¿Violencia política o política violenta?
Los mexicanos se encuentran a poco menos de una semana de que se
celebren los comicios más grandes en la historia del Estado, tanto por
financiamiento como por padrón electoral, cantidad de elecciones concurrentes y
número de cargos de representación en juego. Sin embargo, más allá de los temas
propios de la contienda electoral, relativos a los problemas y las respuestas
que cada presidenciable pretende atajar, de ser electo, durante los siguientes
seis años, una de las cuestiones que menos ha sido abordada ni por ellos ni por
sus respectivos equipos de campaña —pero sí en cierto grado por la prensa
nacional— es aquella que tiene que ver con el rol que juega la violencia —así,
sin adjetivos— por cuanto determinante del comportamiento, las preferencias y
la participación política directa de los ciudadanos.
En términos generales, todos los presidenciables se
han posicionado sobre la materia en cuestión partiendo del postulado de que es
necesario pacificar, reconciliar y asegurar al país, dando por terminado con un
largo ciclo de poco más de doce años de violencia en el marco de la guerra del
Estado mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico. Con algunos
candidatos ofreciendo más violencia como respuesta a los elevados índices de
violencia en el país —al estilo del Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón y su
cruzada en favor de la mutilación de miembros—; otros más, apelando a la buena
voluntad de la ciudadanía para olvidar el pasado y reconciliarse con sus
verdugos —caso de la estrategia de la
campaña de López Obrador, que si bien no es tan simplista como sus detractores
la pintan, éste no ha ofrecido una propuesta programática para conocer los
mecanismos que se emplearían, por lo demás, algunos experimentados con gran
éxito en sociedades con historias marcadas por dictaduras cívicas y/o militares
o intervenciones armadas—; y otros en franca aceptación de que se debe
continuar por el camino hasta ahora transitado —que serían José Antonio Meade y
Ricardo Anaya apelando a la noble y patriótica naturaleza de las instituciones
del Estado, las mismas que tienen al país en la descomposición imperante—; lo
que queda claro en cada caso es que, unos y otros, cuando no han decidido
menospreciar la importancia del tema para el desarrollo de la sociedad, han
dado muestras de un soberbio desconocimiento del fenómeno y una profunda
carencia de propuestas para abordarlo.
En el caso de la Coalición
Juntos Haremos Historia, encabezada por López Obrador, por ejemplo, quien
escribe estas líneas ya ha expresado en otros espacios lo preocupante que es
que, de resultar electo en los comicios de julio, su equipo de campaña no
cuente con ninguna estrategia clara sobre la manera en que se tendrá que
proceder en el caso de que los intereses a los que ahora se opone —o por lo
menos, a los que no les resulta favorable— López Obrador decidan hacer un uso
más intensivo y extensivo del conflicto armado en torno del narcotráfico para
desestabilizar la gestión gubernamental y demostrar la incompetencia del nuevo
ejecutivo para hacer frente a un fenómeno que ya se ha cobrado poco más de
doscientas mil vidas.
En el caso de los dos representantes del oficialismo
(Meade y Anaya) por supuesto, esta posibilidad se encuentra potencialmente
reducida, en comparación con López Obrador, habida cuenta de que si bien es
cierto que ambos representan intereses que en muchas ocasiones no comulgan y
hasta se saben adversos, también lo es que en un panorama amplio las
diferencias entre unos y otros no son tan profundas y en por lo menos ya en el
transcurso de cuatro sexenios han dado muestras de saber colaborar por la
obtención de un entorno comercial y político que les sea mutuamente favorable.
En este sentido, a lo que se ha prestado muy poca
atención dentro de la agenda pública es a la discusión, justo, del rol
determinante que en el momento presente juegan los grupos armados, militares y
paramilitares, desplegados por todo el territorio nacional. Y lo cierto es que
ello no es para menos. De entrada, el actual proceso electoral ya es, en la
historia de los comicios en México —salvo, quizá, el enmarcado en la guerra
civil de 1910-1921—, el más violento en términos de la designación de candidaturas.
Tan sólo de septiembre de 2017 a la fecha, cuarenta y seis candidatos y/o
precandidatos a puestos de representación popular han sido asesinados en hechos
marcados por el ejercicio de distintos grados de violencia.
Comparado con los comicios presidenciales pasado, es
decir, los correspondientes a 2006-2012, el proceso electoral en curso se
distancia de aquel por cuarenta y cinco asesinatos (lo que representa un
incremento de este fenómenos en 4500%), toda vez que en el periodo anterior
sólo se registró un candidato ultimado en los mismos términos en los que se
dieron los cuarenta y seis casos presentes. Pero no sólo, pues, además, el
sexenio de Enrique Peña Nieto se distancia en gran medida del de Felipe de
Jesús Calderón Hinojosa en el número de políticos (regidores, alcaldes,
exalcaldes) ultimados por el crimen organizado: nueve entre 2006 y 2012 frente
a ciento veintidós entre 2012 y 2018.
Por supuesto que éstas cifras son risibles si se las
compara con las cifras correspondientes al total general de asesinados en cada
sexenio, al número de desapariciones forzadas, de secuestros, de casos de
tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de crímenes de odio por género,
preferencias sexuales, raza, credo; y hasta por el ejercicio de profesiones
como la de reportero y médico. Sin embargo, y teniendo plena conciencia de que
unas ejecuciones no sustituyen o demeritan a otras, el elemento de especial
relevancia respecto de las personalidades al frente de estructuras
políticas-administrativas del Estado, en cualquiera de sus tres órdenes de
gobierno (federal, estatal y municipal) y en cualquiera de sus tres poderes
(ejecutivo, legislativo y judicial), es que del uso que se hacen de esas
estructuras dependen la vida los cientos, miles o millones de mexicanos que
desarrollan su vida dentro de su jurisdicción específica.
A este fenómeno se ha tendido, cada vez más, a
denominarlo como captura total o parcial
del Estado, y partiendo del supuesto de que las instituciones de éste y las
personas al frete de las mismas son incapaces de cometer actos de violencia y/o
criminales —asesinato y desaparición de estudiantes, activistas, líderes
indígenas; ejecuciones de testigos, civiles y criminales de manera
extrajudicial; sometimiento a prácticas de tortura por parte del sistema
judicial, etcétera—, se ha ido colocando en la discusión pública el tema de que
el peligro latente en dicha captura
se encuentra en el hecho de que el Estado, es decir, sus normas, sus
instituciones y sus servidores, se verían incapacitados para no cometer actos
de violencia y(o criminales.
El problema con esta discusión, no obstante, es que
justo los términos de la misma están gravitando en torno de la posibilidad de
que el Estado, sus normas, sus instituciones y sus servidores, capturados por el crimen, dejen de estar
moral y éticamente incapacitados para cometer algún acto como los que
cotidianamente realiza el crimen organizado; cuando en realidad la discusión,
por lo menos en lo que toca para los comicios próximos y el sexenio entrante,
en realidad tiene que ver con la relación que se desarrolla entre esa captura y
la ciudadanía sobre la que también se ejerce.
Es decir, casos, ejemplos de la actividad criminal del
Estado, de las normas que le dan fundamento, de las instituciones por medio de
las cuales trabaja y de los servidores que mantienen al conjunto en
funcionamiento, hay muchos a lo largo de la historia del Estado-Nación mismo,
en general; y del Estado mexicano, en particular. Que los sujetos, los objetos
y las estrategias a través de las cuales dicha violencia se hace patente en un
espacio y en un tiempo determinado cambien es un tema diferente; que sin
embargo no altera en absoluto la sistematicidad histórica con la que dicha
violencia se ha ejercido. Por ello la discusión no es si el Estado podría
llegar a equipararse con los grupos del crimen organizado en el país, sino la
posibilidad que tiene la ciudadanía para hacer frente a ese actuar.
¿En qué sentido? Aunque históricamente los resultados
no siempre han sido los esperados, y los dispositivos ideológicos y de
ejercicio del poder al servicio del Estado siempre han tenido una gran
efectividad para anular, contener, disuadir y/o reprimir ciertas respuestas,
las resistencias frente al Estado, sus normas, sus instituciones y sus
funcionarios en cada caso tienen un costo político para aquello o aquellos a
quienes se resisten; factor que, en última instancia, tiene el potencial para detener
una política pública, un proyecto de ley y hasta para conseguir la deposición
al cargo del servidor público. En el caso del crimen organizado, no obstante,
ese costo es inexistente frente al hecho de perder la vida si se decide
resistir —baste el caso de las autodefensas en Guerrero y Michoacán para
ejemplificar ambos supuestos.
Es cierto que la violencia que hoy captura a las
campañas electorales no focaliza su accionar en un territorio o en un partido
concreto. Su dispersión, su cartografía, en estrictito, se concentra en diez
entidades y ochenta municipios (con preponderancia en Guerrero, Oaxaca,
Michoacán, Puebla y Veracruz); mientras que sus objetivos lo mismo pertenecen a
partidos como el Revolucionario Institucional (con veintidós asesinatos), al de
la Revolución Democrática (con trece asesinatos) y a Acción Nacional (con nueve
asesinatos), que a entidades políticas locales, populares, partidistas y/o
comunitarias (con veintiún asesinatos). Sin embargo, ello, lejos de ser un dato
para preocuparse menos es, de hecho, revelador de lo extensa que se encuentra
la red de acuerdos entre intereses.
Así pues, tres son los fenómenos en los que la
ciudadanía no debe dejar de poner particular atención. Primero, se debe cobrar
conciencia de la capacidad de movilización que tienen los grupos del crimen
organizado, en términos de compra y coacción del voto; partiendo del entendido
de que es infinitamente más potente la coacción que se ejerce por medio del
asesinato que el que se ejerce por medio de amenazas con suspensión de
programas sociales y/o servicios públicos. Este rasgo es especialmente
importante para el día en que se celebren los comicios.
Segundo, no se debe perder de vista el curso que
tomarán las políticas públicas en los municipios y las entidades en las que el
asesinato de políticos ha cobrado mayor relevancia, sobre todo, porque ello
permitirá develar la agenda de intereses que se está poniendo en juego en esa
localidad. El asesinato de un candidato o de un servidor en funciones no tiene
un efecto neutral o inocuo dentro del programa de políticas públicas de la
gestión en cuestión, y ello, con independencia de si en lo sucesivo la el
número de ejecuciones disminuye o simplemente desaparece.
Tercero, es imprescindible no obviar que los
servidores que entren en funciones a partir de su elección el primero de julio
deberán enfrentarse a la tarea de negociar o enfrentar al crimen organizado en
sus respectivos márgenes políticos y administrativos, lo que ya de entrada
introduce la imperiosa necesidad de reconocer que inclusive las agendas más
progresistas impulsadas por los candidatos deberán conciliar su viabilidad,
aplicación y gestión con los intereses que afecten; imposibilitando su
aplicación en los términos en los que hasta ahora han sido expuestas en el
discurso.
El día después de la elección, cuando el Instituto
Nacional Electoral y el Tribunal Electoral declaren un ganador, estos rasgos
serán fundamentales, pues toda la confrontación que en niveles institucionales
y de bases (de los partidos) se ha desplegado a lo largo de la campaña deberá
enfrentarse frente a los escenarios de una inflexión que termine por romper la
tensión o al de una articulación de antagonismos. Y lo cierto es que sin
importar cuál de los dos escenarios se dé, el proceso será traumático para
grandes sectores de la población, con independencia del ganador.
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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México
La agenda de la primera mujer de América Latina en presidir la Asamblea General de la ONU
El pasado martes
5 de junio, la Sra. María Fernanda Espinosa, Ministra de Defensa y Coordinadora
de Patrimonio Humano del Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, así
como Canciller de esa república desde mayo pasado, ya bajo el mandato de Lenin
Moreno; se convirtió en la primera mujer latinoamericana —y la cuarta a nivel
mundial— en ser electa Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, en
su caso, para el 73° periodo ordinario de sesiones de la misma, de septiembre
de 2018 a septiembre de 2019, en sustitución del eslovaco Miroslav Lajčák.
El
suceso es importante, de entrada, por la clara agenda de género en la cual se
encuentra trabajando la Ministra ecuatoriana, tanto en el plano nacional como
en el regional y el global; agenda que, no sobra mencionarlo, en una
organización como Naciones Unidas, señalada con mayor insistencias en fechas
recientes por los abusos sexuales cometidos por su personal en misiones en sociedades
azoladas por la desigualdad, la violencia y la discriminación, por un lado; y
con participación minoritaria de mujeres en sus estructuras de discusión y toma
de decisiones —prácticamente relegadas al actuar de ONU Mujeres y de mecanismos
como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer—, por el otro; plantea la ineludible exigencia de replantear
los términos de la discusión en torno del género y de las respuestas que a ello
se están ofreciendo desde los canales multilaterales a nivel internacional.
En
el discurso que ofreció luego de recibir el voto de 128 Estados (de 192
reconocidos por la organización y con derecho a sufragio), por ejemplo, la
Canciller Espinosa, no dejó pasar la oportunidad de hacer explícito que su
elección implica el «rendir un homenaje especial a todas las mujeres que luchan
cada día por acceder a puestos de trabajo en igualdad de condiciones, a las
mujeres y niñas víctimas de la violencia, a las niñas y adolescentes que
demandan acceso a información y educación de calidad». Postura que, además, se
corresponde con la hoja de ruta que planteó a la Asamblea General como su Visión
Estratégica para el 73° periodo de sesiones.
La
agenda de género de la Canciller, no obstante, aunque fundamental en un momento
en el que la represión y la violencia en contra de las mujeres se recrudecen a
lo largo y ancho de América, no es su principal carta fuerte de cara al
desempeño de sus labores en la Asamblea General. En primera instancia, no es un
dato menor el hecho de que la elección de la Canciller Espinoza se diera como
un claro revés a las candidaturas que los intereses estadounidenses estaban
promoviendo para ocupar el mismo cargo; en particular, en lo relativo al
impulso que el gobierno de Estados Unidos dio a la postulación de la actual
embajadora hondureña ante Naciones Unidas, Mary Elizabeth Flores Flake. Después
de todo, gran parte de la experiencia y de la propuesta programática de la
Canciller ecuatoriana se encuentra anclada, en el plano local, en su adhesión
al proyecto progresista de Correa y en su oposición a algunos de los sectores
más conservadores y afines a los capitales estadounidenses en el Ecuador;
mientras que, en el regional, se define por su postura de continuidad en la
integración latinoamericana, en términos muy próximos a los del auge de los
movimientos comunitarios, obreros y populares, entre 2004 y 2014.
Respecto
del plano nacional, la Canciller Espinosa cuenta entre sus logros el haber sido
jefa de la diplomacia ecuatoriana en 2007, primer año de gobierno de Rafael
Correa y su autodenominada Revolución
Ciudadana; entre 2008 y 2009 fue representante permanente de Ecuador ante
Naciones Unidas; y en 2008, también, fue una de las principales figuras en la
redacción final de la nueva Constitución del Estado. En 2012 se convirtió en la
segunda mujer en su país en dirigir el Ministerio de Defensa, cargo en el que
permaneció dos años; y en sus veinte años de servicio público ha mantenido una
actividad importante en el sector académico, en particular, desde el vínculo
que sostiene con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
En
el plano regional, es indicativo de la descomposición presente en los proyectos
de integración latinoamericana el que las postulaciones a la presidencia de la
Asamblea General de este año se fragmentasen y no estuvieran marcadas por esa
línea dura que tradicionalmente había caracterizado a las candidaturas únicas,
comunes, de cada región, incluida América Latina y el Caribe. No sorprende, en este
sentido, que la apuesta respaldada por Estados Unidos, es decir, la hondureña,
estuviese apoyada por gobiernos como los de Brasil y Colombia, adversos a los
proyectos de integración promovidos durante el ciclo progresista de izquierda, a principios del siglo. Así como
tampoco lo hace el que otros, como el de Venezuela, respaldara sin ambages la
candidatura ecuatoriana.
Es
cierto que la postura de la Cancillería ecuatoriana durante la presidencia de
Lenin Moreno no ha sido tan próxima en su relación con el entorno bolivariano,
en general; y con Venezuela, en particular. Prueba de ello es fue la carencia
de un posicionamiento oficial respecto de la relección del presidente Nicolás
Maduro, tras los comicios en ese país. Sin embargo, ello parece responder más a
la tensión entre la postura propia de la Canciller Espinosa y la del
presidente, antes que a un cambio de dirección de la Canciller.
Revelador
de esa tensión es que, aunque el presidente Lenin Moreno se distanció del
proyecto de Nación de su antecesor —pese a haber sido electo bajo la promesa de
dar continuidad al mismo—, en la presentación de su Agenda de Política Exterior,
la Canciller Espinosa no dejó de resaltar como prioridades de su gestión el
abordaje de la desigualdad que el desarrollo tecnológico y el avance de la
actividad financiera han dejado en los países de la región, los desafíos que
suponen las diásporas poblacionales, el deterioro ambiental y del cambio
climático, las actividades extractivistas, los conflictos sociales causados por
el ascenso de posturas ultranacionalistas, la violencia en contra de grupos
vulnerables, etcétera.
Ante
ello, la Canciller resaltó la necesidad de fortalecer el multilateralismo
regional y global, reconociendo que en ello es ineludible la tarea de
establecer como ejes transversales a esas problemáticas el contar con una mayor
inclusión y participación activa de migrantes, asociaciones de mujeres,
colectividades indígenas, asociaciones de campesinos, grupos afrodescendientes,
productores agrícolas, empresariado nacional, entre otros —sin excluir, pero si
relegando a un segundo orden de importancia, el enfoque financierista que ahora
domina la política exterior de los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia,
Chile, Uruguay, etcétera.
Tales
esfuerzos de la Canciller, y el ímpetu con el que ha promovido desde su gestión
la integración de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el
marco de la política exterior ecuatoriana le han valido a Espinosa ser objeto
de solicitudes de juicio político y otros mecanismos de censura política dentro
de la Asamblea Nacional, así como ser acusada, por los sectores que le son
oposición, de castro-chavista y sandinista.
En
este sentido, más allá de la influencia que tuvo en el resultado de la elección
para presidir la Asamblea General el respaldo hondureño a la relocalización de
la Embajada estadounidense en Jerusalén —desconociendo, en el acto, la
situación colonial en la que se encuentra el pueblo palestino—, el
posicionamiento general de la política exterior que representa la Canciller
Espinosa se presenta, aquí, como el principal factor de decisión para un gran
número de Estados ubicados en las periferias globales. Después de todo, desde
hace tiempo la actividad diplomática de Espinosa se han concentrado en asuntos
que le son más próximos —por lo menos más que la cuestión palestina— a esas
periferias, tales como el impulso, en el seno del Consejo de Derechos Humanos,
por desarrollar un instrumento jurídico vinculante para regular la actividad de
las empresas transnacionales; y durante su presidencia del G77 + China, su
promoción del combate al cambio climático y los paraísos fiscales.
En
ambos casos, el fortalecimiento de las capacidades financieras de las
sociedades del Sur para mitigar los daños causados en sus territorios y
poblaciones por el cambio climático, la creación de una agenda de igualdad de
género dentro del marco de trabajo de la COP23, el impulso a una plataforma de
consulta a pueblos indígenas y la reducción de prácticas de evasión fiscal y
desigualdad de trasferencias de capital Sur-Norte, son temas que le sumaron
poco a poco los adeptos que le refrendaron su programa de trabajo; ahora, para
promoverlo desde la Asamblea General.
De
ahí que en su Visión Estratégica para el 73° periodo de sesiones de la misma el
eje movilizador de toda su propuesta sea «diálogo y fortalecimiento del
multilateralismo como catalizadores del bienestar de todas las personas y de un
planeta sostenible»; destacándose, entre sus puntos prioritarios, facilitar el
cumplimiento de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
acercar el trabajo de Naciones Unidas a la gente, facilitar los mecanismos de
respuesta de la Asamblea General a situaciones emergentes, prestar especial
atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mejorar los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas, la movilización de recursos a los
sectores menos beneficiados por la agenda global de la ONU, el combate a la
discriminación racial, el abordaje de las crisis migratorias en las periferias,
entre otros.
Sin duda, Naciones Unidas ha dejado mucho que
desear al momento de instrumentar los cientos de resoluciones, cartas de buena
intención, recomendaciones y discursos que se emiten desde todos sus órganos,
programas y mecanismos año con año. Sin embargo, no deja de ser cierto que este
tipo de oportunidades representan enormes ventanas de posibilidad para atajar
algunas de sus más grandes fallas; en particular, la captura de su
funcionamiento, condicionada al financiamiento de las economías centrales, y a
la agenda política que éstas impulsan. Reposicionar la agenda multilateral
construida en américa latina durante la primera década del siglo XXI es
fundamental en esa tarea.
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América
Militarización y hegemonía en Oriente Medio
Estados Unidos
se encuentra atravesando por una fase en la que su capacidad para determinar la
manera en que se estructura y funciona la economía global —junto con su
respectivo sistema interestatal— es, en términos absolutos, mucho menor que
aquella que llegó a gozar durante el cuarto de siglo en el que era indiscutible
su rol hegemónico. En general, este proceso en cuestión no es propio de la
historia estadounidense, ni mucho menos. A lo largo de los últimos cinco
siglos, de manera regular en lapsos de tiempo que van desde los cien hasta los
doscientos años, en promedio, el sistema internacional y sus estructuras de
poder, de producción y de consumo se han encontrado bajo el amparo de una
potencia hegemónica determinada.
España
lo fue durante un breve periodo entre los siglos XV y XVI, las Provincias
Unidas de los Países Bajos lo fueron durante un tiempo similar al de España,
pero a mediados del siglo XVII; el Reino Unido lo fue por un periodo mayor, en
el transcurso del siglo XIX; y Estados Unidos lo fue a mediados del siglo XX.
En
el ciclo de vida de su hegemonía, cada potencia que la historia de la
modernidad ha visto surgir ha tenido que recorrer por cuatro momentos que se
definen por: i) el despliegue de un abierto enfrentamiento o disputa entre dos
poderes con potencialidad similar de convertirse en actor hegemónico, ii) la
afirmación de la decadencia de la potencia hegemónica a la que le está siendo
disputado su estatus por esos dos adversarios, momento en el cual, además, la
afrenta sostienen una suerte de equilibrio de poder global; iii) la
profundización del conflicto por la sucesión de la hegemonía, fase en la cual
el equilibrio precedente se desintegra por el desarrollo de un conflicto bélico
de proporciones mayúsculas; y, iv) la consagración de un poder hegemónico
indisputable, vencedor de la afrenta correspondiente a la fase anterior.
Históricamente,
cada una de esas fases se desarrolla a plenitud en el transcurso de varias
décadas, cubriendo, en promedio, entre uno y tres cuartos de siglo. Es decir,
que el ciclo de vida de una potencia hegemónica es una dinámica de larga
duración cuyas determinantes y consecuencias trascienden los límites espaciales
y temporales de fenómenos como los cambios de gobierno, la vigencia de ciertas
políticas públicas o las directrices de administraciones públicas específicas.
España, por ejemplo, fue hegemónica por un periodo que no va más allá de los
cincuenta años, sin embargo, a ese lapso se deben de sumar las varias décadas
que le llevó el construir su posición, las décadas que le llevó librar guerras
para consolidarla y las décadas que la llevar a su propia decadencia. Y lo
mismo con los otros casos históricos: las Provincias Unidas fueron hegemónicas
por un cuarto de siglo, pero a ello se suman los años de consolidación de su
economía, los años en los que libró las guerras de Reforma y los años de
decadencia en los que intentó mantener sus ventajas sobre sus oponentes.
Inglaterra,
por otro lado, fue el actor hegemónico de la estructura global por poco menos
de cuarenta años, sin embargo, para llegar a dicha posición tuvo que recorrer
varias décadas de construcción y consolidación de sus propios andamiajes
políticos, militares, económicos, culturales, etc.; sortear alrededor de
cuarenta años de guerra en contra de Francia (Guerras Napoleónicas), quien le
disputaba la sucesión por la hegemonía de las Provincias; y sufrir algo más de
cincuenta años de decadencia. Mientras que Estados Unidos, por su parte, sólo
gozó de estatus hegemónico entre 1945 y 1980, luego de vencer al Estado que le
disputaba la sucesión por la hegemonía inglesa, Alemania; y para ello debió
desarrollar durante más de medio siglo su expansión económica, atravesar más de
treinta años de conflictos bélicos (entre la Primera y la Segunda Guerra
Mundial), y ahora mismo un extenso periodo de decadencia, desde la década de
los años ochenta del siglo XX hasta el presente.
El
lento y tortuoso camino de decadencia que recorre Estados Unidos, en este
sentido, no es, por ningún motivo, el resultado evidente de la llegada a la
presidencia de un individuo como Donald J. Trump, y mucho menos es el síntoma
de una serie de decisiones y políticas públicas mal planeadas o implementadas,
contrarias, en todo caso, a las tendencias que dictan las dinámicas políticas,
militares, financieras, comerciales, etc., contemporáneas. Partir de este
supuesto, es decir, de la premisa de que Estados Unidos se encuentra en declive
o minando su propia posición dominante en el sistema mundial a partir de las
decisiones de una administración pública federal que se percibe como hostil al
avance natural del progreso de la sociedad invisibiliza por completo toda una
historia de ciclos seculares y dinámicas globales como los hasta aquí
referidos.
Antes
bien, si Estados Unidos se encuentra en caída libre se debe, en primer lugar, a
que las condiciones que posibilitaron, en su origen, su propia emergencia como
potencia hegemónica son, al mismo tiempo, las causas de que no sea capaz de
mantenerse en el ejercicio de tal rol. Y es que, en efecto, fungir en la
estructura global como el actor hegemónico de la misma implica que éste tenga
la potencia para sostener un virtual monopolio del poder geopolítico, y con
ello, poner a trabajar para sí una serie de dinámicas políticas, culturales,
militares y económicas que, al mismo tiempo que lo privilegian, socaven la
capacidad de sus aliadas y de sus contrincantes de fortalecerse lo suficiente
como minar su hegemonía o disputársela en lo inmediato.
Estados
Unidos, en esta línea de ideas, al igual que sus homólogos en siglos pasados,
al poner en marcha una serie de directrices para mantener en funcionamiento las
ventajas económicas que le permiten subordinar a otras economías alrededor del
mundo, procura restringir el fortalecimiento de sus propios aliados con la
finalidad de mantenerse por encima de ellos. Sin embargo, debido a que el
funcionamiento de esas ventajas depende del acceso a mercados, es necesario
contar con aliados lo suficientemente grandes y robustos como para sacar
provecho de ellos —y al mismo tiempo, para mantener a raya a sus adversarios.
La cuestión es, no obstante, que ese equilibrio entre fortalecer y minar la
fortaleza y el crecimiento de aliados y enemigos no es fácil de mantener
durante lapsos de tiempo muy prolongados, y a la larga, la necesidad de
proteger las ventajas sobre las cuales se cimienta la hegemonía termina por
debilitarlas. Y lo mismo ocurre con los otros rubros, tanto el del despliegue
de las potencialidades políticas (convencimiento y represión) como de las
militares.
Es
en este marco de ideas que se vuelve preciso observar la actual disputa que
sostiene Estados Unidos con China, por un lado; y las directrices que a nivel
interno se están tomando por parte de la administración del presidente Donald
Trump. De entrada, partiendo del reconocimiento de que ese supuesto
proteccionismo económico del cual se le acusa con tanta facilidad desde los
mainstream media lejos de ejercerse como una política de autodebilitamiento de
la economía estadounidense, se enmarca en la necesidad de debilitar a las
capacidades de producción y las necesidades de consumo china, por un lado; y
europeas, por el otro. Y es que, aunque China es el actor que más claro se ve
que le está disputando su posición hegemónica a Estados Unidos, al igual que
las Provincias Unidas con los reinos europeos, que Inglaterra con Francia y que
Estados Unidos con Alemania; China está compitiendo, también, con la Unión
Europea por el derecho a la sucesión. De tal suerte que, para Estados Unidos,
la posibilidad de frenar a China no depende únicamente de su afrenta directa
con el gigante de Asía, sino, también, de Contener a Europa, el mercado que hoy
por hoy está siendo colonizado por la actividad comercial y financiera china a
mayor velocidad y profundidad que en otras regiones del mundo.
La
cuestión es, no obstante, que el proteccionismo, las guerras comerciales y las
políticas económicas (tan a menudo denominadas hoy en día como populismo, de
derecha y/o de izquierda), no son los únicos caminos que una potencia
hegemónica en decadencia tiene para hacer frente a su propio declive. Uno de
los recursos más socorridos, históricamente, siempre ha sido el del
fortalecimiento militar: no es gratuito ni azaroso que la fase de la sucesión
en el ciclo de vida del hegemón siempre se dé por intermediación y sólo después
de librarse un conflicto bélico mayor (la Guerra de Reforma, las Guerras
Napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial). Si ello
ocurre así es porque las tensiones que se desarrollan en el plano de los
despliegues militares de una y otra parte ya son tan profundas y extendidas
como insostenibles, y ellas mismas se rompen.
Estados
Unidos bajo la administración Trump, por supuesto —y muy a pesar de que sus
críticos y detractores no dejan de acusar que sus decisiones en la materia son
contrasentido, contrarías a las doctrinas, los valores y las directrices más
sagradas de la política exterior y la política militar estadounidense de los
últimos cuarenta años— no son una excepción a esta regla. Y lo cierto es, antes
bien, que de hecho las acciones que en el plano militar se están llevando a
cabo van desde un endurecimiento, fortalecimiento y profundización de las
implementadas bajo la presidencia de Barack Obama, hasta una amplia corrección
de aquellas que en los dos cuatrienios pasados sí implicaban un debilitamiento de
la posición estadounidense en el mundo.
En
particular, aquí no debe dejar de observarse que el teatro de operaciones es,
hoy más que nunca, Oriente Medio. Y la realidad es que no es para menos: es
aquí en donde China se encuentra apostando sus más grandes proyectos de
crecimiento en el mediano y en el largo plazo; en particular, en lo que
respecta a la obtención de recursos energéticos y minerales estratégicos tanto
de Oriente Medio como de África y el Asia Central, por un lado; y su acceso y
colonización de los mercados europeos, por el otro. Además, no debe perderse de
vista que algunos de los aliados más importantes para el sostenimiento de esta
dinámica los encuentra China en Estados como Rusia e Irán, dos actores que,
desde la década de los años setenta, el Consejero de Seguridad Nacional del
presidente estadounidense James Carter, Zbigniew Kazimierz Brzezinski, ya
consideraba la mayor amenaza global —en alianza con China e India— a la
hegemonía de Estados Unidos en el siglo XXI.
Irak,
Afganistán, Yemen y Siria son, por supuesto, los principales escenarios de la
confrontación —más el último que los otros tres. Sin embargo, no son los
únicos, y el ejemplo más claro de ello lo ofrecen, desde poco antes de 2010, el
Sahara Occidental, Túnez, Egipto, Libia, Argelia, Omán, Barhéin y Jordania.
Cada conflicto en cada una de estas sociedades, por supuesto, responde a causas
específicas y tiene determinaciones propias. No obstante, algunas constantes
compartidas son los recursos naturales, energéticos y minerales estratégicos con
los que cuentan —necesarios para el dominio de las industrias
científicas-tecnológicas que guiarán el desarrollo del capitalismo en los años
venideros—; el posicionamiento de China en sus economías (junto con el
acaparamiento de esos recursos), el impacto que los conflictos en ambas
regiones (Norte de África y Oriente Medio) tienen en el desarrollo de la Unión
Europea, y, la correlación de fuerzas que cada actor sostiene en el
establecimiento de un determinado equilibrio de poder contencioso de los
principales enemigos de Estados Unidos en la zona.
Sobre
este último aspecto, por ejemplo, es un dato revelador la poca cobertura que se
le ha brindado a las acciones de la administración Trump en la región. Es
decir, es evidente que durante algún tiempo los reflectores fueron acaparados
por la estrategia de su presidencia concerniente a Afganistán y Asia del Sur.
Sin embargo, más allá de eso, la atención ha sido mínima. Sobre dicha
estrategia, presentada en agosto de 2017, algunos aspectos por subrayar son:
a) El hecho de que
se tenga un número mayor de tropas estadounidenses, del que se reconocía
públicamente con Barack Obama, desplegadas en suelo afgano; incluyendo una
desproporcionada cantidad de contratistas militares (23,525, sólo en Afganistán;
4,485, sólo en Irak; 14, 412, en otras operaciones militares a cargo del
Comando Central) activos en la región. Ello, sumado a un mayor envío de tropas
en dos tandas.
b) El supuesto
cambio de enfoque respecto de la permanencia de las tropas estadounidenses en
el país, en donde dejaría de responderse a plazos determinados para terminar la
ocupación y priorizar, por lo contrario, el destacamento de tropas con base en
las condiciones materiales en el campo de batalla, reales, del desarrollo del
conflicto —o lo que es lo mismo pero en lenguaje menos políticamente correcto:
el fortalecimiento de la ocupación militar sin la necesidad de anteponer un
plazo que se deba cumplir para la salida de las tropas.
c) El
reconocimiento de una mayor penetración de los capitales estadounidenses, so
pretexto de reconstruir lo que la guerra destruyó.
d) La integración
de Pakistán (aliado estratégico de China en su confrontación con la India) en
la ecuación.
e) El fortalecimiento de la dependencia india respecto del armamento al que es capaz
de acceder, conteniendo, así, el que sus adquisiciones militares les sean
provistas por Rusia (mercado desde el cual, de hecho, proviene su principal
sistema de defensa aérea).
Fuera
de estos cinco puntos, que en alguna medida refuerzan lo que ya se venía
haciendo desde los primeros años de gobierno de Barack Obama, en lo
concerniente a esta zona de la región pocas son las directrices que representen
algún cambio mayúsculo y que supongan la necesidad de un análisis aparte, con
otro enfoque.
En
donde sí hay aspectos notables que destacar porque representan algún grado de
novedad o cambio respecto de lo que fue la línea dura de Obama durante su
mandato, no obstante, es en la política de contención de Irán. No sólo está la
cuestión de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto con el país persa,
algo que se veía venir desde el comienzo de su campaña presidencial debido al
grupo de asesores del que se rodeó para tratar la materia. Sino, más bien, el
empuje de la administración actual por militarizar a la Organización para la
Cooperación Islámica (OCI), la Liga de Estados Árabes (LEA) y la Organización
de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por medio de la Alianza Militar
Islámica para el Combate al Terrorismo (AMICT).
Dicha
alianza, que en realidad data de la administración Obama, fundándose en 2015
bajo el liderazgo de Estados Unidos y Arabia Saudí, cuenta con cuarenta y un
miembros del total de cincuenta y siete que pertenecen a la OCI: diecinueve de
ellos son miembros de la LEA y seis pertenecen a la región de Asía. Irán, Irak
y Siria, por supuesto, no forman parte de la misma.
Un
dato representativo de la magnitud de la alianza es que el gasto militar que
ejercen en conjunto es de alrededor de 222 mil millones de dólares, cerca de
veinte mil millones de dólares más que el gasto militar de los países miembros
de la Unión Europea (sin el Reino Unido); y gran parte del cual se destina a la
adquisición de los principales avances tecnológicos desarrollados por Occidente
en materia armamentística. Y la cuestión aquí es que aunque en el discurso
oficial la alianza fue construida para hacer frente a la profusión de violencia
por parte de grupos terroristas y guerrillas locales de carácter sectario
(muchas de las cuales son financiadas y armadas por Occidente para balcanizar a
la región, y otras tantas formadas, entrenadas y apoyadas por los propios
miembros de la alianza para contrarrestar la influencia de otros miembros de la
misma), lo cierto es que su naturaleza ha ido avanzando cada vez más hacia la
adopción de un modelo bastante parecido al de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte.
No
es azaroso, en este sentido, que la alianza haya comenzado oficialmente sus
operaciones por medio de la intervención armada en Yemen en vez de comenzar por
el embate directo a, por ejemplo, el Estado Islámico. Y así tampoco lo es que
lo que en años anteriores ocurría a través del involucramiento individual de
algunos Estados de la región en los conflictos que la azotan, hoy se perfile a
construir bastiones de combate de esta suerte de OTAN panarabista. Casos
concretos son las intervenciones de sus miembros en Sierra Leona, Afganistán,
Siria, Yemen, Libia, el Sahara Occidental, Sudan, Somalia y Etiopia.
La
puesta del presidente Trump, hecha explícita en su discurso del 21 de mayo de
2017, durante una visita a Arabia Saudí, en este sentido, es, en primer
término, el cercamiento y la contención de Irán y de sus principales aliados
regionales. Sin embargo, de fondo también se encuentra la intención de bloquear
los contactos de China con la región: contactos comerciales, sin duda, debido a
los recursos energéticos con los que cuentan los países de Oriente Medio; pero
principalmente de carácter militar. Después de todo, no debe pasarse por alto
que, en la última década, China se ha dedicado a construir, por un lado, un
doble corredor militar: marítimo, por toda la costa oriental de África, el Sur
de Oriente Medio y las islas del Sudeste asiático; y terrestre, a lo largo del
trazo de la Belt & Road Initiative;
y por el otro, a establecer enclaves militares en espacios que con anterioridad
eran de potestad absoluta de Estados Unidos.
El
posicionamiento de bases militares chinas en la República de Yibuti, a un
costado de Somalia, el bastión militar estadounidense por antonomasia en el
Cuerno de África, por una parte; y los compromisos ofertados por el nuevo Ministro de
Defensa chino, Wei Feng, en
el marco de los trabajos de la Séptima
Conferencia de Moscú sobre
Seguridad Internacional, respecto
de una participación militar más directa de China en los conflictos bélicos de
la región —en particular el conflicto Sirio y los casos de intervención
estadounidense en la zona— deben leerse en tal línea de reflexión, y
comprenderse que el endurecimiento de la política estadounidense en la región
van encaminadas a contener esa expansión.
Y
aunque es verdad que el involucramiento militar de China en Oriente Medio no es
tan amplio ni tan profundo como el de Rusia, también lo es que la proyección de
la actual política estadounidense para Oriente Medio y el Asia Central no se
mide en el corto ni en el mediano plazo. Lo que cada claro es, no obstante, que
el énfasis de la administración Trump en el plano militar no es para nada un
contrasentido ni una ocurrencia que se salga de los parámetros de operación del
establishment castrense de Estados Unidos. Para ponerlo de otra forma, tan sólo
en su primer año de gestión, el presidente Trump consiguió ochenta y dos mil
millones de dólares en contratos militares y armamentísticos, casi siete mil
millones más que el monto de los contratos firmados en el último año de
gobierno de Barack Obama.
El
monto de los contratos es, por sí mismo, y sin lugar a dudas, demostrativo del
rol central que el plano militar juega en la correlación de fuerzas desplegada
por la geopolítica estadounidense. Sin embargo, incluso más reveladores de la
orientación que está tomando su administración en la materia son los
destinatarios de todo ese armamento y el tipo de armas que se están vendiendo. Sobre
el tipo de armamento, por ejemplo, el último año de la administración Obama se
dedicó a la venta de aeronaves y recursos afines, contabilizando más de 60 mil
millones en ventas, comparado con los poco menos de 30 mil millones vendidos en
esta categoría por la presidencia de Trump.
Hoy,
la prioridad del gobierno estadounidense no se encuentra en la construcción de
flotillas aéreas en los países de Oriente Medio, sino en el despliegue de
sistemas de defensa antiaéreos y mayores capacidades de fuego por medio de complejos
balísticos. De ahí que mientras Obama logró contratos por 10 mil millones de
dólares por la venta de misiles y bombas, en su primer año, Trump logró superar
los 45 mil millones en el mismo rubro.
Respecto
de los destinatarios, por otra parte, en el último año de Obama las prioridades
fueron, en orden decreciente: Qatar, con contratos por 22,285 millones de
dólares; Kuwait, con contratos por 12,451 millones; Japón, con contratos por
7,057 millones; Emiratos Árabes Unidos, con contratos por 5,355 millones y,
Arabia Saudí, con contratos por 5,075 millones.
Con
Donald Trump, por otro lado, las prioridades de su primer año de mandato
fueron: Arabia Saudí, con contratos por 17,857 millones de dólares; Polonia,
con contratos por 11,314 millones; Japón, con contratos por 10,699 millones;
Canadá, con contratos por 5,308 millones y Rumania, con contratos por 5,150
millones.
Y
si bien es cierto que ello significa que en términos reales Oriente Medio pasó
de recibir con Obama el 66.69% del total de contratos, a recibir con Trump el
36.26%, esta tendencia no se traduce en un abandono de la región, sino, antes
bien, la articulación de las alianzas de Oriente Medio con las de Europa del
Este (particularmente en los bordes con Rusia) y con las del Sudeste Asiático,
delineando un cerco en forma de media luna que recorre los principales puntos
de conexión de China con Occidente, por un lado; y de la influencia rusa hacia
el Sur, por el otro.
Cuando
Estados Unidos era el actor hegemónico a nivel global, éste no necesitaba
reafirmar su poderío militar —a pesar de la carrera armamentista con la Unión
Soviética— simplemente porque su potencial de fuego y su cobertura militar del
mundo eran lo suficientemente amplias y robustas como para ser cuestionadas por
otros actores en escalas importantes. Sin embargo, hoy que dicho Estado se
encuentra en declive la necesidad de reafirmar su supremacía militar se vuelve
exigencia insorteable para contener las aspiraciones de los Estados que aspiran
a tomar su posición dominante.
El
problema va a estar, no obstante, que en el impulso militar, más allá de los
recursos generados por las ventas del complejo militar estadounidense, la
administración Trump tendrá que seguir desviando recursos de sectores
importantes para fortalecer su propio mercado interno y sus intercambios
comerciales con el exterior, con el único objetivo de hacer más grande y más
potente su cuestionada autoridad bélica en el mundo.
Y la cuestión es que mantener ese equilibrio
entre capacidades de producción/necesidades de consumo, por un lado; y
despliegue militar, por el otro; no es un una ecuación sencilla de resolver, y
a menudo lleva a las grandes potencias a enfrascarse en conflictos bélicos de
proporciones mayúsculas. Por lo pronto, la apuesta está sobre la mesa y el
resultado que se espera, como en el plano económico, es que Estados Unidos sea
capaz de contener a China (y en menor medida a Rusia) antes de que aquella se
vuelva demasiado grande y poderosa como para poder lidiar con ella; y
viceversa, antes de que Estados Unidos sea demasiado débil como para poder
hacer algo al respecto.
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
Fanatismo y despolitización
Aunque el desarrollo de elecciones federales en México sólo coincide
cada doce años con la celebración del mundial de soccer, no es un fenómeno
extraño a la cotidianidad de la vida política nacional que, en los momentos de
mayor tensión —o desencuentro— entre el proyecto de gobierno en turno y la
ciudadanía, aquel recurra al espectáculo y al ocio (para actualizar la añeja
formula romana de pan y circo) como
instrumento de mediación, distención o relajamiento del descontento social.
Esta historia de uso político del ocio y el espectáculo para favorecer una
agenda política particular, si bien en su parte medular no tiene mucho que ver
con la fiesta mundialista, si remite a eventos domésticos más específicos, y
que aunque por su magnitud es evidente que son casos menores, no por ello dejan
de repetirse sistemáticamente.
Ahora bien, el actual proceso electoral en México —uno
de los países con mayor número de aficionados a nivel global, con poco más de
sesenta millones— coincidió con el festejo del mundial de Rusia, y lo hace
justo en los días previos a la fecha de sufragio, cuando las definiciones
partidistas e ideológicas se definen con mayor precisión. Ello, por sí mismo,
ya ha planteado un problema en los términos en los que la discusión pública
sobre el rumbo que la política en el país debería de estar tomando, de cara a
la que es la mayor elección en el país, tanto por el número de funcionarios a
elegir como por la cantidad de elecciones concurrentes —estatales y
municipales— con la contienda federal; así como por el número de votantes y el
tamaño del financiamiento de los comicios.
En un sentido amplio, tal discusión ha tendido a
polarizarse cada vez más, en la misma proporción en la que avanzan tanto las
campañas como los partidos del mundial, en dos argumentos que se saben
antagónicos, sin un punto en el cual sean capaces de congeniar. El primero de
ellos es que eventos como la gesta mundialista no representan ningún peligro o
problemática alguna al desarrollo corriente y normal de la vida política
nacional. El segundo, por lo contrario, apela al reconocimiento de que eventos
en masa como éste no son neutrales ante las problemáticas y las
conflictividades que ya existen en una sociedad, y que situaciones como la
celebración de unos comicios sólo profundizan y radicalizan.
Planteada en estos términos, la discusión gira mucho
en torno de lo que el soccer significa en sí mismo, por cuanto deporte; de tal
suerte que los argumentos que se esgrimen por una u otra posición discuten
sobre la naturaleza de una gesta cualquiera dentro de los marcos que se
inscriben en el propio partido, en el goce y disfrute de los noventa minutos de
juego y la relación que los jugadores establecen con sus aficiones. Sin embargo,
agotar en ese plano tan reducido y simplista las repercusiones sociológicas que
tal deporte tiene en una determinada sociedad deja intocados puntos más hondos;
mismos que tienen que ver con prácticas de socialización y de politización más
amplias, que escapan por completo a los marcos temporales y espaciales de un
partido cualquiera.
En este sentido, de entrada, por ejemplo, para
aterrizar el análisis de las repercusiones políticas del soccer en una sociedad
es necesario visibilizar que si bien es cierto que no es el único deporte en
masa ni en México ni en el mundo, también lo es que pocos deportes tienen un
uso político tan particular como lo tiene éste. El soccer no es cualquier
deporte, gran parte de su historia de éxito no depende de un desarrollo
orgánico de la relación entre el juego y su afición, sino en un deliberado
impulso por parte de grandes conglomerados a nivel nacional e internacional. El
soccer, después de todo, en un producto que se ofrece para ser consumido, y la
cadena de producción y consumo que mueve es infinitamente más rentable que lo
que se percibe en el momento del partido. Existen deportes que también mueven
grandes sumas de capital en rededor suyo, como ocurre con el futbol americano
(en particular en el marco de la NFL), el béisbol, el basquetbol, el golf,
etcétera. Sin embargo, la articulación que existe entre las ligas nacionales en
su proyección global no es tan amplia como lo es la del soccer: en términos
medios, e partido de la final de la copa FIFA alcanza una audiencia de
alrededor de novecientos (900) millones de televidentes, mientras que el
partido final de la NFL alcanza, a nivel global, poco menos de ciento veinte
(120) millones de espectadores. Las contiendas finales de béisbol y basquetbol,
en contraste, no pasan de una media de veinticinco (25) y quince (15) millones
de espectadores, respectivamente.
En términos del número de practicantes de cada
deporte, la natación se sitúa como el deporte más practicado a nivel global,
con poco más de mil quinientos (1,500) millones de practicantes en algún grado
de profesionalismo, y no sólo como actividad recreativa. Sin embargo, el soccer
se encuentra en la segunda posición, con alrededor de mil (1,000) millones de practicantes.
Y si se trata de rentabilidad neta por evento deportivo, aunque algunas
contiendas en el marco de los Juegos Olímpicos se llevan los primeros lugares
(llegando hasta los USD $348 millones), entre el mundial de soccer y los
partidos finales de la Copa europea se coronan con las primeras cuatro
posiciones de la métrica (de hasta USD $147 millones), sólo por detrás, en la
mayor parte de las ocasiones, de las finales de la NFL (promediado USD $350
millones).
Por supuesto, la desagregación de todos estos datos
por país mostrará variaciones importantes tanto en el número de practicantes
como en el de rentabilidad y de audiencias, hecho que se debe a
particularidades culturales de cada sociedad que hacen de un deporte y de un
evento y otros más o menos famosos dentro de un imaginario colectivo nacional
específico. Sin embargo, lo que queda claro es que, a nivel global, la
popularidad del soccer es, por distintos motivos, varias veces mayor que el
éxito de otras competencias deportivas —no es azaroso que la FIFA reconozca más
ligas nacionales dentro de su estructura que el número de Estados reconocidos
por Naciones Unidas. En América Latina, en particular, la afición a este
deporte se encuentra entre las mayores, con todo y que sus ligas no se
encuentren entre las primeras del mundo.
Así pues, de los rasgos importantes que es preciso
considerar para el presente análisis es que es justo esta popularidad el
aspecto en el cual se edifica la instrumentación política de este deporte, con
un sesgo propio, diferenciado del resto de los deportes. A menudo, este rasgo
se ha invisibilizado en el debate público apelando a un supuesto reconocimiento
de que el éxito de los eventos mundialistas del soccer se debe a que éstos
representan una ventana de escape a la agobiante cotidianidad a la que las
sociedades industriales modernas someten a los individuos que las componen, por
la vía del desgaste físico e intelectual de carácter laboral; es decir, se
anula el reconocimiento de un uso político específico de los eventos de soccer
defendiendo que los noventa minutos de ocio y diversión que ofrece un partido
son condición necesaria para sobrevivir a la explotación y al tedio cotidianos.
Parte de este argumento tiene razón. Las actividades
recreativas, lúdicas, de ocio y esparcimiento o contemplativas, dentro del
marco de desarrollo de las sociedades industriales contemporáneas, son vías de
escape a los dispositivos de explotación laboral que cada vez consumen más
tiempo y más fuerzas de los trabajadores. Ya desde finales de la década de los
años cincuenta, tras finalizarse la Segunda Guerra Mundial y emprender el
imperativo intelectual de descifrar las causas que llevaron a la sociedad
europea a tal grado de descomposición, la Escuela de Frankfurt evidenció justo
este aspecto, y señaló que gran parte del éxito que se tuvo en la
despolitización de las masas, sometiéndolas a estrictos controles
disciplinarios, normativos e ideológicos, se debió al hecho de que el
conflicto, el descenso y la resistencia a los proyectos políticos en turno se
dio por la vía de la integración de esa conflictividad, de ese disenso y de esa
resistencia al consumo masivo de un tipo específico —no cualquiera— de ocio y
de espectáculo.
Es este el aspecto que exige observar que la discusión
actual en México, en torno de la defensa y el desprecio de los eventos de
soccer vis a vis el proceso electoral
federal, no se reduce a una simple oposición entre corrección política e
incorrección política. Y es que tal argumento, que de manera simplista se
remite a colocar, por un lado, a la afición a dicho deporte del lado de lo popular; y por el otro, a sus
detractores como parte de una pretendida intelectualidad por encima del vulgo;
no alcanza a observar que masificación y popularidad no son sinónimos de
socialidad, de creación y reproducción de contenidos sociales y culturales que
ofrezcan cohesión a la sociedad consumidora de los eventos deportivos en
cuestión.
Un claro ejemplo de lo anterior, aunque no en el
terreno deportivo, es que las redes informáticas (Facebook, Twitter, Instagram, y similares o derivados), a
pesar de que se presentan como vías de escape (espacios de ocio) frente al
agotamiento laboral cotidiano, la lógica bajo la cual funcionan no fomenta la
socialización, sino que, por lo contrario, se sustentan sobre el afianzamiento
cada vez mayor de la individualidad del usuario, en donde su experiencia
virtual se define por la capacidad que la informática tiene para suplir el
contacto humano con un cumulo enorme de mercancías potenciando su hedonismo
intrínseco.
Algo similar ocurre con el uso político del soccer. Y
es que si bien es cierto que los encuentros deportivos son pretexto para que
grupos de personas se unan a compartir un espacio y un tiempo común, unidos por
el sentimiento de pertenencia a una causa y una identidad común, también lo es
que esa conglomeración y ese fomento a la unidad identitaria tiene
repercusiones en el ámbito estrictamente de la actividad política directa del
individuo. Reivindicar los gustos mundanos
del vulgo, del pueblo, como cultura popular sólo porque la practica en
cuestión tiene una carga histórica añeja y porque los eventos que la movilizan
sirven para reunir conglomerados de personas no implica que en ello se esté
socializando algo cultural si se observa que ese intercambio está regulado cada
vez más por la recepción y manipulación de bienes y servicios convertidos en
mercancías.
Pero más aún, una gran proporción del ejercicio de tal
defensa argumentativa parte del supuesto de que los contenidos de la vida
política nacional no deberían ser pretexto para contaminar una actividad
deportiva que se encuentra al margen de la misma y de su conflictividad. Y es
que si bien algunas posiciones llegan a ser tan osadas como para reconocer que
con el futbol también se hace política (y basta observar las disputas y los
acercamientos diplomáticos que han tenido por la organización rusa de la Copa),
apelando a la unidad nacional en el deporte, desconoce el uso que desde las
estructuras de poder de los intereses políticos dominantes se hace del soccer
para neutralizar ciertas conflictividades domésticas.
Es el típico recurso de la unidad nacional ante el
enemigo extranjero a pesar y al margen, obviando, las diferencias interiores.
Unirse por la camiseta del equipo de soccer, unirse en contra del rival en el
campo de juego, exaltar la identidad propia por encima de la del contrincante,
e incluso pretender desquitar disputas históricas de carácter militar,
diplomático, comercial, político, etc., a partir del resultado del marcador en
un partido no únicamente cae en la ilusoria creencia de que ello hace alguna
diferencia en la realidad material de las sociedades representadas por sus
equipos, sino que, además, se arroja a la defensa intransigente de que
cualquier disenso con tal grado de afición es sinónimo de rechazo a la
identidad.
Basta observar como las redes informáticas se
inundaron de mofas a la sociedad alemana cuando la escuadra mexicana venció en
un partido a su par germana. Las profundas desigualdades que separan a México
de Alemania de inmediato quedaron obviadas y excluidas del debate, porque lo
que importaba era que en un evento hasta cierto punto aislado, particular y
para nada trascendente en términos materiales, México había demostrado su
superioridad deportiva. Y el caso aquí es que dicha superioridad deportiva no
alcanza para corregir la asimetría en el trato comercial, en la imposición de
agendas políticas desde mecanismos como el G20; así como tampoco invierte o
nivela la transferencia de capitales y la extracción de rentas entre ambos
Estados. Las consecuencias de la victoria deportiva son más simbólicas que
materiales, más de moral propia ante el otro extranjero que de cambio
cualitativo en la realidad de los participantes.
Aquí, claro está, no se trata de que al colocarse en
la posición del detractor se defienda la idea de que la gesta deportiva no debe
interesar y no debe festejarse cuando se da. De nuevo, el problema no tiene que
ver con el evento en cuestión. Más bien, lo que se debe señalar es que esa manera
de proceder, en estricto sentido aficionada, por su carácter simbólico,
sustituye por entero la acción real, la intervención directa del individuo en
las condiciones de su realidad. Y es que, aunque los hinchas del soccer se han esmerado en hacer notar a sus detractores
que el mundial es sólo por un mes cada cuatro años, lo que pasan por alto es
que en el terreno doméstico, el de las ligas locales, nacionales y regionales,
que cubren prácticamente todo el calendario gregoriano, la misma dinámica se repite,
aunque sea en una escala menor.
Es esa sistematicidad en el uso político del soccer la
que representa un problema para el desarrollo de la vida política nacional, no
el mundial y sus partidos. Que exista una visible y mayor unidad nacional en
términos deportivos que en términos de justicia social, de propuestas políticas
y proyectos económicos —o sin ir tan lejos, frente a la violencia que azota al
país— no es un dato menor, y todo lo contrario, es representativo de la manera
en que el núcleo duro de la identidad y del compromiso cultural de los
ciudadanos se canaliza a eventos que son más accesibles, en los que la derrota
y la decepción son más digeribles, y en donde la sensación de estar haciendo
historia, de estar marcando un cambio en el rumbo de una sociedad son más
inmediatos y menos costosos y peligrosos que, por ejemplo, unirse
comunitariamente frente a un cartel del crimen organizado, o frente al cacique
local que trabaja a sueldo de algún partido. Las disputas y las victorias
simbólicas sustituyen a las disputas y las victorias reales.
Por ello la problemática a atajar no es si el soccer
se inscribe en el marco de la cultura de una sociedad, es claro que lo hace, a
pesar de que la mercantilización en la que se encuentra no hace que ese
contenido cultural se traduzca en socialización (por las razones ya expuestas).
El problema a atajar, más bien, tiene que ver con mostrar qué tipo de
sociedades son éstas en las que el conflicto, el disenso y la resistencia a
proyectos políticos se diluyen en eventos que ya ni siquiera sirven como
espacios de ocio fuera de la dinámica del capital, porque son grandes carteles
deportivos los que controlan su lógica de operación y esparcimiento. Y es que en
las sociedades industriales como México, deportes como el soccer son
actividades complementarias que potencian una cultura de la competitividad
individual (por mucho que se jueguen en equipo) y de activación física (en
términos biopolíticos), lo cual da cuenta de cómo hasta esa actividad
supuestamente neutral también se
encuentra dominada por la lógica voraz de la competencia laboral que mantiene
activo al neoliberalismo en curso.
Pero más aún, en esas mismas sociedades, la
supervivencia y el éxito del régimen político y los intereses comerciales que
lo determinan dependen de la eficacia y la efectividad con la que determinadas
actividades por fuera de la vida laboral produzcan satisfacción personal a los
individuos que componen a esa sociedad, y todavía más, que dichas actividades
sirvan de coraza —ni demasiado rígida ni demasiado laxa— para favorecer un
determinado (y no cualquiera) autocontrol individual. Es este el aspecto que ya
a mediados del siglo XX, en su análisis sobre El Proceso de la Civilización, Norbert Elías hacía notar, en lo
relativo a lo fundamental que es para un régimen político determinado contener
las fuerzas conflictivas en su interior, por medio de actividades en las que el
individuo se siente autónomo, ajeno a cualquier estructura y ejercicio de
poder.
Por eso entre los aspectos que menos importan en el
debate actual en México es si eventos como el mundial de soccer son utilizados
a manera de cortina de humo para aprobar Reformas Estructurales o decretos que
concesionan las cuencas acuíferas del país por cincuenta años, para uso
industrial. Porque la realidad de tal situación es que con o sin la gesta
deportiva los grupos sociales que se movilizan contra tales medidas no son los
que ya de entrada prefieren invertir sus esfuerzos en su fanatismo deportivo,
sino que son los sectores cuya politización es tal que ya la crítica al uso
político del deporte se vuelve inevitable.
No es ya la fórmula romana de pan y circo al pueblo lo que debe
preocupar. Los dispositivos ideológicos y de poder de la sociedad contemporánea
son mucho más sutiles, potentes y avasalladores que el circo romano. Tanto, que
incluso hoy esos dispositivos son experimentados como espacios de libertad, de
autonomía y de disfrute por parte de quienes los viven. El deporte y el ocio
son, sin duda, actividades cada vez más necesarias dentro de sociedades que se
han empeñado en restringir el tiempo libre del individuo a mínimos histórico,
sometiendo a cada persona a agotadoras jornadas laborales después de las cuales
queda poco margen de maniobra para involucrarse en la actividad y la intervención
política directa sobre los asuntos colectivos. El problema no es ese, no es el
deporte: es el uso que las estructuras de poder vigentes la confieren y la
sustitución de las actividades de socialización por las actividades mercantiles.
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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El agotamiento de la izquierda mexicana
Tan decadente es
la situación de la izquierda que se
ha movilizado en el presente proceso electoral, alrededor de la coalición Juntos Haremos Historia, que el
conglomerado de intereses gravitando en torno suyo no únicamente sigue
calificando de izquierda (o por lo
menos de antiderecha) a ese reformismo sobre el cual se encuentra
montada; mismo que, para asegurar su vigencia y su viabilidad electoral por
tercera ocasión, tuvo que negociar con los núcleos más duros (sin llegar a ser
sectarios) de la derecha conservadora a la que en las dos rondas comiciales
anteriores se opuso con grandilocuente firmeza. Sino que, además, se conforma
con aceptar que si bien una victoria suya no es el cambio profundo que necesita
México, por lo menos sí es el primer paso en esa dirección.
Para
este movimiento que se asume a sí mismo representante de la izquierda histórica
en México —al menos en alguna de sus partes—, todo se está jugando, desde ya,
en las votaciones de este primero de julio, y en ese sentido, su propia derrota
ya está declarada, pues además de hablar el mismo lenguaje de esa derecha progresista, de cuño poserrevolucionario, que el priísmo del
siglo XX supo llevar hasta sus más altos grados de refinamiento en términos
clientelares y corporativistas; apela a sus mismas prácticas y los mismos saltos de fe que aquella exigía para
mantener viva, en el imaginario colectivo nacional, la imagen de ser un
proyecto de izquierda, progresista, friendly con el vulgo, el indio y el populacho.
La
debilidad de la izquierda de hoy (la
electoral, por supuesto) está en que además de negarse a reconocer la
naturaleza, el carácter, de su propio reformismo,
se empeña en definir sus supuestos rasgos de izquierda a partir de su contraste
con las experiencias más atroces del neoliberalismo mexicano: apuntando los
extremos a los que llega el abuso de poder político, evidenciando las brechas
materiales entre los sectores más pauperizados y aquellos que más acumulan
capital, subrayando la necesidad de reducir las desigualdades y los excesos de
la política y el capitalismo en México. Sin embargo, apela a tal proceder
ocultando que es a partir de su contraste con las reivindicaciones de la propia
izquierda (la que hoy no se encuentra en campaña electoral) en donde debe
fundar la articulación de su apuesta programática para el siguiente sexenio.
Es
revelador del conservadurismo vigente en aquella apuesta de izquierda que ni en
los mítines de las precamapañas, las intercapañas, las campañas y el cierre de
las mismas se hicieron presentes las exigencias, las reivindicaciones
históricas de los sectores indígenas (que incluso llegaron a desafiar a la izquierda electoral con una campaña
propia, articulada a partir del Concejo Indígena de Gobierno), de los gremios
no cooptados por el corporativismo oficial o de las minorías raciales, sexuales, estudiantiles, obreras, etcétera.
Las
consignas típicas de las marchas y manifestaciones realizadas por la población,
en contra de la represión gubernamental, de la violencia de Estado y del
empobrecimiento de libre mercado, brillaron por su ausencia en todo el tiempo
que duró el proceso; muchas veces sustituidas por consignas más vagas y menos
simbólicas, como aquellas en favor del combate a la corrupción, las que buscan
reconocer que sólo el pueblo es capaz de
salvarse a sí mismo, o las que son tributarias de la confrontación directa
con los intereses representados por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y
su grupo político anquilosado en el andamiaje estatal.
Los
vítores reclamando que el pueblo, unido,
jamás será vencido; los que preguntan por
qué nos asesinan, si somos la esperanza de américa latina, o los que
anuncian que de Norte a Sur y de Este a
Oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste; entre otros, no contaminaron a la campaña de la
coalición; y quienes históricamente los han coreado cada que hace falta sacudir
las conciencias de los mexicanos (frente a un Pacto por México y su agenda de privatizaciones, o ante la
desaparición de estudiantes) ni siquiera hicieron acto de presencia ante esa
opción política, que si bien a lo largo del proceso comicial siempre les
extendió la mano y en ocasiones, incluso, los llegó a reconocer en algún acto
proselitista, en alguna entrevista o en algún discurso, nunca se articuló alrededor
suyo y de sus demandas —sabiéndolas algo más que simples consignas.
Por
ello, la cuestión de fondo con la descomposición de la izquierda mexicana no
pasa sólo por el hecho de que ésta, hoy, hace anacrónico al priísmo del siglo
XX —y a toda la lógica socialdemócrata bajo la cual operó durante sus primeros
tres cuartos de siglo de vida institucional—, sustituyéndolo con una apuesta reformista en apariencia mucho más
ambiciosa; sino que, antes bien, atraviesa, de igual manera, a las bases
sociales que hoy le sirven de sustento popular (y electoral, claro).
Y
es que si bien es cierto que, por un lado, la estrategia de no articular a la
campaña de la coalición, de manera orgánica, a los sectores populares,
comunitarios y campesinos que en las dos elecciones federales anteriores
(2006-2012) constituyeron la movilización más firme de López Obrador y su
plataforma; y por el otro, el cada vez mayor desplazamiento hacia el centro
(llegando en algunos puntos a rozar los bordes de la derecha moderada) de la
propuesta de gobierno de Juntos Haremos
Historia, así como su insistencia en pactar el escenario de una transición
con los intereses partidistas y empresariales que antaño tanto vilipendió;
responden más a la preocupación de asegurar el desempeño electoral de la
coalición; es igual de cierto que el hecho de que esa apuesta haya sido la más
atractiva para grandes masas del electorado dice mucho del reformismo que le es propio a esas partes de la ciudadanía.
Por
eso la primera derrota, de facto, declarada, de la izquierda electoral hoy vigente no tiene que ver con los comicios
del primero de julio: de entrada, porque la victoria en los mismos no asegura
nada respecto de la operatividad que se llegue a conseguir (o no) durante el
sexenio —la consecuencia de aglutinar a tantos intereses tan divergentes en una
misma plataforma es que, al hacerse gobierno, la coalición debe ser capaz,
primero, de cumplir con las concertacesiones
pactadas a cambio del apoyo electoral; y enseguida, de saciar a la mayor
cantidad de los mismos sin llegar a dinamitar el conglomerado en cuestión. La
primera derrota de esa izquierda es,
por lo contrario, que las bases a las que dice y asume representar, en tanto izquierda, se encuentran más a la
izquierda de la derecha que a la derecha de la izquierda.
Tal
situación, por supuesto, no es nueva en América y, de hecho, al Sur del
continente demostró ser capaz de ganarle terreno a intereses —militares y
empresariales— tan poderosos como los estadounidenses. Los gobiernos de Inacio
da Silva, en Brasil; de Cristina Fernández, en Argentina; de Rafael Correa, en
Ecuador; y en menor medida, los de Hugo Chávez, en Venezuela; y de Evo Morales,
en Bolivia; son el más claro ejemplo de la manera en que funciona la
socialdemocracia en la región.
Sin
embargo, justo porque en México ya se cuenta con esos casos como referentes
históricos obligados es que no se debe olvidar que aunque en cada uno de esos
países, guardando las respectivas proporciones, el reformismo negociado que se
ejerció disminuyó sustancialmente las brechas entre los estratos poblacionales
más desposeídos y los que concentran mayor capital (el coeficiente de Gini se
colocó, entre 2006 y 2012, en 0,469 puntos para diecisiete países de la región),
mejorías relativas como esa, impulsadas por avances en los ingresos laborales
de los sectores poblacionales con menores ingresos, en gran medida se
sustentaron y financiaron a partir de políticas de continuidad con el
neoliberalismo, como es el caso del extractivismo —minero y petrolero,
principalmente.
De
ahí que la distribución de la riqueza en dichas sociedades se mantuviese de
manera aún más desigual que la considerada sólo con base en los ingresos de las
personas. Y en este sentido, también, es que no debe pasarse por alto que así
como ocurrió en el grueso de los países de la región que experimentaron
gobiernos reformistas, en México, la
naturaleza de su apuesta socialdemócrata también pende de las clases medias
que, habiendo sido vilipendiadas por el neoliberalismo más atroz durante los
últimos tres sexenios, no dejan de representar a un amplio espectro de la
derecha que busca, por su adhesión eventual a la izquierda, mantener o recobrar algunas de sus prerrogativas.
Y es que, al final del día, fueron esas mismas
clases medias, las que encumbraron gobiernos progresistas, las mismas que al no
poder ampliar sus márgenes de acción y de beneficios salieron a las calles, al
final del ciclo, a respaldar, convalidar, promover y/o legitimar acciones para
la liberalización de precios, políticas
macroeconómicas responsables y juicios políticos por presunta corrupción.
Así pues, el conservadurismo que vive la izquierda no es ya sólo una cuestión,
como en algún momento lo fue en la historia dominada por el priísmo, de
carencia de alternativas de izquierda o de un marcado conservadurismo de
derecha por parte de las escasas apuestas de izquierda, sino que, además, ahora
también es en gran medida un problema que carcome a las propias aspiraciones y
reivindicaciones de los sectores sociales que, se supone, tendrían que
representar a alguna porción del espectro de izquierdas.
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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