En septiembre de 1942, el en entonces presidente de México, Gral. Manuel Ávila Camacho, pronunció un discurso en el que las palabras más resonantes acusaron: «y ahora que la ola de fuego del imperialismo más arbitrario trata de reducir a cenizas nuestra existencia, aquí estarnos todos, los de hoy y los de ayer, los ausentes y los presentes, los que viven y los que fueron, constituyendo una unión sagrada que ningún ataque enemigo dividirá». El espacio-tiempo de aquellas palabras era, por supuesto, el de la profusión nacionalsocialista; que en Europa materializó la Segunda Guerra Mundial.
A poco más de cuarenta años de distancia de aquellas palabras, el hoy presidente, Enrique Peña Nieto, declaró, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que: «el mundo no puede caer en la trampa de la demagogia ni del autoritarismo, el único camino viable, la única respuesta verdadera a una ciudadanía exigente es la propia democracia». Sólo para sentenciar, seis meses después, que: «éste es un momento que nos convoca a la unidad, a trabajar juntos teniendo en mente el interés superior de la nación […], hoy más que nunca, hagamos de la unidad nacional la base más sólida para poder construir un futuro desarrollo por México». Aquí, el espacio-tiempo de ambas oraciones es el del antes y el después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Cuando Ávila Camacho llamó a la unidad nacional, lo hizo con el lenguaje propio de su época; deslizado hacia la crítica de izquierda al imperialismo europeo y con ciertos resabios —ya prácticamente imperceptibles para entonces— de la socialdemocracia cardenista. Cuando Enrique Peña Nieto lo hizo, fue a partir de juicios plagados de correcciones políticas insertas en un orden discursivo cortesano y saturado de solemnidad. Ávila Camacho, además, lo hizo teniendo en perspectiva, por un lado, la paulatina pero cada vez más intensa influencia del discurso nacionalsocialista sobre los sectores conservadores de la derecha mexicana; y por el otro, las escisiones que el corporativismo del partido hegemónico ya no podía disimular. Enrique Peña Nieto, por lo contrario, sólo lo hizo mirando su propia debilidad, práctica y discursiva, frente a la presidencia de Donald Trump.
En apariencia —y sobre todo por la resonancia que en el presente llega a tener cualquier acusación al imperialismo, al colonialismo y a la explotación capitalista (con sus respectivos neos)—, las posiciones entre uno y otro mandatario distan en el carácter contestatario de sus declaraciones: el primero, de rechazo directo ante una relación social de explotación; el segundo, de pretendida concertación política. Sin embargo, y al margen de esta no tan profunda distancia enunciativa, ambos hechos coinciden en dos aspectos fundamentales para la comprensión de la manera en que el mito de la unidad nacional se ha construido en México —por lo menos, en lo que respecta a la historia posterior a la guerra civil de comienzos del siglo XX.
La primera de esas concurrencias es aquella que apela a la exposición del enemigo externo como la principal amenaza existencial de la sociedad a la que se pertenece. Aquí, lo que queda de manifiesto, sin importar la época de que se trate, es que la posición de defensa de las Naciones sojuzgadas por los discursos supremacistas (raciales, nacionales, religiosos, clasistas, etc.) tienden a la asimilación de esos mismos discursos para emplearlos como defensa. Y en este sentido, la sociedad agredida se postra frente a su agresor como un espejo en el que se refleja la supuesta vigencia de un núcleo substancial, auténtico y prístino de la propia identidad cultural.
Lo trascendental de este momento en la construcción del mito es, por tanto, que la estrategia de supervivencia de los cuerpos sociales acosados se perfila a calcar el supremacismo para hacer frente a éste. Y así, los sujetos comunitarios, lejos de aceptar su responsabilidad en la construcción de los procesos políticos dentro de los cuales se desarrolla su sociabilidad —más allá de la política formal—, lejos de asumir su capacidad de modificar su propia configuración comunitaria, sus relaciones productivas/consuntivas y sus canales culturales señala, implacable, al enemigo externo como la fuente de profusión de sus desgracias.
El segundo momento en la construcción del interés nacional (y su unidad) es paralelo al primero, sólo que en esta ocasión el enemigo es interno, y es expuesto como esa amenaza (real o potencial) a la fórmula idealizada de homogeneidad cultural-nacional sobre la cual funda su aparente legitimidad el Estado-Nación moderno. Aquí, lo que se pone en juego, el leitmotiv de la unidad nacional —y de su interés— es la explícita negación de la heterogeneidad de identidades culturales que se conglomeran dentro de los márgenes territoriales del aparato estatal. Es decir, la anulación de sus particularidades culturales y la sujeción de sus expresiones contestatarias al curso de la gobernabilidad estatal. Y lo hace postrando a la sociedad, con condescendencia, ante su propia explotación, ante su colonialismo interno; indolente ante una historia que no cesa de repetirse, porque cree que lo único que cabe realizar es un conjunto de reformas legales y un par de ajustes consuntivos que sean más o menos justos con los sectores medios.
Desde el núcleo ideológico formulado por Ávila Camacho hasta su utilización con Enrique Peña Nieto, en México, el discurso de la unidad nacional ha servido lo mismo para construir una noción hermética y homogénea de la identidad cultural de la mexicanidad que para particularizar esa aspiracional homogeneidad frente a los supremacismos externos que rechazan lo mexicano mediante su sojuzgamiento clasista, religioso y racial. Por ello, en la historia de esta sociedad, la construcción del interés nacional general siempre ha transido por la destrucción identitaria de la heterogeneidad cultural y nacional que existe dentro de los márgenes del territorio federal.
Así, el recurso a la unidad nacional siempre apela a la exaltación patriótica de la simbología cultural originaria del pueblo de México. Pero lo hace, no obstante, confinando a las raíces de esa identidad al reconocimiento tácito de que pertenecen a un pasado precivilizatorio; uno que si bien es preciso mantener en el presente como fuente y reminiscencia de la pureza cultural de la sociedad mexicana, debe ser permanentemente cuestionado en el tránsito hacia formas de convivencia menos arcaicas o bárbaras.
Por eso es tan fácil encontrar que en la historia de la construcción de la unidad nacional mexicana, ésta se ha esgrimido para revestir al aparato de Estado de cierto grado de legitimidad en su combate en contra de los movimientos sindicales, obreros y campesinos, como en los sexenios de Miguel Alemán Valdés a Adolfo López Mateos; en contra de los sectores estudiantiles, como en los mandatos de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría Álvarez; de las minorías sexuales y de género organizadas, de las congregaciones religiosas y de las autonomías indígenas, en permanente sujeción cada periodo presidencial. Porque en México, unidad nacional es sinónimo de una específica exigencia práctica y discursiva utilizada para criminalizar la protesta social, las resistencias y las alternativas comunitarias.
De ahí que en esta ocasión, cuando el discurso del presidente se presenta conciliatorio, la situación no sea distinta a la de sus predecesores: cuando Enrique Peña Nieto exige a sus gobernados que se unan en su fervor patriótico en contra del enemigo externo, invisibiliza, de facto, que su presidencia ha estado permanentemente mercada por el rechazo de amplios sectores a su forma de ejercer la presidencia, en general, y a sus reformas estructurales, en particular. Vela, en este sentido, las expresiones de inconformidad masivas que saturaron los primeros cien días de su gestión, las marchas de los sindicatos magisteriales en contra de la nueva legislación educativa, las continuas exigencias de las centrales campesinas por el desmantelamiento del sector agropecuario o, los reclamos de los estudiantes organizados en torno a la desaparición y ejecución de cuarenta y tres normalistas.
E ignora, asimismo, las innumerables veces que su gestión ha sido colocada en entredicho debido a la opacidad de su propia situación financiera, a los vínculos de su gobierno con contratistas corruptos, a los más de doscientos cincuenta compromisos, firmados ante notario, que ha incumplido; al recrudecimiento en los niveles de violencia —que ya superan a los del sexenio pasado, con 25 mil homicidios anuales—, y hasta a la pauperización del poder adquisitivo del salario.
Y la cuestión es que en cada una de estas situaciones, cada que la legitimidad del gobierno fue cuestionada, cada que algún sector de la sociedad exigió respuestas o demandó acciones concretas para salir del atolladero, cada que la sociedad se manifestó y ocupó el espacio público, cada que los sectores afectados por su personal estilo de gobernar se sintió afectado, cada que se solicitó transparencia en su gestión, cada que se exigieron mejores condiciones de trabajo o mejores servicios públicos como educación, salud, alimentación y vivienda el gobierno federal respondió argumentando que todos esos reclamos, que todo el mal humor y que todo cuanto se le reclama a su gobierno sólo transita de la incomprensión al dogmatismo ideológico. Es decir, la respuesta clara de su gobierno ante la crisis, ante el cuestionamiento, ante la exigencia y la inconformidad por parte del pueblo que ahora llama a la unión patriótica fue siempre la de prestar ojos ciegos y oídos sordos a sus más básicas peticiones existenciales.
De ahí que el llamado a la unidad nacional, otra vez, no suponga un cambio cualitativo en las condiciones de vida de quienes tienen en sus manos construirla. Porque cuando fue la sociedad la que pidió de sus gobernantes, de sus élites académicas y de sus sectores empresariales la unidad ante sus demandas, el gobierno ignoró y reprimió, las élites académicas se vanagloriaron en su despotismo ilustrado y el empresariado siguió acumulando riqueza a costa de la fuerza de trabajo pauperizada de la ciudadanía. Hoy, más que nunca, la unidad que se propone tiene un claro sesgo de clase que la define en sus motivos y sus aspiraciones. Y éstos, pretenden que la sociedad olvide cada momento en el que sus reivindicaciones populares fueron rechazadas justo por medio de un discurso que las catalogó como un peligro para la estabilidad social y una amenaza al interés supremo de la Nación —y su unidad.

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