El próximo diecinueve de febrero, Ecuador tendrá su primer proceso electoral en el que, por primera ocasión en la última década, el nombre del actual presidente del país, Rafael Correa, no figurará dentro de las opciones que contengan las boletas. Ello, por si propio, ya es un factor de particular relevancia que hace que los siguientes comicios no sean nada parecidos a aquellos en los que venció Alianza PAIS. Sin embargo, no es el principal motivo de definición de la contienda política. Dos acontecimientos más se encuentran saturando el debate público en torno a la opción de dar continuidad al proyecto progresista de la actual administración o finiquitarlo. Por un lado, los saldos del correísmo, y por el otro, la articulación del actual empuje neoliberal en la región vis-à-vis la construcción imperialista de Donald Trump.
Que el actual presidente ecuatoriano no se encuentre dentro de las opciones electorales es, en sí mismo, un factor relevante porque es justo su carácter y su personal estilo de gobernar lo que ya no podrá ser objeto de réplica para los siguientes cuatro años de mandato. No obstante, aquí no se aprecia como un factor determinante del hecho de que se dé continuidad o regresión al ciclo progresista que su presidencia inauguró porque gran parte de la legitimidad de las decisiones tomadas, del funcionamiento institucional y de las articulaciones políticas construidas en estos diez años no son fruto exclusivo del arbitrio irrepetible de un individuo. Por lo contrario, los logros en materia social alcanzados por la presente administración ecuatoriana no se comprenderían si no se observa con cuidado que la presidencia de Rafael Correa más que ser la causa, es la consecuencia de condiciones y construcciones políticas subyacentes.
En efecto, contrario a las interpretaciones simplistas que desde el Norte global y desde las democracias procedimentales de Occidente se hacen de los procesos políticos latinoamericanos, si bien en la región latinoamericana la figura del mandatario tiene un peso importante en el encadenamiento de diferentes reivindicaciones populares, éstas no transitan y se agotan sólo en el plano del carisma caudillista. Por eso el populismo latinoamericano —al margen de las exclusiones que él mismo reproduce en la lógica de su colonialismo interno—, es de un contenido político tan rico y explosivo a la vez. Porque en sus marcados acentos nacionalista, antiimperialista, obrerista y anticomunista se funden dinámicas comunitarias heterogéneas, pero más duraderas que el lapso de un periodo presidencial.
No debe olvidarse, después de todo, que Alianza PAIS surge sólo cuando la profundización de los mecanismos de acumulación y concentración de capital —sustentados a través de la estructuración de un esquema de desarrollo material impulsado por el extractivismo empresarial, la privatización de los activos estatales, la precarización laboral y la mercantificación del grueso de las prerrogativas sociales (ya desmanteladas) del bienestarismo ecuatoriano— encontraron el punto de máxima resistencia a su avance en los sistemáticos levantamientos de las Naciones ecuatorianas por la reivindicación de sus autonomías y territorios y, en la profusión de movilizaciones urbanas que, en conjunto con los pueblos indígenas depusieron a tres mandatarios, de manera consecutiva, entre 1997 y 2005. En este sentido, la victoria electoral del correismo sólo cobra sentido, validez y vigencia cuando se constituye en síntesis de esas bases y de los procesos políticos que ya ellos mismos desarrollaban.
Cuestión de mayor trascendencia es, por consecuencia, los saldos que doce años de un gobierno que, sin ser monolítico en el desarrollo de un proyecto de construcción nacional progresista, no exenta del recurso a viejas prácticas como estrategia de supervivencia a las múltiples violencias del capital, nacional y extranjero. El correismo, al igual que la mayor parte (si no es que el total) de los gobiernos progresistas de la vuelta de siglo en América Latina, se caracterizó por el impulso sostenido de políticas sociales compensatorias de la avanzada neoliberal de las cuatro décadas precedentes.
En virtud de lo anterior, las alianzas con los grandes capitales y el impulso al extractivismo —por cuanto garantes de estabilidad gubernamental, las primeras, y fuente de recursos permanentes, el segundo—, más que una apuesta por el continuismo (disfrazado de demagogia de izquierda, como gustan de señalar las fingidas democracias procedimentales de Occidente) permitieron extender los alcances de una estrategia de mayor escala que, entre otras cosas, redujo los márgenes de empobrecimiento de los ecuatorianos en torno a los doce puntos, cubrir la escolarización básica en un noventa y seis por ciento, lo mismo que en los servicios de salud y seguridad social.
La cuestión es que el precio que la presidencia de Correa tuvo que pagar para obtener esos logros fue concentrar aún más la riqueza de los capitales nacionales, permitiéndoles ser los detentadores de poco menos de la mitad del producto interno bruto del país; focalizar el desarrollo de la economía en la extracción de materias primas, a costa de la dependencia primario-exportadora y del despojo territorial de las Naciones originarias del Ecuador; y, de permitir el excesivo endeudamiento de los estratos sociales medios que su proyecto de desarrollo mismo propulsó. Es decir, que el costo de utilizar una estrategia de desarrollo nacional autónomo fue profundizar, para el siguiente ciclo, los canales de sujeción que intentó suprimir.
De ahí que si bien es cierto que la propuesta que representa su gobierno aún mantiene parte de su vigencia —de sus bondades, si se quisiere—, el impulso que ésta había encontrado en las bases de apoyo que logró articular hace una década no encuentren su reflejo para replicar el pasado en el siguiente proceso electoral. Por eso la continuidad del progreso hasta ahora observado en el Ecuador dependerá del establecimiento de nuevos canales de retroalimentación que permitan a ambos lados de la ecuación cambiar no sólo la base productiva de la economía nacional, sino la manera en que los cuerpos comunitarios se relacionan con sus medios de producción.
Ahora bien, un factor que hoy se presenta como una mayor amenaza al proceso electoral de Ecuador, en particular, pero de toda América Latina, en general; es que la región se encuentra bajo el asedio de un discurso racial potencializado por la presidencia de Donald Trump y, por si ello fuese poco, bajo un nuevo impulso de reconfiguración de acumulación de capital, de la mano de gobiernos autoritarios, impulsados desde los aparatos de inteligencia estadounidenses.
El primer elemento de este factor, es decir, el discurrir racial del imperialismo estadounidense no tiene, en apariencia, nada que ver con los canales políticos de las sociedades latinoamericanas —o por lo menos no más allá de su relacionamiento con el blanco anglosajón y protestante. Sin embargo, lo que se suele pasar por alto en los análisis de la comentocracia internacional es que las sociedades de la región tienen a sus propios sujetos blancos; sus imágenes de blanquitud. Traducido a la realidad política de los cuerpos sociales latinoamericanos, el discurso racial de Trump funge como la caja de resonancia que las clases detentoras de los medios de producción y los estratos que se diferencian de los pueblos originarios requieren para hacer eco de sus proyectos civilizatorios.
El discurso racial estadounidense, y sobre todo, el sujeto social que ese discurrir se empeña en construir (la imagen del individuo blanco que es producto de su hacerse a sí mismo), contrario a los repentinos y ahistóricos impulsos de unidad nacional que comienzan a levantarse en el Sur global, satura los imaginarios colectivos de esas sociedades de enunciaciones —en apariencia— fragmentarias que no colocan su ojo inquisidor en el estadounidense que los racializa, sino en sus propias Naciones indígenas, sobre las cuales descargan toda su potencia civilizadora para autoafirmarse, pero también para obligarlos a civilizarse.
Y la cuestión es que este proceso se desenvuelve justo en el momento en que en Brasil y Argentina ya hace eco de la mano de la ilusión de los indicadores macroeconómicos. Por eso, en los próximos comicios es de suma importancia que los ecuatorianos observen hacia el Sur del continente, para observar la manera en que las promesas de continuidad que Macri y (en menor medida) Temer hicieron a argentinos y brasileños son algo más que el desmantelamiento de las conquistas de una década. A la luz de lo que ha ocurrido con sus vecinos, el pueblo ecuatoriano debe comprender que las elecciones próximas no son cuestión de recurrir al mismo instrumental ideológico —con el cual la izquierda tradicional fue adoctrinada—, para vencer en las urnas. Por lo contrario, la batalla más importante de este febrero (y de los meses que siguen) se encuentra en los planos más inmediatos de construcción de lo político; esos en los que los ecos y las reverberaciones de los discursos raciales y las experiencias históricas con el neoliberalismo encuentran mayores resistencias a su avance.
En los comicios ecuatoreños, América Latina se juega, asimismo, algo más que el simple cambio de rumbo en un país. Se juega la posibilidad de que en Bolivia y en Venezuela el cerco se cierre aún más, hasta asfixiar definitivamente cualquier pretensión de emancipación en la región. Y es que en América, la construcción de las alternativas a la racionalidad vigente no pasa y se agota en el plano de las demarcaciones nacionales. Por lo contrario, transita insaciablemente por el terreno de la unidad regional.

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