Archive for febrero 2017

Precisiones en torno a la pacificación de Centroamérica

Cuando se trata de América Latina y el Caribe, dos de las principales constantes que más eco hacen en los análisis que se (re)producen al exterior de la región son, por un lado, que el subcontinente forma, en sí mismo, una unidad problemática, un constructo geosocial homogéneo en el que las diferencias culturales sólo son perceptibles en dimensiones reducidas, intrascendentes para alimentar las explicaciones de los problemas que aquejan a los cuerpos sociales americanos; y por el otro, que su condición tercermundista, subdesarrollada, autoritaria, bárbara y violenta es consecuencia lógica del funcionamiento de la correlación de fuerzas internas a cada sociedad.
En este sentido, al elucubrar sobre el porqué del atraso de la región, sobre las causas que impiden que las sociedades latinoamericanas y caribeñas alcancen el grado de civilización de Europa Occidental o de Estados Unidos, lo primero que sale a relucir es que desde el Río Bravo, en México; hasta el Cabo de Hornos, en Chile; los gobiernos latinoamericanos no han sabido construir instituciones como las occidentales, pero, sobre todo, que no han sabido lidiar o, de alguna manera, superar prácticas culturales, económicas y gubernamentales heredadas por los pueblos precolombinos. Así pues, del fatalismo racial, de la irremediable condición pre-civilizada —nociones como tercer mundo, subdesarrollo y, en vías de desarrollo apuntan a ello— de los cuerpos sociales americanos se transita a afirmaciones que sentencian que América Latina y el Caribe es una región inherentemente populista, burocrática, corrupta, clientelista, violenta, autoritaria, drogadicta, delincuencial y demagógica.
Por ello, cuando la región vivió, en el siglo XX, sus ciclos populistas, entre los años treinta y cincuenta; autoritarios, entre las décadas de los cincuenta y sesenta; dictatoriales, los siguientes dos decenios y; guerrilleros, las últimas cuatro décadas del siglo; no sorprende encontrar análisis que lo reducen todo a la falta de pesos y contrapesos en los poderes gubernamentales, de instituciones sociales sólidas y transparentes, de respeto por el Estado de Derecho, de aplicación de la ley, de ejercicio efectivo de derechos electorales o de regímenes de propiedad privada y competencia mercantil autorregulados. Porque al final de esas sentencias hay una explícita exigencia de adoptar, en  fast track, las formas políticas (en el sentido más amplio de la palabra), las normas de convivencia y los procesos de construcción de la vida comunitaria de sociedades que se autoproclaman tipos ideales a seguir.
El problema con proceder de esta manera —y no sólo en la comprehensión de América Latina y el Caribe, sino en la de cualquier otra región con sus propias diversidades y procesos históricos que le dieron vida—, es que se niegan (o se ignoran) dos movimientos espacio-temporales que, en el desenvolvimiento de la cotidianidad de los individuos pertenecientes a estos cuerpos sociales, son irrenunciables. El primero de ellos es que la heterogeneidad de expresiones culturales de la región se debate la validez de su propio proyecto existencial frente al curso de una civilización moderna capitalista que niega, de manera permanente, algo más que sus usos y costumbres. El segundo, que América Latina y el Caribe es el territorio sobre el cual se construye la hegemonía de Estados Unidos dentro de esa civilización.
En efecto, la diversidad de culturas en el mundo es basta, y cada continente cuenta con su propia multiplicidad y heterogeneidad de las mismas. Sin embargo, en las poblaciones que son producto de la imposición colonial europea —y a pesar de los quinientos años que median entre la génesis de ese proceso y la actualidad—, tiene lugar un conflicto ininterrumpido entre la existencia y las formas políticas y productivo/consuntivas de los pueblos originarios y el avance avasallador de un modelo de sociedad que se erige a sí mismo como la mejor forma de sociabilidad posible en el curso de la humanidad por alcanzar su clímax. Y la cuestión es que, dentro de ese avasallamiento, la American Way of se autoedifica como la mejor versión de una moral, de una ética, de unas prácticas políticas y económicas, de un Saber y un Ser/estar en el mundo.
Por eso la historia del subdesarrollo latinoamericano es la historia de la trasferencia de excedentes de la periferia al centro de la economía-mundo moderna capitalista —o lo que, con justeza, los latinoamericanos tienen a bien denominar explotación colonial. Pero también, que la historia de los caudillos y las juntas militares sea la de la securitización de la administración pública que permita a Estados Unidos mantener su actividad comercial en la región; que la historia de las guerrillas latinoamericanas sea la de la resistencia en contra del neoliberalismo; la de la oposición afrodescendiente, indígena y popular en contra del extractivismo, de la privatización de los recursos naturales, de la imposición de formas de gobierno procedimentales y de sistemas de producción y consumo sustentados en la mercantificación de la vida.
Así pues, cuando los pueblos de América acusan al imperialismo, al colonialismo y al neoliberalismo, lo hacen teniendo en mente esta historia de sujeción: la de las dictaduras de seguridad nacional que los servicios de inteligencia estadounidenses implantaron en sus países para asegurar las cadenas de producción y suministro mercantiles, la de la paramilitarización y la contrainsurgencia empleadas para desaparecer comunidades indígenas enteras y, sobre todo, la de una izquierda domesticada, adoctrinada para funcionar sólo como pantalla de oposición, como velo progresista que, empleando un lenguaje que apelaba a las reivindicaciones sociales, a la redistribución de la riqueza y al respeto a las autonomías disfrazó la militarización y el extractivismo.
Quizá por ello valga tanto la pena, ahora que el mundo de las refinadas cuestiones de la diplomacia y la alta política institucional se regodea con descaro en los festejos de los veinticinco años de la adopción de los Acuerdos de Paz de Chapultepec —por los cuales comenzó la pacificación del conflicto guerrillero en El Salvador—, cuestionar qué tanto dicho proceso fue la pacificación de un conflicto alimentado por las armas y los recursos financieros provenientes del complejo científico-financiero-militar estadounidense; y qué tanto la consecución de un Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional institucionalizado, despojado de la apoliticidad contenida en sus demandas.
Porque si bien es cierto que la sangre derramada, que las muertes y desapariciones son brutales, también lo es que el shock permanente que el ajuste estructural desplegado sobre toda Centroamérica, en general; y en El Salvador, en particular; no ha sido un sendero menos dramático. De ello da cuenta lo insostenible que es el conflicto entre diversas pandillas que se disputan el control de los flujos ilegales de enervantes y recursos monetarios. Y es que el hecho de que, con la firma de los Acuerdos, se desmovilizaran contingentes guerrilleros y miembros de los cuerpos castrenses del Estado-nacional no implica que el conflicto o la violencia que éste desdoblaba sobre la población no adoptasen nuevas formas y canales de transmisión.
Hoy, la milicia parece un mito en la conciencia de quienes adoptaron las formas cortesanas y la corrección política para controlar el aparato gubernamental del país. No obstante, ni los indicadores de desarrollo económico o de eventos violentos ni la brutalidad de las prácticas a través de las cuales se priva de la vida a las personas se han modificado. Por lo contrario, desde donde se le mire, el conflicto salvadoreño continúa devastando comunidades enteras, expulsando a miles de humanos fuera de los límites territoriales del país, reduciendo la esperanza de vida de los infantes y engrosando las filas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
En este sentido, no debe perderse de vista que la paz en una sociedad no es cuestión de mero formalismo jurídico (es decir, de conceptualizaciones jurídicas en torno a lo que se entiende por guerra y lo que se entiende por paz); y mucho menos de disputa por el control del aparato institucional del gobierno nacional. Los Acuerdos de Chapultepec le recuerdan a la América lo atroz que es el intervencionismo estadounidense en la región cuando se trata de mantener la vigencia de su dominación de espectro completo; sin embargo, el desarrollo de la sociedad salvadoreña, desde 1992, muestra al mundo que la desarticulación social de un pueblo entero no transita necesariamente por la presencia y enfrentamiento de dos cuerpos militares definidos en bandos opuestos.
Obliga, por consecuencia, a cobrar consciencia de que la firma de instrumentos jurídicos, que el reformismo de izquierda y el crecimiento económico por goteo no son suficientes para detener el empuje que las reivindicaciones populares precisan para hacer valer la vigencia de sus proyectos comunitarios. Elevar la inversión extranjera poco cuenta cuando la producción se concentra en un número reducido de capitales; el reparto agrario en nada impacta a la comunidad cuando el modelo es latifundista; incrementar los niveles de mano de obra especializada no cambia nada cuando lo único que hace es mantener la distribución espacial-temporal del trabajo maquilero/manufacturero; y votar por la oposición partidista mantiene todo igual mientras el esquema de producción/consumo de bienes se mantenga intacto.
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Mirar hacia el Sur en Ecuador

El próximo diecinueve de febrero, Ecuador tendrá su primer proceso electoral en el que, por primera ocasión en la última década, el nombre del actual presidente del país, Rafael Correa, no figurará dentro de las opciones que contengan las boletas. Ello, por si propio, ya es un factor de particular relevancia que hace que los siguientes comicios no sean nada parecidos a aquellos en los que venció Alianza PAIS. Sin embargo, no es el principal motivo de definición de la contienda política. Dos acontecimientos más se encuentran saturando el debate público en torno a la opción de dar continuidad al proyecto progresista de la actual administración o finiquitarlo. Por un lado, los saldos del correísmo, y por el otro, la articulación del actual empuje neoliberal en la región vis-à-vis la construcción imperialista de Donald Trump.
Que el actual presidente ecuatoriano no se encuentre dentro de las opciones electorales es, en sí mismo, un factor relevante porque es justo su carácter y su personal estilo de gobernar lo que ya no podrá ser objeto de réplica para los siguientes cuatro años de mandato. No obstante, aquí no se aprecia como un factor determinante del hecho de que se dé continuidad o regresión al ciclo progresista que su presidencia inauguró porque gran parte de la legitimidad de las decisiones tomadas, del funcionamiento institucional y de las articulaciones políticas construidas en estos diez años no son fruto exclusivo del arbitrio irrepetible de un individuo. Por lo contrario, los logros en materia social alcanzados por la presente administración ecuatoriana no se comprenderían si no se observa con cuidado que la presidencia de Rafael Correa más que ser la causa, es la consecuencia de condiciones y construcciones políticas subyacentes.
En efecto, contrario a las interpretaciones simplistas que desde el Norte global y desde las democracias procedimentales de Occidente se hacen de los procesos políticos latinoamericanos, si bien en la región latinoamericana la figura del mandatario tiene un peso importante en el encadenamiento de diferentes reivindicaciones populares, éstas no transitan y se agotan sólo en el plano del carisma caudillista. Por eso el populismo latinoamericano —al margen de las exclusiones que él mismo reproduce en la lógica de su colonialismo interno—, es de un contenido político tan rico y explosivo a la vez. Porque en sus marcados acentos nacionalista, antiimperialista, obrerista y anticomunista se funden dinámicas comunitarias heterogéneas, pero más duraderas que el lapso de un periodo presidencial.
No debe olvidarse, después de todo, que Alianza PAIS surge sólo cuando la profundización de los mecanismos de acumulación y concentración de capital —sustentados a través de la estructuración de un esquema de desarrollo material impulsado por el extractivismo empresarial, la privatización de los activos estatales, la precarización laboral y la mercantificación del grueso de las prerrogativas sociales (ya desmanteladas) del bienestarismo ecuatoriano— encontraron el punto de máxima resistencia a su avance en los sistemáticos levantamientos de las Naciones ecuatorianas por la reivindicación de sus autonomías y territorios y, en la profusión de movilizaciones urbanas que, en conjunto con los pueblos indígenas depusieron a tres mandatarios, de manera consecutiva, entre 1997 y 2005. En este sentido, la victoria electoral del correismo sólo cobra sentido, validez y vigencia cuando se constituye en síntesis de esas bases y de los procesos políticos que ya ellos mismos desarrollaban.
Cuestión de mayor trascendencia es, por consecuencia, los saldos que doce años de un gobierno que, sin ser monolítico en el desarrollo de un proyecto de construcción nacional progresista, no exenta del recurso a viejas prácticas como estrategia de supervivencia a las múltiples violencias del capital, nacional y extranjero. El correismo, al igual que la mayor parte (si no es que el total) de los gobiernos progresistas de la vuelta de siglo en América Latina, se caracterizó por el impulso sostenido de políticas sociales compensatorias de la avanzada neoliberal de las cuatro décadas precedentes.
En virtud de lo anterior, las alianzas con los grandes capitales y el impulso al extractivismo —por cuanto garantes de estabilidad gubernamental, las primeras, y fuente de recursos permanentes, el segundo—, más que una apuesta por el continuismo (disfrazado de demagogia de izquierda, como gustan de señalar las fingidas democracias procedimentales de Occidente) permitieron extender los alcances de una estrategia de mayor escala que, entre otras cosas, redujo los márgenes de empobrecimiento de los ecuatorianos en torno a los doce puntos, cubrir la escolarización básica en un noventa y seis por ciento, lo mismo que en los servicios de salud y seguridad social.
La cuestión es que el precio que la presidencia de Correa tuvo que pagar para obtener esos logros fue concentrar aún más la riqueza de los capitales nacionales, permitiéndoles ser los detentadores de poco menos de la mitad del producto interno bruto del país; focalizar el desarrollo de la economía en la extracción de materias primas, a costa de la dependencia primario-exportadora y del despojo territorial de las Naciones originarias del Ecuador; y, de permitir el excesivo endeudamiento de los estratos sociales medios que su proyecto de desarrollo mismo propulsó. Es decir, que el costo de utilizar una estrategia de desarrollo nacional autónomo fue profundizar, para el siguiente ciclo, los canales de sujeción que intentó suprimir.
De ahí que si bien es cierto que la propuesta que representa su gobierno aún mantiene parte de su vigencia —de sus bondades, si se quisiere—, el impulso que ésta había encontrado en las bases de apoyo que logró articular hace una década no encuentren su reflejo para replicar el pasado en el siguiente proceso electoral. Por eso la continuidad del progreso hasta ahora observado en el Ecuador dependerá del establecimiento de nuevos canales de retroalimentación que permitan a ambos lados de la ecuación cambiar no sólo la base productiva de la economía nacional, sino la manera en que los cuerpos comunitarios se relacionan con sus medios de producción.
Ahora bien, un factor que hoy se presenta como una mayor amenaza al proceso electoral de Ecuador, en particular, pero de toda América Latina, en general; es que la región se encuentra bajo el asedio de un discurso racial potencializado por la presidencia de Donald Trump y, por si ello fuese poco, bajo un nuevo impulso de reconfiguración de acumulación de capital, de la mano de gobiernos autoritarios, impulsados desde los aparatos de inteligencia estadounidenses.
El primer elemento de este factor, es decir, el discurrir racial del imperialismo estadounidense no tiene, en apariencia, nada que ver con los canales políticos de las sociedades latinoamericanas —o por lo menos no más allá de su relacionamiento con el blanco anglosajón y protestante. Sin embargo, lo que se suele pasar por alto en los análisis de la comentocracia internacional es que las sociedades de la región tienen a sus propios sujetos blancos; sus imágenes de blanquitud. Traducido a la realidad política de los cuerpos sociales latinoamericanos, el discurso racial de Trump funge como la caja de resonancia que las clases detentoras de los medios de producción y los estratos que se diferencian de los pueblos originarios requieren para hacer eco de sus proyectos civilizatorios.
El discurso racial estadounidense, y sobre todo, el sujeto social que ese discurrir se empeña en construir (la imagen del individuo blanco que es producto de su hacerse a sí mismo), contrario a los repentinos y ahistóricos impulsos de unidad nacional que comienzan a levantarse en el Sur global, satura los imaginarios colectivos de esas sociedades de enunciaciones —en apariencia— fragmentarias que no colocan su ojo inquisidor en el estadounidense que los racializa, sino en sus propias Naciones indígenas, sobre las cuales descargan toda su potencia civilizadora para autoafirmarse, pero también para obligarlos a civilizarse.
Y la cuestión es que este proceso se desenvuelve justo en el momento en que en Brasil y Argentina ya hace eco de la mano de la ilusión de los indicadores macroeconómicos. Por eso, en los próximos comicios es de suma importancia que los ecuatorianos observen hacia el Sur del continente, para observar la manera en que las promesas de continuidad que Macri y (en menor medida) Temer hicieron a argentinos y brasileños son algo más que el desmantelamiento de las conquistas de una década. A la luz de lo que ha ocurrido con sus vecinos, el pueblo ecuatoriano debe comprender que las elecciones próximas no son cuestión de recurrir al mismo instrumental ideológico —con el cual la izquierda tradicional fue adoctrinada—, para vencer en las urnas. Por lo contrario, la batalla más importante de este febrero (y de los meses que siguen) se encuentra en los planos más inmediatos de construcción de lo político; esos en los que los ecos y las reverberaciones de los discursos raciales y las experiencias históricas con el neoliberalismo encuentran mayores resistencias a su avance.
En los comicios ecuatoreños, América Latina se juega, asimismo, algo más que el simple cambio de rumbo en un país. Se juega la posibilidad de que en Bolivia y en Venezuela el cerco se cierre aún más, hasta asfixiar definitivamente cualquier pretensión de emancipación en la región. Y es que en América, la construcción de las alternativas a la racionalidad vigente no pasa y se agota en el plano de las demarcaciones nacionales. Por lo contrario, transita insaciablemente por el terreno de la unidad regional.
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El fundamento clasista de la Unidad Nacional

En septiembre de 1942, el en entonces presidente de México, Gral. Manuel Ávila Camacho, pronunció un discurso en el que las palabras más resonantes acusaron: «y ahora que la ola de fuego del imperialismo más arbitrario trata de reducir a cenizas nuestra existencia, aquí estarnos todos, los de hoy y los de ayer, los ausentes y los presentes, los que viven y los que fueron, constituyendo una unión sagrada que ningún ataque enemigo dividirá». El espacio-tiempo de aquellas palabras era, por supuesto, el de la profusión nacionalsocialista; que en Europa materializó la Segunda Guerra Mundial.
A poco más de cuarenta años de distancia de aquellas palabras, el hoy presidente, Enrique Peña Nieto, declaró, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que: «el mundo no puede caer en la trampa de la demagogia ni del autoritarismo, el único camino viable, la única respuesta verdadera a una ciudadanía exigente es la propia democracia». Sólo para sentenciar, seis meses después, que: «éste es un momento que nos convoca a la unidad, a trabajar juntos teniendo en mente el interés superior de la nación […], hoy más que nunca, hagamos de la unidad nacional la base más sólida para poder construir un futuro desarrollo por México». Aquí, el espacio-tiempo de ambas oraciones es el del antes y el después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Cuando Ávila Camacho llamó a la unidad nacional, lo hizo con el lenguaje propio de su época; deslizado hacia la crítica de izquierda al imperialismo europeo y con ciertos resabios —ya prácticamente imperceptibles para entonces— de la socialdemocracia cardenista. Cuando Enrique Peña Nieto lo hizo, fue a partir de juicios plagados de correcciones políticas insertas en un orden discursivo cortesano y saturado de solemnidad. Ávila Camacho, además, lo hizo teniendo en perspectiva, por un lado, la paulatina pero cada vez más intensa influencia del discurso nacionalsocialista sobre los sectores conservadores de la derecha mexicana; y por el otro, las escisiones que el corporativismo del partido hegemónico ya no podía disimular. Enrique Peña Nieto, por lo contrario, sólo lo hizo mirando su propia debilidad, práctica y discursiva, frente a la presidencia de Donald Trump.
En apariencia —y sobre todo por la resonancia que en el presente llega a tener cualquier acusación al imperialismo, al colonialismo y a la explotación capitalista (con sus respectivos neos)—, las posiciones entre uno y otro mandatario distan en el carácter contestatario de sus declaraciones: el primero, de rechazo directo ante una relación social de explotación; el segundo, de pretendida concertación política. Sin embargo, y al margen de esta no tan profunda distancia enunciativa, ambos hechos coinciden en dos aspectos fundamentales para la comprensión de la manera en que el mito de la unidad nacional se ha construido en México —por lo menos, en lo que respecta a la historia posterior a la guerra civil de comienzos del siglo XX.
La primera de esas concurrencias es aquella que apela a la exposición del enemigo externo como la principal amenaza existencial de la sociedad a la que se pertenece. Aquí, lo que queda de manifiesto, sin importar la época de que se trate, es que la posición de defensa de las Naciones sojuzgadas por los discursos supremacistas (raciales, nacionales, religiosos, clasistas, etc.) tienden a la asimilación de esos mismos discursos para emplearlos como defensa. Y en este sentido, la sociedad agredida se postra frente a su agresor como un espejo en el que se refleja la supuesta vigencia de un núcleo substancial, auténtico y prístino de la propia identidad cultural.
Lo trascendental de este momento en la construcción del mito es, por tanto, que la estrategia de supervivencia de los cuerpos sociales acosados se perfila a calcar el supremacismo para hacer frente a éste. Y así, los sujetos comunitarios, lejos de aceptar su responsabilidad en la construcción de los procesos políticos dentro de los cuales se desarrolla su sociabilidad —más allá de la política formal—, lejos de asumir su capacidad de modificar su propia configuración comunitaria, sus relaciones productivas/consuntivas y sus canales culturales señala, implacable, al enemigo externo como la fuente de profusión de sus desgracias.
El segundo momento en la construcción del interés nacional (y su unidad) es paralelo al primero, sólo que en esta ocasión el enemigo es interno, y es expuesto como esa amenaza (real o potencial) a la fórmula idealizada de homogeneidad cultural-nacional sobre la cual funda su aparente legitimidad el Estado-Nación moderno. Aquí, lo que se pone en juego, el leitmotiv de la unidad nacional —y de su interés— es la explícita negación de la heterogeneidad de identidades culturales que se conglomeran dentro de los márgenes territoriales del aparato estatal. Es decir, la anulación de sus particularidades culturales y la sujeción de sus expresiones contestatarias al curso de la gobernabilidad estatal. Y lo hace postrando a la sociedad, con condescendencia, ante su propia explotación, ante su colonialismo interno; indolente ante una historia que no cesa de repetirse, porque cree que lo único que cabe realizar es un conjunto de reformas legales y un par de ajustes consuntivos que sean más o menos justos con los sectores medios.
Desde el núcleo ideológico formulado por Ávila Camacho hasta su utilización con Enrique Peña Nieto, en México, el discurso de la unidad nacional ha servido lo mismo para construir una noción hermética y homogénea de la identidad cultural de la mexicanidad que para particularizar esa aspiracional homogeneidad frente a los supremacismos externos que rechazan lo mexicano mediante su sojuzgamiento clasista, religioso y racial. Por ello, en la historia de esta sociedad, la construcción del interés nacional general siempre ha transido por la destrucción identitaria de la heterogeneidad cultural y nacional que existe dentro de los márgenes del territorio federal.
Así, el recurso a la unidad nacional siempre apela a la exaltación patriótica de la simbología cultural originaria del pueblo de México. Pero lo hace, no obstante, confinando a las raíces de esa identidad al reconocimiento tácito de que pertenecen a un pasado precivilizatorio; uno que si bien es preciso mantener en el presente como fuente y reminiscencia de la pureza cultural de la sociedad mexicana, debe ser permanentemente cuestionado en el tránsito hacia formas de convivencia menos arcaicas o bárbaras.
Por eso es tan fácil encontrar que en la historia de la construcción de la unidad nacional mexicana, ésta se ha esgrimido para revestir al aparato de Estado de cierto grado de legitimidad en su combate en contra de los movimientos sindicales, obreros y campesinos, como en los sexenios de Miguel Alemán Valdés a Adolfo López Mateos; en contra de los sectores estudiantiles, como en los mandatos de Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría Álvarez; de las minorías sexuales y de género organizadas, de las congregaciones religiosas y de las autonomías indígenas, en permanente sujeción cada periodo presidencial. Porque en México, unidad nacional es sinónimo de una específica exigencia práctica y discursiva utilizada para criminalizar la protesta social, las resistencias y las alternativas comunitarias.
De ahí que en esta ocasión, cuando el discurso del presidente se presenta conciliatorio, la situación no sea distinta a la de sus predecesores: cuando Enrique Peña Nieto exige a sus gobernados que se unan en su fervor patriótico en contra del enemigo externo, invisibiliza, de facto, que su presidencia ha estado permanentemente mercada por el rechazo de amplios sectores a su forma de ejercer la presidencia, en general, y a sus reformas estructurales, en particular. Vela, en este sentido, las expresiones de inconformidad masivas que saturaron los primeros cien días de su gestión, las marchas de los sindicatos magisteriales en contra de la nueva legislación educativa, las continuas exigencias de las centrales campesinas por el desmantelamiento del sector agropecuario o, los reclamos de los estudiantes organizados en torno a la desaparición y ejecución de cuarenta y tres normalistas.
E ignora, asimismo, las innumerables veces que su gestión ha sido colocada en entredicho debido a la opacidad de su propia situación financiera, a los vínculos de su gobierno con contratistas corruptos, a los más de doscientos cincuenta compromisos, firmados ante notario, que ha incumplido; al recrudecimiento en los niveles de violencia —que ya superan a los del sexenio pasado, con 25 mil homicidios anuales—, y hasta a la pauperización del poder adquisitivo del salario.
Y la cuestión es que en cada una de estas situaciones, cada que la legitimidad del gobierno fue cuestionada, cada que algún sector de la sociedad exigió respuestas o demandó acciones concretas para salir del atolladero, cada que la sociedad se manifestó y ocupó el espacio público, cada que los sectores afectados por su personal estilo de gobernar se sintió afectado, cada que se solicitó transparencia en su gestión, cada que se exigieron mejores condiciones de trabajo o mejores servicios públicos como educación, salud, alimentación y vivienda el gobierno federal respondió argumentando que todos esos reclamos, que todo el mal humor y que todo cuanto se le reclama a su gobierno sólo transita de la incomprensión al dogmatismo ideológico. Es decir, la respuesta clara de su gobierno ante la crisis, ante el cuestionamiento, ante la exigencia y la inconformidad por parte del pueblo que ahora llama a la unión patriótica fue siempre la de prestar ojos ciegos y oídos sordos a sus más básicas peticiones existenciales.
De ahí que el llamado a la unidad nacional, otra vez, no suponga un cambio cualitativo en las condiciones de vida de quienes tienen en sus manos construirla. Porque cuando fue la sociedad la que pidió de sus gobernantes, de sus élites académicas y de sus sectores empresariales la unidad ante sus demandas, el gobierno ignoró y reprimió, las élites académicas se vanagloriaron en su despotismo ilustrado y el empresariado siguió acumulando riqueza a costa de la fuerza de trabajo pauperizada de la ciudadanía. Hoy, más que nunca, la unidad que se propone tiene un claro sesgo de clase que la define en sus motivos y sus aspiraciones. Y éstos, pretenden que la sociedad olvide cada momento en el que sus reivindicaciones populares fueron rechazadas justo por medio de un discurso que las catalogó como un peligro para la estabilidad social y una amenaza al interés supremo de la Nación —y su unidad.

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American Imperialism... O la reorganización del Imperio

III
Para sorpresa de muchos, y por intrascendente que parezca, la materialización de las propuestas de campaña del hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanza de manera implacable, con absoluta fidelidad y estricto apego programático al orden del discurso que desde su postulación delineó aquel. Esto, más allá de mostrar el carácter, es decir, la racionalidad gubernamental de la nueva administración pública estadounidense, expone en toda su amplitud la amenaza que representa para sí misma una sociedad global ensimismada en su caprichosa interiorización de un discurso civilizatorio transhistórico al que la humanidad ni le ve alternativas ni desea construírselas.
Tres, por tanto, son las continuidades coloniales que hoy los cuerpos sociales que habitan la modernidad capitalista se muestran a sí mismos; sin ser siquiera capaces de reconocerlas y plantarse frente a ellas en un sentido autocrítico, pero que evidencian el grado de sujeción al que se encuentran sometidos y que, asimismo, posibilitan la permanente destrucción de cualquier potencial cambio cualitativo en la construcción de sus configuraciones comunitarias. La primera de estas continuidades corresponde a la ruptura del proceso mediante el cual el sujeto social universaliza su existencia al mismo tiempo que particulariza la universalidad de esa realidad existencial; la segunda, con la incapacidad de reconocer la diferencia que media entre el proyecto de civilización vigente y su expresión histórica actual; y la tercera, con la voluntariosa necesidad de reproducir el orden civilizacional en curso, por encima de las politicidades alternativas a él.
El primero de estos fenómenos encuentra una de sus mayores expresiones en la producción y el consumo cotidianos de un debate público que no se cansa de repetir que tanto los actos de Donald Trump como el presidente mismo son eventos de ruptura en la tendencia inercial, en el curso normal, natural e irrenunciable del progreso de la humanidad. Las más comunes de estas corrientes, por supuesto, saturan las posturas que auguran que con la administración de Trump se da la muerte simultánea de tres relaciones sociales que, aunque diferentes en sus cualidades, la opinión pública se empecina en designar de manera intercambiable; a saber, las muertes de la globalización, del libre mercado (categoría políticamente correcta para nombrar al capitalismo), y del neoliberalismo.
Aquí, lo fundamental para la opinión pública especializada es la construcción de un sentido común que indique a cada individuo que, pese a que la realidad material muestre exactamente lo contrario a lo que el discurso del mandatario enuncia, el simple atrevimiento de señalar cualquiera de las fallas que la libertad de mercado contiene en su funcionamiento es un acto de herejía en contra del destino inevitable de la humanidad.  Por ello, lo que se encuentra en el fondo es un profunda súplica en torno al mantenimiento de los esquemas de cognición vigentes, pese a que éstos, tanto en su fundamento como en sus objetivos se encuentran determinados por la universalización de las particularidades sociales.
Este hecho, por supuesto, no es nuevo. Ya desde el periodo de auge del nacionalsocialismo europeo quedaba de manifiesto que expresiones de exterminio de la humanidad como esa, lejos de ser una desviación, una perturbación o un fenómeno antagónico a la ética y a la razón ilustrada de Occidente, no son más que su consecuencia última; siempre latente en el núcleo ideológico del proyecto de civilización que desde sus centros geopolíticos del conocimiento se exporta a todos los rincones del orbe. Lo novedoso es la escala y el nivel de interiorización de una específica actividad interpretativa que niega toda posibilidad de oposición al status quo.
Durante el periodo de la guerra fría, por ejemplo, era fácil observar esta unidimensionalidad del Ser humano cuando el lenguaje de la cotidianidad alcanzó, e incluso rebasó, al que George Orwell formuló en sus distopías. Por ello, en la posguerra de la segunda mitad del siglo XX, el sentido común era aceptar que la guerra era la paz, que la amenaza nuclear era la garantía para mantener la vida en el mundo, que la opulencia es la escasez o que la libertad es el control conductual del individuo por medio de su actividad productiva/consuntiva. La conciencia feliz, esto es, la convicción de que la realidad es tal por su racionalidad y que por lo tanto es la única realidad en la cual el individuo es capaz de desenvolverse en su máxima amplitud es, hoy, más que durante la guerra fría, la conciencia colectiva del conformismo, la inmediatez y la banalidad de la existencia social.
En este sentido, cada que un comentócrata de los altos y refinados asuntos de la política y la diplomacia vocifera que Donald Trump es una extraña excepción a la regla de los valores estadounidenses, una anomalía del sistema que no debió llegar a la silla presidencial del Estado con mayor potencial financiero y armamentístico o, en el mejor de los casos, un ignorante de las formas y los simbolismos de la actividad política; lo que se encuentra de fondo es el clamor, la imperiosa necesidad de mantener velado un orden social que, mediante la exaltación de una fingida multiculturalidad, es decir, del individualismo exacerbado, en el que cada individuo debe sentirse obligado a aceptar su posición en el espacio social, anula toda resistencia a la pretensión supremacista de autorreferenciación cultural eurocentrista.
De aquí que el peligro del discurso excepcionalista, racial y clasista de Donald Trump no sea, precisamente, el hacer visible, el enunciar todo aquello que hoy resulta políticamente incorrecto. Por lo contrario, la amenaza de su discurrir se halla en el hecho de que sean los propios cuerpos sociales del globo los que perfilen el mantenimiento de su unidimensionalidad como condición sine qua non de su existencia. Barack Obama —quien hoy es considerado la negación de todo lo que representa Trump—, declaró, en más de una ocasión, creer en el excepcionalismo americano con todas y cada una de las fuerzas de su ser, durante su presidencia lanzó más de veintiséis mil bombas, incursionó en golpes de Estado por todo el Magreb, balcanizó Oriente próximo, expandió los alcances de la OTAN, llevó sus Operaciones Especiales a 138 países, intensificó la militarización del Sudeste asiático, profundizo la criminalización de la libre circulación de la información, y abultó los márgenes de operación del capital financiero.
Y sin embargo, nada en estas acciones fue percibido por la opinión pública mundial como una amenaza a la vida de miles de personas, o a la continuidad de la propia humanidad. Porque incluso más allá del pretendido discurso progresista del hoy expresidente, cada una de sus acciones se ejecutó a tono con el cauce natural del progreso de la modernidad capitalista. Quizá por ello no sea aventurado afirmar que nadie más, como Obama, contribuyó a la aniquilación de las resistencias sociales. Porque en el orden de su discurso y de su actuar hay un contenido que saturó la cotidianidad de sus mandatos de una falsa superación de las múltiples confrontaciones ideológicas, de la heterogeneidad de universos de vida válidos para distintas configuraciones sociales; en suma, una ficticia despolitización del contenido comunitario.
Por supuesto esto no quiere decir que se deba ser condescendiente o se deban validar los actos de la nueva presidencia estadounidense. Por lo contrario, lo que aquí se encuentra en juego es la posibilidad real de dotar de nuevos contenidos esos espacios que hoy se encuentran vaciados. Pero también de mantener la vigencia de un sinnúmero de reivindicaciones populares que durante tanto tiempo sólo han encontrado, en el espacio público, el reformismo, más que el cambio cualitativo. Y es que si bien politización no implica la promoción de fundamentalismos, excepcionalismos o supremacismos raciales, religiosos, clasistas o nacionales, sí requiere que se abandone esa conciencia feliz que cree observar en la realidad paz, estabilidad y orden.
Consecuencia nefasta de la modernidad capitalista es que las comunidades humanas abandonen —o sean privadas— de su capacidad de dotar de forma y contenido a su sociabilidad. La sustitución que el mercado hace de los contenidos reales de la politicidad humana lejos de llevar al individuo a un estado de superioridad ontológica, material o espiritual lo aniquila. De ahí que el riesgo que enfrenta la humanidad con Donald Trump sea doble: por un lado, el de su propio actuar, que se perfila a ser una réplica (pero a mayor escala y por medio de mecanismos más abiertos) de lo que el mundo vivió durante los años de Reagan y Tatcher; con una mayor penetración de la valorización del valor en los procesos de sociabilidad comunitaria; y por el otro, el de la actitud de la sociedad global, esa que hoy implora que la vigencia de la civilización actual se mantenga, a pesar de que ello implique el abandono de la multidimensionalidad de su existir.
La segunda continuidad colonial corresponde a la manera en que en el debate público se designa, indiscriminadamente, a la globalización, al capitalismo y al neoliberalismo como si fueran categorías de análisis o procesos sociales intercambiables. Aquí, el vaciamiento de los conceptos es total, justo como en el lenguaje orweliano. Pero más que ello, la manera en la que se concibe a estos tres procesos, históricamente determinados, es indicativa del grado de interiorización del discurso hegemónico en la colectividad. Y es que la cuestión en este punto es que el cuestionamiento directo ya no se agota sólo en el clamor por la pervivencia del libre mercado; sino que transita de manera circular por escalas superiores hasta llegar a la globalización —gestada poco más de medio siglo atrás, cuando en Oriente y Occidente, a través de la conquista de América, se cobró conciencia de la totalidad geosocial que es el globo terráqueo.
Por eso hay cierto grado de ingenuidad inscrito en las ideas que afirman la muerte de la globalización sólo porque el presidente amenazó a un par de empresas automotrices. Porque la realidad es que ese retroceso ontológico que implica la deconstrucción de la globalización ni es voluntarioso ni corre, de forma exclusiva, por la dimensión productivo/consuntiva de la vida en sociedad. Los procesos de transculturización entre diferentes cuerpos sociales son tan amplios y potentes que su aniquilamiento requeriría el aniquilamiento previo de las instituciones por medio de las cuales se mantiene estable la reproducción social general vigente.
¿Y qué decir del neoliberalismo? El mundo ha leído el posicionamiento del empresario-presidente en un sentido en que le atribuyen algo (no se sabe qué) diferente a lo que se ha defendido hasta ahora, por lo menos, desde los años ochenta del siglo XX. No obstante, nada hay más alejado de la realidad, ya sea porque se interpreten o porque se tomen en la literalidad sus palabras y acciones. Y es que Trump no está negando los tratados de libre comercio, ni la apertura de mercados, ni las libertades comerciales. Por lo contrario, rechaza los tratados de libre comercio que ya no sirven a los niveles de acumulación de capital a los que está acostumbrado el estadounidense, rechaza los mercados que se cierran a las exportaciones (de bienes, servicios y capitales) de Estados Unidos y, las libertades de mercado que ya no sirven a los propósitos comerciales de la economía que gobierna.
De ahí que el America First sea precisamente eso, colocar a Estados Unidos por encima de cualquier otro interés. Y la manera en que en fechas recientes se abalanzó sobre los, de por sí, laxos controles construidos alrededor del capital financiero —luego de la burbuja especulativa de 2008— no puede ser indicio más claro —más, aún, que su propio gabinete mimetizado con la junta de gobierno de Goldman Sachs. El neoliberalismo es un proceso de larga duración que se encuentra, apenas, en las etapas más tempranas de su estructuración. Y justo porque no se comprende esto en el debate público es que las colectividades no hacen más que observar su desmoronamiento en donde únicamente se da su reificación, a la manera del there´s no alternative.
Finalmente, la tercera continuidad del pensamiento colonial moderno es la síntesis de las dos anteriores. Cuando el mundo observa en Trump el desmoronamiento del American way of life no está mirando eso, la decadencia del modus vivendi estadounidense, sino su propia extinción. Lo abrumador y lo trascendente de este punto es, por consecuencia, la incapacidad de posicionarse desde un espacio-tiempo autocrítico ante la propia subjetividad, toda vez que lo único que la sociedad observa sobre sí es el reflejo de un modo de Ser particular, que corresponde al del burgués blanco, anglosajón y protestante. Trump, por supuesto, no es expresión de decadencia o desmoronamiento alguno. Como lo fue el nacionalsocialismo europeo a principios del siglo XX para su tiempo, el excepcionalismo estadounidense de hoy es para el tiempo actual la versión de mayor cristalización de la ética y la razón instrumental ilustrada, despojada de sus correcciones políticas y su solemnidad cortesana.
Una tendencia cíclica en la Historia de la humanidad es que ésta tiende a reaccionar ante periodos coyunturales de dos formas generales: acumulando la progresión de los eventos para sólo dotar de un nuevo volumen cuantitativo a su realidad material o, poner en juego la vigencia y la validez de sus formas comunitarias para deconstruirlas y edificar sobre sus ruinas nuevas expresiones cualitativas. Trump se encuentra dentro de la primera tendencia, en la que la respuesta es el mantenimiento de la sujeción del sujeto a través de nuevos canales. Y a juzgar por la reacción del mundo ante su presidencia, la humanidad se inclina más a seguir los pasos de aquel en su tendencia, lejos de utilizar el impulso coyuntural para cuestionar el proyecto de civilización que actualmente sostiene.
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