El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, luego de ocho años marcados por la ausencia —por veto o por indiferencia de las partes— de resoluciones en torno a la ocupación israelí de Palestina, un documento en el cual, tal y como lo hizo en diez ocasiones anteriores, desde 1967; reitera que «el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal» al conflicto.
En esencia, la resolución 2334 no contiene nada que los diez documentos que la anteceden en la materia (o cualquier otro emanado de la Asamblea General) no hayan condenado ya en su tiempo. Por lo contrario, como suele suceder con este tipo de documentos, tres cuartas partes de su cuerpo se distinguen por la permanente referencia al pasado y la reafirmación de lo ya establecido, condenado, reafirmado y recordado en algún punto de la historia. Sin embargo, lo que sí trascendió fue, por un lado, que la representación estadounidense ante Naciones Unidas se abstuviera de emitir el característico veto con el cual Estados Unidos protege a Israel, y por el otro, que las reacciones de la sociedad civil en Occidente le recordaron al mundo que abordar la cuestión palestina es una cuestión de afinidades éticas.
El veto estadounidense, por supuesto, no es nuevo. En 1987, con motivo de la resolución 605, la administración de Ronald Reagan se abstuvo de vetar el documento en el cual se «lamenta profundamente esa política y esas prácticas de Israel, la Potencia ocupante, que violan los derechos humanos del pueblo palestino en los territorios ocupados». Asimismo, dieciséis años después, en 2003, la presidencia de George W. Bush hizo lo propio ante la resolución 1515, en la que se reitera «la exigencia de una cesación inmediata de todos los actos de violencia, incluidos todos los actos de terrorismo, provocación, incitación y destrucción».
En este sentido, la reacción predominante en el debate público que pugna por reconocer que dicha acción es un acto abierto de antisemitismo más que trascender por la propia abstención estadounidense, lo hace porque le recuerda al mundo que esa misma y eufórica condena del actuar presente de Naciones Unidas con respecto a Palestina e Israel, no tuvo en el pasado expresiones similares que condenaran a cada resolución vetada como acciones abiertamente antimusulmanas o antiárabes. De ahí que nuevamente la avasalladora afinidad ética que en Occidente se siente por su propio proyecto de civilización eclipsara, nuevamente, esa cara oculta del conflicto en la que hoy sólo se reconoce a una sociedad terrorista y fundamentalista.
No importó, por ello, que la administración de Barack Obama sea, hasta el momento, la presidencia estadounidense que más ha defendido al Estado judío en el seno de Naciones Unidas. No importaron los vetos con los que detuvo el avance de las dos únicas resoluciones previas (2013 y 2014) del Consejo de Seguridad en torno a Palestina; por oposición a las siete resoluciones, en contra del expansionismo de Israel sobre palestina, que adoptó Lyndon B. Johnson, a las quince de Richard M. Nixon, las dos de Gerald R. Ford, las catorce de Jimmy Carter, las veintiuna de Ronald Reagan, las nueve de George H. W. Bush, las tres de Bill Clinton y las seis de George W. Bush.
Tampoco importaron los más de tres mil millones de dólares anuales que el Congreso estadounidense otorga a Israel únicamente para los rubros de defensa, los nueve mil y medio millones de dólares aprobados en 2013 para renovar su escudo aéreo, o los treinta y ocho mil millones de dólares en equipo militar con los que el ejército israelí será provisto por el complejo militar estadounidense por los siguientes diez años.
De ahí que el gesto diplomático de la administración Obama, por simbólico que parezca en el plano discursivo de los refinados asuntos de la alta diplomacia, no trascienda, inclusive, de acto hipócrita por lo tarde que llega en su gestión al frente de la Casa Blanca —habiéndose producido series de sanguinarios enfrentamientos entre las partes a lo largo de 2014 y 2015.
Por supuesto Israel se negó a acatar la resolución —evidenciando lo poco que importa el sistema de Naciones Unidas, en su conjunto, cuando se trata de mantener el colonialismo de una Potencia ocupante. Pero lo hace, claro está, no desde una posición arbitraria o azarosa. De un lado, el Estado judío apela al recuerdo de las atrocidades que su pueblo sufrió frente al nacionalismo alemán, cuando no existía un Estado-nacional que lo protegiera, a mediados del siglo XIX. Del el otro, debido a las particularidades del proceso mediante el cual se establecieron sus límites administrativos, recurre permanentemente a la necesidad de que el mundo reconozca la posición de vulnerabilidad que implica existir en una región que considera, por definición, le es hostil.    
La cuestión es que ni el pueblo judío es el único que ha sufrido los estragos del asesinato en masa por regímenes políticos ontológicamente antagónicos a su existir, ni cualquier situación que se plantee poner un fin a la ocupación de los territorios palestinos es sinónimo de antisemitismo. La presente resolución de Naciones Unidas, contrario a la posición general del gobierno israelí no distancia a la Autoridad Palestina de la mesa de negociaciones, tampoco niega el vínculo identitario del pueblo judío con Jerusalén ni exime a ninguna de las partes de sus acciones.
Ya en reiteradas ocasiones Naciones Unidas ha dejado en claro que sin importar del ámbito social del que se trate, cualquier discusión sobre las condiciones de su existencia empieza, transita y se agota en el plano de la ocupación militar de su sociabilidad, toda vez que esa condición impacta permanentemente sobre el movimiento de los individuos, los servicios y las mercancías; fragmenta, destruye, disciplina y reorganiza los espacios territorial y sociopolítico, estanca el crecimiento económico y restringe el acceso que el pueblo palestino tiene sobre diversos recursos de vital importancia. De ahí que los asentamientos no sean el principal obstáculo para concretar la existencia pacífica de ambos pueblos, pero sí el elemento más tangible y maleable en un plazo inmediato.
 Como bien lo señala la propia resolución —prácticamente calcado de las palabras de Samantha Power—: «la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967». Las colonias, las zonas militares y las reservas naturales israelíes ya constituyen el cuarenta y cuatro por ciento de toda Cisjordania y más del setenta por ciento de la ‘Zona C’. Por eso, continuar, como lo ha hecho hasta el momento el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, con un discurso que apela a la solución de dos Estados mientras la mancha urbana de Israel avanza ininterrumpidamente por fuera de los límites administrativos de 1967, lejos de contribuir a solucionar la situación sólo la empeorará.
El pueblo judío —y Occidente, de paso—  precisa comprender que la apropiación de los territorios palestinos no es sólo una ocupación militar sin más consecuencia que la subsunción de los procesos sociales a una lógica disciplinaria del espacio-tiempo. La apropiación de esos territorios, al igual que la exclusión de las poblaciones judías y palestinas de los referentes teológicos y materiales que les dan concritud como cuerpos sociales particulares, definidos es un proceso abierto de desposesión que extiende sus consecuencias hasta los planos epistémico y ontológico.
Israel no ha cesado de recordarle al mundo que fue la expresión exacerbada de la modernidad capitalista lo que asesinó a millones de judíos en campos de concentración, guetos y refugios. Y al hacerlo, le echa en cara a cuanto individuo comulga con ese proyecto de civilización moderno capitalista que olvidar la sangre judía derramada durante el holocausto es el primer paso para permitir que se repita la historia. Por ello cualquier acusación en contra del judaísmo de inmediato es esgrimida por este pueblo como síntoma de antisemitismo. El problema viene cuando se trata de develar que el pueblo palestino está siendo sometido, permanentemente, a un régimen de expropiación, destrucción y (re)construcción de su propia historia.
Porque con cada nuevo asentamiento, con cada vestigio de su cultura destruido, con cada reordenación territorial; cada vez que se le niega a ese pueblo su vínculo identitario con lo que consideran sus tierras sagradas o con los últimos rastros arqueológicos que revisten de verdad a su fe religiosa, no sólo se pone en juego la vigencia de su existencia presente; sino la totalidad de su historia, pasada y futura.  Es decir, que cada vez que el Estado de Israel maniobra para que el mundo reconozca su derecho a existir como un cuerpo social unitario, lo hace negando, al mismo tiempo, la historia y el fundamento ontológico de la sociedad palestina.
En última instancia, ambos, palestinos y judíos, son producto de los regímenes coloniales que engendró Occidente, y que a la postre refuncionalizaron vastas porciones de territorio alrededor del mundo y sociedades enteras. Por ello, la solución no se encontrará en el recurso a mecanismos que tienden a reproducir ese colonialismo. Sino en la capacidad que ambos pueblos (y no sus Primeros Ministros) demuestren para reconocer y valerse del cultivo de su propia identidad sin apelar a concepciones cerradas y autárquicas de lo que significa ser judío y musulmán.

Entrada destacada

Entre la Izquierda y la OEA: la Revolución

Cuando el gobierno venezolano anunció al mundo que comenzaría con el proceso para retirar su participación de la Organización de Estados ...

Suscripción

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Se autoriza la reproducción de este contenido sin modificaciones, sin fines comerciales y bajo condición de referir la fuente original.

Lectores

Derechos Reservados © lo Político y la Política | Ciudad de México