El pasado miércoles dieciocho de enero, en un evento que recordó de manera directa a lo que en sociedades como la estadounidense parece ser parte de su cotidianidad, los mexicanos presenciaron las imágenes de un estudiante de dieciséis años despojando de su vida e hiriendo a los compañeros con los que día a día compartía las aulas de su colegio. El evento, por sí mismo, no entraña un contenido de violencia —o de crueldad, si se quiere— que el que es posible advertir en matanzas como las de San Fernando y Villas de Salvárcar, con Felipe Caderón, que las de Tlatlaya y Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto, o que cualquiera perpetrada en el seno de los pueblos indígenas del país —asediados por una guerra genocida permanente.
De hecho, la conmoción que las imágenes causaron en el imaginario colectivo nacional no responde al contenido violento de los actos, sino a la afinidad ética que socialmente construye y (re)produce la inocencia, la bondad y la ternura sobre y entorno a la persona del menor de edad. Ello, por supuesto, no implica que el tiroteo perpetrado en el Colegio Americano del Noreste sea aceptable, o menos reprobable que el resto de asesinatos que durante décadas han plagado los espacios públicos con cadáveres, restos corporales mutilados y fosas comunes. Sin embargo, sí hace visibles algunos aspectos que permiten explicar por qué la violencia en el país ha alcanzado los niveles y las escalas en las que actualmente se desenvuelve y, sobre todo, los mecanismos que favorecen su (re)productibilidad, asimilación y metabolismo social.
En primera instancia, es claro de que el repudio colectivo de los sucesos se encuentra en el hecho de que tanto quien despojó a sus compañeros de su vida como quienes fueron despojados de ésta son menores de edad, de extracción social acomodada y que compartían un espacio-tiempo común delimitado por una institución escolar. Y es que, por evidentes que son estos detalles, su nula trascendencia en los análisis que ya saturan el debate público es indicativa de la manera en que el cuerpo social, en su conjunto, recibe y se posiciona frente a cualquier hecho violento.
El substrato de clase, el lugar en el que sucedieron los hechos y los individuos involucrados en los mismos no son menores. En realidad, son, en todo sentido, los factores que definen por completo la proximidad ética y la reacción con la que responde la sociedad al acto. Así pues, no deja de ser fundamental reconocer que si bien los homicidios del Colegio Americano del Noreste son trágicos, éstos son tendencia cotidiana en otras regiones de la geografía nacional; en donde menores de edad de escasos recursos y con precarios niveles de escolaridad lo mismo recurren permanentemente a la violencia para permanecer con vida que son objeto de secuestros, homicidios, torturas y trata.
Por ello, la posición ética que desbordó la discusión apelando a la no viralización del video en el que quedaron registradas las muertes, lejos de plantear un claro posicionamiento de responsabilidad social o de protección del tejido moral que da cohesión a los vínculos sociales de los individuos de la comunidad, se presenta como el velo por medio del cual se legitiman las agresiones —y, en este caso en particular, la eliminación física de la existencia del Otro— en contra de todos aquellos individuos que no comparten una determina esencia bondadosa, un cierto halo de virtud existencial, una identidad racial o una pertenencia de clase comunes.
Y es que más allá de si las imágenes debieron o no publicarse, lo que aquí se encuentra en juego, de fondo, es la capacidad de la sociedad para trasladar su sentir en torno a la victimas del Colegio a esos otros ámbitos en los que la violencia es igual de atroz, pero que por su escasa o nula visibilidad, o por la distancia existencial que media entre los sujetos de la violencia y el observador, continúan convalidándose.
Una segunda observación tiene que ver con la manera específica en que el discurso público invisibiliza el papel determinante que la colectividad ejerce sobre los canales de (re)producción social de la violencia; individualizando causas y consecuencias en explicaciones que pretenden explicarlo todo a través del examen de la psique del individuo. Para observarlo, basta con mirar la manera en que el discurso público —potencializado por unos medios de comunicación que hacen uso indiscriminado de adjetivaciones, conceptos y relaciones causales destinados a cimbrar los sentimientos de la audiencia—, vuelca toda su potencia sobre el menor de edad que activo el arma de fuego para explicar que fue su soledad, su depresión, su inadaptación social, su ira reprimida y su falta de empatía lo que desencadenó su deseo de matar.
Así, lo que se pone en perspectiva es que el individuo, con toda su anormalidad y con toda su incapacidad de adoptar y respetar los cánones de convivencia civilizados, es el único responsable de lo ocurrido. Y la cuestión es que al abordar en este sentido el problema se llega, en últimas instancias, a concluir que es la suma de estos inadaptados sociales (estos lobos solitarios) lo que propicia la descomposición del tejido social; toda vez que son sus acciones —y sólo sus acciones— las que rompen con el contrato social de convivencia fundado por el Estado-Nación moderno.
  Apelar a la inmadurez psicológica, a la personalidad poco estructurada, a los profundos desequilibrios emocionales o nociones similares —que se suponen son constitutivos de la mentalidad criminal y de la naturaleza maligna del sujeto social— conduce a legitimar prácticas sociales de exclusión, pero sobre todo, a validar y (re)producir mecanismos de sujeción del individuo que conducen a su descomposición subjetiva. Es decir, afirma la necesidad de gobernar la personalidad de las personas a partir del despliegue de instituciones, legislaciones y programas políticos consagrados a fabricar seres unidimensionales; cuya existencia se reduce a consentir la estructura social vigente, a permanecer indiferentes ante las contradicciones del capitalismo y a autoafirmar el telos de su existencia mediante el consumo insaciable de un cúmulo de mercancías.
La sociedad, por consecuencia, se exculpa de toda responsabilidad, y de inmediato anula su propia experiencia de cuatro décadas de convivencia con los cárteles armados del narcotráfico. Y no sólo ello, se niega a si misma el desdoblamiento de su historia inscrito en prácticas sistemáticas, físicas y simbólicas de violencia naturalizada por su cotidianidad. Sorprende, por ello, que en una sociedad profundamente marcada por la indiferencia ante el exterminio cultural de sus pueblos originarios, ante la práctica feminicida generalizada, ante la utilización del suplicio, del castigo corporal como método de corrección conductual en el seno familiar; ante el discurso de odio que lo mismo apela al fundamentalismo religioso (cristiano, judío, católico o musulmán) que al nacionalismo más laico o, ante una década de ejecuciones sumarias, desmembramientos y otras vejaciones cometidas en el marco de la guerra en contra del narcotráfico; vocifere, ahora, que la verdadera víctima de los desequilibrios emocionales de un psicópata con fácil acceso a un arma es la colectividad misma, y no el individuo que se desarrolla y se autosubjetiva a partir de las condiciones que propicia el cuerpo social.
No son sólo los videojuegos, las series televisivas, los filmes o las letras misóginas y misántropas que saturan el consumo colectivo los causantes de sucesos como los de Nuevo León, sino la totalidad de una industria mediática que premia la (re)producción de prácticas sociales violentas como signo de superioridad social, el avasallamiento de una ideología que fuerza la individuación, la competencia y la eliminación del Otro como fórmula de superación personal —en detrimento de prácticas comunitarias en las que el sujeto se sabe parte de una totalidad mayor, con la cual metaboliza su existir—, y una dimensión cultural condescendiente con la agresión física, simbólica y ontológica entre sus miembros lo que concede potencia a la (re)producción social de la violencia.
Y es que si algo mostraron los niveles de violencia a los que se llegó en el sexenio de Felipe Calderón es que no se alcanza ese tipo de descomposición social sólo por la suma de los actos de unos cientos o miles de inadaptados sociales. Por lo contrario, se asiste a esas escalas sólo en la medida en que la totalidad de los miembros de la comunidad adoptan como estrategia de supervivencia personal la naturalización de esa misma violencia. De ahí que la pretensión de la comentocracia de anular el efecto que una década de guerra en contra del narcotráfico (en la cual Nuevo León fue particularmente atroz) tiene, aún hoy, en la determinación del comportamiento de los individuos y de la sociedad no sea más que una estrategia simplista, cortoplacista e inmediatista de procesos que son mucho más complejos, profundos y duraderos.
En una tercera instancia se encuentra las respuestas con las que la autoridad pública respondió a los sucesos. Las más ingenua de las reacciones fue optar por operativos de revisión de mochilas (que de antemano queda claro que son paliativos de corta duración), dando por sentado que es el acceso a un arma lo que detona la violencia. Aquí, la ingenuidad radica en no comprender que si bien acceder a un arma sí facilita la comisión de algún acto, restringirlas no implica que la violencia no se desarrolle por otros canales o medios. En un segundo instante se optó por fortalecer procesos penales que sean más rigurosos con la comisión de un delito, privando, por sobre todas las cosas, el recurso carcelario como método de castigo. La cuestión con esta propuesta es que, nuevamente, se recurre a una institución cuyo carácter es ser centro de exacerbación de la violencia y de la conducta criminal, por lo que intentar adaptar socialmente a un individuo con una maquinaria que nació para la contención y fabricación de inadaptados sociales raya en el absurdo.
Finalmente, y ésta es la respuesta que más preocupación y repudio debería causar en la sociedad, la autoridad local optó por implementar centros escolares especializados en la impartición de doctrina militar, o lo que es lo mismo, por la militarización directa de los menores de edad. El principio es muy sencillo: si lo que causa que un alumno mate a sus compañeros en un centro escolar es la falta de adaptación a las normas de conducta de su sociedad, la respuesta es adoctrinar y disciplinar a ese individuo con el más riguroso mecanismo de disciplinamiento con el que cuentan las sociedades modernas, el ejército.
¿Cuál es el problema con ello? Que si la instrucción que se impartirá en esos colegios será mínimamente parecida a la que se otorga en los colegios del ejército, la marina y la fuerza aérea mexicanos, lo que se estará propiciando es la (re)producción de un comportamiento caracterizado por pensar la realidad en términos de eliminación física de los elementos (personas) incompatibles, riesgosos o problemáticos para el orden de cosas establecido.
De nueva cuenta, el sexenio de Felipe Calderón lo mostró en sus expresiones más prístinas: cuando se trata de hacer convivir a la doctrina militar con su contraparte civil lo que se favorece ya no es, ni siquiera, la normalización de la conducta, sino la eliminación del sujeto. En este sentido, es imperativo que la sociedad comprenda que la militarización de la vida en comunidad no transita únicamente por el emplazamiento de efectivos militares en el espacio público, por la actuación de normas jurídicas extraídas de la normatividad castrense o por la dirección de las instituciones civiles por militares.
La militarización de la vida en sociedad responde a una lógica muy particular de lidiar con la cotidianidad. Y en esa manera de vivir el día a día, tanto el disciplinamiento del espacio como la profusión de amenazas a la moral castrense se exasperan. Pero no porque sea la sociedad la que profundice su descomposición, sino porque es el actuar de la milicia la que fuerza a ese cuerpo social en el que actúa a desempeñar sus labores de acuerdo a su propia lógica. Militarizar a los chicos problemáticos de la comunidad, como el gobernador de Nuevo León pretende, lejos de solucionar el problema permitirá expandir a un número mayor de habitantes ese carácter intransigente que en el ejército permite a sus elementos observar en cualquier persona un objetivo susceptible de ser asesinado —sin importar cuan nacionalistas se consideren. ¿O acaso la experiencia de la guerra sucia —ahora denominada guerra contra el narcotráfico— es banal?

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