Archive for 2017

Corea del Norte y el cerco militar estadounidense

Aunque quizá resulte banal reiterarlo, comparar el número de agresiones cometidas por Corea del Norte (cero), en contra de cualquier comunidad alrededor del planeta, con la cantidad y la intensidad con la que Estados Unidos ha destruido poblaciones enteras a través del recurso de la guerra, depuesto gobiernos mediante la retórica liberal en defensa de la democracia formal, la libertad, la seguridad y los derechos humanos, financiado y armado a grupos terroristas u organizaciones del crimen organizado trasnacional, e implantado dictaduras militares para asegurar la vida del neoliberalismo en cada latitud del globo; es un buen primer paso para observar en qué lado de la balanza se pesa la amenaza en contra de la humanidad.
En efecto, por avasallantes que el discurso gubernamental estadounidense y la propaganda mediática, propia y de sus aliados occidentales, se presenten: mostrando las similitudes que existen entre el comportamiento militar Norcoreano y el de los regímenes totalitarios de la Alemania nacionalsocialista, de la Italia fascista, la España franquista o la Rusia estalinista; elaborando perfiles psicológicos y de personalidad, medidos en grados de psicopatía, o bombardeando a los imaginarios colectivos con la interminable tautología de imágenes saturadas de lanzamientos balísticos y desfiles militares; lo cierto es que la experiencia histórica muestra a un Estado norcoreano aislado del mundo y a un Estados Unidos con presencia comercial, financiera y militar en cada rincón de la Tierra.
De aquí que la amenaza totalitaria, comunista y nuclear de Corea del Norte se presente dentro de las audiencias occidentales como un verdadero peligro para la humanidad entera. Porque lo que se (re)produce en las sociedades atlanticistas —y similares o derivados— es la permanente reafirmación de una ética particular, característica de la moral hipócrita de Occidente, que sistematiza, hace circular y encierra la distancia cultural vigente entre los modos de vida asiáticos y los modos de los herederos del Western y del American way of life como un rasgo inherentemente destructivo, psicópata y totalitario.
Y lo cierto es que si bien la construcción de este sentido común occidental respecto de los gobiernos del Sudeste asiático, en particular, y de todo aquello que no forme parte del bloque de sociedades que se autoafirman como hijos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, en general; se da al margen de cualquier intento de rememoración histórica: mediante una operación de permanente negación, vaciamiento y reconstrucción de ésta, también lo es que se inscribe dentro de la potencia con la que ciertos conceptos como libertad, democracia, igualdad, paz, estabilidad, etcétera; fundan el horizonte identitario, el excepcionalismo y la magnanimidad con los que Occidente se presenta a sí mismo, frente al resto del mundo, como el fin de la historia: como ese destino inevitable al que cualquier sociedad debe aspirar si se quiere asumir civilizada.
La cuestión aquí es, por lo tanto, que cuando los gobiernos de Europa y del Norte de América —o sus cajas de resonancia en sus respectivas periferias— afirman el peligro que presenta el régimen Norcoreano para la continuación de la vida en el planeta lo hacen invisivilizando, de manera deliberada, las ruinas con las que esos mismos gobiernos han saturado el sendero de la historia: desde el proceso de colonización hasta las guerras veladas en pos de la democracia. Pero además, lo hacen sacando de foco que la cuestión con Corea del Norte esconde objetivos estratégicos particulares que van más allá de la propia Corea; es más, Pyongyang es, en todo sentido, el menor de los problemas cuando de la península se trata.
Enmarcado en el contexto de la Guerra Fría, la península coreana siempre se presentó como un nodo geopolítico de vital importancia para que Occidente lograse el cometido de contener al comunismo soviético antes de que éste llegase a los mares del Sudeste asiático. Tanta fue la importancia concedida a esta pequeña porción territorial por los estrategas estadounidenses y europeos que, inclusive, a mediados de la década de los años cincuenta del siglo pasado produjeron una guerra con la pretensión de unificar lo que el terror comunista había dividido. El modelo se replicó en la península de Indochina.
Tras la caída de la Unión Soviética, la suposición más sencilla sería argumentar que, una vez vencida la amenaza, Corea del Norte no tendría que representar peligró alguno más allá de los que su propio programa armamentista implicase. Después de todo, por un lado, Japón, Corea del Sur y una docena más de países en el Sudeste de Asia ya se afirmaban como extensiones voluntarias de los intereses comerciales y militares estadounidenses en la región; y por el otro, de las varias repúblicas que se fundaron tras el suicidio de la Unión Soviética, las cinco del Asia Central de inmediato se fundaron como satélites Occidentales.
Es decir, en la lógica anterior, con tanto Estado satélite conteniendo a Rusia —y en menor medida, a China— directamente en sus fronteras, controlar el territorio Norcoreano —cuando Corea del Sur, por su posición geopolítica, cubre todos los requerimientos que podría cubrir la porción norteña de la península— ya sería más un capricho que una verdadera exigencia estratégica para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en el planeta. Y en cierto sentido, hay algo de razón en lo anterior: alcanzar el territorio chino, desde la masa continental estadounidense, llevaría a Estados Unidos dieciséis horas; desde la isla de Guam, cinco; desde Okinawa, dos horas; y desde cualquiera de las Coreas, un par de minutos.
Y es que la velocidad de reacción ante una verdadera agresión en los márgenes del Sudeste asiático no es factor menor; no, por lo menos, desde la experiencia de diecinueve años de guerra en Vietnam. De ello dan cuenta tanto el Sistema de Defensa Área de Alta Altitud Terminal (THAAD, por sus siglas en inglés) —que en breve comenzará a instalarse en territorio Sudcoreano y que, además, ya fue declarado por Rusia y China como una abierta amenaza a su seguridad nacional—, como los treinta mil soldados estadounidenses emplazados en Corea del Sur y los treinta y cinco mil destacados en Japón (más los efectivos propios de ambos países y los resultantes de las diversas alianzas militares y de defensa mutua). El agravante aquí es que en Asia se encuentran tres de los centros financieros más importantes e influyentes del globo: las bolsas de Corea del Sur, de Japón y de Taiwan.
 Así pues, si bien la Unión Soviética ya no existe, Rusia y China aún cuentan con las capacidades suficientes para enfrentar al bloque atlanticista en la región. Y es que, por un lado, aunque China es hoy la economía que mueve los flujos comerciales, productivos y consuntivos del mundo, sus principales carencias se encuentran en el terreno tecnológico —en especial en lo concerniente a sus aplicaciones militares. Y por el otro, aunque a Rusia le faltan los flujos de capitales que le sobran a los chinos, sus ventajas sobran en el desarrollo armamentista. La cuestión es, en consecuencia, que aunque separados no podrían hacer mucho, los capitales chinos y el desarrollo bélico ruso, juntos, son un factor de gran potencia.
No es azaroso, por lo anterior, que en el último lustro China y Rusia hayan profundizado sus acuerdos comerciales y de cooperación y transferencia técnico-científica en materia militar. Por lo pronto, y ante la respuesta de Donald Trump a los ejercicios militares Norcoreanos, Putin visitará China en mayo y Xi Jinping llegará a Rusia en julio. La convergencia de intereses —antes inexistentes por el peligro que el Maoísmo observaba en el imperialismo soviético en el Asia continental— no cabe duda, es profunda: China enfrenta a Estados Unidos desde el Mar de Japón hasta el Mar de la China Meridional; mientras que Rusia lo contiene en su avance —a través y en conjunto con la OTAN— desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro.
Así, la seguridad de uno se convierte en parte integrante de la seguridad del otro. Y más aún cuando de proyectos tan ambiciosos como la Nueva Ruta de la Seda china o los Gsoductos rusos Nord Stream & South Stream aseguran la concentración de capital para chinos y rusos. En última instancia, lo cierto es que la derrota de uno implicaría una avanzada más intensa, más avasalladora del cerco occidental sobre el territorio del otro. Y si bien ni Rusia ni China se comprometerán a un despliegue bélico en defensa del otro a la primera provocación, sí es previsible que sus maquinarias financieras y de guerra se engranen con el objetivo de no permitir una mayor presencia de sus antagónicos.
Corea del Norte podrá ser un territorio muy pequeño como para que cualquiera de los dos hemisferios se atreva a desatar una guerra frontal en la península. No obstante, su valor geopolítico no se encuentra en la posibilidad de ser un territorio que Occidente, en general; y Estados Unidos, en articular sea capaz de ocupar: a la manera en que Israel funciona en Medio Oriente. Más bien, lo que se pone en juego aquí es que la existencia misma de Corea —y no su destrucción— representa un increíble potencial de rentabilidad política: mientras exista y Occidente lo considere un peligro para la paz global Estados Unidos y sus aliados podrán justificar su presencia militar en la zona: desde el desarrollo de cada vez más potentes armamentos hasta el emplazamiento de más y más efectivos y sistemas de defensa que cierren el cerco en torno de los dos gigantes: Rusia y China.
Tag :

Geopolíticas imperiales: el Cuerno de África

No es una casualidad que los espacios con la mayor cantidad y cualidad de recursos naturales sean, también, los puntos de mayor profusión de la violencia en el mundo. Productos de las dinámicas globales de producción y consumo materiales, de la centralización y concentración de la riqueza económico-financiera, los territorios desde los cuales se extraen las materias primas que mantienen en permanente crecimiento la comercialización de mercancías se distribuyen alrededor del mundo como una red de nodos de los cuales depende el extractivismo del capitalismo global.
No es azaroso, por consecuencia, que para Occidente los espacios-tiempos de mayor diversidad natural sean, asimismo, ejemplos arquetípicos de lo que significa ser un Estado fallido: Estados-nacionales que, de acuerdo con los ideólogos de la métrica axial occidental, proveen un especio de inigualable fertilidad para la proliferación de grupos terroristas, de redes dedicadas al crimen organizado internacional y de una vastedad de amenazas a la paz y la estabilidad de continentes enteros. Así pues, si bien es cierto que la importancia geopolítica y geoestratégica de una porción territorial se encuentra determinada por su funcionalidad para mantener la acumulación de capital en los centros neurálgicos de la economía-mundo, también lo es que esas porciones lo mismo se encuentran en la más remota y aislada comunidad indígena en América Latina que en la amplitud de los márgenes político-administrativos de una entidad estatal en el sudeste asiático.
 Por supuesto, dentro de la lógica y el discurso occidentales, las razones de ser y las causalidades que originan a cualquier estado fallido, alrededor del mundo, siempre son tautológicas, autorreferenciadas en el sentido de que tanto unas como otras se validan por remitir a la misma serie de juicios de valor, al mismo conjunto de operaciones explicaciones causales que hacen del tercermundismo, del subdesarrollo, de la barbarie y el atraso las fuentes últimas de toda desgracia que ocurra dentro de las fronteras del Estado en cuestión.
En este sentido, un Estado fallido lo es debido a que sus instituciones públicas son débiles, a que sus instrumentos de participación política son insuficientes, poco actuales y viciados de origen; a que la construcción de ciudadanía aún se encuentra en ciernes, a que carece de una clase política profesional que se encargue de dirigir al país, a que la barbarie de su pasado colonial aún no es superada por la modernidad y el progreso y, sobre todo, a que el modo de producción, en su conjunto, aún no se encuentra organizado de la manera en que lo está en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, etcétera. Por eso un Estado fallido siempre es producto de sí mismo, de su resistencia a civilizarse y modernizarse.
Fuera de foco queda, en tales explicaciones, el valor geopolítico con el que se reviste a cada territorio. Y más aún, cuando el espacio-tiempo del mismo es, por su posición en el globo terráqueo, disputado por diversos Estados-nacionales, grupos empresariales, comunidades autóctonas y estratos sociales. Tal es el caso de aquellos espacios de los cuales se extraen diversas materias primas estratégicas para sostener el patrón de producción y consumo globales: los minerales estratégicos, por ejemplo; denominados así por el grueso de las economías centrales debido a que de su obtención depende el funcionamiento de grandes porciones de una o varias industrias, aunque de manera primordial aquellas relacionadas con la informática y el desarrollo de tecnologías de punta. Pero no sólo, pues lo estratégico de cada recurso natural deviene de su importancia tanto para la satisfacción de las necesidades de una población determinada cuanto para la exponenciación del lucro obtenido por su comercialización.
África, por lo anterior, es un continente en permanente disputa por los grandes capitales y complejos estatales, científicos y militares de todo el mundo: su masa territorial concentra alrededor del 81% de las reservas de cromo globales; pero también, y en la misma escala planetaria, alberga más del 50% de los yacimientos de cobalto, 52% de las reservas de manganeso y 13% de las de titanio: todos, materiales de vital importancia para la producción de gran maquinaria, en general; pero para el continuo desarrollo de aleaciones metálicas imprescindibles para las industrias de las telecomunicaciones, aeroespacial y militar, en particular.
Estados Unidos, por ejemplo, de un listado de sesenta elementos indexados, tanto por los Departamentos del Interior y de Seguridad Nacional como por la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso, como minerales estratégicos para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en el mundo, depende en más del 60% de sus importaciones de treinta y nueve elementos —de los cuales, veintitrés se encuentran en el rango de 90% a 100% de dependencia del exterior. A ello se suman las reservas de oro y diamantes, las forestales, las acuíferas y, por supuesto, las concernientes a la enorme diversidad de especies animales y vegetales de las cuales dependen los complejos farmacéuticos.
Ahora bien, si se entiende que la operación de los servidores que permiten el funcionamiento del internet dependen del cobalto, que la producción de smartphones lo hace del litio y del cobre, que la industria eléctrica y la automotriz lo hacen del cromo, del titanio y el aluminio; que la síntesis de vacunas y nuevos medicamentos para viejas y nuevas enfermedades lo hace de los químicos presentes en diferentes especies de flora y fauna, etc., se comprende, también, que son imprescindibles, por un lado, la participación del capital privado en las cadenas de producción y suministro de las materias primas y sus derivados; y por el otro, el aseguramiento, tanto presente como futuro, de los espacios en los que se encuentran los recursos naturales, de la actividad empresarial, y de las rutas por las cuales transitan esas mercancías.
De aquí que el número de actores, de poderes, locales, nacionales y extranjeros en confrontación en un espacio-tiempo de vastos recursos naturales sea un factor definitivo en la comprensión de los porqués de los Estados fallidos. Porque contrario a las posiciones mainstream en torno del tema, lo fallido de cualquier Estado no es una condición dada en los genes de los individuos que conforman su sociedad. Más bien, lo que se encuentra en juego en cada uno de esos Estados es la posibilidad de que unos u otros poderes controlen la actividad productivo/consuntiva que se deriva de los recursos naturales albergados en el territorio, de la posición de tránsito del mismo, o de ambos.
Tal es el caso de Somalia, en África, un país localizado en el Cuerno de aquella masa continental que, sin importar el índice —cuantitativo o axial— al que se recurra, siempre se coloca dentro de las últimas diez posiciones del total de la muestra abarcada: ya sea en sus niveles de corrupción, de violencia, de empobrecimiento, de alimentación y salud, de educación, de ingresos monetarios, etcétera.
El caso de Somalia, lejos de representar una excepción a la regla dentro de los mecanismos que las grandes economías occidentales emplean para fabricar Estados fallidos, significa un caso paradigmático que ejemplifica la enorme cantidad de intereses en juego y la violencia tan avasalladora que se emplea para asegurar esos mismos intereses. En primera instancia, al margen de las reservas de recursos biológicos y otros minerales estratégicos con las que cuenta el país, Somalia alberga enormes yacimientos de gas y petróleo que colocan a su territorio como una de las principales fuentes de energía tanto para Europa como para Asia, después de todo, África, en términos de extraxctivismo, funciona para esas dos masas continentales a la manera en que América Latina lo hace para Estados Unidos.
En segundo lugar, su posición geográfica es estratégica para mantener las rutas comerciales marítimas que conectan a Asia y a Europa por el océano Índico: tanto, que sólo otros siete puntos alrededor del mundo gozan de la misma condición que este país. En efecto, colindando al Norte con el Golfo de Adén, Somalia es uno de los tres territorios — junto con Yibuti y Yemen— de los cuales depende que el oil transit chokepoint de Bab el-Mandeb permanezca abierto al tráfico comercial que rodea a la península arábiga y que conecta al sudeste asiático con el mar Mediterráneo.
Esa posición no es nada despreciable en términos geopolíticos: únicamente por concepto de tráfico petrolero, por el estrecho de el-Mandeb se mueven 3.8 millones de barriles diarios y transitan entre doscientos y trescientos millones de toneladas del hidrocarburo. Nada más los estrechos de Malaca, entre Indonesia y Malasia, y de Ormuz, entre los golfos Pérsico y de Omán, mueven mayores cantidades de energéticos de las que se mueven por las costas somalíes. De aquí que cualquier alteración en los flujos comerciales de las rutas que atraviesan el estrecho hacia o desde el canal de Suez implique la posibilidad de cortar el abastecimiento de energéticos a ambos lados del océano Índico, pero también, el encarecimiento de los costes de transportación, toda vez que sería necesario rodear al África o trasladar las mercancías por las conflictivas tierras del Oriente Medio.
Basta con observar los actores que se encuentran en disputa en la zona para percibir la manera en que, desde hace por lo menos una década, empujan el reacomodo de las orbitas geopolíticas de los grandes imperios en la zona. Por un lado, la presencia de Estados Unidos es indiscutible en el Cuerno de África desde la crisis de Suez. Con presencia de capitales privados y bases militares permanentes, la Caída del Halcón Negro y el hecho de que nueve (de nueve) presidentes somalíes hayan estado directamente vinculados con los servicios de inteligencia estadounidenses, hayan sido ciudadanos o empresarios de la misma nacionalidad no son más que el corolario de una larga historia de dominio colonial mantenida desde el Congreso de Berlín, en 1885.
Por supuesto no es, por ello, azaroso el que la intervención militar directa de Estados Unidos se haya dado dos años después de haber encontrado grandes yacimientos de hidrocarburos. Como no lo es, tampoco, el que las dos presidencias de Barack Obama se hayan caracterizado por el incremento permanente de presencia militar en el país, por la intensificación de los ataques en contra de civiles por vehículos no tripulados y por la profusión de ayuda humanitaria materializada en armamento y entrenamiento militar.
Pero Estados Unidos no es el único Estado interesado en mantener su hegemonía en la zona. A la intensificación de las operaciones especiales estadounidenses en la zona han seguido, por un lado, el posicionamiento de bases militares chinas en la vecina República de Yibuti —bastión militar estadounidense por antonomasia. Por supuesto la diplomacia China disfrazó el acto de la misma manera en que lo suelen hacer Francia, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido: apeló a un nombre políticamente más correcto y afirmó que la Base Logística solo serviría para propósitos humanitarios ligados al actuar de los cascos azules. Está demás señalar que el-Mandeb implica una importancia geoestratégica tan importante para china como la que representa Malaca.
Por el otro, y previsiblemente como respuesta a la expansión china en la zona, siguieron, también, tanto el reforzamiento japonés de la que también es su primera base militar de ultramar como la construcción de una base en la zona por parte de los saudíes. Y si bien la presencia militar japonesa es respuesta directa a la china, mientras que la saudí lo es a la influencia iraní post-acuerdo nuclear, ambas acciones se concatenan con la sangrienta intervención armada de Saudi Arabia en el vecino Yemen.
Somalia, Yemen y Yibuti son territorios indispensables para mantener cualquier orbita geopolítica imperial en la zona. Y la cuestión de fondo es que lo fallido que Occidente observa en ese Estado no cesará de regir en tanto la confrontación de los intereses comerciales que envuelven a la ruta comercial de el-Mandeb tampoco cese. Utilizar el argumento de combatir a la piratería local como pretexto para intervenir la zona en forma militar —cuando la piratería en el Cuerno de África es a Somalia, en tiempos de Trump, lo que Al-Qaeda fue a Afganistán en tiempos de Nixon— no hará más que escalar los dispositivos mediante los cuales se sigue empobreciendo a las poblaciones locales y fortalecer a los Señores de la Guerra que aplican dichos dispositivos.
Tag :

Operación Venezuela Free-2: democracia e intervención militar

No es secreto que la acepción dominante que se tiene sobre la idea de democracia es avasallante en el sentido común de sendos sectores de la población mundial a pesar de ser un constructo que, en su pura y vacía enunciación, vela dinámicas sociales más densas y profundas, en torno de las cuales ese common sense articula concepciones de libertad tan abstractas que se da por sentado que la cotidianidad de la vida humana se desarrolla fuera de cualquier dispositivo de sujeción; abstraída o ajena a cualquier tecnología de poder capaz de dirigir el comportamiento comunitario e individual.
La democracia, en ese sentido, lleva mucho tiempo construyéndose alrededor de la idea de que los individuos son libres de elegir a sus representantes populares; que quienes resultan electos son detentores legítimos de una suerte de mandato comunitario general; y que la trasferencia de voluntades desde el vulgo hacia sus clases ilustradas es una cesión de derechos y obligaciones —pero también de virtudes y escalas axiales— incorruptibles, inmodificables, intransferibles e imperturbables. La democracia, pues, es reproducida en las conciencias colectivas, de manera sistemática, a partir del encadenamiento, de una serie de verdades tautológicas, autorreferenciadas.
Así, en toda democracia de corte occidental la libertad es verdadera por que también es verdadero el hecho de que el individuo tiene la posibilidad, el ejercicio efectivo de elegir entre una variedad finita de opciones electorales; pese a que esas opciones siempre se extraen de los mismos estratos sociales, bajo las mismas formulas y directrices de designación y, sobre todo, como resultado de un proceso de preselección e imposición. La legitimidad de esta operación, por su parte, es verdadera porque verdadero es el proceso de transferencia de la voluntad individual y popular; toda vez que quien resulta electo estaría aceptando, de antemano y por el tiempo-espacio que comprenda su mandato, renunciar a sí mismo con tal de ser un mero portador de una identidad y una historia que le es ajena.
A manera de simplificación, lo verdadero lo es sólo por la verdad contenida en ello; sin importar los procesos, las dinámicas y las escalas sociales desde las cuales surgen, se (re)producen esas verdades evidentes, de sentido común. El problema, no obstante, es que la verdad no es una propiedad de los objetos, los sujetos o las relaciones que se establecen entre ellos mismos o entre los primeros y los segundos. Por lo contrario, la verdad es un campo de generalidad, un espacio y una relación de poder construida a partir de un conocimiento, de un saber específico; siempre soportado, mantenido y ejecutado a través de una red mucho más amplia, general y difusa de canales institucionales.
La democracia occidental, de corte liberal, procedimental, electoral, representativo, por lo anterior, no es verdadera porque esta propiedad le sea inherente, sino que se impone, se discurre y se formaliza como verdad porque la matriz desde la cual es engendrada como tal descalifica, elimina, minimiza, aísla o excluye al universo de posibilidades democráticas que no son una continuación o la mimesis perfecta de la definición, de los valores y los ciclos procedimentales que la sustentan en Occidente. Y por ello, asimismo, se argumenta que la manipulación mediática, el direccionamiento de las conciencias de los individuos sólo es posible fuera del marco de la democracia auténticamente occidental: porque, de acuerdo con la lógica de Occidente, sólo el comunismo cubano, el socialismo latinoamericano, el sovietismo ruso, el fundamentalismo islámico, etc., son capaces de adoctrinar mentes, de crear posverdades —lo que sea que eso signifique para los posmodernistas que elaboraron la palabrita—, de reproducir fake news o de influenciar las decisiones originales de los electores sustituyendo su voluntad propia por una ajena.
Por eso, para las sociedades producto del pacto intelectual que defiende la triada liberté, égalité, fraternité, las palabras y las cosas sólo están cargadas con un sentido amoral, con un campo semántico perverso cuando ellas provienen de espacios-tiempos diferentes a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania o similares. Y entonces, cuando en América Latina se discurre sobre la democracia obedencial, sobre la democracia del pueblo o con justicia social (más que como mecanismo de elección periódico), en Occidente el discurso se traduce como verborrea populista, en el mejor de los casos; o como pura y llana ignorancia sobre qué es democracia, en el peor.
La República Bolivariana de Venezuela, a propósito de lo anterior, es un caso paradigmático al momento de observar los canales a través de los cuales, en las sociedades desarrolladas, se interiorizan series y series de discursos articulados a un único proyecto de civilización que subalterniza a todos los demás. Así, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidió suspender las prerrogativas de la Asamblea Nacional —a causa de una violación constitucional cometida en la toma de protesta de tres asambleístas en las últimas elecciones—, pese a haber sido un fallo supeditado al estricto seguimiento de los ordenamientos jurídicos y la legalidad que la oposición venezolana argumenta proteger de los embates del autoritarismo chavista, fue condenado sin ambages como un auto-golpe de Estado.
Porque, de acuerdo con sociedades autodeclaradas auténticamente democráticas y respetuosas de los derechos humanos—México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia; baluartes del neoliberalismo en la región, by the way—, la decisión rompe con un sistema de pesos y contrapesos pensado para evitar cualquier rastro de autoritarismo. Macri, para este discurso hipócrita en defensa de la democracia latinoamericana, es un presidente demócrata pese a haber ejecutado cada política pública en sentido contrario a las propuestas de su campaña; Temer, aunque llegó a la presidencia marcado por su participación directa en los mismos casos de corrupción de los que se acusó a Rousseff —orquestando un proceso legislativo viciado de origen— sigue siendo un presidente legítimo y constitucional; y Enrique Peña Nieto, con todo y que llegó a la presidencia con el voto del 38% del electorado (20% de la población total), que ya superó los índices de homicidio de su antecesor, Felipe Calderón, y con todo y que su agenda de reformas estructurales sigue siendo rechazada por sendos sectores sociales, de manera permanente, se sigue presentando como legítimo detentor de la soberanía popular, fiel defensor de los derechos humanos, y portavoz de todos los mexicanos.
En forma más sínica aún, los gobiernos de estos países acusan el resquebrajamiento del orden constitucional venezolano, condenan la lamentable decisión del Tribunal Supremo y hacen votos porque la comunidad internacional interceda por la sociedad venezolana ante el autoritario chavismo de Nicolás Maduro fingiendo que sus propios presidencialismos no son producto de la ininterrumpida cooptación de otros poderes públicos y órdenes de gobierno: fingiendo que el corporativismo, el clientelismo, y la permanente rotación de políticos en posiciones locales y federales, en centrales sindicales y ministerios de Estado, en puestos de elección popular y gerencias de grandes capitales privados son pura fantasía de anarquistas, comunistas y socialistas que pretenden desvirtuar lo virtuoso.
Pero hay algo más, en mayor o menor grado, dependiendo del gobierno del que se trate, más allá de la evidente afinidad neoliberal que los identifica como parte de un mismo bloque regional, los primeros gobiernos en fila para amedrentar a los productos de ciclo latinoamericano de izquierda progresista se encuentran hermanados por el hecho de ser consecuencia directa del intervencionismo estadounidense. Y Venezuela, de nueva cuenta, gracias a la enorme cantidad de sus reservas energéticas, es una pieza estratégica para mantener la dominación de espectro completo de Estados Unidos en la región.
El 25 de febrero de 2016, pocos meses después de que se llevaran a cabo las últimas elecciones parlamentarias en Venezuela, el Almirante Kurt W. Tidd, Comandante del U.S. Southern Command (SouthCom) de Estados Unidos, presentó un documento de inteligencia titulado Venezuela Freedom-2 Operation —elaborado con la cooperación de la Organización de Estados Americanos— en el cual la tesis central es básica del imperialismo estadounidense: implementar una enfoque de cerco y asfixia sobre la sociedad y el gobierno venezolanos que termine por deponer el actual orden social.
El texto, en sí mismo, no es extraordinario, o algún tipo de excepción a la regla dentro de la doctrina castrense de Estados Unidos. Por lo contrario, es uno más del millar de planes que anualmente se producen en los centros de inteligencia del país con miras a intervenir en diferentes espacios-tiempos del globo terráqueo. El que en éste se cuente con la participación directa de la OEA en su elaboración, y con la de varios miles de organizaciones de la sociedad civil para instrumentarlo y operacionalizar su contenido, tampoco lo es.
Más bien, lo que llama la atención del informe es lo específico de sus acciones. Dividido en dos secciones: una fase preparatoria de las condiciones que posibiliten la deposición del gobierno y una más de concreción, dominio y reconstrucción social bajo la óptica neoliberal, al mando de Estados Unidos; el documento coloca un fuerte énfasis en que el logro de los objetivos planteados depende, en su mayoría, a una efectiva campaña mediática que permita instalar en la conciencia de diversas poblaciones un sentido común sobre el carácter autoritario, despótico y nocivo del gobierno de Maduro.
Por ello, en los cinco puntos que componen la etapa preparatoria del contexto priman: a) evidenciar el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro; b) emplear el mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que justifique el desarrollo de la política venezolana de Estados Unidos teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América; c) aislar a Venezuela de la comunidad internacional y descalificar a su gobierno como un sistema no democrático, que no respeta la autonomía y la separación de poderes; d) generar un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y; e) colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU.
La idea aquí es vieja y, de hecho, se encuentra en el fundamento mismo de la Carta de las Naciones Unidas: la intervención extranjera con carácter humanitario, y la deposición de gobierno por medio de la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de sus gobiernos (R2P). Por eso no sorprende que la OEA se encuentre en una intensa campaña de promoción de la carta democrática, o que presidentes en funciones y exmandatarios de corte liberal rindan pleitesía a Luis Almagro con su propuesta.
La cuestión es que la comunidad de inteligencia estadounidense no es ingenua: dentro del propio reporte se reconoce que si bien se busca transitar por un camino velado en la legalidad y el sistema electoral, es imperante comenzar a recurrir, de manera más intensa, a movilizaciones de calle, de grupos empresariales y disidentes en el ramo castrense. Por ello se plantea la necesidad de emplear diversos componentes operacionales del SoutCom: el Comando de Operaciones Especiales Sur, el Joint Task Force-Bravo y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur; que prioricen el empleo de fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica —establecidos en la directriz Joint Vision 2020.
Así, operar una serie de protestas y escenarios que desestabilicen a la población, a través de la opositora Mesa de Unidad Democrática, se vuelve indispensable: porque si bien la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución de la Operación Venezuela Freedom-2 se encuentra a cargo del Comando Conjunto estadounidense, el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas; de ahí que los costos de la intervención armada sean transferidos a esta coalición.
Bajo esta perspectiva, el enfoque a aplicar por el Comando Sur se emplea bajo la estrategia de cerco y asfixia: utilizando a la Asamblea Nacional como tenaza que, previo a la caída de Maduro, obstruya la actividad gubernamental del resto de los poderes públicos; que en el proceso de transición asegure un gobierno de coalición con fuerzas empresariales y grupos políticos afines a Estados Unidos; y que tras el golpe impida que las fuerzas chavistas se reagrupen. Por eso se insiste en que se debe debilitar el núcleo ideológico del chavismo heterodoxo filiando su doctrina a las peores concepciones comunistas del siglo pasado; como una ideología opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado.
 Claro que todo esto no es nuevo. Desde la muerte de Hugo Chávez el cerco en torno de Venezuela se ha ido acrecentando y aproximado cada vez más. La crisis humanitaria en la que se encuentra ahora el país, debido a la escasez de diversos productos y servicios, por ejemplo, no es cuestión de pésimas decisiones gubernamentales (por lo menos no en solitario). De suyo, dicha crisis lleva impresa la marca que los cubanos han vivo durante medio siglo: un férreo bloqueo comercial que, como sucedió con Salvador Allende, en Chile, de la mano de la burguesía nacional crea un ambiente de escasez artificial.
De aquí que, cuando pomposamente se acusa al régimen autoritario de Nicolás Maduro sea imperante lograr distinguir que la batalla por la democracia en Venezuela no es un asunto de votos, casillas y procedimientos de pretendida libertad electoral: lo que se juega en el país es mucho más que eso. Y la realidad es que si esta sociedad aún no sucumbe no es —por lo menos no en su parte toral— debido a las decisiones gubernamentales —por demás desatinadas en algunas ocasiones, dogmáticas en otras, carentes de contenido crítico, en las más—; sino al proyecto compartido de millones de venezolanos consientes que el tema no es la democracia, sino las múltiples democracias que cada sociedad se puede dar; todas con un contenido social y político diferente.
En la defensa de las democracias alternativas de América Latina, por supuesto, no se trata de ser dogmático con sus gobiernos: intentando defender lo indefendible en sus errores y exaltando sus aciertos. Simple y llanamente se trata de saber cómo, cuando se trata de las reivindicaciones latinoamericanas, la historia de asedio se repite invariable. Los mecanismos de desestabilización cambian de acuerdo al contexto en el que se den, cierto. Sin embargo, el manual de operaciones sigue siendo el mismo. Y es que cuando se trata de las venas abiertas de América Latina, la historia tiene un gran peso que, por ningún motivo, debe ser demeritada, ni mucho menos menospreciada sólo porque la agresión directa se encuentra velada por el sentido común de palabras vacías como libertad y democracia.
Tag :

La conquista de la conciencia por las armas y la hegemonía estadounidense

No deja de ser un hecho trágico el que la reacción general ante la propuesta del presidente estadounidense de incrementar cincuenta y cuatro mil millones de dólares al gasto en defensa de su país sea el de la interminable tautología de los peligros que representa el relanzamiento de una nueva carrera armamentista; como haciendo que el mundo retorne a los años de la Guerra Fría. Ello, no porque toda empresa militar no suponga un riesgo, por lo menos, para algunas poblaciones que habitan el planeta, o porque no conlleve la posibilidad de extinguir la vida alrededor del orbe. Más bien, es trágico porque muestra, por un lado, el completo desconocimiento de la cerrara armamentista en curso; y por el otro, lo catastrófico de interiorizar la violencia armada y la amenaza nuclear permanentes como condiciones sine qua non de pacificación y estabilización social.
Y es que, en efecto, basta con mirar las primeras planas de la prensa mainstream —como The New York Times, El País, Le Fígaro, The Economist y The Financial Times— para advertir el tono catastrófico con el que la noticia del presupuesto militar estadounidense es tratada; reproduciendo la falsa concepción de que la era anterior a la presidencia de Donald Trump es la del paradigma pacifista, concertacionista y colaboracionista que caracterizaría a Estados Unidos; esto es, el tiempo de la diplomacia, los acuerdos institucionales y la cooperación internacional para el desarrollo como núcleo axiológico que rige la manera en que la mayor potencia militar del orbe se relaciona con el resto de los Estados-nacionales.
La cuestión es que cada señalamiento que se esgrime para acusar al presidente estadounidense de forzar una carrera armamentista que traería consigo de vuelta a las peores experiencias bélicas de la Guerra Fría se sustenta, de un lado, en la afinidad ética que el observador establece con los responsables de las políticas públicas; y por el otro, en el carácter relativo que la comparación del actual presupuesto con los de Barack Obama expresa. Así pues, no deja de llamar la atención que, pese a que el incremento presupuestario de Donald Trump no es, ni de lejos, el de mayor envergadura en todo lo que va del siglo XXI, sí es el que más se condena. Pero no porque en esta ocasión Trump esté introduciendo cambios cualitativos o cuantitativos monumentales en el aparato de seguridad de su país, sino porque el vínculo ético que los observadores establecen con peste es el del pleno rechazo a la personificación de todo lo que se supone no son los valores occidentales de igualdad, libertad, multiculturalidad, tolerancia y democracia.
El sesgo, siempre objetable, que se presencia en términos del armamento nuclear que amenaza la continuidad de cualquier forma de vida en la tierra lo ejemplifica. De los ciento noventa Estados parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, de 1970, cinco, pese a haberlo firmado y ratificado, poseen los inventarios más cuantiosos de armamento nuclear en todo el globo. Tres de ellos, por supuesto, son democracias occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido); y sólo dos forman parte del antagonismo histórico a todo lo que representa Occidente (Rusia y China). La cuestión de fondo aquí es que, para ese mismo Occidente, sólo los armamentos de Rusia y China —aunado a los de Corea del Norte, Irán y Sudán del Surson sinónimo de un estado de permanente inseguridad; la indisoluble amenaza que atenta con extinguir toda forma de vida civilizada que no congenie con el autoritarismo inmanente de sus regímenes políticos. Pero por cuanto a las cabezas nucleares de los otros tres miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —adicionales a las de Israel—, la ecuación se invierte: la afinidad ética de los analistas y las poblaciones Occidentales observan en esas armas la garantía de la paz y la estabilidad globales.
Lo mismo ocurre, claro está, con el resto de los componentes que conforman los complejos científicos-militares de cada Estado. Los ejércitos de occidente son la garantía que preserva la continuidad de la democracia frente a sus enemigos ideológicos, las aplicaciones bélicas de agentes químicos en Estados Unidos e Israel son la póliza de prevención ante las armas biológicas de sus enemigos, y las guerras, siempre declaradas bajo la bandera de la libertar, la igualdad y la fraternidad entre los humanos y sus sociedades son las guerras del estándar moral que toda la humidad debe seguir; so pena de ser objeto de una campaña bélica en caso de negarse.
El problema con el razonamiento anterior es que ignora, niega e invizibiliza el hecho de que en la aplicación de la técnica bélica por parte de una sociedad sobre otras lleva, de suyo, la puesta en marcha del proceso de imposición de un proyecto civilizatorio construido sobre y alrededor de una única expresión subjetiva: la del vencedor. De aquí lo trágico y lo verdaderamente catastrófico que es el que la humanidad se encuentre inmersa en una lógica que concibe en la servidumbre la igualdad formal entre los individuos, en la desigualdad, la igualdad; en la guerra, la paz; en las elecciones dirigidas, la democracia; en las dictaduras latinoamericanas, democracias populares y; en la violencia de las armas, la tranquilidad de la seguridad individual.
De lo anterior se deriva, también, la falacia inscrita en el cortoplacismo de los análisis que comparan a los gobiernos de Obama con la gestión de Trump. Porque ignoran que ya durante su gestión, el entonces presidente Obama, con la venia del Congreso, gastó en seguridad y defensa más de lo que la administración Trump tiene contemplado erogar; o que el propio Barack Obama —premio Nobel de la Paz— ya contemplaba un incremento de treinta y cinco mil millones de dólares, en ambos rubros, para su último año fiscal. Por ello, incluso si el Congreso aprueba a Donald Trump un excedente de cincuenta y cuatro mil millones de dólares, en términos absolutos, dicho incremento únicamente representará alrededor de diecinueve mil millones de dólares más de lo que Obama gastó.
Y aún hay más. Incluso si la erogación propuesta por Trump se hace efectiva, ello no cambia en nada el hecho de que hoy, a diecisiete años de comenzado el siglo XXI, Estados Unidos sigue teniendo el mayor número de poseedores privados de armas. En este sentido, Estados Unidos, con únicamente el 4.43% de la población mundial ostenta el 43% del total de armas de circulación legal alrededor del mundo —la cifra ilegal es más difícil de establecer. Y lo cierto es que ello no sorprende: la industria armamentista le reditúa a la economía estadounidense más de seis mil millones de dólares anuales y alrededor de doscientos mil empleos directos en el país.
Quizá por todo lo anterior valga preguntar si la solicitud presupuestal del presidente Donald Trump es realmente un cambio cualitativo en la operación del aparato de inteligencia, de seguridad y de defensa estadounidense o si la atención que dicho acto recibe se debe más a la aparente negación, que su persona representa, de todo cuanto Occidente significa —y sí, aparente, porque en otras latitudes de Occidente las formas de Trump son replicadas bajo criterios políticamente más correctos.
Después de todo, con el 22% del Producto Interno Bruto global, Estados Unidos sigue siendo, el Estado con la mayor erogación en ámbitos de inteligencia, militares y de defensa: su gasto en estos rubros es de poco más de un tercio de las participaciones globales, muy por encima de los presupuestos de la Unión Europea, Rusia y China juntos, constituyendo otro tercio; y del tercio restante en el que se engloban al resto de los Estados. Por eso no sorprende que, contrario a lo que señala la sabiduría popular, sean las democracias occidentales —esas que más afirman defender la libertad, la paz, la igualdad y la fraternidad entre las naciones— las que concentren arriba del 68% del total mundial en gasto bélico —apenas doce puntos porcentuales por debajo del máximo erogado en 1995.
Estados Unidos no ha dejado de abultar su presupuesto bélico en todo lo que va del siglo XXI. Desde los atentados del 11 de Septiembre, el gobierno federal ha mantenido el promedio de seiscientos mil millones de dólares dedicado a ese rubro. Y un punto interesante aquí es que, por un lado, arriba del 60% de ese gasto se va a la renovación constante de equipo como tanques, aeronaves, vehículos terrestres y marítimos etc.; y por el otro, que un porcentaje similar sea el que concentra la Armada, por encima del ejército de tierra y aéreo.
El dato del gasto en equipo es interesante porque pone en perspectiva lo importante que es la industria militar, en un proceso de constante e interminable renovación, para mantener activos grandes flujos de capitales —que Estados Unidos sea el primer exportador de armamento no es fortuito. Pero el segundo dato es aún más interesante porque permite visualizar la manera en que ha crecido la potencia marítima estadounidense en un mundo en el que, de acuerdo con las directrices castrenses de sus colegios de guerra, la principal condición para mantener la existencia de Estados Unidos es asegurar los flujos económicos y financieros de todo el mundo. Así pues, si la prioridad manifiesta de la administración Trump es potenciar la actividad comercial de su país, el correlato oculto de esa narrativa es la exigencia de asegurar militarmente los puntos de extracción de materias primas, de maquilación de manufacturas y de mercados de importación.
Tag :

Militarización, armamentismo y control estratégico en México

Dentro de los flujos de información dedicados al análisis de los programas armamentísticos internacionales, una constante es centrar la atención en las directrices que siguen los grandes complejos castrenses en Oriente y Occidente, principalmente en países como Rusia, Estados Unidos, China, India y Alemania. Ello, por sí mismo, no representa sorpresa alguna: la inercia de tales investigaciones se encuentra atravesada por la experiencia histórica en la que un par o dos de potencias se enfrentaban de manera directa, o a través de una carrera armamentística sin límites cualitativos y cuantitativos definidos. Basta con pensar en los conflictos que saturaron la realidad europea, desde las guerras napoleónicas y la reunificación alemana hasta la segunda guerra mundial, o en la profusión de proyectos nucleares aplicados al campo bélico, en los años que siguieron, para advertir que, por regla general, la humanidad tiende a ver en esos grandes desarrollos científico-militares una amenaza insorteable para la continuidad de la vida en el planeta.
Sin embargo, lejos de esas macroestructuras, apartados de esos grandes y definibles conglomerados armamentísticos a través de los cuales se expresan el imperialismo y el colonialismo, se desenvuelven intercambios igual de importantes que los primeros, pese a que son menos perceptibles o, en todo caso, menos interesantes para los analistas de las corrientes del Great Power Politics. Y es que al margen de las corrientes de armamento ilegal que siempre se mueven como sombra irrenunciable de los marcados lícitos, los programas de armado y militarización de la vida en sociedad —eufemísticamente nombrados como programas de cooperación e intercambio en materia de seguridad— que se mueven en dirección Norte a Sur (globales) cumplen una función aún más devastadora, por difusa, que la de cualquier conflicto directo entre potencias.
Así, por ejemplo, resulta imposible comprender la violencia que las poblaciones africanas viven bajo el avasallamiento de (lo que Occidente engendró, en el proceso de colonización del continente, y ahora denomina con plena corrección política como) los señores de la guerra sin antes observar que justo los principales proveedores de esos regímenes son los capitales occidentales, públicos y privados. Y es que, contrario a la creencia generalizada de que la violencia que se desenvuelve sobre estas sociedades nace, vive, se replica y muere con el ciclo de vida y en perfecta mimesis con las perversiones de la psique del caudillo, la certeza de la muerte y del suplicio corporal es consecuencia de la (re)producción estructural del modo de producción y consumo moderno capitalista.
En efecto, la violencia del mundo no es el resultado de un proyecto inacabado de mecanismos de concertación, diálogo, medición o negociación realmente civilizados, tampoco es obra de una supuesta irracionalidad hospedada en lo más profundo de mentes retorcidas. Por lo contrario, la violencia del mundo —y sobre todo, en la periferia de la economía-mundo— es la obra, por completo racionalizada, de un proyecto de civilización (con pretensiones universales, de totalización de la vida en una única dimensión existencial) que se enfrenta, de manera permanente, con una multiplicidad y una heterogeneidad de formas políticas, culturales, de producción y consumo materiales que se resisten a su avance. Es decir, es el medio y la condición lógica de la incesante imposición de una manera muy particular de entender, de vivir y estar en el mundo que subsume, alteriza, elimina y/o excluye cualquier otra expresión de la socialidad humana que no esté basada en la escala axiológica de aquel proyecto uni-versal, o en la reproducción del valor tal y como en él se perpetúa.
En este sentido, asegurar diferentes espacios-tiempos alrededor del planeta dentro y alrededor de los cuales se desdoblan procesos productivo/consuntivos y cadenas de suministro es vital para el mantenimiento tanto del ese proyecto inacabado de civilización como para la continua acumulación y centralización de capital. No es, por ello, una casualidad que la periferia del globo sea la región con los mayores índices de violencia física, así como tampoco lo es que la experiencia histórica de sus poblaciones esté plagada de dictaduras cívicas y militares, regímenes de partidos hegemónicos, autoritarismos personalistas, señores de la guerra, conflictos religiosos, ambientales, culturales etcétera. Porque en el centro de cada uno de esos conflictos siempre se encuentra en juego la posibilidad de que las comunidades originarias mantengan su propia existencia.
La violencia en la periferia no es de un tipo que siempre se encuentre determinada en última instancia por la incapacidad de sus sociedades de avanzar hacia formas sociales, económicas y políticas más modernas, más civilizadas, incluyentes, pluralistas, tolerantes y democráticas. Son los recursos naturales —necesarios para mantener una sociedad de consumo—, y la necesidad del capital de externalizar sus costos y los desechos de su actividad, lo que requiere el constante avasallamiento de comunidades autónomas. Porque de la obtención y el flujo constante agua depende la vida de una sociedad, pero también porque del tráfico ininterrumpido de combustibles lo hace el movimiento comercial, porque del tránsito de especies vegetales y animales dependen los procesos químicos de farmacéuticas, y de minerales estratégicos lo hacen los avances de la informática y nuevas tecnologías afines.
Así pues, si bien el capital privado siempre está en posibilidades de emplear sus propios cuerpos de aseguramiento estratégico (compañías de seguridad privada, mercenazgo y similares), en términos de la actividad gubernamental —por cuanto garante principal de la propiedad privada— siempre es importante observar los flujos de armas que los cuerpos castrenses del Estado adquieren y en qué contexto lo hacen. México, por ejemplo, cerró el último lustro con una adquisición de armas que cuadruplicó la cantidad registrada para los cinco años precedentes; esto es, que entre 2012 y 2017 el gobierno mexicano se hizo de un 331% más armamento que entre los años 2006-2011; los más cruentos de la guerra en contra del narcotráfico.
Ese solo dato ya es relevante por sí mismo, en abstracto: una mayor cantidad de armas siempre implica una mejora cualitativa y cuantitativa de las capacidades técnicas, operacionales de los cuerpos militares del Estado —inclusive si el proceso se da en el marco de un programa de renovación de inventario. En términos cualitativos, la renovación o adquisición de nuevas armas conlleva, de suyo, la necesidad de volver más certera la actividad de los efectivos militares: volverlos más precisos, con mejores resultados, a un menor costo y con un margen de bajas castrenses reducido. En el plano cuantitativo, implica una mayor demanda de la actividad militar en la sociedad, es decir, que más armas circulando significa más militares en operaciones. El problema es que cuatrocientos noventa y cuatro millones de dólares anuales en compras de armas no se lee en abstracto.
En primer lugar, el mayor proveedor de la presente administración federal en México es Estados Unidos. Ello, comparado con el resto de América Latina, muestra que el país es el único de la región que se desprende de la tendencia de contar con Rusia como principal oferente. Así pues, es claro que México sigue siendo prioridad dentro de la órbita imperial estadounidense, y que en términos bélicos no sólo es la sujeción del gobierno mexicano a la industria de ese país, sino que también va incluido el adiestramiento, el adoctrinar a los efectivos en el uso de las armas que le compran a sus capitales privados y públicos.
En segundo, no debe dejar de observarse que el equipo comprado no es cualquier aditamento: las características de las adquisiciones mexicanas hechas a Estados Unidos son las del tipo de arma que se requiere para hacer frente a enemigos difusos, o lo que es lo mismo, para desplegar actividades de contrainsurgencia. Por supuesto el analista promedio sustrae del dato que el motivante es combatir a diversos cárteles del narcotráfico que justo operan como guerrilla. Sin embargo, no debe pasarse por alto que la historia de los cuerpos castrenses nacionales es el correlato de medio siglo de guerra sucia en contra de las comunidades originarias.
 En tercer lugar está el hecho de que, desde hace cinco años, la presidencia de Enrique Peña Nieto ha impulsado la adopción de nuevas medidas legales en materia de seguridad pública y nacional. Tal es el caso de las modificaciones a las disposiciones constitucionales y legales que norman el Estado de Excepción, por un lado; y por el otro, la adopción de una nueva ley que reglamente las actividades del ejército, la marina y la fuerza aérea en materia de seguridad pública federal. Ambos casos, vistos por separado, quizá no se entiendan como un reacomodo de fuerzas que refuerce aún más la militarización de la vida en sociedad. No obstante, en conjunto cierran un canal por medio del cual la discrecionalidad en las actividades militares se legitima y se respalda a través de la Constitución y sus leyes.
En cuarto, no debe ignorarse que el sexenio ha estado marcado por una serie de cambios normativos que, por un lado, han profundizado la penetración del capital privado (nacional y extranjero) en diversos sectores de la economía, pero de manera primordial en el extractivismo o la ocupación de largas porciones de tierra y cuerpos de agua; y, por el otro, que esos cambios han fomentado, en proporción similar, diversas manifestaciones de inconformidad en diversos estratos sociales. En este sentido, en la primera parte de la ecuación es necesario asegurar la penetración del capital en la explotación de yacimientos de gas, petróleo y minerales, en el establecimiento de parques energéticos e hídricos, lo que conlleva el actuar de las fuerzas armadas; en la segunda, asimismo, la exigencia es prevenir cualquier estallido social o manifestación de inconformidad.
Basta con observar el más reciente despliegue de quinientos efectivos en Ciudad Mier, Tamaulipas, para asegurar la Cuenca de Burgos —y para regular la circulación del tráfico ilegal— para advertir que la militarización de la sociedad es condición sine qua non para la intensificación de la acumulación de capital.
Finalmente, no debe descartarse la posibilidad de que la campaña del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por la cual propusieron una candidatura indígena para los siguientes comicios, no se esté contemplando justo en los mismos términos en los que en 1994 se hizo con el levantamiento de los Caracoles. Después de todo, la Agenda Nacional de Riesgos, uno de los principales documentos rectores en materia de seguridad nacional, contempla, desde hace dos décadas, a las autonomías indígenas como una amenaza mayor a la seguridad de la nación, toda vez que no únicamente contemplan las vías armadas en su acción política, sino que el carácter mismo de su autonomía se traduce en un potencial freno a la actividad comercial del país.
Por todo lo anterior, que el gobierno mexicano esté intensificando su adquisición de armamento no es algo menor. En el contexto actual, argumentar que México debe protegerse contra sus enemigos extranjeros, xenófobos, se antoja una salida fácil para no observar que desde hace doce años el ejército sigue avanzando como un factor de poder político real y público; frente al pacto de convivencia que en la génesis del priísmo contemporáneo lo relegó como elemento visible del poder público federal. Cualquier viraje a la izquierda política (por institucional y domesticada que ésta sea, como el PRD o MORENA) debe tener en consideración el fortalecimiento militar del Estado si es que quiere figurar, siquiera, como posibilidad real de una alternativa. Más aún debe hacerlo la izquierda no-institucional, pues la historia no deja olvidar que es sobre esa alternativa que el genocidio a la mexicana toma su forma particular.
Tag :

Precisiones en torno a la pacificación de Centroamérica

Cuando se trata de América Latina y el Caribe, dos de las principales constantes que más eco hacen en los análisis que se (re)producen al exterior de la región son, por un lado, que el subcontinente forma, en sí mismo, una unidad problemática, un constructo geosocial homogéneo en el que las diferencias culturales sólo son perceptibles en dimensiones reducidas, intrascendentes para alimentar las explicaciones de los problemas que aquejan a los cuerpos sociales americanos; y por el otro, que su condición tercermundista, subdesarrollada, autoritaria, bárbara y violenta es consecuencia lógica del funcionamiento de la correlación de fuerzas internas a cada sociedad.
En este sentido, al elucubrar sobre el porqué del atraso de la región, sobre las causas que impiden que las sociedades latinoamericanas y caribeñas alcancen el grado de civilización de Europa Occidental o de Estados Unidos, lo primero que sale a relucir es que desde el Río Bravo, en México; hasta el Cabo de Hornos, en Chile; los gobiernos latinoamericanos no han sabido construir instituciones como las occidentales, pero, sobre todo, que no han sabido lidiar o, de alguna manera, superar prácticas culturales, económicas y gubernamentales heredadas por los pueblos precolombinos. Así pues, del fatalismo racial, de la irremediable condición pre-civilizada —nociones como tercer mundo, subdesarrollo y, en vías de desarrollo apuntan a ello— de los cuerpos sociales americanos se transita a afirmaciones que sentencian que América Latina y el Caribe es una región inherentemente populista, burocrática, corrupta, clientelista, violenta, autoritaria, drogadicta, delincuencial y demagógica.
Por ello, cuando la región vivió, en el siglo XX, sus ciclos populistas, entre los años treinta y cincuenta; autoritarios, entre las décadas de los cincuenta y sesenta; dictatoriales, los siguientes dos decenios y; guerrilleros, las últimas cuatro décadas del siglo; no sorprende encontrar análisis que lo reducen todo a la falta de pesos y contrapesos en los poderes gubernamentales, de instituciones sociales sólidas y transparentes, de respeto por el Estado de Derecho, de aplicación de la ley, de ejercicio efectivo de derechos electorales o de regímenes de propiedad privada y competencia mercantil autorregulados. Porque al final de esas sentencias hay una explícita exigencia de adoptar, en  fast track, las formas políticas (en el sentido más amplio de la palabra), las normas de convivencia y los procesos de construcción de la vida comunitaria de sociedades que se autoproclaman tipos ideales a seguir.
El problema con proceder de esta manera —y no sólo en la comprehensión de América Latina y el Caribe, sino en la de cualquier otra región con sus propias diversidades y procesos históricos que le dieron vida—, es que se niegan (o se ignoran) dos movimientos espacio-temporales que, en el desenvolvimiento de la cotidianidad de los individuos pertenecientes a estos cuerpos sociales, son irrenunciables. El primero de ellos es que la heterogeneidad de expresiones culturales de la región se debate la validez de su propio proyecto existencial frente al curso de una civilización moderna capitalista que niega, de manera permanente, algo más que sus usos y costumbres. El segundo, que América Latina y el Caribe es el territorio sobre el cual se construye la hegemonía de Estados Unidos dentro de esa civilización.
En efecto, la diversidad de culturas en el mundo es basta, y cada continente cuenta con su propia multiplicidad y heterogeneidad de las mismas. Sin embargo, en las poblaciones que son producto de la imposición colonial europea —y a pesar de los quinientos años que median entre la génesis de ese proceso y la actualidad—, tiene lugar un conflicto ininterrumpido entre la existencia y las formas políticas y productivo/consuntivas de los pueblos originarios y el avance avasallador de un modelo de sociedad que se erige a sí mismo como la mejor forma de sociabilidad posible en el curso de la humanidad por alcanzar su clímax. Y la cuestión es que, dentro de ese avasallamiento, la American Way of se autoedifica como la mejor versión de una moral, de una ética, de unas prácticas políticas y económicas, de un Saber y un Ser/estar en el mundo.
Por eso la historia del subdesarrollo latinoamericano es la historia de la trasferencia de excedentes de la periferia al centro de la economía-mundo moderna capitalista —o lo que, con justeza, los latinoamericanos tienen a bien denominar explotación colonial. Pero también, que la historia de los caudillos y las juntas militares sea la de la securitización de la administración pública que permita a Estados Unidos mantener su actividad comercial en la región; que la historia de las guerrillas latinoamericanas sea la de la resistencia en contra del neoliberalismo; la de la oposición afrodescendiente, indígena y popular en contra del extractivismo, de la privatización de los recursos naturales, de la imposición de formas de gobierno procedimentales y de sistemas de producción y consumo sustentados en la mercantificación de la vida.
Así pues, cuando los pueblos de América acusan al imperialismo, al colonialismo y al neoliberalismo, lo hacen teniendo en mente esta historia de sujeción: la de las dictaduras de seguridad nacional que los servicios de inteligencia estadounidenses implantaron en sus países para asegurar las cadenas de producción y suministro mercantiles, la de la paramilitarización y la contrainsurgencia empleadas para desaparecer comunidades indígenas enteras y, sobre todo, la de una izquierda domesticada, adoctrinada para funcionar sólo como pantalla de oposición, como velo progresista que, empleando un lenguaje que apelaba a las reivindicaciones sociales, a la redistribución de la riqueza y al respeto a las autonomías disfrazó la militarización y el extractivismo.
Quizá por ello valga tanto la pena, ahora que el mundo de las refinadas cuestiones de la diplomacia y la alta política institucional se regodea con descaro en los festejos de los veinticinco años de la adopción de los Acuerdos de Paz de Chapultepec —por los cuales comenzó la pacificación del conflicto guerrillero en El Salvador—, cuestionar qué tanto dicho proceso fue la pacificación de un conflicto alimentado por las armas y los recursos financieros provenientes del complejo científico-financiero-militar estadounidense; y qué tanto la consecución de un Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional institucionalizado, despojado de la apoliticidad contenida en sus demandas.
Porque si bien es cierto que la sangre derramada, que las muertes y desapariciones son brutales, también lo es que el shock permanente que el ajuste estructural desplegado sobre toda Centroamérica, en general; y en El Salvador, en particular; no ha sido un sendero menos dramático. De ello da cuenta lo insostenible que es el conflicto entre diversas pandillas que se disputan el control de los flujos ilegales de enervantes y recursos monetarios. Y es que el hecho de que, con la firma de los Acuerdos, se desmovilizaran contingentes guerrilleros y miembros de los cuerpos castrenses del Estado-nacional no implica que el conflicto o la violencia que éste desdoblaba sobre la población no adoptasen nuevas formas y canales de transmisión.
Hoy, la milicia parece un mito en la conciencia de quienes adoptaron las formas cortesanas y la corrección política para controlar el aparato gubernamental del país. No obstante, ni los indicadores de desarrollo económico o de eventos violentos ni la brutalidad de las prácticas a través de las cuales se priva de la vida a las personas se han modificado. Por lo contrario, desde donde se le mire, el conflicto salvadoreño continúa devastando comunidades enteras, expulsando a miles de humanos fuera de los límites territoriales del país, reduciendo la esperanza de vida de los infantes y engrosando las filas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
En este sentido, no debe perderse de vista que la paz en una sociedad no es cuestión de mero formalismo jurídico (es decir, de conceptualizaciones jurídicas en torno a lo que se entiende por guerra y lo que se entiende por paz); y mucho menos de disputa por el control del aparato institucional del gobierno nacional. Los Acuerdos de Chapultepec le recuerdan a la América lo atroz que es el intervencionismo estadounidense en la región cuando se trata de mantener la vigencia de su dominación de espectro completo; sin embargo, el desarrollo de la sociedad salvadoreña, desde 1992, muestra al mundo que la desarticulación social de un pueblo entero no transita necesariamente por la presencia y enfrentamiento de dos cuerpos militares definidos en bandos opuestos.
Obliga, por consecuencia, a cobrar consciencia de que la firma de instrumentos jurídicos, que el reformismo de izquierda y el crecimiento económico por goteo no son suficientes para detener el empuje que las reivindicaciones populares precisan para hacer valer la vigencia de sus proyectos comunitarios. Elevar la inversión extranjera poco cuenta cuando la producción se concentra en un número reducido de capitales; el reparto agrario en nada impacta a la comunidad cuando el modelo es latifundista; incrementar los niveles de mano de obra especializada no cambia nada cuando lo único que hace es mantener la distribución espacial-temporal del trabajo maquilero/manufacturero; y votar por la oposición partidista mantiene todo igual mientras el esquema de producción/consumo de bienes se mantenga intacto.
Tag :

Mirar hacia el Sur en Ecuador

El próximo diecinueve de febrero, Ecuador tendrá su primer proceso electoral en el que, por primera ocasión en la última década, el nombre del actual presidente del país, Rafael Correa, no figurará dentro de las opciones que contengan las boletas. Ello, por si propio, ya es un factor de particular relevancia que hace que los siguientes comicios no sean nada parecidos a aquellos en los que venció Alianza PAIS. Sin embargo, no es el principal motivo de definición de la contienda política. Dos acontecimientos más se encuentran saturando el debate público en torno a la opción de dar continuidad al proyecto progresista de la actual administración o finiquitarlo. Por un lado, los saldos del correísmo, y por el otro, la articulación del actual empuje neoliberal en la región vis-à-vis la construcción imperialista de Donald Trump.
Que el actual presidente ecuatoriano no se encuentre dentro de las opciones electorales es, en sí mismo, un factor relevante porque es justo su carácter y su personal estilo de gobernar lo que ya no podrá ser objeto de réplica para los siguientes cuatro años de mandato. No obstante, aquí no se aprecia como un factor determinante del hecho de que se dé continuidad o regresión al ciclo progresista que su presidencia inauguró porque gran parte de la legitimidad de las decisiones tomadas, del funcionamiento institucional y de las articulaciones políticas construidas en estos diez años no son fruto exclusivo del arbitrio irrepetible de un individuo. Por lo contrario, los logros en materia social alcanzados por la presente administración ecuatoriana no se comprenderían si no se observa con cuidado que la presidencia de Rafael Correa más que ser la causa, es la consecuencia de condiciones y construcciones políticas subyacentes.
En efecto, contrario a las interpretaciones simplistas que desde el Norte global y desde las democracias procedimentales de Occidente se hacen de los procesos políticos latinoamericanos, si bien en la región latinoamericana la figura del mandatario tiene un peso importante en el encadenamiento de diferentes reivindicaciones populares, éstas no transitan y se agotan sólo en el plano del carisma caudillista. Por eso el populismo latinoamericano —al margen de las exclusiones que él mismo reproduce en la lógica de su colonialismo interno—, es de un contenido político tan rico y explosivo a la vez. Porque en sus marcados acentos nacionalista, antiimperialista, obrerista y anticomunista se funden dinámicas comunitarias heterogéneas, pero más duraderas que el lapso de un periodo presidencial.
No debe olvidarse, después de todo, que Alianza PAIS surge sólo cuando la profundización de los mecanismos de acumulación y concentración de capital —sustentados a través de la estructuración de un esquema de desarrollo material impulsado por el extractivismo empresarial, la privatización de los activos estatales, la precarización laboral y la mercantificación del grueso de las prerrogativas sociales (ya desmanteladas) del bienestarismo ecuatoriano— encontraron el punto de máxima resistencia a su avance en los sistemáticos levantamientos de las Naciones ecuatorianas por la reivindicación de sus autonomías y territorios y, en la profusión de movilizaciones urbanas que, en conjunto con los pueblos indígenas depusieron a tres mandatarios, de manera consecutiva, entre 1997 y 2005. En este sentido, la victoria electoral del correismo sólo cobra sentido, validez y vigencia cuando se constituye en síntesis de esas bases y de los procesos políticos que ya ellos mismos desarrollaban.
Cuestión de mayor trascendencia es, por consecuencia, los saldos que doce años de un gobierno que, sin ser monolítico en el desarrollo de un proyecto de construcción nacional progresista, no exenta del recurso a viejas prácticas como estrategia de supervivencia a las múltiples violencias del capital, nacional y extranjero. El correismo, al igual que la mayor parte (si no es que el total) de los gobiernos progresistas de la vuelta de siglo en América Latina, se caracterizó por el impulso sostenido de políticas sociales compensatorias de la avanzada neoliberal de las cuatro décadas precedentes.
En virtud de lo anterior, las alianzas con los grandes capitales y el impulso al extractivismo —por cuanto garantes de estabilidad gubernamental, las primeras, y fuente de recursos permanentes, el segundo—, más que una apuesta por el continuismo (disfrazado de demagogia de izquierda, como gustan de señalar las fingidas democracias procedimentales de Occidente) permitieron extender los alcances de una estrategia de mayor escala que, entre otras cosas, redujo los márgenes de empobrecimiento de los ecuatorianos en torno a los doce puntos, cubrir la escolarización básica en un noventa y seis por ciento, lo mismo que en los servicios de salud y seguridad social.
La cuestión es que el precio que la presidencia de Correa tuvo que pagar para obtener esos logros fue concentrar aún más la riqueza de los capitales nacionales, permitiéndoles ser los detentadores de poco menos de la mitad del producto interno bruto del país; focalizar el desarrollo de la economía en la extracción de materias primas, a costa de la dependencia primario-exportadora y del despojo territorial de las Naciones originarias del Ecuador; y, de permitir el excesivo endeudamiento de los estratos sociales medios que su proyecto de desarrollo mismo propulsó. Es decir, que el costo de utilizar una estrategia de desarrollo nacional autónomo fue profundizar, para el siguiente ciclo, los canales de sujeción que intentó suprimir.
De ahí que si bien es cierto que la propuesta que representa su gobierno aún mantiene parte de su vigencia —de sus bondades, si se quisiere—, el impulso que ésta había encontrado en las bases de apoyo que logró articular hace una década no encuentren su reflejo para replicar el pasado en el siguiente proceso electoral. Por eso la continuidad del progreso hasta ahora observado en el Ecuador dependerá del establecimiento de nuevos canales de retroalimentación que permitan a ambos lados de la ecuación cambiar no sólo la base productiva de la economía nacional, sino la manera en que los cuerpos comunitarios se relacionan con sus medios de producción.
Ahora bien, un factor que hoy se presenta como una mayor amenaza al proceso electoral de Ecuador, en particular, pero de toda América Latina, en general; es que la región se encuentra bajo el asedio de un discurso racial potencializado por la presidencia de Donald Trump y, por si ello fuese poco, bajo un nuevo impulso de reconfiguración de acumulación de capital, de la mano de gobiernos autoritarios, impulsados desde los aparatos de inteligencia estadounidenses.
El primer elemento de este factor, es decir, el discurrir racial del imperialismo estadounidense no tiene, en apariencia, nada que ver con los canales políticos de las sociedades latinoamericanas —o por lo menos no más allá de su relacionamiento con el blanco anglosajón y protestante. Sin embargo, lo que se suele pasar por alto en los análisis de la comentocracia internacional es que las sociedades de la región tienen a sus propios sujetos blancos; sus imágenes de blanquitud. Traducido a la realidad política de los cuerpos sociales latinoamericanos, el discurso racial de Trump funge como la caja de resonancia que las clases detentoras de los medios de producción y los estratos que se diferencian de los pueblos originarios requieren para hacer eco de sus proyectos civilizatorios.
El discurso racial estadounidense, y sobre todo, el sujeto social que ese discurrir se empeña en construir (la imagen del individuo blanco que es producto de su hacerse a sí mismo), contrario a los repentinos y ahistóricos impulsos de unidad nacional que comienzan a levantarse en el Sur global, satura los imaginarios colectivos de esas sociedades de enunciaciones —en apariencia— fragmentarias que no colocan su ojo inquisidor en el estadounidense que los racializa, sino en sus propias Naciones indígenas, sobre las cuales descargan toda su potencia civilizadora para autoafirmarse, pero también para obligarlos a civilizarse.
Y la cuestión es que este proceso se desenvuelve justo en el momento en que en Brasil y Argentina ya hace eco de la mano de la ilusión de los indicadores macroeconómicos. Por eso, en los próximos comicios es de suma importancia que los ecuatorianos observen hacia el Sur del continente, para observar la manera en que las promesas de continuidad que Macri y (en menor medida) Temer hicieron a argentinos y brasileños son algo más que el desmantelamiento de las conquistas de una década. A la luz de lo que ha ocurrido con sus vecinos, el pueblo ecuatoriano debe comprender que las elecciones próximas no son cuestión de recurrir al mismo instrumental ideológico —con el cual la izquierda tradicional fue adoctrinada—, para vencer en las urnas. Por lo contrario, la batalla más importante de este febrero (y de los meses que siguen) se encuentra en los planos más inmediatos de construcción de lo político; esos en los que los ecos y las reverberaciones de los discursos raciales y las experiencias históricas con el neoliberalismo encuentran mayores resistencias a su avance.
En los comicios ecuatoreños, América Latina se juega, asimismo, algo más que el simple cambio de rumbo en un país. Se juega la posibilidad de que en Bolivia y en Venezuela el cerco se cierre aún más, hasta asfixiar definitivamente cualquier pretensión de emancipación en la región. Y es que en América, la construcción de las alternativas a la racionalidad vigente no pasa y se agota en el plano de las demarcaciones nacionales. Por lo contrario, transita insaciablemente por el terreno de la unidad regional.
Tag :

Entrada destacada

Geopolíticas imperiales: el Cuerno de África

No es una casualidad que los espacios con la mayor cantidad y cualidad de recursos naturales sean, también, los puntos de mayor profusi...

Suscripción

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. Se autoriza la reproducción de este contenido sin modificaciones, sin fines comerciales y bajo condición de referir la fuente original.

Lectores

Derechos Reservados © lo Político y la Política | Ciudad de México