Archive for enero 2017

El mito de la Unidad Nacional

De manera tardía, justo cuando la fatalidad de la presidencia de Donald Trump ya se presentaba inaplazable para el gobierno mexicano, éste decidió que la mejor manera de hacer frente al discurso racial de aquel era fomentar un movimiento de Unidad Nacional que, apelando al rescate, fortalecimiento y promoción de lo mejor de la cultura mexicana, de las ancestrales raíces mesoamericanas que dan fundamento a la cosmovisión de la sociedad que gobierna y, del consumo mercantil de lo hecho en México permitiera, entre otras cosas, mantener los niveles de crecimiento económico y construir un frente común de defensa ante el rechazo del American Way of life.
Por supuesto, al recurrir a estas estrategias, el gobierno invisibiliza todos esos años en los que el desprecio por la unidad de las Naciones que confluyen en el territorio era la moneda de uso corriente en su trato con ellas. Y pretende que la sociedad, además, olvide cada momento en el que las reivindicaciones populares fueron rechazadas justo por medio de un discurso que las catalogó como un peligro para la estabilidad social, una amenaza al interés supremo de la nación y a su derecho inalienable de ejercer la gobernabilidad del país. Niega, en consecuencia, una larga historia —en permanente retorno— de ojos ciegos y oídos sordos a las necesidades más básicas de sus gobernados; en los cuales prefirió ver algo menos que la fuerza laboral encargada de (re)producir la acumulación de capital de una clase acotada.
El interés nacional —y su unidad— no es nuevo en la historia contemporánea de México. Desde los años veinte, en el momento en el que el partido hegemónico se arrogó el derecho de estructurar el sistema político mexicano (cuyo control la guerra civil de comienzos del siglo XX sólo desplazó de manos de unos aristócratas a otros), el interés superior del Estado-nacional fue discurrido en torno a la necesidad de reprimir movimientos campesinos, obreros, estudiantiles, religiosos, feministas, etc.; toda vez que atentaban con diluir la identidad de la sociedad. Años más tarde, y hasta el momento presente, ese mismo discurso permitió implantar una doctrina permanente de explotación, sujeción y desposesión material de los individuos y las colectividades.
En este sentido, tanto el hecho fundacional como el leitmotiv de la unidad nacional —y de su interés— es la explícita negación de la heterogeneidad de identidades culturales que se conglomeran dentro de los márgenes territoriales del aparato estatal, la eliminación de las resistencias y la sujeción de las expresiones contestatarias al curso de su gobernabilidad; que no es otro que el mantener estable una estructura social polarizada, que permita la trasferencia de los excedentes materiales producidos, es decir, la concentración y la acumulación de capital.
De ahí que recurrir, en este momento, al argumento de una Nación unida ante la adversidad resulte hipócrita. Porque inclusive, más allá de negar esta historia y de suponer que en México sólo existe una Nación (la que se identifica con la raison d'etat vigente), pretende vender la idea de que en esta ocasión su instrumentación será canalizada hacia el enemigo exterior, en lugar de atentar en contra del cuerpo social interno. Pero además, porque presupone que si todos los mexicanos se unen con el objetivo de blindar al país ante el racismo estadounidense, de inmediato todas las contradicciones, los problemas institucionales y los conflictos sociales que aquejan en lo interno serán superadas, sólo por el actuar voluntarioso de un fervor patriótico.
Y la cuestión es que el discurso gubernamental no está sólo en su empresa nacionalista. La cara patética de la moneda es que la masa social se sumó sin chistar a la iniciativa. Y lo hizo sin siquiera poner en tela de juicio los mecanismos mediante los cuales el gobierno pretende hacer frente al rechazo estadounidense. Basta con observar que es esa masa, la misma que debe su posición de clase a una razón gubernamental ensimismada en su objetivo de mimetizarse con el American way of life, la primera en defender, de un lado, la autoidentificación comunitaria a través de una foto de la bandera mexicana en sus redes virtuales; y del otro, la sustitución de la burguesía extranjera por la nacional en la actividad productivo/consuntiva.
La primera de estas acciones, no sobra señalarlo, peca de mediocridad en el momento en que da por hecho que la praxis social, es decir, la intervención directa en la (re)configuración de la concritud comunitaria, debe ser sustituida por una armonía simbólica que exalte el carácter prístino de las raíces culturales —esas que, hoy personificadas por las Naciones indígenas, no trascienden de ser el vestigio presente de un pasado bárbaro y premoderno ya superado; raíces a las que el ciudadano de la modernidad, en el momento mismo de vanagloriarse de su pasado, les exige su adaptación a las formas social-organizativas de la Gran Civilización.
La segunda lo hace por su enajenación, toda vez que recurre a un instrumental que en nada difiere de aquel que pretende negar. Y es que, en efecto, consumir lo hecho en México, fortalecer al empresariado mexicano (porque por supuesto no se está promoviendo el consumo de la producción artesanal, sino la manufactura estandarizada), lejos de cambiar la correlación de fuerzas internas o de resolver cualquiera de los canales que amplían y profundizan la explotación laboral, en particular, y la sujeción social, en general; exige de los individuos una sumisión total, al margen y a pesar del colonialismo interno mexicano, porque el enemigo exterior se supone más agresivo, nocivo y amenazador que cualquier deficiencia institucional.
Así pues, hoy, en México, el empresariado juega a ser burguesía nacional, responsable con sus consumidores y sensible a sus necesidades, pese a que por años se ha dedicado a extraer y acumular el excedente de riqueza producido de la mano del capital estadounidense, al amparo del TLCAN. El gobierno federal juega a que diversifica sus relaciones diplomáticas y comerciales con el mundo —e imagina que puede ser el Estados Unidos latinoamericano de Sudamérica y el Gran Caribe. La clase política se vanagloria en sus discursos pomposos, revestidos de formas cortesanas, correcciones políticas y solemnidad, para acusar al imperialismo yanqui ante la sociedad de la que ella misma vive, parasitariamente. Los medios de comunicación se regodean en su capacidad de adoctrinamiento social para fomentar una imagen homogénea de patrioterismo, recurriendo a cada argumento falaz del que es capaz de valerse. La academia se elogia a sí misma en sus coloquios, seminarios y conferencias en donde pretende ser crítica al status quo que por décadas ha defendido mediante su siempre más importante necesidad de reproducir el conocimiento universal y ganar su aceptación en la geopolítica del Saber. Y las clases medias, que hasta ahora sólo viven para (re)producir la estética de la blanquitud estadounidense, para mimetizarse con el consumismo estadounidense y replicar en suelo mexicano el American way of… suplican porque no muera el liberalismo, porque el liberalismo es todo lo que conocen, pese a no saber nada de él.
Hoy, en México, la salida se perfila a calcar el discurso de Donald Trump para hacer frente a éste. Y la sociedad, en lugar de aceptar su responsabilidad en la construcción de lo político —más allá de la política formal—, en vez de asumir su capacidad de modificar su propia configuración comunitaria, sus relaciones productivas/consuntivas y sus canales culturales señala implacable al enemigo externo; lo condena al tiempo que exculpa, que se postra condescendiente con sus propia explotación, con su colonialismo interno. Y lo hace, indolente, ante una historia que no cesa de repetirse, porque cree que lo único que cabe realizar es un conjunto de reformas legales y un par de ajustes consuntivos que sean más o menos justos con los sectores medios.
De ahí que la ofensa que causa el muro fronterizo no sea apriorística, por la pretensión estadounidense de que los mexicanos lo paguen (o lo construyan), porque atente en contra del derecho de movilidad, porque suponga una afectación irreversible a los ecosistemas de la zona o porque no sea un gesto amistoso. El muro es ofensivo sólo porque le recuerda a quienes quieren conseguir el estilo de vida estadounidense, a quienes desean con fervor pertenecer a la Gran Civilización, al primer mundo —y dejar atrás el mundo bárbaro, incivilizado, pobre y en vías de desarrollo— que ellos simplemente no son parte de esa blanquitud, por mucho que intenten mimetizarse con ella. Así, el muro es el símbolo que lo mismo niega a esos sujetos el American Dream, que les recuerda esa esencia irrenunciable de su Ser que los hace ajenos al modernismo anglosajón.
¿Qué decir de una sociedad cuyo mayor trauma existencial resultó ser el que se le privara de acceder al Edén, ese mismo Edén que para aceptar a cualquiera exige la adopción de una particular forma de interpretar la realidad, un irrepetible modo de Ser en el mundo? ¿Qué decir de esa misma sociedad cuando es ella la que, al verse negada de su Edén, se obliga a sí misma a aceptar los resabios que fue capaz de mimetizar, bajo el argumento de la unidad nacional?
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America First... O la reorganización del Imperio

II
Desde que Donald Trump se lanzó en campaña presidencial, el debate público global en torno a su política económica se dejó arrastrar por la incomprensión que les representaba su discurso. No pasó mucho tiempo antes de que la inercia de ese debate señalara al ahora presidente de Estados Unidos como una amenaza al capitalismo, a la globalización y al libre mercado —conceptos que con frecuencia se usan indiscriminadamente como sinónimos que designan el mismo fenómeno. Así, más preocupados por la posibilidad de que la correlación internacional de fuerzas sociales verdaderamente se cimbrara o cambiara en sus proporciones, los comentócratas creen observar en las amenazas a las automotrices, en el rechazo a los tratados de libre comercio vigentes, en la posibilidad de blindar los aranceles al tráfico de mercancías, en el sellado de las fronteras y en la promoción del interés estadounidense por encima de todo lo demás la fórmula de retorno a esquemas proteccionistas, keynesianos o protosocialistas caducos.
La verdad es que esas posiciones no sorprenden. Durante décadas, desde la inauguración del neoliberalismo realmente existente en la periferia global —a través del golpe de Estado a Salvador Allende, en 1973—, el dogma del libre mercado se encargó de adoctrinar a la humanidad de manera tal que el sólo hecho de pensar en una configuración económica-social alternativa a la propuesta por Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig Mises, Walter Lippman, Gary Becker o Bruno Leoni —pioneros de la tradición monetarista de la Escuela de Chicago y la Mont Pelerin Society— estuviera fuera de toda posibilidad histórica de consecución. Y es que el argumento era sencillo pero potente: sólo el libre mercado, con sus infinitas capacidades de reciclaje, de mutación espacio-temporal y de autorregulación es capaz de ordenar a la sociedad, de dar sentido a la existencia del humano y de preservar la vida sin alteraciones en la medida en que la libre oferta y la demanda regulen todo cuanto es útil para la sociedad y todo aquello que no lo es.
En las décadas en las que el discurso neoliberal se gestó, la promoción de su (re)producción, de su aplicación material en todos los rincones del planeta tuvo como caja de resonancia el hecho de que combatía todo aquello que en Occidente representaba la Unión Soviética y el socialismo realmente existente: el neoliberalismo era lo opuesto a la planificación económica centralizada, al autoritarismo —se le llegó a denominar democracia económica—, a la no-libertad, al atraso y a la barbarie. Por ello, en las periferias globales el discurso de la apertura, de la multiculturalidad, de los derechos humanos y la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales resonaba con tanta potencia. Porque del cumplimiento cabal de dichos postulados dependía, por un lado, la apertura y acceso de nuevos mercados sobre los cuales reconstruir los niveles de la tasa de ganancia observados en el periodo inmediato posterior a la Segunda Guerra Mundial; y por el otro, el anular cualquier posibilidad de expansión soviética y modelos económicos afines o de radicalización del socialismo real.
La cuestión es que este discurso, y su implementación, no funcionaban de la misma manera en las economías centrales. En Estados Unidos, Japón y lo que posteriormente se constituyó como la Unión Europea la doctrina de la apertura sólo era válida para los mercados periféricos, no así para sus propias sociedades. Velado con instrumentos de control de calidad, normas soberanas de bienestar social en determinados rubros de la producción y el consumo, subsidios o impuestos indirectos a la importación de mercancías, el proteccionismo comercial en el centro de la economía-mundo capitalista siempre rechazó la aplicación del monetarismo tal y como lo proponían sus próceres. Porque de lo que se trata en el neoliberalismo no es de establecer un mundo de puertas abiertas en cada mercado, sino de asegurar que la periferia siga siendo el lugar en donde por excelencia se reducen los costos de producción, se externalizan los costos sociales, ambientales, políticos, etc.; y se incrementa la tasa de transferencia de capital hacia el centro.
Así pues, lo que hoy vocifera sin cesar Donald Trump, antaño lo ponían en práctica los gobiernos de Europa, Asia y Estados Unidos por medio de mecanismos más sutiles, previstos en los tratados de libre comercio; mediante instituciones arbitrales, de control de calidad y autorizadas para dirimir controversias comerciales; pero también a través de un lenguaje con una mayor corrección política, cifrados en palabras honorables y sentencias adornadas con una profusión de cortesía y buenos modales diplomáticos. Por eso las posiciones que ya incluso califican a Trump de un socialista disfrazado son absurdas no únicamente porque Trump mismo sea beneficiario directo de los mecanismos comerciales que permiten su propia acumulación de capital, sino porque, de un lado, no terminan de comprender que los modelos keynesianos (bienestaristas o de Welfare State) no se reducen a la manipulación de un par de empresas, a la colocación de aranceles a esas mismas empresas si no ceden a las demandas del gobierno, o a la renegociación de tratados comerciales más favorables para una de las partes; y del otro, que Trump no está nada cerca a proponer una economía como la cubana del siglo XX, por mucho el modelo más próximo al socialismo.
En última instancia, además de invisibilizar los términos desiguales del intercambio comercial y financiero entre centros y periferias (o lo que en América Latina con justeza se denomina explotación), pretenden afirmar que hasta el keynesianismo es un modelo económico diferente al capitalismo moderno; cuando en realidad el propio socialismo soviético nunca dejó de ser un esquema de producción y consumo de tipo capitalista.
Justo estas miopías en el entendimiento de la estructura global de producción/apropiación moderna capitalista es lo que durante tanto tiempo ha llevado a los observadores de la política comercial de Trump a afirmar que es un peligro de muerte para el libre mercado. Porque además, al hacerlo sólo se concentran en nodos de acción específicos. De ahí que insistir en que Trump no está repatriando capitales, exigiendo al capital financiero que abandone sus inversiones en las bolsas de valores de todo el mundo, pidiendo a los bancos que restrinjan sus líneas de crédito al plano nacional; arremetiendo en contra de mineras, gaseras, eléctricas o empresas petroleras para que detengan la extracción de recursos naturales en las periferias globales, y tampoco deteniendo los flujos de mercancías, servicios y capitales desde o hacia su país; sino ejerciendo controles estatales directos en la economía para acelerar el proceso de recuperación de la tasa de ganancia —a sus niveles previos a la burbuja hipotecaria de 2008— sin tener que recurrir a instrumentos especulativos no sea mero capricho.
La estrategia de Trump se desenvuelve en dos planos. Por un lado, al interior de Estados Unidos ha sido insistente en que se tiene que acelerar la industria nacional a través de la rehabilitación y construcción de nueva infraestructura, en que los costos de los programas sociales se deben reducir (MediCare es el ejemplo por excelencia), en que los impuestos al empresariado deben ser menores y en que la actividad sindicalizada no debe ser una obstrucción a la flexibilidad laboral. Por el otro, al exterior de su país la exigencia es la contraria, decretar nuevos aranceles, retención de capital extranjero, y consolidar tratados comerciales que incrementen los ingresos estadounidenses.
 Si se leen por separado, ambas posturas se pierden en dogmatismos (como creer que Trump es socialista, keynesiano o similares). Porque lo cierto es que el éxito del primer plano de acción depende del segundo, toda vez que mantener un gobierno con un déficit bajo, sin recaudar más impuestos pero sí incrementando el gasto en seguridad sólo es posible en la medida en que sean las economías externas, las que comercian con Estados Unidos las que sufraguen esos costos. Y es que si Donald Trump estuviese proponiendo algo remotamente parecido a un modelo de Welfare State, las directrices que estaría barajando en este momento serían algo más próximo a la universalización de servicios públicos como salud, educación, alimentación y vivienda (con cargo al erario), la progresividad en la recaudación de impuestos en proporción a los niveles de ingreso, la reformulación de los salarios en beneficio de las clases trabajadoras que tanto dice proteger, la austeridad gubernamental sin recortar el gasto público y la promoción de mecanismos productivos sustentables; sin mencionar la redistribución de la riqueza.
Pero no lo hace, porque resulta políticamente más redituable someter al resto del mundo bajo la amenaza de perder sus relaciones comerciales con la aún mayor economía del planeta para después obtener acuerdos que hagan eco del American First. Y la política migratoria en contra de hispanos va justo en ese sentido: eliminar el ejército industrial de reserva inmigrante para colocar en sus puestos a estadounidenses. No deja de ser importante, en este sentido, señalar que Trump no es una excepción a la regla del stablishment que opera en el complejo financiero-militar de su país, es justo la regla que confirma que no existen excepciones cuando del excepcionalismo anglosajón se trata.
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La naturalización social de la violencia en México

El pasado miércoles dieciocho de enero, en un evento que recordó de manera directa a lo que en sociedades como la estadounidense parece ser parte de su cotidianidad, los mexicanos presenciaron las imágenes de un estudiante de dieciséis años despojando de su vida e hiriendo a los compañeros con los que día a día compartía las aulas de su colegio. El evento, por sí mismo, no entraña un contenido de violencia —o de crueldad, si se quiere— que el que es posible advertir en matanzas como las de San Fernando y Villas de Salvárcar, con Felipe Caderón, que las de Tlatlaya y Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto, o que cualquiera perpetrada en el seno de los pueblos indígenas del país —asediados por una guerra genocida permanente.
De hecho, la conmoción que las imágenes causaron en el imaginario colectivo nacional no responde al contenido violento de los actos, sino a la afinidad ética que socialmente construye y (re)produce la inocencia, la bondad y la ternura sobre y entorno a la persona del menor de edad. Ello, por supuesto, no implica que el tiroteo perpetrado en el Colegio Americano del Noreste sea aceptable, o menos reprobable que el resto de asesinatos que durante décadas han plagado los espacios públicos con cadáveres, restos corporales mutilados y fosas comunes. Sin embargo, sí hace visibles algunos aspectos que permiten explicar por qué la violencia en el país ha alcanzado los niveles y las escalas en las que actualmente se desenvuelve y, sobre todo, los mecanismos que favorecen su (re)productibilidad, asimilación y metabolismo social.
En primera instancia, es claro de que el repudio colectivo de los sucesos se encuentra en el hecho de que tanto quien despojó a sus compañeros de su vida como quienes fueron despojados de ésta son menores de edad, de extracción social acomodada y que compartían un espacio-tiempo común delimitado por una institución escolar. Y es que, por evidentes que son estos detalles, su nula trascendencia en los análisis que ya saturan el debate público es indicativa de la manera en que el cuerpo social, en su conjunto, recibe y se posiciona frente a cualquier hecho violento.
El substrato de clase, el lugar en el que sucedieron los hechos y los individuos involucrados en los mismos no son menores. En realidad, son, en todo sentido, los factores que definen por completo la proximidad ética y la reacción con la que responde la sociedad al acto. Así pues, no deja de ser fundamental reconocer que si bien los homicidios del Colegio Americano del Noreste son trágicos, éstos son tendencia cotidiana en otras regiones de la geografía nacional; en donde menores de edad de escasos recursos y con precarios niveles de escolaridad lo mismo recurren permanentemente a la violencia para permanecer con vida que son objeto de secuestros, homicidios, torturas y trata.
Por ello, la posición ética que desbordó la discusión apelando a la no viralización del video en el que quedaron registradas las muertes, lejos de plantear un claro posicionamiento de responsabilidad social o de protección del tejido moral que da cohesión a los vínculos sociales de los individuos de la comunidad, se presenta como el velo por medio del cual se legitiman las agresiones —y, en este caso en particular, la eliminación física de la existencia del Otro— en contra de todos aquellos individuos que no comparten una determina esencia bondadosa, un cierto halo de virtud existencial, una identidad racial o una pertenencia de clase comunes.
Y es que más allá de si las imágenes debieron o no publicarse, lo que aquí se encuentra en juego, de fondo, es la capacidad de la sociedad para trasladar su sentir en torno a la victimas del Colegio a esos otros ámbitos en los que la violencia es igual de atroz, pero que por su escasa o nula visibilidad, o por la distancia existencial que media entre los sujetos de la violencia y el observador, continúan convalidándose.
Una segunda observación tiene que ver con la manera específica en que el discurso público invisibiliza el papel determinante que la colectividad ejerce sobre los canales de (re)producción social de la violencia; individualizando causas y consecuencias en explicaciones que pretenden explicarlo todo a través del examen de la psique del individuo. Para observarlo, basta con mirar la manera en que el discurso público —potencializado por unos medios de comunicación que hacen uso indiscriminado de adjetivaciones, conceptos y relaciones causales destinados a cimbrar los sentimientos de la audiencia—, vuelca toda su potencia sobre el menor de edad que activo el arma de fuego para explicar que fue su soledad, su depresión, su inadaptación social, su ira reprimida y su falta de empatía lo que desencadenó su deseo de matar.
Así, lo que se pone en perspectiva es que el individuo, con toda su anormalidad y con toda su incapacidad de adoptar y respetar los cánones de convivencia civilizados, es el único responsable de lo ocurrido. Y la cuestión es que al abordar en este sentido el problema se llega, en últimas instancias, a concluir que es la suma de estos inadaptados sociales (estos lobos solitarios) lo que propicia la descomposición del tejido social; toda vez que son sus acciones —y sólo sus acciones— las que rompen con el contrato social de convivencia fundado por el Estado-Nación moderno.
  Apelar a la inmadurez psicológica, a la personalidad poco estructurada, a los profundos desequilibrios emocionales o nociones similares —que se suponen son constitutivos de la mentalidad criminal y de la naturaleza maligna del sujeto social— conduce a legitimar prácticas sociales de exclusión, pero sobre todo, a validar y (re)producir mecanismos de sujeción del individuo que conducen a su descomposición subjetiva. Es decir, afirma la necesidad de gobernar la personalidad de las personas a partir del despliegue de instituciones, legislaciones y programas políticos consagrados a fabricar seres unidimensionales; cuya existencia se reduce a consentir la estructura social vigente, a permanecer indiferentes ante las contradicciones del capitalismo y a autoafirmar el telos de su existencia mediante el consumo insaciable de un cúmulo de mercancías.
La sociedad, por consecuencia, se exculpa de toda responsabilidad, y de inmediato anula su propia experiencia de cuatro décadas de convivencia con los cárteles armados del narcotráfico. Y no sólo ello, se niega a si misma el desdoblamiento de su historia inscrito en prácticas sistemáticas, físicas y simbólicas de violencia naturalizada por su cotidianidad. Sorprende, por ello, que en una sociedad profundamente marcada por la indiferencia ante el exterminio cultural de sus pueblos originarios, ante la práctica feminicida generalizada, ante la utilización del suplicio, del castigo corporal como método de corrección conductual en el seno familiar; ante el discurso de odio que lo mismo apela al fundamentalismo religioso (cristiano, judío, católico o musulmán) que al nacionalismo más laico o, ante una década de ejecuciones sumarias, desmembramientos y otras vejaciones cometidas en el marco de la guerra en contra del narcotráfico; vocifere, ahora, que la verdadera víctima de los desequilibrios emocionales de un psicópata con fácil acceso a un arma es la colectividad misma, y no el individuo que se desarrolla y se autosubjetiva a partir de las condiciones que propicia el cuerpo social.
No son sólo los videojuegos, las series televisivas, los filmes o las letras misóginas y misántropas que saturan el consumo colectivo los causantes de sucesos como los de Nuevo León, sino la totalidad de una industria mediática que premia la (re)producción de prácticas sociales violentas como signo de superioridad social, el avasallamiento de una ideología que fuerza la individuación, la competencia y la eliminación del Otro como fórmula de superación personal —en detrimento de prácticas comunitarias en las que el sujeto se sabe parte de una totalidad mayor, con la cual metaboliza su existir—, y una dimensión cultural condescendiente con la agresión física, simbólica y ontológica entre sus miembros lo que concede potencia a la (re)producción social de la violencia.
Y es que si algo mostraron los niveles de violencia a los que se llegó en el sexenio de Felipe Calderón es que no se alcanza ese tipo de descomposición social sólo por la suma de los actos de unos cientos o miles de inadaptados sociales. Por lo contrario, se asiste a esas escalas sólo en la medida en que la totalidad de los miembros de la comunidad adoptan como estrategia de supervivencia personal la naturalización de esa misma violencia. De ahí que la pretensión de la comentocracia de anular el efecto que una década de guerra en contra del narcotráfico (en la cual Nuevo León fue particularmente atroz) tiene, aún hoy, en la determinación del comportamiento de los individuos y de la sociedad no sea más que una estrategia simplista, cortoplacista e inmediatista de procesos que son mucho más complejos, profundos y duraderos.
En una tercera instancia se encuentra las respuestas con las que la autoridad pública respondió a los sucesos. Las más ingenua de las reacciones fue optar por operativos de revisión de mochilas (que de antemano queda claro que son paliativos de corta duración), dando por sentado que es el acceso a un arma lo que detona la violencia. Aquí, la ingenuidad radica en no comprender que si bien acceder a un arma sí facilita la comisión de algún acto, restringirlas no implica que la violencia no se desarrolle por otros canales o medios. En un segundo instante se optó por fortalecer procesos penales que sean más rigurosos con la comisión de un delito, privando, por sobre todas las cosas, el recurso carcelario como método de castigo. La cuestión con esta propuesta es que, nuevamente, se recurre a una institución cuyo carácter es ser centro de exacerbación de la violencia y de la conducta criminal, por lo que intentar adaptar socialmente a un individuo con una maquinaria que nació para la contención y fabricación de inadaptados sociales raya en el absurdo.
Finalmente, y ésta es la respuesta que más preocupación y repudio debería causar en la sociedad, la autoridad local optó por implementar centros escolares especializados en la impartición de doctrina militar, o lo que es lo mismo, por la militarización directa de los menores de edad. El principio es muy sencillo: si lo que causa que un alumno mate a sus compañeros en un centro escolar es la falta de adaptación a las normas de conducta de su sociedad, la respuesta es adoctrinar y disciplinar a ese individuo con el más riguroso mecanismo de disciplinamiento con el que cuentan las sociedades modernas, el ejército.
¿Cuál es el problema con ello? Que si la instrucción que se impartirá en esos colegios será mínimamente parecida a la que se otorga en los colegios del ejército, la marina y la fuerza aérea mexicanos, lo que se estará propiciando es la (re)producción de un comportamiento caracterizado por pensar la realidad en términos de eliminación física de los elementos (personas) incompatibles, riesgosos o problemáticos para el orden de cosas establecido.
De nueva cuenta, el sexenio de Felipe Calderón lo mostró en sus expresiones más prístinas: cuando se trata de hacer convivir a la doctrina militar con su contraparte civil lo que se favorece ya no es, ni siquiera, la normalización de la conducta, sino la eliminación del sujeto. En este sentido, es imperativo que la sociedad comprenda que la militarización de la vida en comunidad no transita únicamente por el emplazamiento de efectivos militares en el espacio público, por la actuación de normas jurídicas extraídas de la normatividad castrense o por la dirección de las instituciones civiles por militares.
La militarización de la vida en sociedad responde a una lógica muy particular de lidiar con la cotidianidad. Y en esa manera de vivir el día a día, tanto el disciplinamiento del espacio como la profusión de amenazas a la moral castrense se exasperan. Pero no porque sea la sociedad la que profundice su descomposición, sino porque es el actuar de la milicia la que fuerza a ese cuerpo social en el que actúa a desempeñar sus labores de acuerdo a su propia lógica. Militarizar a los chicos problemáticos de la comunidad, como el gobernador de Nuevo León pretende, lejos de solucionar el problema permitirá expandir a un número mayor de habitantes ese carácter intransigente que en el ejército permite a sus elementos observar en cualquier persona un objetivo susceptible de ser asesinado —sin importar cuan nacionalistas se consideren. ¿O acaso la experiencia de la guerra sucia —ahora denominada guerra contra el narcotráfico— es banal?
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American Carnage... O la reorganización del Imperio

I
Este viernes veinte de enero, Donald Trump juró el cargo de presidente de los Estados Unidos de América, convirtiéndose, de manera simultánea, en la principal línea de mando del enorme complejo financiero-militar a través del cual el excepcionalismo estadounidense (blanco, anglosajón y protestante), ha ejercido su imperialismo sobre el resto de las Naciones que habitan el mundo —y que ocho años de mandato demócrata al frente de la Casa Blanca sólo incrementaron: a través de la  reproducción de conflictos sociales en el Magreb y Oriente Medio, del financiamiento y respaldo político de golpes de estado parlamentarios en América Latina, de la militarización de Europa del Este y el Sudeste asiático y, de la acumulación y concentración de capital a costa del barrido de los aparatos productivos de otras economías nacionales.
Sin embargo, para la prensa que acostumbra a defender el status quo únicamente hasta que nuevas condiciones políticas presentan mayores rendimientos materiales, lo trascendental de la toma de protesta de Trump no es —como no lo ha sido desde que el empresario declarara sus aspiraciones presidenciales—, el potencial con el que el supremacismo de éste es capaz de profundizar el avasallamiento de la modernidad capitalista sobre todos aquellos cuerpos sociales que se resisten a su avance. Por lo contrario, para el discurso político mainstream lo que se encuentra en juego es justo la posibilidad de que la presidencia de Trump haga visible la cara oculta del progreso de la modernidad; es decir, la cara del colonialismo.
Así pues, si bien el debate público en torno a la presidencia de Trump gira, ininterrumpidamente, entorno a un conjunto definido de preocupaciones que van desde la cuestión racial hasta la distención del enfrentamiento con Rusia (pasando por la continuación de la guerra en contra del terrorismo, la profundización de las inequidades de género y del coartado ejercicio de las libertades que los estadounidenses consideran fundacionales de la identidad política liberal), lo cierto que es que todas ellas se ven dominadas por las posiciones que el hoy presidente de la Unión manifiesta en torno al orden comercial vigente.
No es, por ello, azaroso que desde la derecha y hasta la izquierda, todo el espectro ideológico vuelva una y otra vez sobre el desprecio que Trump ha manifestado hacia el funcionamiento del mercado mundial; a grado tal que no faltan quienes ya comienzan a revivir el fantasma del comunismo, pero esta vez no recorriendo Europa o existiendo realmente en los herederos de la Unión Soviética, sino saturando las instituciones del Estado capitalista por antonomasia. Cada vez que Trump discurre en contra de los tratados de libre comercio, cuando señala al gran capital por haber abandonado a las clases trabajadoras y siempre que consigue que la industria se desplace de la periferia a suelo estadounidense las clases ilustradas del mundo no hacen más que vociferar que éstas son acciones que presagian el retorno a modelos económicos proteccionistas; comprobados en su inoperatividad.
En este sentido, el dogma a la acumulación de capital, a la valorización del propio valor se hace presente cada vez que los analistas de la alta diplomacia y las refinadas cuestiones de la política de los grandes poderes (Great Power Politics), se manifiesta acusando que la intervención del aparato de Estado en el funcionamiento del libre mercado es el primer paso para llevar a la humanidad, en palabras de Friedrich Hayek, por un camino de servidumbre; en donde el individuo ve perdida su más esencial condición existencial: la posibilidad de ejercer su libertad sin la intermediación de fuerza social alguna que no sea la de la oferta y la demanda.
El liberalismo económico, en particular, y el capitalismo, en general; de acuerdo con las interpretaciones dominantes en el imaginario colectivo global, se encuentra en peligro, en una fase en la que probablemente la humanidad esté asistiendo, por causa del proteccionismo comercial y lo impredecible del cuadragésimo quinto presidente estadounidense, al intento más próximo del que se tenga registro histórico de dar muerte al libre mercado. Pero al argumentar y aceptar estas interpretaciones, el mundo olvida que el capitalismo nació con la colonización europea en la periferia y que la riqueza de las Naciones centrales se debe a la explotación de esta periferia.
Y olvida, también, que en América Latina el neoliberalismo se instauró, como régimen de verdad e inevitable punto de tránsito hacia el progreso, acompañado por dictaduras militares que construyeron aparatos estatales omnipresentes; que en África la esclavitud y la guerra son las condiciones sine qua non para el desarrollo y mantenimiento de los regímenes extractivistas; y que en Asia el vuelo de los gansos sólo fue posible gracias a administraciones públicas autoritarias que industrializaron a la región sobre las ruinas de sus sistemas culturales tradicionales.
El mundo parece encontrarse en vilo sólo porque un par de armadoras automotrices trasladaron sus inversiones de la periferia a los Estados Unidos, o porque los tratados de libre comercio ya no son enunciados como la panacea de la escasez de recursos y de incremento cuantitativo de la riqueza social. Sin embargo, a pesar de la realidad de estos casos —que se presentan contrarios al credo de maximización de ganancias por abaratamiento de costos—, el discurso de Donald Trump no es el de una posición contraria al capitalismo, no lo es, ni siquiera, en contra del libre mercado.
Y es que Trump no está repatriando capitales, tampoco está exigiendo al capital financiero que abandone sus inversiones en las bolsas de valores de todo el mundo, no le pide a los bancos que restrinjan sus líneas de crédito al plano nacional, no arremete en contra de mineras, gaseras, eléctricas o empresas petroleras para que detengan la extracción de recursos naturales en las periferias globales. Trump tampoco ha detenido los flujos de mercancías, servicios y capitales desde o hacia su país. Las palabras y los hechos de la gestión pública de Trump, hasta ahora, se han enfocado en sectores muy específicos del espectro productivo global; no en la totalidad de las actividades productivas/consuntivas de las que está saturada la vida en sociedad.
¿A qué responde este comportamiento? Por un lado, la economía global no se ha recuperado de los estragos causados por la burbuja especulativa del sector inmobiliario. Al finalizar 2016 la tasa de ganancia del capital financiero aún no recobraba los niveles en los que se encontraba justo antes de que la burbuja estallara en 2008. De hecho, las estimaciones más conservadoras indican que la acumulación de capital se encuentra siete veces por debajo de su punto más alto, en 2007. En este sentido, ejercer controles de intervención estatal directa en la manera en la que se desarrolla la actividad industrial tiene un objetivo claro: si se parte de la premisa de que el capital financiero es, esencialmente, capital ficticio, la necesidad de respaldar ese capital por medio de una base material, esto es, a través de la producción industrial se tiene como consecuencia que lo que se busca es acelerar el proceso de recuperación de la tasa de ganancia sin tener que recurrir, como hasta ahora, a los instrumentos especulativos.
Por el otro, el discurso de Trump se ha centrado reiterativamente en la promoción de la ética protestante como la fuerza vital que mueve al espíritu del capitalismo, y en ello, por consecuencia, no apela a una modificación de la manera en la que se encuentran organizadas las fuerzas productivas globales, no llega ni siquiera a insinuar que se requiera un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases más adineradas y las más explotadas. Por lo contrario, afirma la posición de cada una de ellas, pero lo hace, además, forzando a las clases desposeídas a que acepten esa posición impulsando el desarrollo industrial del país; al tiempo que invisibiliza el rol que jugaron los grandes capitales (a los cuales él mismo pertenece) en el empobrecimiento de aquellas.
Por eso resultan absurdas las posiciones que afirman la muerte del capitalismo, del liberalismo y la globalización (a menudo tomando a las tres categorías como términos intercambiables). Porque no hay, ni en el gabinete de Trump —plagado de militares y economistas promotores del status quo neoliberal, blanco, protestante y anglosajón—, ni en el discurso del nuevo presidente un solo ápice de antiglobalización, anticapitalismo o antineoliberalismo. De hecho, Trump no es más proteccionista que el resto de sus predecesores (Reagan incluido). La cuestión es que Trump vocifera, tanto como puede, aquello que en otros contextos sólo era posible observar en acciones concretas, a posteriori.
Hoy, el supuesto keynesianismo de Trump no es más intervencionista que el proteccionismo de la Unión Europea y los Estados Unidos en sus sectores agrícolas; en detrimento de los productos periféricos. Su pretensión de abandonar sus acuerdos comerciales no es más sínica que todos los casos de incumplimiento del NAFTA. Y sus amenazas arancelarias no son peores que las restricciones comerciales, embargos y bloqueos comerciales que el gobierno que hoy encabeza utiliza desde siempre como mecanismo promotor de la democracia procedimental y los derechos humanos entendidos a la American Way of
Y es que muy a pesar de los modelos ideales sobre los cuales la tradición monetarista (desde Walter Lippmann hasta Richard Posner, pasando por Friedrich Hayek, Milton Friedman, Louis Rougier, Gary Becker, Bruno Leoni y todo asociado a la Mont Pelerin Society), y contrario al dogma neoliberal reproducido por automatismo desde los centros geopolíticos del Saber, el mercado libre de toda intervención del Estado no es más que una falacia. En todo sentido, esa libertad del mercado tan defendida por la economía de la Escuela de Chicago (que en América Latina se conoció a sangre y fuego a través del Consenso de Washington), sólo es posible si se cuenta con un Estado garante de la propiedad privada, de la represión de las resistencias sociales, y de la permanente acumulación y concentración de capital.
No importa de la sociedad de la que se trate, la historia del capitalismo, en general, y del neoliberalismo, en particular; es la historia de los aparatos de Estado y sus sistemas jurídicos como los garantes de la reproducción de la riqueza. Las concesiones de los recursos naturales, las operaciones de una empresa, los regímenes de seguridad social, los límites salariales, la regulación de la competencia, la creación de mercados en espacios sociales en los que no existen, etcétera; son todos casos de intervención del Estado en el mercado para reproducir la lógica de valorización de ese mismo mercado.
De ahí que lo realmente preocupante no sea que Trump se perfile a profundizar esas condiciones para hacer avanzar al mercado a ritmos más rápidos, sino que el debate en torno a la política económica de Donald Trump en las periferias sea el que se incline por el mantenimiento del status quo; a pesar de las atrocidades que el neoliberalismo y la militarización de los mercados en sus sociedades han causado desde hace tres décadas. Porque en realidad, lo que se combate en la periferia al acusar a Trump de proteccionista no es el mercado y sus injusticias, sino que se prive a la periferia del crecimiento por goteo que desde hace quinientos años el capitalismo les prometió.
Antaño era la periferia la que señalaba las contradicciones del capitalismo, la que mostraba al mundo el reflejo del avance de la modernidad capitalista: con todas sus muertes, con todos sus saqueos, con la explotación insaciable de sus recursos naturales y con la edificación del progreso sobre las ruinas de sus culturas tradicionales. Hoy, parece que la periferia es la vanguardia que exige al centro del capitalismo seguir exportando ese modelo económico al mundo, no detener el flujo de capitales, las inversiones directas de sus empresas o la creación de empleos en sus fábricas. Porque incluso en la periferia el dogma al capital es que no existe otra vida que no se circunscriba a la manera capitalista de reproducir la socialidad, que la vida existe y que el ser humano es tal sólo dentro del capitalismo.
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Los guetos europeos y la fragmentación cultural de los refugiados

Este año comenzó con el gran capital reafirmando su posición de continuar la profundización de los procesos de militarización del espacio social como mecanismo de preservación del hermetismo cultural de Occidente. El Financial Times, uno de los principales portavoces del complejo industrial-militar-financiero, a través de la pluma de Erik Prince le hizo saber al mundo que Occidente ya no está dispuesto a seguir soportando la agresión cultural de la que se siente objeto por causa de las recientes olas migratorias.
El detalle podría parecer banal —o por lo menos nada fuera de la habitual política editorial del rotativo—, de no ser por la trascendencia de quien fungió, a través de sus líneas, como caja de resonancia de los intereses que el capital global tiene invertidos en lo que ya es una afrenta abierta no sólo en contra de los migrantes y refugiados de África y Oriente Medio, sino en contra de la dimensión cultural total y concreta que representa cada uno de esos individuos: Erik Prince.
En efecto, el Financial no se distingue por ser un medio crítico al orden social establecido; su  leitmotiv en este mundo se corresponde más con el imperativo de ser el principal órgano de difusión y adoctrinamiento ideológico del proyecto de civilización (re)producido desde el seno la Mont Pérelin Society que con cualquier otra caracterización. Y por ello, posiciones favorables a la absoluta privatización de los procesos sociales, a la perpetuación de la acumulación y concentración de capital y a la aniquilación de proyectos sociales resistentes al avance de la modernidad capitalista no le son ajenas.
En torno a las olas migratorias que tienen como destino Europa occidental, no ha hesitado, por un lado, en promover la aplicación de esquemas restrictivos, articulados por la iniciativa privada y construidos sobre lógicas militares para combatir todo internamiento de individuos provenientes de la periferia africana y asiática; y por el otro, en cuestionar de manera frontal las pretensiones de la clase política europea de hacer valer, en cualquiera de sus versiones, la idea romántica de un multiculturalismo étnico y racial.
Lo trascendente de la columna es, por tanto, que sea el fundador de BlackWater —empresa insignia en la proveeduría de servicios paramilitares, contrainsurgentes y mercenarios a gobiernos occidentales—, quien esté desarrollando la hoja de ruta que Europa debería seguir para solucionar de manera definitiva su crisis migratoria. Y es trascendente porque su pronunciamiento se produce justo cuando la presidencia de Donald Trump está por comenzar y, sobre todo, cuando una tendencia al fortalecimiento de la derecha nacionalista se está produciendo a lo largo y ancho del viejo continente.
Prince no sólo es un prominente miembro del Partido Republicano estadounidense y un evangélico converso al catolicismo del Opus Dei. Prince es también un prominente empresario que forjó su fortuna vendiendo armamento de alta tecnología a los servicios de espionaje estadounidenses y (re)produciendo conflictos sociales por toda África; de manera particular en las sociedades musulmanas. No es azaroso que su particular manera de ejercitar el imperialismo estadounidense se fundara en el contexto de la guerra global en contra del terrorismo. Tanto por convicción religiosa como por afinidad monetarista, los servicios de mercenaje de Prince inscribieron, lo mismo con Bush  que con Obama, la cruzada declarada de eliminar de la faz de la tierra la fe musulmana.
Desde Irak hasta Ucrania, los servicios de BlackWater se caracterizan por dejar tras de sí la misma estela: asesinatos en masa, ejecuciones extrajudiciales, tortura, secuestros, etcétera. Y África no es la excepción. Sin embargo, en años recientes su modus operandi aparece por medio de mecanismos más refinados de los que utilizó en el pasado. Desde la disolución de BlackWater y su refundación con otra razón social (Xe), Prince se cobijó bajo el manto del corporativo chino Frontier Services Gruop para articular, a través de contratos militares, a diferentes juntas militares africanas. Por décadas, las actividades de Prince han construido una compleja red de cadenas de suministro del espectro completo armamentista.
El armamento con el que Prince y otras redes de suministro proveen a juntas militares africanas es parte del detonante que lleva a millones de individuos a deslazarse de sus espacios tradicionales de convivencia. Pero es también el mismo armamento con el que desde 2013 Prince ha formulado sus políticas de contención de los emigrados que atraviesan el Mediterráneo desde Libia. De acuerdo con la propuesta de contención de la amenaza africana, Prince identifica que la principal causa por la cual no se ha podido detener el flujo de personas es que ni los gobiernos europeos han tenido la fortaleza como para tomar medidas definitivas en el tema ni los mandatarios norafricanos cuentan con la capacidad técnica y de personal para cerrar el cerco antes de que los emigrados lleguen al Mar.
En ese sentido, tanto en 2013 como en su editorial del Financial de este enero, Prince introduce el imperativo de contar con mayores capacidades militares, a lo largo del espectro completo, para poder hacer frente a las redes de tráfico de personas y a los migrantes que se desplazan por voluntad propia. De cara a las medidas que los gobiernos europeos han tomado para control los flujos migratorios africanos, las propuestas de Prince parecen no añadir nada nuevo a la formula. Actualmente, las fronteras exteriores de la Unión —las que no pertenecen al espacio Schenguen— ya cuentan con mecanismos de militarización que se valúan en más de treinta y nueve millones de euros mensuales.
En efecto, hoy, los guetos del holocausto han sido (re)producidos, bajo formas y esquemas con un grado mayor de corrección política y aceptación ética por parte de los cuerpos sociales europeos; no para proceder con su exterminio físico —a la manera del nacionalismo alemán de mediados del siglo XX—, sino con el objetivo de fragmentar la concreción cultural de los refugiados en su tránsito por los canales de subsunción de su subjetividad en la cultura occidental.
Cobijados por las retóricas del humanismo y el multiculturalismo como expresiones propias de los valores que definen a Occidente, Europa promueve la aceptación de los Campos de Refugiados como punto de transito previo a la integración de los sujetos acogidos a los circuitos productivos/consuntivos. Y el imperativo sublimado en esa específica sucesión de eventos es el de asegurar que, sin importar la cantidad de migrantes que se acepten en el país de destino, éstos no pongan en juego esa supuesta constitución cultural originaria, de núcleo substancial, prístino y auténtico de la civilización europea.
Y es que en Europa lo que no ha dejado de ser el discurso dominante —únicamente evidenciado, profundizado y potenciado tanto en su motivación como en su visibilidad por la crisis de refugiados— es que si bien se asume como (id)entidad geosocial defensora de la integración cultural, como proceso de renovación permanente de la propia identidad, esa defensoría se circunscribe sólo dentro de los márgenes de las variaciones identitarias que se asumen herederas, continuaciones o asimilaciones de un núcleo culturar único, común a un momento racial originario y fundador de sus cualidades culturales.
  De ahí que Prince apunte a la necesidad de usar la fuerza letal argumentando que Europa se está quedando sin tiempo para hacer frente a la dilución de sus valores en los rasgos barbáricos, incivilizados de los migrantes provenientes de África y Oriente. Porque para él, tanto como para la generalidad de los cuerpos sociales europeos, el verdadero peligro, la verdadera crisis migratoria no se encuentra en la falta o no de capacidades logísticas, financieras y gubernamentales para acoger a los individuos. Lo que realmente define a la crisis como tal es la posibilidad de que ese núcleo cultural de carácter racial se vea influido, en su evanescencia, por los rasgos propios de los migrantes.
Así pues, si bien en esta concepción la (re)producción de los guetos a lo largo y ancho de Europa es un mecanismo eficaz para des-substancializar y (re)funcionaliza a la multiplicidad y heterogeneidad de expresiones subjetivas inmigradas —por medio de su asimilación del ethos moderno capitalista—, dicha opción siempre conlleva el riesgo de que lo propiamente europeo se pierda a sí mismo. Por ello, argumenta Prince, es necesario fortalecer el hermetismo europeo ante la barbarie oriental.
La privatización de la militarización territorial europea, en este sentido, se presenta como la cristalización más acabada de ese imperativo transgresor. No es fortuitito, por ello, que sea el gran capital global, a través de sus órganos de adoctrinamiento ideológico, quien dé pasos más firmes en esa dirección. Porque si bien el hermetismo racial de Occidente es una constante que se observa con mayor claridad, en sus expresiones más bizarras en niveles microfísicos de la dinámica social, éste llega se presenta en todo su avasallamiento cuando se coloca en el centro de su violencia a la valorización del valor.  
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¿Antisemitismo o ética colonial?

El pasado 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, luego de ocho años marcados por la ausencia —por veto o por indiferencia de las partes— de resoluciones en torno a la ocupación israelí de Palestina, un documento en el cual, tal y como lo hizo en diez ocasiones anteriores, desde 1967; reitera que «el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal» al conflicto.
En esencia, la resolución 2334 no contiene nada que los diez documentos que la anteceden en la materia (o cualquier otro emanado de la Asamblea General) no hayan condenado ya en su tiempo. Por lo contrario, como suele suceder con este tipo de documentos, tres cuartas partes de su cuerpo se distinguen por la permanente referencia al pasado y la reafirmación de lo ya establecido, condenado, reafirmado y recordado en algún punto de la historia. Sin embargo, lo que sí trascendió fue, por un lado, que la representación estadounidense ante Naciones Unidas se abstuviera de emitir el característico veto con el cual Estados Unidos protege a Israel, y por el otro, que las reacciones de la sociedad civil en Occidente le recordaron al mundo que abordar la cuestión palestina es una cuestión de afinidades éticas.
El veto estadounidense, por supuesto, no es nuevo. En 1987, con motivo de la resolución 605, la administración de Ronald Reagan se abstuvo de vetar el documento en el cual se «lamenta profundamente esa política y esas prácticas de Israel, la Potencia ocupante, que violan los derechos humanos del pueblo palestino en los territorios ocupados». Asimismo, dieciséis años después, en 2003, la presidencia de George W. Bush hizo lo propio ante la resolución 1515, en la que se reitera «la exigencia de una cesación inmediata de todos los actos de violencia, incluidos todos los actos de terrorismo, provocación, incitación y destrucción».
En este sentido, la reacción predominante en el debate público que pugna por reconocer que dicha acción es un acto abierto de antisemitismo más que trascender por la propia abstención estadounidense, lo hace porque le recuerda al mundo que esa misma y eufórica condena del actuar presente de Naciones Unidas con respecto a Palestina e Israel, no tuvo en el pasado expresiones similares que condenaran a cada resolución vetada como acciones abiertamente antimusulmanas o antiárabes. De ahí que nuevamente la avasalladora afinidad ética que en Occidente se siente por su propio proyecto de civilización eclipsara, nuevamente, esa cara oculta del conflicto en la que hoy sólo se reconoce a una sociedad terrorista y fundamentalista.
No importó, por ello, que la administración de Barack Obama sea, hasta el momento, la presidencia estadounidense que más ha defendido al Estado judío en el seno de Naciones Unidas. No importaron los vetos con los que detuvo el avance de las dos únicas resoluciones previas (2013 y 2014) del Consejo de Seguridad en torno a Palestina; por oposición a las siete resoluciones, en contra del expansionismo de Israel sobre palestina, que adoptó Lyndon B. Johnson, a las quince de Richard M. Nixon, las dos de Gerald R. Ford, las catorce de Jimmy Carter, las veintiuna de Ronald Reagan, las nueve de George H. W. Bush, las tres de Bill Clinton y las seis de George W. Bush.
Tampoco importaron los más de tres mil millones de dólares anuales que el Congreso estadounidense otorga a Israel únicamente para los rubros de defensa, los nueve mil y medio millones de dólares aprobados en 2013 para renovar su escudo aéreo, o los treinta y ocho mil millones de dólares en equipo militar con los que el ejército israelí será provisto por el complejo militar estadounidense por los siguientes diez años.
De ahí que el gesto diplomático de la administración Obama, por simbólico que parezca en el plano discursivo de los refinados asuntos de la alta diplomacia, no trascienda, inclusive, de acto hipócrita por lo tarde que llega en su gestión al frente de la Casa Blanca —habiéndose producido series de sanguinarios enfrentamientos entre las partes a lo largo de 2014 y 2015.
Por supuesto Israel se negó a acatar la resolución —evidenciando lo poco que importa el sistema de Naciones Unidas, en su conjunto, cuando se trata de mantener el colonialismo de una Potencia ocupante. Pero lo hace, claro está, no desde una posición arbitraria o azarosa. De un lado, el Estado judío apela al recuerdo de las atrocidades que su pueblo sufrió frente al nacionalismo alemán, cuando no existía un Estado-nacional que lo protegiera, a mediados del siglo XIX. Del el otro, debido a las particularidades del proceso mediante el cual se establecieron sus límites administrativos, recurre permanentemente a la necesidad de que el mundo reconozca la posición de vulnerabilidad que implica existir en una región que considera, por definición, le es hostil.    
La cuestión es que ni el pueblo judío es el único que ha sufrido los estragos del asesinato en masa por regímenes políticos ontológicamente antagónicos a su existir, ni cualquier situación que se plantee poner un fin a la ocupación de los territorios palestinos es sinónimo de antisemitismo. La presente resolución de Naciones Unidas, contrario a la posición general del gobierno israelí no distancia a la Autoridad Palestina de la mesa de negociaciones, tampoco niega el vínculo identitario del pueblo judío con Jerusalén ni exime a ninguna de las partes de sus acciones.
Ya en reiteradas ocasiones Naciones Unidas ha dejado en claro que sin importar del ámbito social del que se trate, cualquier discusión sobre las condiciones de su existencia empieza, transita y se agota en el plano de la ocupación militar de su sociabilidad, toda vez que esa condición impacta permanentemente sobre el movimiento de los individuos, los servicios y las mercancías; fragmenta, destruye, disciplina y reorganiza los espacios territorial y sociopolítico, estanca el crecimiento económico y restringe el acceso que el pueblo palestino tiene sobre diversos recursos de vital importancia. De ahí que los asentamientos no sean el principal obstáculo para concretar la existencia pacífica de ambos pueblos, pero sí el elemento más tangible y maleable en un plazo inmediato.
 Como bien lo señala la propia resolución —prácticamente calcado de las palabras de Samantha Power—: «la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967». Las colonias, las zonas militares y las reservas naturales israelíes ya constituyen el cuarenta y cuatro por ciento de toda Cisjordania y más del setenta por ciento de la ‘Zona C’. Por eso, continuar, como lo ha hecho hasta el momento el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, con un discurso que apela a la solución de dos Estados mientras la mancha urbana de Israel avanza ininterrumpidamente por fuera de los límites administrativos de 1967, lejos de contribuir a solucionar la situación sólo la empeorará.
El pueblo judío —y Occidente, de paso—  precisa comprender que la apropiación de los territorios palestinos no es sólo una ocupación militar sin más consecuencia que la subsunción de los procesos sociales a una lógica disciplinaria del espacio-tiempo. La apropiación de esos territorios, al igual que la exclusión de las poblaciones judías y palestinas de los referentes teológicos y materiales que les dan concritud como cuerpos sociales particulares, definidos es un proceso abierto de desposesión que extiende sus consecuencias hasta los planos epistémico y ontológico.
Israel no ha cesado de recordarle al mundo que fue la expresión exacerbada de la modernidad capitalista lo que asesinó a millones de judíos en campos de concentración, guetos y refugios. Y al hacerlo, le echa en cara a cuanto individuo comulga con ese proyecto de civilización moderno capitalista que olvidar la sangre judía derramada durante el holocausto es el primer paso para permitir que se repita la historia. Por ello cualquier acusación en contra del judaísmo de inmediato es esgrimida por este pueblo como síntoma de antisemitismo. El problema viene cuando se trata de develar que el pueblo palestino está siendo sometido, permanentemente, a un régimen de expropiación, destrucción y (re)construcción de su propia historia.
Porque con cada nuevo asentamiento, con cada vestigio de su cultura destruido, con cada reordenación territorial; cada vez que se le niega a ese pueblo su vínculo identitario con lo que consideran sus tierras sagradas o con los últimos rastros arqueológicos que revisten de verdad a su fe religiosa, no sólo se pone en juego la vigencia de su existencia presente; sino la totalidad de su historia, pasada y futura.  Es decir, que cada vez que el Estado de Israel maniobra para que el mundo reconozca su derecho a existir como un cuerpo social unitario, lo hace negando, al mismo tiempo, la historia y el fundamento ontológico de la sociedad palestina.
En última instancia, ambos, palestinos y judíos, son producto de los regímenes coloniales que engendró Occidente, y que a la postre refuncionalizaron vastas porciones de territorio alrededor del mundo y sociedades enteras. Por ello, la solución no se encontrará en el recurso a mecanismos que tienden a reproducir ese colonialismo. Sino en la capacidad que ambos pueblos (y no sus Primeros Ministros) demuestren para reconocer y valerse del cultivo de su propia identidad sin apelar a concepciones cerradas y autárquicas de lo que significa ser judío y musulmán.
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La permanente colonización de Sudáfrica

La nula relevancia que las protestas estudiantiles sudafricanas han encontrado en los medios de comunicación latinoamericanos, más que revelar la evidente subordinación en la que se encuentran los asuntos africanos dentro de la propia periferia global, es un claro indicador de la manera en que se (re)producen los procesos de estructuración racial alrededor del orbe. Y en ese sentido, reflejo de las matrices simbólicas y materiales de sujeción, exclusión y explotación social que la colonialidad mantiene vigentes en el país de Madiba —a pesar de la formal descolonización de las estructuras políticas y económicas del Estado conseguida en la última década del siglo XX.
Las demandas sociales en el plano de la escolarización en la República de Sudáfrica, en particular, y en toda África, en general; no son una suerte de movimiento mainstream motivado por una inercial propensión a seguir a las expresiones de su tipo que en Reino Unido, Corea del Sur, Taiwán, etc., saturaron las agendas mediáticas y el espacio público de las clases medias. Por lo contrario, la protesta social en este terreno es tan añeja como lo es la historia misma de la colonización del continente por parte de los imperialismos occidentales. Y en esta ocasión, tanto como en las anteriores, son —contrario a lo afirmado categóricamente por la BBC, el Financial Times o el New York Times— algo más que la pura reivindicación de su derecho a la libre expresión, que la consecución de colegiaturas justas y asequibles o que la pretensión de construir una democracia basada en el derecho a votar cada cinco años.
Las instituciones de instrucción escolar en Sudáfrica son, como en cualquier otra sociedad producto de la modernidad/colonialidad capitalista, un microcosmos, un espacio-tiempo relativamente reducido en el cual se (re)producen, a menor escala pero con mayor intensidad, sistematización y profundidad todos y cada uno de los rasgos estructurales de la sociedad dentro de la cual se desenvuelven. Así, en las sociedades a las que la modernidad y el capitalismo han fundido en una posición geopolítica periférica, esos rasgos no son otros que los remanentes aún vigentes de las relaciones sociales que habilitaron el sostenimiento de su propia colonización. Es decir, son los atributos sobre los cuales Occidente inventó y forjó un modelo de civilización totalizante, con pretensiones de universalidad ontológica, en la que el progreso de la humanidad se observa en el Norte capitalista, secular y blanco; y el atraso, la barbarie en el Sur negro e indígena.
De ahí que #FeesMustFall, la demanda en torno a la cual se aglutina el descontento de la sociedad sudafricana, no sea sólo la exigencia de dar marcha atrás con los incrementos a las colegiaturas. Aun observando el desenvolvimiento de los sudafricanos desde la propia periferia, esta sociedad ha sido contemplada, a lo largo de los años, desde 1994, como el caso paradigmático de éxito en el curso de la descolonización de un cuerpo social: la victoria de Mandela sobre De Klerk, se discurre de manera permanente, es la victoria de una raza y una Nación explotada sobre el colonialismo británico, en particular, y europeo, en general. Sin embargo, lejos de ser el espejo en el cual la periferia global debería de observarse para conocer el camino hacia su propia emancipación, Sudáfrica es un caso más —de tantos— en el que la ilusión de conseguir el progreso occidental a través del reformismo y la mimesis se ha encargado de afirmar que a la modernidad/capitalista se la deconstruye o se muere en el intento.
En efecto, #FeesMustFall es sólo la síntesis que da concreción a demandas más amplias y añejas de una sociedad que, muy a pesar de Mandela y de De Klerk, sigue sumergida en la densidad de una estructura de explotación en la que las Naciones africanas ocupan el último eslabón racial. Así, hoy es el universitario el que a través de la violencia que despliega en sus protestas le recuerda a sus Naciones la historia de hambruna, de guerras, de enfermedades, de asesinatos en masa, de esclavitud y explotación que olvidaron cuando decidieron que replicar la vía occidental hacia la civilización era la mejor forma de reivindicar toda la sangre derramada.
Pero no sólo eso. También es la síntesis por medio de la cual los universitarios sudafricanos le recuerdan a sus Naciones que la finalización del apartheid fue sólo la sustitución formal de unos colonizadores por otros; el remplazo, en los mecanismos de sujeción, exclusión y explotación del blanco europeo por el negro sudafricano. Es el recuerdo vivo de que la promesa de una sociedad más justa, libre de los grilletes del imperialismo británico era posible de alcanzar a través de la sindicalización de los trabajadores, de la estructuración de partidos políticos, y, sobre todo, de la posibilidad de acceder a instrucción escolarizada especializada en las necesidades del mercado.
Y es que en la Sudáfrica postapartheid la sindicalización no fue más que el sometimiento de las masas trabajadoras a las condiciones laborales impuestas por parte de una clase privilegiada, la politización de la población por medio de los esquemas partidistas de Duverger no transitó más allá de la sustitución de una retórica por otra; esta última ajena a cualquier noción de praxis revolucionaria, y la instrucción escolar no fue sino la pura promesa de eliminar, en términos instrumentales, los esquemas de segregación racial imperantes con anterioridad.
  De ahí la importancia que tiene para los recientes movimientos estudiantiles en el país romper con los modelos modernistas que miden el éxito, tanto en lo individual como en lo colectivo, por la posesión de un iPhone 7 Plus, una casa en los suburbios, un BMW y un posgrado en administración de negocios. La importancia, asimismo, de exigir cuentas a toda una generación que se dejó cooptar por el reformismo, por la promesa de realizar algunos ajustes formales a la estructura sólo para hacer la explotación de las masas empobrecidas un asunto con mayor esteticidad y corrección política, de cobrar a su propia sociedad la factura que la impasividad ante la devastación causada por el neoliberalismo les ofreció el romántico anhelo de pertenecer al BRICS a costa de mantener los esquemas de desposesión, concentración y acumulación de riqueza.
No es, por ello, fortuito ni voluntarioso el que sean las juventudes universitarias las que pongan en jaque a las promesas que la modernidad capitalista construye sobre la escolarización especialidad. Son ellos los que han experimentado en su cotidianidad la contradicción de responder a cánones, a directrices éticas y civilizatorias pensadas desde la realidad del blanco y clasemediero europeo cuando sus Naciones, dentro de los límites políticos de la estructura estatal de la república, se encuentran devastadas por la marcha insaciable de la acumulación de capital. No es, pues, sólo cuestión del trance cotidiano que la estética que la ética de las universidades impone en el proceso de negar las particularidades de las múltiples expresiones culturales corporizadas; sino de la negación misma de la realidad sudafricana por medio de la (re)producción, en la subjetividad de los educandos, de un estándar de vida extraído de las necesidades productivistas de Occidente y de su privativa posición espacio-temporal en la historia de la humanidad.
En este sentido, más allá de lo redituable que las protestas estudiantiles pidieren redituar en términos pedagógicos, al ser el sistema educativo sudafricano un microcosmos de la sociedad en su conjunto —el espacio-tiempo desde el cual se construye y (re)produce en los sujetos sociales (individuales y colectivos) un comportamiento específico de identificación y militancia con el hecho capitalista—, el solo acto de pugnar porque ese sistema responda a las necesidades materiales y ontológicas de la realidad sudafricana es, en sí mismo, un acto de continuación, radicalización y profundización de la suma de todas las exigencias, presentes y pasadas, de las Naciones racializadas por la colonización europea. Esto es, la renovación de la vigencia de la interminable tarea de descolonizar la existencia del individuo.
Porque aun y cuando las estructuras políticas de su sociedad pueden desenvolverse formalmente en la descolonización administrativa, nulo es el resultado si, como argumentó Sartre en su prólogo a Los Condenados de la Tierra, de Fanon; no se extirpan las mordazas sonoras ni se arranca la marca que la cultura occidental marcó, con hierro candente, en la frente de las élites negras, en general, y del sujeto negro, en particular.
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Candidaturas indigenas y lo político de sus alternativas

Después de que la Subcomandancia del EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) dieron a conocer que en los próximos comicios presidenciales presentarían una propuesta de candidatura independiente (personificada en la elección de una mujer indígena), dos son las corrientes discursivas que se han apoderado del debate público. Por un lado, los sectores en los que el imaginario colectivo nacional reconoce a sus estratos sociales progresistas, no han cesado de argüir que las pretensiones de los pueblos indígenas mexicanos no son más que la absurda intensión de éstos de invadir los espacios de toma de decisiones que por derecho le corresponden a las clases ilustradas de la sociedad. Por el otro, las autodenominadas oposiciones al conservadurismo decimonónico y de derecha, han vociferado hasta el cansancio que la legítima pero impertinente propuesta indígena es, o una traición a su propia existencia como sujeto social, o un movimiento esgrimido en un pésimo momento político y el la peor de las direcciones ideológicas.
Por parte de los primeros —aquellos que aquí se reconocen abiertamente como el stablishment del despotismo ilustrado nacional— no escatiman recursos, financieros o materiales, ni esfuerzos humanos en hacer comprender a la ciudadanía que una candidatura indígena a la presidencia de la todo poderosa estructura estatal en la cual se cimienta la república mexicana sería, en el mejor de los casos, una desafortunada victoria de la pobre escolaridad y las aún peores concepciones de ciudadanía de la población; en el peor, un desastroso retorno a formas barbáricas de gobierno; caracterizadas por el atraso civilizatorio y la ignorancia de la manera en que los altos y refinados asuntos del acontecer diario de la modernidad funcionan.
Del lado de los segundos —o lo que en este espacio no alcanza, ni por equivocación, la designación de izquierda, oposición, alternativa o similares— la posición es clara, y aunque han pretendido enunciarla en términos dialécticos a los cuestionamientos de los primeros, no son más que la reproducción fiel del discurso de éstos pero con un lenguaje políticamente correcto, condescendiente y revestido de frases progre y new age. Aquí, toda la trascendencia del asunto se reduce a mero cálculo electoral: la candidatura del CNI es una jugada que aunque es bienvenida en términos de las banderas ideológicas que la oposición partidista se arroga, llega en un momento en el que lo único que podría conseguir es profundizar la fragmentación de la ya bastante rota alternativa de izquierda electorera;  terminando por hacerle el juego al GobFed en sus aspiraciones continuistas para el 2018.
En apariencia opuestas, ambas posiciones brillan por lo patético de sus aspiraciones cortoplacistas en la administración de la res publica. Pero aún más allá de ese claro patetismo electorero, ambas se caracterizan por expresar, a pesar y al margen de las diferencias terminológicas y los matices enunciativos que hoy por hoy el vulgo acepta como rasgos definitorios y contrapuestos de las ideologías de derecha e izquierda, respectivamente; por ser un nítido reflejo del carácter colonial del grueso de los habitantes que conforman a la sociedad mexicana. Y es que en efecto, en el fondo —en realidad, no tan lejos de la superficie—, desde el aparato gubernamental hasta el aún más burocrático, narcisista y corrupto complejo académico, los argumentos tanto de derecha como de izquierda se funden en una misma posición que, para no ir más lejos, se singulariza por la concatenación de tres posiciones epistemológicas —ontológicas, inclusive. A saber, las posiciones de raza, sexo y clase. En ese orden.
 La selección de una candidata del sexo femenino y de extracción social indígena por parte del CNI y de la Subcomandancia del EZLN no es azarosa ni una arbitrariedad. De concretarse la propuesta, la personificación de esa alternativa contendrá en su Ser tres aspectos que retratan el funcionamiento estructural de nuestra sociedad. En primer lugar, será indígena, lo que ya la posiciona, dentro de la jerarquía racial con la cual la modernidad capitalista gusta de medir el nivel de progreso civilizacional de un cuerpo social, en el estrato más bajo de la cadena alimenticia. En segundo, será mujer, lo que abona, en un país dominado por la continua profundización de los procesos de mutua exclusión de género (singulares del modus vivendi occidental), a colocarla en una posición de aún mayor inferioridad frente a sus pares masculinos. Y en tercero, pertenecerá al decil más bajo dentro de la escala de clases; lo que por sí mismo ya hace de la candidatura del CNI-EZLN la peor de las combinaciones posibles para contender por cualquier cosa en este país o lo que la comandanta zapatista Esther identificó, en su discurso en el pleno del Senado, en 2001, como la triple condena a la que es sometida la mujer india: por india, por mujer y por pobre.
¿Por qué conjugar todos esos elementos en la persona de una candidata a contender en el que es, en términos de la alta política, el proceso más valorado por las configuraciones sociales de Occidente? La respuesta, por supuesto, no se encuentra en la ingenuidad o el desconocimiento de los procesos sociales o los rasgos estructurales bajo los cuales funciona la sociedad mexicana. Por lo contrario, la propuesta, por donde se la observe, lleva impresa la marca de las cientos de luchas, años y experiencias de resistencia con los cuales se construye la memoria histórica de las más de sesenta Naciones indígenas que viven dentro de los límites del Estado mexicano.
El CNI-EZLN, a diferencia de personajes como Jorge Castañeda, no está estableciendo una conversación con la clase empresarial nacional y extranjera; y tampoco, por oposición a otros como Andrés Manuel López Obrador, con los miembros de las clases medias. No hace faltar ser un erudito en la historia de las Naciones originarias de México o en la del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional para saber que ni su concepción del mundo pasa por el control de aparato estatal ni se agota en la reproducción de los esquemas epistemológicos y ontológicos de la organización social occidental.
Muy a pesar del desprecio que le muestran ininterrumpidamente eminentes ideólogos de la izquierda mexicana realmente existente (como se proclaman Armando Bartra, Jonh Ackerman y el propio López Obrador), la candidatura del EZLN-CNI no es ni el engendro del salinismo que hoy sale a entorpecer la previsible victoria de la izquierda clasemediera ni el huevo de la serpiente que viene a mostrar su verdadera cascara: la de un movimiento hipócrita que hoy traiciona la regeneración nacional cuando más golpeado está el oficialismo burgués. Más bien, lo que las Naciones del CNI parecen tener en mente —al margen del impacto que pudiere redituar como estrategia de supervivencia— es la necesidad de establecer un diálogo abierto con una sociedad que cada día olvida más y más que a su lado existen sujetos y procesos sociales indígenas con propuestas de organización social totalmente válidas para la continuación de su mera existencia.
En este sentido, el diálogo que se abre dicha propuesta es, por un lado, el de la visibilización del avasallamiento bajo el cual se encuentran las Naciones indígenas por causa de la marcha imparable de la modernidad capitalista sobre sus sociedades; y por el otro, el de la confrontación crítica del blanco, mestizo, clasemediero con los rasgos propios de su identidad. Es decir, el diálogo de la confrontación crítica de la sociedad mexicana consigo misma: con las contradicciones que la tienen sumergida en un baño de sangre, en la hambruna, en catástrofes ambientales, en desempleo y escases de las condiciones mínimas de supervivencia como individuos y como sociedad; en el colapso energético, en la enfermedad, en la desesperación, la angustia, el terror y el desamparo. De ahí que su propuesta para un puesto de elección popular no sea nada más ni nada menos que la antítesis de todo cuanto el hombre y la mujer modernos consideran es el arquetipo del sujeto que debería conducir la política dentro de lo político.
Las Naciones indígenas de México no son ingenuas. Saben, porque lo experimentan de manera permanente en carne propia, que la posición del ciudadano de la modernidad frente a sus sociedades es la de un turista que se vanagloria de sus pueblos indígenas sólo en la medida en que son el vestigio presente —junto con el patrimonio arqueológico de las civilizaciones precolombinas— de un pasado bárbaro y premoderno ya superado. Y sabe, también, que es la posición de ese mismo turista que en el momento mismo de vanagloriarse de ese pasado les exige, les impone la forma social-organizativa de la modernidad. Por ello la candidatura del CNI dice mucho sobre el ciudadano de la modernidad, pero no le dice nada a él.
Deplorable es, pues, que el debate sobre las alternativas a raíz de la propuesta del CNI-EZLN no haya pasado aún —salvo en casos excepcionales, como en el de Pablo González Casanova— de la inmediatez, mediocridad y patetismo del puso y simple beneficio practico-electoral. Hay un reto enorme que se tiene por delante y que la candidata de las Naciones indígenas de México, a pesar de aún no encontrarse personificada, le está señalando a esta sociedad: la necesidad de reconocer su propia enajenación, su propia incapacidad de pensar formas alternativas de construcción y (re)producción de lo político. 
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