La consecuencia ética en política: redimir el pasado


Las explicaciones dadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en particular; y por sus personeros, en general; sobre el video en el que se observa a su hermano recibiendo bolsas de dinero para financiar al movimiento (Morena) en 2015, cuando el movimiento ya no era tal, sino que más bien ya gozaba del estatuto de partido político (lo cual, en legislación electoral, supone una personalidad jurídica distinta), no son suficientes y de ninguna manera son aceptables para justificar los actos que ahí se observan, en materia de financiamiento ilícito a partidos políticos o cualquier otro tipo penal electoral que de ello derive. Menos aún lo son de cara al escándalo de corrupción evidenciado por esos otros videos (en los que los embarrados son el priísmo y el panismo, a menudo apuestas políticas siamesas) y la denuncia de hechos realizada por Emilio Lozoya Austin, sobre el saqueo a la nación cometido por el calderonismo que por el peñanietismo.

En uno y otro caso, lo que se observa son prácticas similares, o en todo caso análogas, en las que el tema de fondo sigue siendo el sometimiento y la dependencia estructural de la política formal respecto del financiamiento de privados, más allá de los recursos públicos que se destinan para el funcionamiento del sistema de partidos (supuestamente para prevenir las disparidades en el acceso a recursos, en donde estos se calculan en proporción al éxito obtenido en cada elección; y para evitar que intereses empresariales capturen a los partidos en favor de sus agendas propias). Y por eso, porque en uno y otro caso el fondo de la materia es el mismo, argumentar en defensa de uno y en condena del otro que las cantidades y la procedencia no son las mismas no pasa de ser un intento (por lo demás patético) de legitimar para sí lo que en la experiencia análoga de la oposición se califica como la mayor muestra de la degradación moral del servicio público.

Pero además, si para los opositores a la plataforma de gobierno encabezada por López Obrador el vídeo escándalo protagonizado por su hermano supone un acto de hipocresía por parte del presidente —toda vez que su bandera política más recurrente es la del combate a la corrupción—, que en última instancia tendría que conducir a hacer notar a la población que Morena no es distinto de nada que no se haya experimentado ya en la historia del sistema de partidos mexicano; argumentar (como lo hacen panistas y priístas), a su vez, que los videos de Pío López Obrador justifican que no se diga más sobre el caso de Lozoya, que no se siga con el proceso y que se deslegitime a todo intento de llamar a cuentas a los señalados por el exdirector de Pemex —porque el gobierno que encabeza dicho esfuerzo está marcado por el mismo pecado original, tendría que ser tomado desde la sociedad como lo que es: el argumento hipócrita equivalente a la hipocresía que se señala en López Obrador. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: reducir al opositor (en este caso, al gobierno de la 4T) por parte del priísmo, el panismo y sus rémoras a la misma condición o calidad moral de Lozoya Austin no ataja el problema de raíz: la lógica sistémica del sometimiento de la política a las finanzas empresariales.

 De ahí que la insistencia de priístas y panistas por desmarcarse a sí y a sus respectivos partidos de toda proximidad y nexo con Lozoya y cualquiera de los involucrados en el caso de corrupción en el que se halla inmerso implique poner en juego una estrategia discursivo-ideológica en la que el priísmo y el panismo reconocen para sí que la corrupción es un fenómeno personalísimo, en el que las grandes estructuras institucionales no tienen mucho que ver, siendo ellas las victimas de desviaciones morales de individuos aislados (como si los montos financieros, los botines políticos, los beneficios políticos y los reclamos empresariales fuesen tan insignificantes como para pasar inadvertidos); mientras que para el morenismo el mismo fenómeno lo reconocen como un rasgo de identidad, que se mueve a través de empujes sistémicos, con fundamentos estructurales y de carácter irrenunciable: la 4T es ella —sentencian—, de origen, corrupta, esa es su naturaleza irrenunciable, inmodificable, pues no es cosa de unos cuantos, sino de la totalidad del movimiento, partido y gobierno.

Argumentos similares, por ejemplo, se encuentran velados en los discursos de intelectuales orgánicos del panismo y el priísmo para quienes el tema de la corrupción es un fenómeno de pesos y contrapesos partidistas, de estímulos (pecuniarios) de conductas honorables y de castigos (carcelarios) de comportamientos deshonestos y reprobables; y no un tema que en el fondo se trate de una cultura política (y en general de una lógica cultural con diferentes mediaciones o especificidades de conformidad con los círculos y las dinámicas sociales, políticas y económicas en las que se participe) en la que también se premia a la corrupción y a la falta de ética.

No hace falta seguir tan de fondo a ambos argumentos aquí señalados para observar que, en el caso del primero, lo interesante es que en él se pone en tela de juicio al principio mismo sobre el cual está edificada la totalidad de la arquitectónica de los sistemas de justicia occidentales (y el mexicano entre ellos): el rol de la confesión de parte; pues, si, como los políticos involucrados y sus intelectuales a modo argumentan, la palabra de un criminal no vale nada porque ésta lo único que expresa es la voluntad del individuo de decir lo que sea para salvar su libertad, implicando o acusando a otras personas que nada tuvieron que ver con los hechos, la pregunta que queda al final del día es, entonces, ¿con base en qué elementos habría de sustentarse la presunción de inocencia, por un lado; y el peso que tendría la confesión de los hechos en voz de un imputado, por el otro? Y es que, en efecto —y al margen del reconocimiento de que así como un imputado es capaz de decir cualquier cosa para salvar su libertad, un acusado por ese imputado es capaz de decir cualquier cosa para evitar encontrarse en la misma situación que ese aquel—, si las declaraciones de los acusados son nulas por el hecho mismo de ser acusados o criminales confesos, ¿qué fundamento sustenta toda la historia del sistema penal mexicano, las sentencias dictadas, la naturaleza misma del juicio, la función de la exposición de los hechos, la declaración de las víctimas, la confesión de los victimarios, etc.? La respuesta es: ninguna. He ahí el peligro de la defensa política emprendida por los acusados por Lozoya.

 En el caso del segundo argumento, por el otro lado, lo que resulta interesante y es importante no pasar por alto es que en la negación absoluta de que los fenómenos de corrupción sean reflejo de normas de convivencia, en particular; y de todo un sistema cultural compartido por una colectividad, en general; privilegiando una comprensión de los mismos a partir de la pura retribución financiera y el castigo carcelario, lo que se omite es, en principio, que los mayores fenómenos de corrupción de los que da cuenta la historia de este país tienen por actores privilegiados a grandes complejos empresariales, a corporaciones transnacionales, a personalidades de riquezas enormes cuyo éxito en la corrupción de aparatos gubernamentales (en parte o por entero), se debe a que se premia sistemáticamente con grandes sumas de dinero dichos actos; en segundo lugar, que, por parte del gobierno (en teoría los entes corrompidos, aunque la realidad es que son eso, pero también corruptores), lo que se premia es la obtención de favores políticos que ayudan a afianzar la posición que se juega en un sistema político dado y, con ello, el acumulado de riqueza patrimonial para sí o para miembros del círculo cercano (familiares y amigos); y, en tercer lugar, que las instituciones no son, de ninguna manera, entidades en condición de exterioridad respecto de los individuos que las hacen funcionar, como si una institución fuese una entidad etérea con lógica propia que actúa por encima de las personas que la echan a andar, y que por esa misma razón tiene la capacidad de corregir las desviaciones que se cometen en su seno.

Al final, pues, de este tipo de crítica al culturalismo en el diagnóstico de la corrupción, lo que no se entiende es que la corrupción es tal porque su fundamento está en la posibilidad de obtener beneficios pecuniarios; es decir, opera únicamente ahí en donde culturalmente es aceptable y aceptado el premiar el ascenso social, político, profesional, económico, etc., a través de la erogación y la obtención de recursos financieros, monetarios y en especie; favores políticos y empresariales que redunden en una acumulación mayor de patrimonio y riqueza personal y/ o colectiva (de un grupo político), y sus similares y derivaciones.

Puestas así las cosas, dicho sea de paso, sin duda este es el punto que se halla de fondo en los videos de Lozoya Austin y de Pío López Obrador. Y es indudable, asimismo, que el momento en que se decidió librar la grabación del hermano del presidente tiene el objeto de deslegitimar cualquier cosa que se diga sobre el caso en el que los principales señalados son tres expresidentes (Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña) y algunos de sus secretarios de Estado más cercanos (como Luis Videgaray). La reacción de la sociedad, no obstante, tendría que ser la contraria: proceder en contra de los involucrados en ambos casos y avanzar bajo la misma lógica en uno y otro, pues sólo así se podría saber, con algún grado de certeza, que lo que se muestra en los videos de una y otra parte no son excepcionalidades que rompan alguna norma de cultura política ajena al financiamiento privado y por fuera de los canales públicos definidos, sino que son, antes bien, la norma del funcionamiento de la política en este país y en el resto del mundo en donde se ensaya la política a la manera occidental. Ser consecuentes con esa postura y en esa demanda, además, también tendría que derivar en el ser intransigentes con todos los casos presentes y, sobre todo, pasados, en los que se ha documentado, señalado, investigado y/o comprobado financiamiento irregular a campañas electorales, a partidos políticos, a gobiernos en funciones, a servidores públicos y demás.

Y es que, en efecto, pedir la actual crucifixión de la 4T, olvidando, por ejemplo, a los amigos de Fox, en la campaña presidencial de Vicente Fox; al Pemexgate, por parte del priísmo a principios del siglo; al Monexgate, que llevó a la presidencia a Peña Nieto; y tantos otros casos en los que se puso de manifiesto que una mayor erogación de recursos financieros por parte de los partidos suele redituar en un mejor posicionamiento electoral y, en segunda instancia, en una trama de mayores favores y prebendas cuando se ejercen las funciones del cargo público (grandes contratos públicos, adjudicaciones de obras, construcciones faraónicas, licitaciones sin competencia, etc.); no hace sino confirmar la hipocresía de aquellos y aquellas que hoy se rasgan la voz y se dan golpes de pecho de adalides de la ética en la política cuando lo que tendrían que estar pidiendo es que en esos otros casos, no por ser cosa del pasado, se proceda a investigarlos y emitir un veredicto sobre los actos que ahí se cometieron.

Hacerlo así en el presente, por ejemplo, redundaría, como efecto simbólico, de importancia mnemotécnica específica, en sancionar lo que desde entonces es un secreto a voces en la cultura política de la sociedad civil mexicana: que somos, en el presente, producto de esa historia y de esos actos de corrupción; que las cosas pudieron haber sido distintas (porque el hubiera, en política, sí existe) y que las injusticias que se cometieron en contra de la sociedad mexicana, producto de esos resultados ilegítimos, deben ser reconocidas, reparadas y garantizadas frente a cualquier posible repetición. Es un absurdo que en medio de tanta indignación por los videoescándalos actuales, los casos pasados de corrupción sigan siendo tomados apenas como material periodístico sin mayor trascendencia institucional (o moral), como puras anécdotas que jamás pasaron de ser especulaciones nunca confirmadas (y por lo tanto siempre presupuestas como inexistentes) y que los involucrados y las involucradas en esas situaciones no únicamente sigan rotándose en cargos de elección popular en los tres poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno; sino que, además, y lo que es peor, nunca llegasen a ser siquiera investigados e investigadas por los señalamientos hechos en su contra.

A estas alturas, de ser consecuentes con la indignación presente, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y sus rémoras (como el PRD) ya deberían de haber perdido en varias ocasiones sus registros como partidos políticos; y sus miembros más destacados, inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.


24/8/20
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La función social del lenguaje inclusivo


El lenguaje nunca es neutro y siempre cumple una función política que es mucho más amplia, profunda e importante que la propiamente comunicativa. Sin embargo, en términos gramaticales, el género neutro, lingüísticamente, se presupone como tal, esto es, como neutral, en la medida en que cumple el propósito de integrar o excluir a elementos de naturaleza diversa que por su propia diversidad requieren de nominaciones particulares para dar cuenta de su identidad singular.
Así, por ejemplo, ante un grupo compuesto lo mismo por hombres y mujeres, su denominación en plural se corresponde con la forma neutra ellos. Y en un escenario en el que el hablante se incluye a sí mismo, y es de un género social distinto de la otra parte, la referencia se traduce en la expresión nosotros (o derivados).
En cualquiera de los dos casos, ese supuesto neutral está dado por una terminación estándar que emplea a la O como signo lingüístico en el cual se encuentra cifrado el género social de los elementos de los que se habla. Esta forma, en general, es la que también se emplea como regla para nombrar, en lo singular, al género masculino tanto en sustantivos como en adjetivos o pronombres. El caballero, frente a la dama; el valeroso, frente a la astuta; o lo que es poco frente a la que es mucha. En cada caso, la terminación designa un género que solo en el plural, como vector dominante, tiende a gravitar más alrededor de las terminaciones masculinas que de las femeninas.
Ello, por supuesto, no quiere decir que el genérico femenino no exista para las designaciones en plural en la lengua: nosotras, ellas, las suyas, correctas, etc. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las terminaciones masculinas, el femenino no es una forma que se emplee en ningún caso para nominar a una multiplicidad y una diversidad de elementos de distinto género. No se emplea el pronombre ellas, por ejemplo, para hablar de un grupo nutrido lo mismo por hombres que por mujeres.
Ese uso particular del masculino para esos casos concretos tiene, no obstante la supuesta neutralidad lingüística de la forma gramatical, una historia que no es ni social ni políticamente neutra: si el neutro-masculino domina como forma general para el genérico neutro lingüístico, eso se debe a que en la larga duración de la construcción del lenguaje humano (y particularmente de sus ramificaciones latinas), el espacio público y la actividad política en el colectivo estaba dominada (y lo sigue estando) por los varones, de tal suerte que no se hizo necesario pensar en alguna forma de nominación en la que ambos géneros sociales fuesen cifrados en el signo lingüístico.
A menudo la vocal E ha tendido a cumplir ese rol para ciertas conjugaciones (los padres, las madres). Sin embargo, más que aplicarse a casos de conjuntos integrados por una diversidad genérica particular, lo hace solo para las formas plurales de un mismo género. Y en lo singular, por su parte, si bien las palabras con esta terminación no cifran géneros binarios (masculino y femenino) por y en sí mismas, en cada caso se antepone o superpone alguna partícula encargada de conferir ese significado: el cierre o la carne, por ejemplo.
Ahora bien, en las últimas décadas, esa estructura y ese ordenamiento (básicos pero complejos y nunca acabados) del lenguaje se han visto profundamente cuestionadas como resultado de las disputas que en diversos espacios están planteando las mujeres al machismo y al patriarcado, en tanto formas de gubernamentalidad de la vida cotidiana y tecnologías de poder que estructuran y ordenan, a su vez, la forma de la sociedad. Siendo el lenguaje un vector por el cual transita cualquier posibilidad de reconocimiento de una identidad, después de todo, éste no podía permanecer al margen de esas otras luchas que aunque constantemente consiguen resultados materiales importantes (como la mayor participación en el espacio público), no dejaban de ser problemáticas en términos de las capacidad con las que se poseen para dar cuenta de ellos. Y es que, al final, las sociedades occidentales no dejan de ser logocracias absolutas.
En términos más o menos amplios, la regla de impugnación a las estructuras elementales del patriarcado en el lenguaje han transitado por dos vías paralelas: a) la tendencia creciente a sustituir a la O, en las nominaciones para el plural, por cualquiera de las siguientes variantes: e, x, @; dando origen a palabras como amigues, amig@s, amigxs —en donde, en cada caso, la pretensión es integrar a géneros diversos desexuándolos; y b) la sustitución, también creciente, en lo singular, de la terminación masculina para cualquier adjetivo, sustantivo, pronombre, etc., que en los hechos haga referencia a un espacio femenino, resultando en palabras como colectiva o cuerpa, en sustitución de colectivo y cuerpo. Aquí, entonces, a diferencia del caso anterior, de lo que se trata no es de querer borrar el género, sino de reafirmar un género invisibilizado que comienza a apropiarse el lenguaje para mostrarse a sí mismo.
En cualquiera de los dos casos, lo que se entiende (y que en estas líneas no se cuestiona) es que el móvil principal y la función elemental del cambio en la nominación es de carácter político y no tanto comunicativo. De ello da cuenta, por ejemplo, la imposibilidad de desciframiento que suponen expresiones como txdxs, toda vez que en casos así el empleo de la palabra no ha sido acompañado por una resemantización del signo lingüístico x, cuya función en el habla está identificada con ciertos sonidos particulares. Además, la especificidad de la sustitución del signo genérico por signos que se suponen asexuados es que su lectura genérica depende del género social que efectivamente lea la expresión. En ese sentido, algunas tendencias observadas en estas prácticas han mostrado que ante la palabra amigxs, los hombres tienden a anteponer su propio género en su lectura y las mujeres el propio en el mismo acto (la traducción general sería aproximadamente así: amigoas, amigaos; en una sola locución, o, en su defecto, un ordenamiento temporal en el que primero se lee el género propio y sucesivamente el otro).
Pero más allá de ese problema, que es importante resolver si lo que se pretende es construir unas nuevas bases de funcionamiento y organización del lenguaje en su totalidad —para dar cuenta de los cambios tan profundos que se han dado en el plano material de la vida cotidiana—, la otra gran dificultad que se presenta es que lo que comenzó y se sostiene como un acto político de visibilización e integración (o inclusión), comienza ya a transitar hacía planos comunicativos en los que el uso tan extendido y sistemático que se hace de esas expresiones comienza a plantear su trabajo como reglas generales del lenguaje; es decir, el acto político está avanzando a pasos agigantados hacia ese otro plano que es la mutación comunicativa (la vida propia del lenguaje que hace que reglas mueran y reglas vivan), en donde, por lo demás, no se está pensando en homogenización lingüística.
Es decir, no se transita hacia la problematización, por ejemplo, que supone el hacer extensiva la sustitución de la O por la A para designar a los sustantivos o adjetivos femeninos en la totalidad de las palabras (ni viceversa, remitir toda terminación masculina a la O en cada palabra que así lo merezca): no se emplean expresiones como Papós, en lugar de Papás; carras, en lugar de carros; edificias, en lugar de edificios; casos, en lugar de casas; y así sucesivamente.
Y es que esto, que parece el extremo del absurdo en el empleo del lenguaje en la coyuntura de las disputas en el género (un extremo que hasta se podría calificar como un esfuerzo por ridiculizar o descalificar el lenguaje inclusivo, aunque no es ni ridiculización ni descalificación), en realidad tiene que ver con dos problemas más de fondo que, por lo menos en teoría, remiten al tema del ser consecuente.
El primero de ellos es que, identificada la disputa por el lenguaje como un espacio político en el que también se juega el género, en términos de prácticas sociales, la consecuencia más inmediata a seguir tendría que ser disociar todos los significados de los significantes en los que se juegan los encabalgamientos del género; es decir, cambiar el género de todas las palabras tendría que ser lo consecuente si lo que se encuentra en el meollo de la disputa son todas esas imágenes asociadas al género que refuerzan su construcción social (la barbarie frente a lo civilizado, por ejemplo).
El segundo, por su parte, tiene que ver con el aún más apremiante tema relativo a la construcción y el establecimiento de las condiciones de posibilidad de cualquier intento de relación intersubjetiva entre dos opciones genéricas.
Cómo el primero de estos problemas es de escala civilizatoria y no es ni siquiera algo que se esté planteando por fuera de los casos específicos en los que lo importante es el reconocimiento de los espacios construidos por las mujeres para reivindicar su identidad y resistir al patriarcado que lo organiza todo (colectiva, cuerpa, etc.), quizá lo más apremiante ahora tenga que ver con esa segunda disputa que no es menor, y que tiene que ver con la manera en que el ser hombre reacciona en su empleo del lenguaje para responder a las impugnaciones que se le realizan como género portador, por antonomasia, del patriarcado.
La respuesta que se ha dado desde algunas masculinidades al emplear el nosotros y el nosotras indistintamente cuando se trata de visibilizar la composición de un grupo con diversidad de géneros es, sin ir más lejos, uno de esos casos que mejor lo ejemplifican. La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, en esa línea de ideas difundió un par de videos informativos sobre sus protocolos de género (como parte de su respuesta global a la coyuntura específica que vive la institución en casos de esta índole) en los que en uno, en particular, se observa a un hombre que emplea ese recurso (que también es un recurso político, tanto como comunicativo) acerca del nosotras, incluyéndose, él mismo, en ese ciframiento genérico.
Algunas reacciones suscitadas por eso han sido el condenar el empleo, por parte de un varón, de una expresión lingüística claramente femenina, en el entendido de que aquello no terminaría siendo más que una respuesta del patriarcado, en general, para reapropiarse de algo que ya le fue arrebatado. En términos simples, pues, lo que se condena sería la audacia y la hipocresía que representa el que un varón se incluya en el habla dentro de un nosotras. Pero la cuestión es que esa condena y esa resistencia inmediata a que los varones empleen dicha forma para construir campos semánticos de integración horizontal lo que en realidad pone de fondo como problema central es que en definitiva lo que no se está pensando en acepciones más globales y totalizadoras es cómo, a través de ese tipo de restricciones (impuestas lo mismo por hombres hacia mujeres que por parte de mujeres hacia los hombres) lo que corta o imposibilita es la capacidad de construir relaciones intersubjetivas.
¿En qué sentido? Uno de los sentidos comunes hoy mas difundidos en el terreno de las disputas por el género es, por ejemplo, la afirmación de que un varón nunca será capaz de experimentar en su propia existencia todo el complejo entramado de ejercicios de poder y de violencia que sufre una mujer en su cuerpo (para no ir más lejos, hacia las discusiones en torno de los afectos y demás). Eso, sin lugar a dudas, es cierto: el cuerpo como primer espacio o territorio de lucha o en disputa y sujeto de reapropiación es una experiencia histórica privativa de la manera en la que las estructuras fundamentales del patriarcado han constituido las corporalidades de hombres y mujeres. El tema, por lo tanto, no es ese.
El problema de fondo (que en el lenguaje, en casos como los señalados, se hace infinitamente más explícito) es que la consecuencia última de ese tipo de fórmulas, extrapoladas hacia otros espacios, planos o dimensiones de la vida cotidiana, lo que en realidad demuestra es que quien recurre a ellas en realidad no está visualizando que si ningún tipo de aproximación, entendimiento o comprensión (llámesele empatía, si se quisiere) es posible, en realidad ninguna lucha por la liberación y la desestructuración del patriarcado es posible: sin ir tan lejos, ya tan solo por la aceptación fáctica de que la experiencia de uno mismo (o de una misma) es por completo inaccesible a cualquier otredad que se le presente.
En ese sentido, si bien es cierto (e irrefutable) que un varón nunca experimentará en su carne propia y en su existencia los ejercicios de poder y de violencia que una mujer experimenta sobre su corporalidad por el hecho de ser mujer, el negar analítica y prácticamente la posibilidad de que un varón se aproxime y acceda a esa experiencia para aprehenderla y comprenderla lo más hondamente posible en toda su amplitud y profundidad, lo que en realidad termina reivindicando es la idea de que el patriarcado es absoluto, y que éste no es susceptible de ser desestructurado a partir de un trabajo sistemático de cuestionamiento y desarticulación de los pilares que lo sostienen. ¿Qué caso tendría, entonces, en esa línea de idea, el cuestionar a todas las formas tóxicas de ejercer la masculinidad si al final se concede el principio de que la experiencia de una mujer es inaccesible a un hombre? ¿Cómo concientizar? ¿Cómo cambiar prácticas cotidianas y establecer nuevas formas de convivencia genéricas si lo que constituye la experiencia existenciaria de una parte de la ecuación (la condición femenina) es un universo indescifrable, incomprensible, inaprehensible e inaccesible a la otra (la condición masculina)? ¿Acaso esa mutua exclusión lo que hace no es reafirmar espacios de exclusividad, segregación y exclusión que impiden que las subjetividades en tensión resuelvan esa tensión?
Estas preguntas, en el caso del nosotras enunciado por varones, lleva indefectiblemente a plantear una serie de cuestiones de entre las cuales la más apremiante resulta ser la relativa a las formas en las que se tendría que estar respondiendo a las impugnaciones realizadas desde los movimientos de mujeres que luchan, para dar cuenta de que se están poniendo en juego elementos que desestabilicen la centralidad del patriarcado en todas sus dimensiones. Y es que, decir nosotras, por supuesto, no es lo mismo que acabar con las violaciones, el acoso y los feminicidios. Sin embargo, sí es una acción simétrica —en los mismos términos políticos y comunicativos— a muchos de los cambios que se trabajan para crear un lenguaje incluyente.
No se trata, por lo tanto, de empezar por el nosotras, en boca de un varón, para después avanzar en el terreno de los varones que se autoconciben y afirman como feministas. Se trata, antes bien, de no avanzar sobre la desestructuración de los diálogos de sordos y los espacios de excepción que, lejos de resolver las tensiones, simplemente se las anulan (o eso se pretende) creando esferas en las que la subjetividad es puramente autorreferencial, independiente, ajena y autónoma de todo lo demás.

22/1/20
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Interpelaciones masculinas I: espacios de exclusión y discursos silenciados


Que los varones no son el sujeto de cambio que está propiciando la disputa por el género y la sexualidad al rededor del mundo es un hecho que en nada cambia solo porque cada vez son más los hombres que deciden autodeclararse feministas o, en un registro similar, porque sean más y más incisivos, también, aquellos que deciden expresarse positivamente, públicamente, en torno de la lucha feminista en todas o la mayor parte de sus manifestaciones combativas y emancipatorias.
Ello, no obstante, no quiere decir que la masculinidad (en cualquiera de sus vertientes) sea un hecho aislado o un problema externo a todo cuanto se está jugando en la liberación femenina de las presiones sexistas construidas a lo largo de siglos de historia de la humanidad. Antes bien, el ser varón es todo lo contrario, es decir, es un hecho interior a esa disputa que concentra alrededor de sí una densidad ideológica, política e identitaria como pocos fenómenos de la vida en cotidianidad conservan aún hoy (piénsese, por ejemplo, en la clase o, en menor medida, en la raza, como catalizadores de tensiones políticas y la franca desventaja en la que se encuentran frente al género y el ejercicio de la sexualidad, para dar cuenta de ello).
El tema para los hombres, por lo anterior, en este momento no transita, en su discusión, por la vía del reconocimiento o desconocimiento de su condición de varones como sujetos de cambio en la crisis presente del género; así como el protagonismo que reclaman con justeza las mujeres no es un simple subproducto de algún trauma narcisista o de alguna insatisfacción de egolatría a partir de las cuáles no se piense, al interior del feminismo, en poco menos que en el tema de constituir nuevos liderazgos que a la postre se conviertan en representaciones de heroínas que nos dieron patria. El protagonismo exigido y construido desde la propia experiencia de vida del ser mujer es, antes bien, una condición de posibilidad de realización de las exigencias por ellas puestas sobre la mesa para acceder a una vida libre de violencia. Y por ello, el acto de relegar al varón en los procesos de disputa, de cambio y de reconfiguración de las relaciones sociales en la cotidianidad no tiene que ver, en absoluto, con aspiraciones megalomaniacas de sus contrapartes. Menos aún con una pretendida objetuacion de la propia humanidad del hombre.
Discutir la construcción y desestructuración de las masculinidades patriarcales, por ejemplo, son dos temas en los que se pone de manifiesto la plena vigencia de la sujetidad masculina y de la relevancia de su papel histórico en la lucha feminista, habida cuenta de que es a ese tipo de identidad y de subjetividad a la que las movilizaciones de mujeres que luchan constantemente interpelan como su principal agente agresor. Después de todo, son hombres quienes las están matando, violando, torturando y desapareciendo.
Es decir, en la medida en que las mujeres señalan la responsabilidad de los varones por el acoso, por las violaciones, por las desapariciones y por los feminicidios por ellas vividos, de lo que se tendría que estar discutiendo al interior de la masculinidad tendría que ir desde la reflexión en torno de las dinámicas que permiten la reproducción ampliada de formas de ser hombre patriarcales hasta la puesta en marcha de prácticas que faciliten y aceleren su eliminación y sustitución por identidades genéricas más horizontales y equitativas respecto de la convivencia con las mujeres.
Para el hombre no se trata, entonces, de traducir los reclamos de las mujeres, a la manera en que el colonizador traduciría los verdaderos reclamos de justicia de las sociedades a las que él mismo coloniza: qué quieren, por qué lo quieren, cómo lo están consiguiendo, cuándo lo están haciendo, etcétera, para después, solemnemente, él mismo ofrecer las respuestas y las soluciones adecuadas para una diversidad y una multiplicidad de problemas que él, en tanto varón, no ha sido capaz de vivir ni experimentar en cuerpo propio en ningún momento de su vida, por no ser el género colonizado, sino el colonizador.
Pero tal división social de la disputa social, sin embargo, no debe llevar a ninguna de las dos partes en tensión (hombres y mujeres en cuestión) a reclamar y exigir como condición de posibilidad de la liberación femenina el mutismo y la inacción del bando opuesto. Y es que, en los hechos, si bien es cierto que la intransigencia, los ejercicios de poder y las prácticas de violencia desplegadas por las protestas, las manifestaciones y los reclamos de mujeres que luchan son necesarios, sí o sí, para cambiar el curso vigente de las cosas, también lo es que no esperar respuesta alguna, o impedirla o aniquilarla de antemano, por parte del género al que interpelan corre el riesgo de perder de vista la manera en que ese género (el masculino, para el caso) se reorganiza y, en cierto sentido, se resignifica, orgánicamente, llevando a extremos en los que esa reorganización solo desemboca en una exponenciación de la violencia física (suplicios, torturas, mutilaciones, asesinatos, etc.) para no perder sus privilegios.
Piénsese en una analogía de dominio general y más o menos universal para dar cuenta de las implicaciones introducidas por la observación anterior: ninguna revolución, sin importar el carácter y la naturaleza de ésta, ha conseguido nada si no es por el despliegue sistemático, ampliado y generalizado de algún tipo de violencia. El jacobinismo y el régimen del terror durante la revolución francesa son muestra de los límites y las densidades tan altas que esa violencia es capaz de alcanzar para conseguir los objetivos sociales que la engendraron. Ese no es el problema, como ninguna violencia revolucionaria lo ha sido a lo largo de la historia.
El problema viene, antes bien, en los procesos de constitución de la nueva forma social y de socialización colectiva que trascienden a las coyunturas de profusión de violencia, pues, en rigor, es en esa dinámica más decantada y pausada en donde comienzan, transitan y hasta cierto punto se agotan la validez y la vigencia de las mediaciones que se hacen necesarias colectivamente para reconfigurar y construir nuevas identidades y nuevas subjetividades. En el auge del jacobinismo y el terror revolucionario francés, por ejemplo, no fue en los momentos de mayor violencia en donde se constituyeron las nuevas identidades estamentales, de clase, genéricas o raciales que a la postre se consolidaron para dar nacimiento a la nueva sociedad francesa posrrevolucionaria. Esa constitución tuvo una cadencia espacial y temporal distinta, decantándose a lo largo de los años a fuerza de cuestionamientos culturales, políticos, ideológicos, etc., que sin duda sÓlo fueron posibles de desplegar gracias al terror y la violencia de la revolución, pero que no fueron ni aquel ni ésta lo que definieron la forma definitiva de la nueva colectividad.
Y la cuestión es que en esa cadencia de los hechos que sucedieron al terror y la violencia de la revolución, todas las partes involucradas tenían voz (en el más amplio sentido del término, a la manera en que éste fue empleado por los estudios subalternos para cuestionar las potencialidades y las situaciones discursivas de los estratos colonizados por occidente, de cara a sujetos que los enmudecían).
Ahora bien, para el caso de las luchas emancipatorias del momento presente, lo que acá se intenta reconocer no es que se le deba otorgar al varón y a la masculinidad el estatuto de subalternidad dentro del cual esa específica subjetividad no tendría, por imposición externa de su antagónico, voz ni discurso. Sería un absurdo colocar en esa posición a un género que históricamente ha sido el dominante en un momento en el que, además, la construcción genérica de las mujeres reclama, precisamente, la posesión y el ejercicio efectivo, público, de su propia voz y discurso, para dejar de ser subalternizada, dominada, por el hombre.
Más bien, de lo que se trata aquí es de poner en perspectiva un problema que comienza a adquirir dimensiones mayores y que, en los hechos, no solucionará mucho de lo que hoy se disputa: la política del apartheid genérico y la proliferación de los espacios de concentración y segregación. Y es que, en efecto, eso que podría pensarse ahora mismo como una medida efectiva, pertinente, para disminuir el riesgo de agresión sexual, física y/o emocional por parte de las mujeres frente a los hombres, creando espacios restrictivos para el encuentro de ambos géneros, en los días por venir no se ve que tengan potencial alguno para dirimir las diferencias presentes, sino, todo lo contrario, parecen solo perfilar la necesidad de replicar el modelo hasta saturar el espacio público (pues el privado se cuece aparte) de espacios exclusivos que en nada llevan a cuestionar a la parte agresora de la necesidad de replantearse la forma en que convive públicamente con el prójimo.
Las divisiones mixtas (para hombres y mujeres) y exclusivas (solo para mujeres) en el transporte público de las grandes urbes, en este sentido, es, sin duda, hoy, ante el abismo de la crisis de violencia que viven las mujeres por parte de los hombres, una medida cautelar que les permite a ellas, dentro de los límites de esa interdicción, viajar sin tener que soportar durante el trayecto el acoso y el abuso físico de los hombres. Sin embargo, pensando en la parte conflictiva de la ecuación, aquello no resulta, en automático, en una especie de examen de autoconciencia de los agresores sexuales que los lleve A replantearse la necesidad de no hostigar corporalmente a las mujeres en el transporte. Llegar a ese comportamiento de respeto mínimo por el cuerpo de la otra requiere de un intenso trabajo pedagógico sobre el género y la sexualidad que precisa, además, de la práctica y la convivencia cotidiana no únicamente para ser aprendido, sino, además, para ser instituido: en términos de lo que significa una institución social, política, histórica, cultural.
De hecho, hasta se podría arriesgar la hipótesis de que la violencia masculina contra las mujeres está incrementando desproporcionadamente debido a que en la cotidianidad social se está procurando privilegiar el aislamiento genérico antes que la resolución de las tensiones que los atraviesan, derivando en una progresiva disminución de la capacidad de reconocimiento de la condición humana de la otra parte. El enmudecimiento que reclaman los hombres a las feministas es apenas un subproducto —pero no menor— de este tipo de lógica de exclusión; y la tendencia creciente por parte de ciertos sectores del movimiento a exigir que el varón no tenga voz ni discurso en esta crisis se inscribe también en ese registro —aunque con un contenido ético por completo divergente.
Sin duda los espacios virtuales están llenos de una profusión de opiniones, de voces y discursos que lejos de demostrar la tesis aquí expuesta, en realidad la refutan. Sin embargo, habría que pensar cómo eso que sucede en las redes no se traduce en el espacio público, en donde hasta por corrección política de un machismo progre milita en favor de la construcción de espacios de exclusión; bandera que, por supuesto, no tardó en ser empleada por el sexismo más radical para reforzar sus privilegios y exigir la expulsión de las mujeres de espacios que tradicionalmente han sido considerados por el varón como sus espacios de exclusividad, en donde las mujeres no tienen cabida.
Silenciar, por lo anterior, en cualquier dirección y por parte de cualquiera de las partes involucradas, es una manera discursiva de edificar espacios de exclusión en donde solo es posible construir soliloquios, monólogos, que en última instancia anestesian el conflicto y restringen las posibilidades de hacer patentes no sólo el reconocimiento de formas tóxicas de convivencia, sino, además, de encontrarles alternativas plurales y en coalición. Y por eso mismo tampoco se trata de hacer entrar al diálogo por la puerta para que la violencia salga por la ventana; antes bien, se trata de trabajar ambos frentes, el de la violencia y el de las mediaciones a partir de las cuales se construyen nuevas subjetividades, de manera paralela, reconociendo que ambas carecen de sentido si una y otra no son acompañadas por su correlativa.


4/12/19
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La dialéctica del trumpismo: hegemonía interna y hegemonía global


En días recientes, el proceso electoral estadounidense que comenzó alrededor del 2016 entró en una nueva coyuntura, justo momentos antes de que éste se desenvolviese de lleno en una nueva contienda presidencial teniendo como figura ideológica central, de nueva cuenta, al empresario Donald J. Trump. Y es que, en efecto, las tensiones y las disputas entre las distintas fuerzas y actores políticos de aquel país desembocaron en la concreción de un nuevo paso en el proceso de impeachment que desde diferentes frentes se busca abrirle al hoy presidente de Estados Unidos; por argumentos que van desde la defraudación a la nación en los comicios de su primer mandato ejecutivo hasta aseveraciones relativas a su traición a la patria, la conspiración y la colusión con los enemigos de su Estado.
La mayor parte de la prensa nacional y extranjera —así como el grueso de los comentócratas oficiosos de estos temas— por supuesto, han centrado prácticamente la totalidad de su atención en la tarea de explicar las consecuencias que cada nueva fase en la construcción del juicio al magnate estadounidense tiene en términos de algo que —se afirma ingenuamente— estaría muy próximo a la posibilidad de haber contado con un presidente que, en el fondo, en realidad no pasaría de ser un doble agente de las fuerzas malignas del comunismo internacional o, en su defecto, de los espectros que éste ha dejado. Después de todo ¡hay que reconstruir al enemigo comunista para legitimar el conservadurismo del supremacismo anglosajón!
En términos generales, más allá del tema de las elecciones en y por sí mismas, la primera consecuencia importante que tal seguimiento ha tenido en la construcción del imaginario colectivo respecto de la vida política estadounidense ha sido la del reforzamiento de la idea (hoy ya hecha sentido común) de que Donald Trump sigue siendo una suerte de anomalía en la línea histórica de la vida política de Estados Unidos y que, por lo tanto, en la medida en que el empresario es un error que se sale fuera de los marcos de conducción institucional tradicionales, hay que confirmar que debe ser eliminado de la próxima ecuación electoral para retomar el rumbo.
En última instancia, a menudo el problema termina gravitando alrededor de las relaciones vigentes entre demócratas y republicanos. Pero lo cierto aquí, y lo que más llama la atención, es que en esos sentidos comunes una pregunta fundamental permanece ausente (justo porque se cree, de manera incorrecta, que Trump es un error que hay que corregir): ¿Por qué está teniendo lugar y tanto empuje la idea del impeachment a Donald Trump si éste —el primer empresario de vocación al frente de la presidencia estadounidense en la historia reciente del país— está haciendo exactamente todo lo que se supone que cualquier mandatario estadounidense en la presidencia debería de estar haciendo para impedir la degradación actual de la hegemonía de Estados Unidos en su escala global,? ¿no es acaso el impeachment una contradicción, un error de cálculo o una mala estrategia que, en última instancia, amenaza con minar los esfuerzos hechos y los resultados hasta ahora conseguidos para lograr que Estados Unidos no pierda su posición internacional ante China, Rusia, India, Irán, la Unión Europea, etc.?
En primer lugar, en efecto, habría que subrayar que esas preguntas, en particular, no están presentes en la discusión colectiva ya de entrada porque se parte del supuesto (erróneo) de que en realidad Trump está haciendo todo mal en su mandato: ya sea por su inexperiencia, por su volubilidad, por su carácter confrontativo o por cualquier otro rasgo de personalidad que se le guste adjudicar y extender hacia el resto de su gabinete. En segundo lugar, no se plantean porque, en la medida en que se parte del sentido común de que Trump está haciendo mal las cosas, no se discute, en consecuencia, si lo que se está afectando con el impeachment es la posibilidad futura de la conservación de la primacía estadounidense en el mundo, sino, antes bien, las alternativas que se tienen para superar un problema (la persona del presidente), que es lo que está corroyendo aún más las escasas posiciones de poder que aún conserva el Estado.
En parte, ese tipo de perspectiva es fácilmente identificable cuando lo primero que se pone sobre la mesa de discusiones es el problema de qué tanto Donald J. Trump y el gabinete que lo acompaña se han salido de las formas, los protocolos y las metodologías tradicionales de hacer política por parte de demócratas y republicanos. De tal suerte que, al final, de lo que se trata es, de nueva cuenta, de encontrar los senderos a través de los cuales el stablishment de personalidades políticas oficiosas sean capaces de reinstituir la tradición de la cultura política gubernamental.
Muchas son, claro está, las deficiencias que ese proceder en el análisis de la presidencia de Trump dejan tras de sí. Sin embargo, quizá una de las más importantes en este monto tenga que ver, justo, con el dilucidar porqué el análisis político no está siendo capaz de explicar cuáles son las razones de fondo que están llevando a ciertas fuerzas y ciertos actores políticos a querer deshacerse del presidente Trump y colocar a alguien más en su lugar. Alguien, no sobra decirlo, como Joe Biden, que en los hechos no pasa de ser (por lo menos hasta donde se alcanza a observar) una continuación de las acciones de Barack Obama; es decir, un continuador de la cara más brutal del imperialismo estadounidense presentada con agenda de derechos humanos, de progresismo social, de correcciones al capitalismo descarnado y de defensa de los valores tradicionales de la sociedad occidental —a diferencia, por ejemplo, del republicanismo: menos hipócrita y más transparente en su agenda imperial.
Por supuesto, la primera respuesta que se podría plantar a las preguntas anteriores es que si el impeachment está ocurriendo es porque la labor de Trump como presidente de Estados Unidos no únicamente está dejando qué desear, sino que, más allá de eso aun, no está permitiendo al Estado avanzar. Así, por ejemplo, de un plumazo se resuelve la cuestión, y entonces sólo queda dedicarse a desentrañar qué cosas, qué errores es posible encontrar al presidente en turno para emplearlos en su destitución o expulsión de la contienda electoral que se avecina.
Una respuesta más pausada, no obstante, apunta hacia otras direcciones y no soluciona el problema así, tan intempestivamente. Y es que si algo muestra la experiencia histórica de Trump como presidente es que, por lo menos en los puntos fuertes de su agenda que eran factibles de realizar sin por ello poner en juego un segundo mandato presidencial (necesario tanto para consolidar lo hecho en los primeros cuatro años como para arriesgar aún más y tomar, entonces sí, las decisiones concernientes a las grandes apuestas de geopolítica), en esos ejes, su realización ha sido más que decente. Los resultados no siempre han sido los deseados por el propio presidente y los intereses que lo respaldan, pero también es un hecho que muchos de los resultados esperados y los que en verdad se plantean como cambios profundos no van a sucederse de la noche en la mañana, ni en cuatro u ocho años, sino en periodos más amplios, a manera de siclos seculares de duración media (a unos veinte o treinta años).
En la inmediatez, eso sí, algunas cosas importantes han sucedido: a) la distención de las relaciones con Cuba se echó para atrás y ahora, mes a mes, se expiden decretos con nuevas sanciones (algunas de ellas las más brutales en la historia de la isla); b) los grandes capitales tecnológicos chinos no fueron derrotados, claro está, pero sí fueron puestos en cuestión: evidenciando, en muchos casos (incluidos el de la poderosísima Huawei), que aún no cuentan con la madurez o consolidación suficientes como para desprenderse por completo de la tecnología (hardware y software) estadounidense; c) el acuerdo nuclear con Irán fue echado para atrás y ahora esa sociedad se encuentra en un punto similar a aquel en que se hallaba en la era de George W. Bush; d) las relaciones estadounidenses con Rusia no sólo no están en su mejor momento, sino que, además, los espectros del comunismo fueron despertados para revestirla con ellos cuando ya llevaba un par de décadas sin ser considerada una amenaza a Occidente en ese específico sentido; e) guerras se siguen sucediendo en todas las latitudes de África y Oriente medio; f) la Unión Europea ha vuelto a ser relegada en su rol internacional, sin una posible salida factible a la reorganización de los capitales europeos al interior del bloque; y, g) una cantidad importante de capitales estadounidenses se encuentra recuperando posiciones en diferentes partes del mundo.
Sólo América parece estar apartándose de esa tendencia por los caos recientes de Argentina, Bolivia y México, con gobiernos de centro izquierda (o progresistas) con amplio respaldo popular y una agenda social con amplias correcciones a la lógica del capital. Sin embargo, las ofensivas y las reacciones que en otros espacios están teniendo lugar dejan mucho que pensar respecto de si es verdad esa supuesta abstracción regional. Chile, por ejemplo, que desde años atrás se mantuvo con una población despolitizada, pero que la respuesta del capital no ha sido menor; Colombia, por su parte, con la reactivación del conflicto armado con las FARC; Ecuador, que recién atravesó por un triunfo importante ante los ajustes estructurales fondomonetaristas, pero que sigue siendo una sola victoria frente a un ajuste específico (dejando intacto todo lo demás); Brasil, que parece asistir a la reversión del proceso judicial en contra de Inácio da Silva; o Centroamérica, hoy sumergida en nuevas ocupaciones militares y absorbida por programas de pretendida ayuda internacional, cuando en realidad son versiones 2.0 de la añeja Alianza para el Progreso.
El reverso de esa cara es, además, el fortalecimiento de la presencia del evangelicalismo y el protestantismo en la región; el incremento en las tasas de transferencia de capital desde las zonas explotadas hacia los centros globales; la mayor presencia de una lógica militarista de la vida en sociedad; la respuesta a las olas migratorias masificadas; la expulsión masiva de hombres y mujeres de la vida laboral; la guerra híbrida en Venezuela; los atentados y connatos de intervención violenta en México; etcétera. Es decir, no todo camina tan bien en América como para afirmar que acá la agenda de Trump no tiene presencia efectiva porque esta suerte de renovado tránsito o vuelco hacia el progresismo en la región está tomando fuerza. Si, lo está haciendo, pero se están pagando altos costos sociales en otros rubros.
Al interior de la economía estadounidense, por otra parte, las políticas de la administración de Donald Trump arrojan resultados interesantes: mostrando, ante todo, que lo que se está trabajando tiene dos objetivos principales. En primer lugar, regresar, en muchos sentidos, pero no en todos, a los niveles en los que se encontraba la economía estadounidense antes de la debacle que ésta sufrió alrededor de 2008; sólo que esta vez —y este elemento es el nodo central— corrigiendo un par de aspectos:
i)                la dependencia de la economía estadounidense de la china;
ii)              las dinámicas que, derivadas de lo anterior, tendieron a fortalecer al aparato productivo chino por encima de sus necesidades de consumo satisfechas por el comercio exterior;
iii)             la desconcentración de las actividades manufactureras, renacionalizando algunas de sus cadenas de producción, circulación y consumo, habida cuenta de que son éstas las que aún hoy —y sobre todo, de cara a la automatización de procesos— las que generan la mayor cantidad de empleos;
iv)             las medidas coyunturales, de emergencia, que se tomaron durante la presidencia de Obama para hacer frente a la contracción de 2008, afianzando procesos productivos/consuntivos menos emergentes y de mayor consistencia en el largo plazo.
En segunda instancia, estabilizar lo afianzado con esas políticas, de tal suerte que lo ganado se consolide como resultado de la dinámica orgánica de los ajustes realizados y no como un mero subproducto de procesos no contemplados que siguen surgiendo como efecto de los desajustes provocados por la contracción de 2008. Es decir, el segundo objetivo tiene por objeto estabilizar a la economía interna de Estados Unidos para que regrese a una suerte de estado de normalidad en el que sea posible afirmar que los buenos resultados obtenidos ya no son producto de la recuperación inmediata de la contracción de hace diez años.
En ese sentido, algunos resultados obtenidos por la administración de Donald Trump son:
a)     el crecimiento económico general del PIB se ha mantenido estable, con niveles de crecimiento más bajos que los de Obama en periodos específicos del 2012 y el 2014, pero también con niveles mayores a los del resto de los ocho años de su gobierno, alrededor del 3.5%
b)     en términos de desempleo, la tendencia se ha mostrado consistente con la trayectoria observada durante los años de recuperación de la administración de Obama (luego de que éste creció constantemente con George W. Bush y de que se disparó desde el 2007 hasta el 2011); hoy se coloca en niveles mínimos históricos para el siglo XXI: 4.0%
c)      el crecimiento del empleo, en consonancia con la disminución del desempleo, se ha sostenido en niveles similares a los de los últimos cuatro años de administración de Obama, con variaciones mínimas al promedio de doscientos mil empleos mensuales creados para cada año;
d)     los salarios y el ingreso de los hogares, por otro lado, son quizá los dos indicadores que más impacto muestran: respecto del primero, luego de haber caído de manera sostenida a partir de 2009 y hasta 2013, y de haberse mantenido en cierta estabilidad durante el segundo mandato de Obama; desde 2016 estos han crecido de manera sostenida, al rededor del 3%. Y sobre el ingreso de los hogares, las familias típicas de clase media estadounidenses vieron un incremento en él hasta alcanzar los 63,179 dólares, luego de haberse mantenido en los 60,000 dólares en el último año de Obama.
Ahora bien, en una línea de mediciones paralelas, quizá se podría argumentar que esas cifras (siempre estimativas), no reflejan la realidad del desempeño de la economía estadounidense. Sin embargo, la realidad del asunto es que más bien sucede todo lo contrario, pues a esos números que reflejan en abstracto mejoras en la economía familiar y cotidiana de las clases medias estadounidenses, se suman un par de indicadores que dan cuentan de que la administración de Trump también está tomando decisiones importantes para impactar positivamente en el fortalecimiento de los grandes capitales nacionales por otras vías.
El mercado de valores, por ejemplo —salvo una caída importante derivada de la disputa comercial con China, a principios de este año—, su tendencia ha sido creciente; tanto, que el mundo tendría que prestar atención a los niveles de especulación que se están jugando ahí, porque el tamaño de ese mercado ya es abrumador. La deuda federal se inscribe justo en este rubro, y lo único que muestra su medición es que ésta sigue en aumento: a principios del mandato de Obama se encontraba por encima de los diez billones (trillions) de dólares, al comenzar su segunda gestión ya estaba por encima de los quince billones, y al finalizar alcanzó los veinte billones. En cuatro años de mandato de Trump, ésta ya se encuentra alcanzando el límite de los veinticinco billones.
¿De qué dan cuenta todas estas abstracciones numéricas? En términos un tanto simplistas y generales, muestran que la presidencia en turno está jugando a dos bandos: dando continuidad a ciertas lógicas de acumulación de capital de las grandes corporaciones transnacionales y estadounidenses, por un lado; y ofreciendo ciertas concesiones a las clases medias estadounidenses, por el otro. Pero más importante aún, de lo que dan cuenta en el fondo es de que los shocks estructurales que está dando (y que en el sentido común del colectivo son leídos inmediatamente como torpezas o arrebatos veniales) tienen una lógica y una coherencia interna que busca blindar algunos de los aspectos estratégicos de la economía estadounidense (frente a la estrategia china Made in China 2025) que son, en última instancia, los que le permiten obtener ventajas comparativas respecto de sus aliados y competidores.
¿Por qué, entonces, el impeachment? Las causas del conflicto, antes que en la generalidad de la actividad económica y sus resultados, parece estar situada en dos frentes: a) la falta de construcción de una hegemonía afín a la propuesta gubernamental e ideológica de Donald Trump; y, b) las crecientes tensiones que se están abriendo, en términos culturales e identitarios, al interior de la propia nación estadounidense.
En el frente de la hegemonía, lo que queda claro es que, en el terreno de la política, los demócratas no están dispuestos a desperdiciar la posibilidad de recuperar para sí y para sus propios intereses las riendas del gobierno y la conducción del Estado; y en el terreno de la actividad comercial, lo que es aún más evidente es que la administración de Trump está beneficiando sí al gran capital estadounidense, pero no a cualquier capital, y sobre todo no a cualquier empresario. Ese desplazamiento de unos empresarios por otros, la expulsión, la contención o la afectación de los círculos empresariales que crecieron a la sombra de la presidencia de Obama para favorecer, ahora, a los intereses cercanos al propio Trump no es un hecho menor; sobre todo, teniendo en cuenta la magnitud, el tamaño y la penetración de esos capitales (alimentados con los resultados de la crisis y las políticas para su superación) en la economía nacional.
En un Estado tan profundamente corporativista como lo es el estadounidense, esa sustitución de intereses no es inocua. Y es que, aunque los más grandes capitales (como J.P. Morgan Chase, Exxon Mobil, Lockheed Martin, Tesla o Boeing) son suficientemente poderosas como manejar los vaivenes políticos internos y someter a sus agendas la política económica del país, el resto no lo es tanto, y esas disputas no son sencillas de solucionar. De ahí la conexión con los estratos políticos demócratas y las constantes afrentas abiertas en los órganos de gobierno federales. Después de todo, el que Trump esté haciendo lo necesario para asir a Estados Unidos a una posición de primacía que en definitiva ya no le pertenece (y que más que mantener intenta recuperar, antes de que China sea demasiado fuerte para vencer y para consolidarse como nuevo hegemón global) no significa, en automático, que eso que hace le permita a todos los capitales y todos los intereses políticos de su nación verse beneficiados (por ejemplo: corporaciones como Apple o Microsoft, que acumularon y concentraron una gran cantidad de capital gracias a las manufactureras chinas, hoy afectadas).
El segundo frente es aún más problemático y denso por dos razones. En principio, porque la polarización que causa el espectro ideológico desplegado por Donald Trump sobre el debate público nacional atenta en contra de algunos principios básicos del capitalismo multicultural que se instituyó desde las revoluciones culturales de los años sesenta del siglo XX, y que hasta ahora había funcionado para anestesiar la conflictividad social por la vía del mercado. De ahí viene cierta primacía industrialista, manufacturera y obrera al interior de la política económica y comercial de Trump —que, de nueva cuenta, en el debate público no se ha sabido comprender en su radicalidad conservadora y sólo se la descalifica como puro anacronismo.
Anacronismo o no, lo que es un hecho es que ese atentar en contra del multiculturalismo liberal ha llevado a la administración Trump, inclusive, a buscar replantear las nociones vigentes que se tienen sobre derechos humanos, procurando refuncionalizarlos y darles un nuevo contenido programático menos integracionista de la diversidad. La Comisión sobre Derechos Inalienables creada por Mike Pompeo al interior del Departamento de Estado, y las actividades que ésta realiza para redefinir ¿Cuáles son nuestras libertades fundamentales? ¿Por qué las tenemos? ¿Quién o qué concede estos derechos? se explica sólo por ese propósito. Los conflictos ideológicos y mercantiles que se generan con esto no son menores, y aún están por verse los resultados.
La segunda razón por la cual este frente es más problemático y denso (pero también del porqué es desde acá que se debe pensar en su radicalidad el impeachment a Trump) tiene que ver con el esfuerzo sistemático que este personaje ha realizado para restituir en el centro de la cultura estadounidense (y como núcleo central de su identidad) al supremacismo blanco, anglosajón, protestante y capitalista. Y ello es problemático porque tal cruzada se inscribe en un momento en el que justo el multiculturalismo liberal comenzaba a alcanzar sus mayores grados de refinamiento y despolitización de la convivencia colectiva.
Después de todo, con un mercado dispuesto a integrar a cualquiera para poder mercantilizar su cultura, y los cambios tan cuantiosos que la población estadounidense vivió en los últimos cincuenta años, por la vía de la migración, no son banales. Los intersticios culturales que se han tejido a ras de suelo gracias a la confluencia de esas dos dinámicas, con la segunda siendo subsumida por la primera para introducirla en los circuitos de la valorización en el marcado neoliberal, hoy, son amplios y tienen un hondo arraigo en la vida de millones de personas que han tenido que reconstruir su identidad a partir de la confluencia de su identidad madre o nativa (latina, afro, etc.) con las apropiaciones que realizan respecto de la cultura huésped (estadounidense). Una restitución del supremacismo, en este sentido, no sólo les afecta por los actos de discriminación y los ejercicios de poder y de violencia de los que son objeto por no ser considerados y consideradas como estadounidenses por naturaleza, sino que, aunado a ello, les impacta en la estructura interna misma de aquello que se apropiaron de la identidad estadounidense para sobrevivir en aquella sociedad.
Ésta es, por lo tanto, la afrenta de las colectividades, la afrenta de las resistencias populares colectivas que en los últimos cuatro años han sabido responder al desafío del supremacismo por medio de su organización masiva (piénsese en las movilizaciones de mujeres ante el machismo explicito del presidente), y que por supuesto también encuentran síntesis diversas en la actividad política oficiosa que se nutre, a su vez, de ese descontento popular para movilizar su agenda y justificar, así, la destitución del presidente (o su bloqueo electoral).
En última instancia, mientras avanza el proceso en la construcción del impeachment, algo que no se debe perder de vista es la manera en que la disputa por la hegemonía al interior de Estados Unidos está, paralelamente, reconfigurando los puntos geopolíticos de intervención y expansión (colonial o imperialista) de Estados Unidos, en una lógica que tiene mucho que ver con la posibilidad de fortalecer posiciones en el exterior para compensar las pérdidas del grupo gobernante en turno al interior de aquella nación.

20/11/19
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El mito de la no reelección en democracia


Las sociedades occidentales están acostumbradas a pensar y creer firme y militantemente que la forma específica de su democracia de corte liberal, procedimental y representativo es la única vía válida de pensar y practicar la democracia —a pesar de que ese contenido liberal, procedimental y representativo no sea en lo más mínimo sino el ejemplo más exacto de la instrumentalización del término y la práctica para expulsar de sus cauces a millones de personas que no le son útiles más que en las coyunturas comiciales.
Dentro de ese mito de que la democracia comienza, transita y se agota en las rondas electorales que periódicamente se celebran en esas sociedades, además, se endiosa a uno de sus principios más elementales: la no reelección y la alternancia entre opciones partidistas como muestras de pluralidad, de equidad de oportunidades y diversidad de opciones políticas a disposición de la ciudadanía.
La ficción de la democracia como pura coyuntura electoral, por supuesto, no se sostiene ni siquiera en los orígenes mitologizados de su génesis occidental en ese par de sociedades profundamente antidemocráticas que fueron la Grecia esclavista y la Roma imperial. Sin embargo, más allá de esa génesis que en el resto del mundo, en las periferias globales, ha tenido el efecto colonial de sustituir, reprimir o aniquilar formas de convivencia individual y colectiva mucho más igualitaristas, horizontales, recíprocas y comunitaristas, lo que es un hecho es que las constantes reinvenciones y resemantizaciones a las que Occidente ha sometido al término y a la puesta en práctica del mismo no sólo han conducido a un total vaciamiento del contenido de uno y otra, sino que, además, es en esa su abstracción y nula concreción que se han cimentado las más atroces injusticias sociales y estructuras coloniales, racistas, sexistas y clasistas de las que se tiene conocimiento en la historia del capitalismo moderno.
El principio de no reelección nació como una alternativa de resistencia colectiva frente al avasallante poder que los estratos reales, nobles y aristocráticos tenían en la organización de la vida colectiva hace un par de siglos. De tal suerte que el individualismo clásico burgués (alrededor de los siglos XVI y XVIII), en situación de desventaja frente a esos tres estamentos (sostenidos por sus brazos ideológico: iglesia cristiana; armado: milicias profesionales; y administrativo: burocracia estatal) instituyó el recurso al cambio permanente y sistemático de personas en el gobierno como una manera de contener la sucesión de linajes familiares y sustituirle por la meritocracia individual.
El problema con la concepción anterior es, no obstante, que eso que en sus comienzos se pensó como una estrategia política de sustitución de estamentos dentro del Estado y al frente de su andamiaje gubernamental hoy se encuentra deshistorizado de su genealogía y es empleado indiscriminadamente para defender la ilusión de que los cambios de personalidades son, por antonomasia, cambios en la correlación de fuerzas que se disputan el espacio de la política, por un lado; y cambios en y por sí mismos del contenido ideológico y programático entre gobiernos, por el otro. Es decir, lo que un par de centenas de años atrás nació para cambiar a la clase social hegemónica en el control estatal y gubernamental, hoy se piensa como una norma trascendental y transhistórica de la democracia occidental y de la propia política para defender la falsa conciencia de que una sucesión de múltiples individualidades al frente del Estado y del gobierno no significa, en ningún sentido, continuidad ideológica y programática; esto es, continuidad de agenda.
En este sentido, en la historia reciente de la civilización moderna, desde la inauguración del neoliberalismo con las dictaduras de seguridad nacional en el Sur de América, se ha venido defendiendo, desde el conservadurismo de derecha, que el cambio constante de representantes populares (y sobre todo de cabezas en el poder ejecutivo y en los órganos parlamentarios del Estado) es un claro signo de las mayores y más refinadas expresiones de la democracia occidental porque en ellos son palpables los cambios de rumbo, de planes de desarrollo, de políticas públicas, de agendas de gobierno y demás. En la sombra de ese discurso naive queda, no obstante, el hecho comprobable de que inclusive realizándose tales cambios en cada sociedad de la región, cada uno de los gobiernos emanados desde entonces ha promovido (a su modo, eso sí) la neoliberalización de la vida cotidiana.
Piénsese en los casos, por ejemplo, de los gobiernos emanados del priísmo mexicano desde Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo (y luego Enrique Peña Nieto), que a pesar de ser sexenios con presidentes distintos, promotores de plataformas políticas diferentes, políticas públicas variadas y programas sociales diversos (a veces hasta contradictorios con sus antecedentes inmediatos), compartían, en lo fundamental, un núcleo de principios ideológicos y directrices programáticas que los consolidaron como gobiernos de continuidad en la progresiva liberalización de la economía nacional, como defensores de la expansión, cualitativa y cuantitativa, de la privatización de la actividad productiva; del sometimiento económico a los ajustes fondomonetaristas, del alienamiento con los regímenes fiscales favorecedores de las corporaciones transnacionales, de la precarización de los salarios y el encarecimiento de la vida cotidiana, etcétera. Hasta los dos gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), autodenominados de alternancia democrática y política continuaron con esa agenda (aunque imprimiéndole algunos de sus rasgos conservadores, como solo un partido de derecha de su tipo es capaz de hacerlo).
O qué decir, en una línea de ideas adyacente, de esa simulación que es la no reelección en un México en el que un Manlio Fabio Beltrones, un Enrique Gamboa Patrón, un Porfirio Muñoz Ledo, una Ifigenia Martínez, un Gustavo Madero o un Diego Fernández, han transitado por todos o la mayoría de los puestos de representación popular a nivel local (presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones y secretarías ejecutivas estatales, etc.), y otros tantos federales (Congreso de la Unión, Ejecutivo Federal), rotando y transitando entre niveles y poderes de gobierno de manera sistemática. Personajes como estos, sin ir más lejos, han repetido legislaturas, aunque no consecutivamente, sí de manera sistemática entre unos sexenios y otros.
El discurso liberal, por supuesto, encubre esta farsa detrás del velo del cambio de personalidades, como si con ello hubiese una suerte de renovación total de la vida nacional, de las dinámicas económicas y las estructuras políticas vigentes. A menudo, también, justifica esa circulación de actores (que en los hechos está siempre concentrada en pequeños círculos políticos y estratos sociales aún más reducidos) oponiéndola a los casos en los que dictadores de la talla de Pinochet o de Trujillo permanecieron en el cargo por más tiempo que el de un mandato promedio a nivel regional: irónica contraposición, por cierto, toda vez que las democracias occidentales no únicamente no movilizaron al entramado multilateral internacional (ONU, OEA, FMI, BM) para condenar sus métodos represivos y presionarlos para dimitir a su mandato, sino que, además, les premiaron haciendo de ellos sus principales aliados políticos y socios comerciales regionales para extender la proyección geopolítica y las capacidades de intervención contrainsurgente estadounidenses.
Épicos son, al respecto, los intercambios epistolares de los teóricos de la economía neoclásica y neoliberal (profundamente agresivas en contra del Estado y su participación en la vida económica de una sociedad), celebrando el fortalecimiento militarista del Estado latinoamericano y de sus aparatos represivos.
He ahí el secreto de la farsa antirreeleccionista: el mantenimiento de una elite en el control del Estado y de su andamiaje gubernamental, con plena conciencia de clase, genérica y racial, que hace transitar por uno y otro a sus propios miembros ocultando las continuidades y los sentidos comunes que comparten como programa político, cultural, histórico, económico, identitario e ideológico. Pero también he ahí al enemigo ante el cual se instituye a sí mismo, pues es solo cuando resulta electo y se sostiene en el tiempo (por su fortaleza popular, de base) un proyecto político, cultural, histórico, económico, identitario e ideológico opositor —sea cual fuere su personificación— que el argumento se esgrime para condenar cualquier tufo a continuidad (de proyecto o de personalidad).
Es en este punto en el que la propia abstracción sobre la reelección o la no reelección debe adquirir toda su consistencia y profundidad poniendo de manifiesto que el tema no es si la primera es opuesta a toda forma de gobierno democrático o si sólo a través de la segunda es posible consolidad a la democracia en tanto forma de gobierno. El tema central es, antes bien, en que al ser la reelección una forma más de manifestación y de realización de la democracia, su disputa debe darse en el terreno de la ética; es decir, en el debate sobre las consecuencias que ésta tiene en la consecución de un cada vez mayor grado de justicia social y de integración política, histórica, cultural, económica, etc., de los sectores tradicionalmente excluidos en el entramado de lo comunitario.
De ahí que el tema no sea elegir entre reelección sí o reelección no, sino, por lo contrario, en determinar los mecanismos de control, los procedimientos, las normatividades y las regulaciones que permitirían, en primer lugar, asentar las bases de las condiciones de posibilidad de regímenes políticos con sistemas de reelección político-electoral que trasciendan ese plano de lo puramente electoral, representativo y procedimental hacia la instauración de formas de convivencia colectiva más democráticas en el terreno, justo, de lo comunitario (la democracia como forma de organización, participación y convivencia social, colectiva, antes que como forma de gobierno institucionalizada); y por el otro, asegurar que los principios que primen en la consecución de una reelección —con independencia del espectro ideológico al cual se adscriban— sean los del reconocimiento de que la soberanía se funda en la totalidad de la sociedad y que esa soberanía sea respetada como expresión de una voluntad colectiva.
Ahora bien, puestas así las cosas, un elemento que es importante no perder de vista, aquí, tiene que ver con el reconocimiento de que todo proceso político y toda sociedad, en el capitalismo moderno, es potencialmente un escenario de disputa en el que los aparatos represivos del estado, las estructuras de clase y las potencias de los capitales se encuentran en una posición jerárquica de supra-subordinación respecto del resto de quienes integran a la sociedad en cuanto tal. Es decir, sociedad civil, por un lado; y sociedad política, instituciones represivas y capitales nacionales y extranjeros, por el otro; no son dos lados de una misma ecuación que se encuentren en situaciones equitativas de competencia ni en condiciones de simetría en términos políticos, económicos, culturales, históricos, etcétera.
Y es que, si se desconoce esa fundamental asimetría reproducida sistemática y orgánicamente por la lógica del funcionamiento del capitalismo moderno desde su génesis y hasta el día de hoy —para asegurar sus dinámicas de concentración y centralización de capital—, el riesgo que se corre es el de conceder que una reelección permanente de un personaje como Pinochet es tan válida y legítima como la de un Evo Morales, cuando en realidad son diametralmente opuestas por cuanto las condiciones de posibilidad de las sucesivas reelecciones del primero están dadas por el control que éste tiene de los aparatos y andamiajes del Estado, así como por el favor de los capitales que lo financian y le permiten desarrollar la vida económica nacional en relativa normalidad.
La diferencia no es menor, y es fundamental para comprender porque la manera en que llegó Bolsonaro a la presidencia de Brasil no es equiparable a la manera en que los hizo Hugo Chávez, en Venezuela. Y también para no barrer con el mismo rasero a la deposición de Evo Morales (por la vía de un golpe de Estado) y a las exigencias de los y las estudiantes chilenas. O para no colocar en el mismo saco, en general, a los gobiernos progresistas en la región y a los gobiernos neoliberales que les antecedieron, les alternaron o les sucedieron. Proceder de esa forma, equiparando lo inequiparable, es justo la manera en que la racionalidad instrumental del capitalismo moderno consigue que los procesos políticos y sociales históricos concretos sean despojados de sus contenidos cualitativos y de sus concreciones, haciendo abstracción de ellos y colocándolos al margen de la forma.
La reelección como una de tantas formas de expresión y realización de la democracia, por eso, debe fundar sus propias reglas y sus marcos de contención, pues de lo contrario, si se la emplea dentro de las estructuras provistas por las normalización liberal, procedimental y representativa de la democracia occidental, ésta corre el riesgo de convertirse en poco menos que una estrategia y un instrumento de poder al servicio de élites gubernamentales que observan en el Estado y en su andamiaje gubernamental un botín al servicio de sus propios intereses.
Un dictador, en este sentido, no se hace ni se define por el tiempo que se mantiene gobernando a su sociedad, sino por los contenidos éticos ausentes, por los retrocesos en materia de justicia social y por el ensanchamiento en los márgenes de los excluidos (de la política, la economía, la cultura, la historia, etc.,) que su gestión consigue. Y es que, una persona como Jair Bolsonaro, en Brasil, puede bien no contar con más de cuatro años de gestión y aún así haber instaurado un régimen de terror militar en su sociedad; mientras que un presidente como Evo Morales puede sumar en su biografía política más de una década de mandato y, sin embargo, haber conseguido, como resultado de su gestión, los mayores niveles de justicia social, de integración social y de construcción de una ética de la vida en colectividad.

19/11/19
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Ricardo Orozco es miembro del Grupo de Trabajo «Geopolítica, integración regional y sistema mundial», del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

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