que la militarización de la sociedad es condición sine qua non para la intensificación de la acumulación de capital.
Finalmente, no debe descartarse la posibilidad de que la campaña del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por la cual propusieron una candidatura indígena para los siguientes comicios, no se esté contemplando justo en los mismos términos en los que en 1994 se hizo con el levantamiento de los Caracoles. Después de todo, la Agenda Nacional de Riesgos, uno de los principales documentos rectores en materia de seguridad nacional, contempla, desde hace dos décadas, a las autonomías indígenas como una amenaza mayor a la seguridad de la nación, toda vez que no únicamente contemplan las vías armadas en su acción política, sino que el carácter mismo de su autonomía se traduce en un potencial freno a la actividad comercial del país.
Por todo lo anterior, que el gobierno mexicano esté intensificando su adquisición de armamento no es algo menor. En el contexto actual, argumentar que México debe protegerse contra sus enemigos extranjeros, xenófobos, se antoja una salida fácil para no observar que desde hace doce años el ejército sigue avanzando como un factor de poder político real y público; frente al pacto de convivencia que en la génesis del priísmo contemporáneo lo relegó como elemento visible del poder público federal. Cualquier viraje a la izquierda política (por institucional y domesticada que ésta sea, como el PRD o MORENA) debe tener en consideración el fortalecimiento militar del Estado si es que quiere figurar, siquiera, como posibilidad real de una alternativa. Más aún debe hacerlo la izquierda no-institucional, pues la historia no deja olvidar que es sobre esa alternativa que el genocidio a la mexicana toma su forma particular.
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