Acusación al populismo, elogio al despotismo


De entre las consecuencias más palpables que ha tenido la presidencia de Donald J. Trump para América Latina, en general; y para México, en particular; dos de ellas son de especial importancia y trascendencia para la organización y el desarrollo de la vida política nacional en el continente. Ambas tienen que ver, por un lado, con las formas discursivas a partir de las cuales se generan y reproducen ciertos tipos de verdades ad hoc a las necesidades de los intereses que las formulan; y por el otro, con la manera en que esas verdades encubren hechos y dinámicas sociales que las contravienen.
De manera concreta, ambos fenómenos han tendido a identificarse, cada vez más, con las acusaciones a la posverdad y al populismo, de derechas y de izquierdas. Y es que, a partir de la campaña del ahora presidente de Estados Unidos, lo que ha venido ocurriendo en los procesos electorales de la región es una sistemática descalificación, una acusación insaciable sobre ilegitimidad y degradación democrática, esgrimida por parte de amplios sectores del statu quo —beneficiarios de los órdenes político, cultural y económico imperantes—, a partir de lo cual se busca tanto la eliminación de las alternativas de izquierda (o similares y derivados) cuanto el reforzamiento de las posiciones conquistadas por el conservadurismo (de derecha y de izquierda) en cinco décadas de neoliberalismo en la región.
Por supuesto, la tarea de excluir del control del andamiaje estatal y los aparatos gubernamentales a cualquier proyecto político que no se encuentre en plena sincronía con la lógica mercantil del neoliberalismo —y de su ideario administrativo: la democracia electoral, procedimental de corte anglosajón—, no es un tema nuevo en la vida de las naciones americanas. Basta con voltear la mirada a todo el siglo XX para observar que la historia de las dictaduras cívico-militares y los regímenes de seguridad nacional sostenidos por los intereses geopolíticos estadounidenses en la región son justamente eso: la viva imagen de la aniquilación de la izquierda latinoamericana por medios que van desde la farsa electoral hasta la represión directa por parte de los aparatos castrenses del Estado; pasando, por supuesto, por la elaboración de cuerpos normativos a modo, la adecuación de programas asistenciales, la cooptación de las instituciones, etcétera.
La cuestión es, no obstante, que en términos de los discursos que circulan a diario en los imaginarios colectivos nacionales, con particular profusión en los tiempos y los espacios en los que se llevan a cabo procesos electorales, las acusaciones a los regímenes de posverdad y a las prácticas del populismo —para todos sus efectos, encarnación, éste último de aquella— se presentan, hoy, como dos elementos que hasta hace pocos años se encontraban fuera de los causes del debate político público. Prueba de ello es el hecho de que, por una parte, el primer término, es decir, el de la posverdad, era inexistente en las discusiones de los años setenta, ochenta, noventa y principios del nuevo siglo; mientras que, por la otra, aunque es cierto que el populismo latinoamericano es tema hasta de los planes de estudio de las Ciencias Sociales universitarias en la región, las connotaciones con las que actualmente se emplea el término son distintas a las de años anteriores.
Por posverdad, de entrada, sigue sin quedar claro bien a bien qué es lo que se quiere decir, aunque un consenso relativamente amplio entre la comentocracia mexicana y los analistas al servicio del establishment político y empresarial apela a la adopción de una suerte de sentido común por medio del cual posverdad significa todo aquello que siendo expresado, discurrido, enunciado, no se corresponde con la verdad de los hechos reales, pero a pesar de lo cual no se cuestiona la veracidad del contenido expresado, discurrido, enunciado. No queda claro, en este sentido, qué es lo que distingue a la posverdad de instancias como la farsa, la mentira, la simulación etc., pero parece aglutinarlos a todos.
Las acusaciones a la proliferación del populismo en América, por su parte, son una suerte de moda cada vez más presente en las agendas pública y de los medios, en particular desde que las sociedades al Sur del continente erigieron gobiernos de extracción obrero-sindical, como en el caso de Luiz Inacio da Silva, en Brasil; o indígena, como con Evo Morales, en Bolivia, pero que con independencia de su origen, en última instancia todos trabajaban sobre una agenda común, regional, que en mayor o menor medida —sin pretender, en ningún caso, superar la subordinación histórica-estructural de sus capacidades productivas y sus necesidades de consumo a las economías centrales en Occidente—, planteaban la puesta en marcha de un cierto número de reivindicaciones sociales que giraban en torno de recuperar conquistas laborales, derechos sociales, económicos y políticos, autonomías indígenas, etcétera.
En este sentido, los últimos años, ambos términos, posverdad y populismo, han servido a ciertos intereses nacionales, regionales y globales como una suerte de comodines o palabras universalizables a partir de las cuales es posible designar a una heterogeneidad de prácticas discursivas, de instancias informativas, de personalidades y organizaciones sociales —tan divergentes entre sí— pero que al final del día comparten dos rasgos esenciales. Primero, que todo aquello y todo aquel al que se designa con ambos términos (en conjunto o por separado) representa un peligro para la estabilidad, el orden, la igualdad, la libertad, la fraternidad, el libre mercado, etc., imperante en una sociedad. Segundo, que todo aquello y todo aquel al que se califica con tales adjetivos no pasa de ser en sí mismo una farsa, una representación que en realidad no refleja ningún grado de realidad.
El caso de la posverdad es destacable en el énfasis que se ha puesto en la tarea de identificar noticias falsas (fake news). Caso en el que no deja de ser trágico que en el actual proceso electoral mexicano sean los candidatos a cargos públicos la principal fuente de noticias y declaraciones falsas, así como los principales receptores de la actividad de plataformas de confirmación de hechos —lo cual ya dice mucho sobre el régimen de verdad/mentira sobre el cual se encuentra montado el sistema político nacional. El punto a discusión aquí es que el excesivo escrutinio que se da en torno de la búsqueda y clarificación de falsedades no encuentra una práctica recíproca, correspondiente, en la tarea de cuestiones qué verdades son las que se están (re)produciendo; de tal suerte que se condena la falsedad (la posverdad) pero no se piensa siquiera en cuestionar por qué y a partir de que premisas aquello que se afirma como verdad es verdad. Después de todo, la verdad es, también, un instrumento epistemológico y un dispositivo de saber y de poder que no es neutral, sino que se usa de conformidad con los intereses que la esgrimen a su favor.
Decir que el neoliberalismo es la mejor forma de experimentar al capitalismo moderno en la región, por ejemplo, es una afirmación posible de instituirse en verdad (incluso en verdad universal), y hasta es posible hacerlo a partir de la articulación de una serie de indicadores, de métricas y de datos cualitativos para comparar sus resultados con los resultados de otros modelos de producción y consumo. El problema es, no obstante, que afirmar lo contrario sobre el neoliberalismo es igual de verdadero, porque la estrategia de articulación de cuantificadores es igualmente posible y contrastable, demostrando lo contrario de la afirmación inicial. Sin embargo, el rasgo principal en ambos casos es que el régimen de verdad que se funda por una u otra sentencia tiene que ver con una ética particular para cada caso y con el despliegue de un poder igual de específico.
Es esto lo que no se está cuestionando, pues se prefiere simplemente desmentir aquello que parece ir en contra del sentido común de la colectividad o que simplemente no se corresponde con registros cuantitativos disponibles. Y el riesgo de proseguir con tal dinámica es que la tendencia a cuestionar la verdad, antes que a la mentira, pasa a ser operación de segundo grado de importancia: incluso inútil si al final se consigue comprobar la falsedad de una mentira emitida por un actor público; siendo que las verdades son mucho más amplias que los decires de un individuo.
Ahora bien, cuestionar qué verdades se están (re)produciendo, por qué medios, a través de qué estrategias y con qué finalidad no únicamente tiene relevancia para la configuración de los regímenes de verdad, de poder y de saber que dominan en una colectividad, sino que, asimismo, resultan fundamentales para la configuración de los sentidos comunes que imperan en las discusiones públicas de esas mismas colectividades. En términos más concretos, este proceso de cuestionamiento sirve, por ejemplo, para poner en perspectiva los objetivos que se persiguen cuando se acusa a un individuo o a un grupo de individuos de populistas.
Ello, no sólo porque permitiría rastrear al significado del concepto dentro de su propia genealogía —a la Rusia zarista de finales del siglo XIX y principios del XX, como herramienta teórica de las comunas agrícolas rusas y su importancia para sortear la experiencia traumática del capitalismo occidental en el transito del zarismo a la república. Sino porque además, coadyuva a transparentar la malla de intereses que se desenvuelve sobre aquellos eventos, personajes o situaciones que resultan peligrosos en algún grado para el mantenimiento del statu quo imperante.
Para el caso de México y su proceso electoral, esto se traduce, de entrada, en la importancia que cobra el hecho de observar que los principales adalides de las acusaciones al populismo latinoamericano no están discurriendo, en estricto, sobre el populismo en sí mismo o sobre el contenido populista de algún evento, de alguna situación o una dinámica política, económica o cultural en específico. Sino que, antes bien, su principal objeto de discurso es el de establecer un tipo ideal de democracia funcional para la racionalidad del intercambio mercantil de corte neoliberal —en su lógica, experiencia definitoria, por antonomasia, de lo que significa la consecución del máximo grado de libertad individual alcanzable.
No es azaroso, en este sentido, que la definición corriente de populismo empleada por esos adalides no se defina por el desarrollo del significado del concepto, sino por el acto de hacer gravitar sobre el mismo un conjunto de ejemplos de personalidades políticas que aunque en sus actos son divergentes, se unen en algunos puntos por el grado de oposición al neoliberalismo (o al liberalismo clásico, en la primera mitad del siglo XX) que comparten. Las comparaciones con el modelo de mercado y con el sistema electoral occidental, en general; estadounidense, en particular; por lo anterior, son espacios comunes a partir de los cuales se definen los tipos ideales de modelo político y de modelo económico que representan el extremo contrario al populismo.
Hay casos, inclusive, en los que populismo llega a ser sinónimo de socialismo y comunismo, mientras que estos —pese a que en la historia de la modernidad capitalismo no se cuenta con un solo caso de socialismo o de comunismo, en ninguna parte del mundo— son sinónimo de estatismo, planificación económica centralizada, intervención estatal, socialdemocracia, etc.; de tal suerte que personalidades como Fidel Castro y Hugo Chávez, en América, son convertidos en las personificaciones más concretas que se tiene del fenómeno populista en la región. Pero no solo, pues, además, se parte de la petición de principio (petitio principii) de que la personalidad la colectividad o el movimiento que es populista es, asimismo y por el hecho de ser populista, portadora de un germen monárquico, imperial, autoritario, dictatorial.
Y ello, por supuesto, no porque lo sean (ni siquiera per se), sino porque simple y llanamente los procesos de toma de decisiones implementados van en contra del tipo ideal propugnado por el canon anglosajón —con todo y que incluso para los padres de la democracia estadounidense, su propio sistema político estaba diseñado no para favorecer la participación del ciudadano en la vida pública de su sociedad, sino para mantenerlo al margen, fuera de ella, tal y como lo afirmó en su momento James Madison.
Claro que, sin embargo, por un lado, es cierto que muchos de los supuestos a los que se señalan de populistas son, en realidad, dictaduras cívicas o militares. El problema es, justo, que de entrada, y atendiendo a las raíces sociales del concepto, el solo hecho de ya denominar a un régimen autoritario, represor o dictatorial como populista es un acto de traición al significado y las implicaciones comunitarias que surgieron del populismo ruso decimonónico. Mientras que por el otro, también es cierto que mucho de lo que se acusa de populista y autoritario en regímenes latinoamericanos no es alcanzado a ser percibido como estrategias de protección a la desestabilización y sometimiento que causa la penetración de los intereses occidentales (estadounidenses, específicamente) en esas sociedades.
Castro y Chávez fueron el vivo ejemplo de esa resistencia, y a pesar de ello siempre se mantuvieron los márgenes más amplios de libertades colectivas e individuales de la población durante sus mandatos porque el principio general para ambos era que el apoyo popular a su apuesta de gobierno era preferible, como muro de contención a la injerencia extranjera, a la vía de la cooptación y la represión social.
Esto lleva a descubrir la falacia detrás de las acusaciones más simplistas pero famosas sobre el populismo latinoamericano. Y es que, en la lógica de tales posicionamientos, el contenido más condenable del populismo tiene que ver, por un lado, con un culto colectivo a la persona y a la personalidad de un individuo (a menudo nombrado caudillo); y por el otro, con el potencial de arrastre de ese mismo individuo, respecto de los sectores con los que conecta. En general, estos dos aspectos a menudo se condenan desde el argumento de que el caudillo o el mesías, el líder carismático, el populista, pues, apela a la promoción de su proyecto político mediante el establecimiento de un conjunto de promesas de políticas públicas que, antes que ser percibidas como las correctas y las necesarias, se las observa como demagógicas y populares para el vulgo.
¿Cuál es el problema con este posicionamiento? En primer lugar, pasa por alto, invisibiliza deliberadamente, que la historia nacional de México se encuentra construida sobre la mitología propia de sus gobernantes. La historia la escriben los vencedores, y basta observar un plano urbano cualquiera para hacer notar que en sutilezas intrascendentales como la nomenclatura del trazado de las ciudades está plagada con los nombres de las figuras políticas que, se supone, no son parte del caudillismo. Pero no sólo, pues cuando el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto (o cualquier otro representante del establishment) sale frente a recintos repletos de miembros de los sindicatos al servicio del régimen; o cuando salen a anunciar la coalición del Partido Revolucionario Institucional con una decena de partidos rémora; o cuando la comentocracia sale a opinar sobre su gestión con un lenguaje plagado de formas cortesanas y expresiones honorables, solemnes, llenas de títulos nobiliarios; los verdugos del populismo, en lugar de condenar el culto a la personalidad del individuo, vía las instituciones del estado y los canales empresariales, guardan silencio o se suman a la pleitesía.
 En segundo lugar, está el hecho de que, de entrada, condenan la popularidad del individuo entre las masas, como si un proceso electoral no se tratase de ganar adeptos, de ser el más popular en las encuestas y las preferencias electorales, o como si la gestión del gobierno y el sistema político en su conjunto no basaran su legitimad en los índices de aprobación (popularidad) que se tienen sobre ellos. En seguida, se encuentra la aún mayor contradicción de que se condena tanto el arrastre del candidato como el hecho de que ese arrastre se deba a propuestas (o promesas) de políticas públicas que resultan sumamente populares por el vulgo. Y aquí la cuestión es que, con independencia de si esas promesas se quedan en simples promesas o cartas de buenas intenciones, los ideólogos del liberalismo que condena al populismo simplemente no alcanzan a observar que si esas promesas son populares entre las masas se debe a que ese vulgo las percibe como necesarias para sí en el momento presente o futuro, no es simple e irracional manifestación de apoyo a cualquier ocurrencia.
En los últimos manifiestos publicados en contra del populismo en la presente contienda electoral en México (de la pluma de Enrique Krauze), por ejemplo, se llega, incluso, a conceder que la raíz de todo movimiento populista en el país y en la región se encuentra en «agravios de toda índole, reales y dolorosos: la desigualdad, la pobreza, la marginación, la impunidad, la inseguridad y, desde luego, la corrupción de los partidos políticos». Sin embargo, aun reconociendo ese daño: causado no por lo que esos desplegados acusan de peligro populista para la sociedad, sino por las instituciones y los personajes que ellos mismos defienden; la condena no está en los causantes del daño y el daño, sino en la posibilidad de que algún tipo de cambio sobrevenga con tanta popularidad.
En el momento presente, por ejemplo, se acusa de incertidumbre, de amenaza de estatismo, de pobreza, de desigualdad, de control de precios, de redistribución del ingreso, de programas sociales, etc., partiendo de la premisa de que esas acciones llevan a toda sociedad a su ruina, pero la realidad es que aún sin propuestas, individuos, movimientos o contenidos acusados de populistas lo peor que se teme ya se está desarrollando en el país: la pobreza, la inseguridad, la inflación, la desigualdad, la corrupción, la violencia, etcétera. Es decir, se acusa de peligro al populismo que surge de la catástrofe causada por el no-populismo.
No muy en el fondo de los argumentos esgrimidos sobre los movimientos de izquierda (o lo más próximo a la izquierda que se tiene en el país y en la región), para acusarlos de populistas, llevan consigo el germen de un elogio al despotismo ilustrado: la defensa intransigente de que, por definición, la masa de la población es estúpida, idiota (ambos términos tomados aquí en su sentido etimológico), y que por lo tanto requiere de un reducido cuerpo de ilustres, de notables, que la rescaten de su propia miseria intelectual al costo que sea necesario —aunque ese costo conlleve el sacrificio de cientos de miles de vidas humanas, por la vía del funcionamiento del mercado, la represión política directa, la criminalidad, la violencia estatal, la guerra. Y ese es justo el argumento más profundo en defensa del sostenimiento de una aristocracia privilegiada como núcleo articulador de la vida política nacional.
Por supuesto que en la historia de la existencia del Estado nacional moderno hay muchos ejemplos de cómo los destinos de una sociedad, en manos de la colectividad, han llevado a consecuencias desastrosas para la misma. El caso del nacionalsocialismo es el más puro ejemplo de ello. Sin embargo, apelar a la continuidad del despotismo ilustrado, del sostenimiento de una aristocracia que corrija la estupidez del vulgo, como la única y la más viable opción para mantener cierto orden, cierta paz y estabilidad social es excluir, ex ante, toda posibilidad de cambio que contenga el potencial para beneficiar a un mayor número de individuos y colectividades.
Además, en última instancia, tal posicionamiento defiende una ética en la que las consecuencias catastróficas del funcionamiento de los sistemas políticos y económicos vigentes son un precio justo de pagar por mantener dicho funcionamiento: y entonces las guerras, la hambruna, la desigualdad, la violencia, el empobrecimiento, etc., son justos y necesarios por el bienestar de una mayoría. Y al mismo tiempo, es un posicionamiento con una profunda incapacidad de reconocer que existen maneras de llegar a acuerdos que se están practicando en colectividades ahora excluidas; con un valor aún menor para aceptar que incluso si las decisiones de una colectividad la llevan a desaparecer, fueron decisiones colectivas, y la responsabilidad debe ser asumida como tal.


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
23/6/18

La decadencia de la hegemonía estadounidense


Recapitulemos. Hace unos días, en este mismo espacio se afirmó que, de los muchos lugares o sentidos comunes que dominan la narrativa de la prensa y los principales formadores de opinión pública en Occidente, desde analistas individuales hasta colectivos aglutinados en think tanks o círculos universitarios, uno de los más recurrentes, en torno de la tarea de ofrecer un diagnóstico correcto sobre la administración del presidente Donald J. Trump al frente de Estados Unidos, vis à vis el ascenso de China como un actor con goce de pleno potencial para disputarle la hegemonía global a aquel, es el afirmar que el actual mandatario estadounidense es una suerte de contrariedad o retroceso respeto de lo que se supone el Gobierno de Estados Unidos tendría que estar haciendo para no minar su propia posición dentro de la jerarquía interestatal vigente. 
En esta línea de ideas no es extraño encontrar diagnósticos diarios en los que se asegura que Donald Trump, con toda su retórica proteccionista y su dogmatismo fundamentalista en contra de los principios básicos del sistema de valores que sostiene el modus vivendi occidental, es la causa original de la pérdida de credibilidad, de poder y de influencia estadounidense en curso. El sentido común dominante, por lo anterior, es, pues, que la administración de Trump —y el presidente estadounidense mismo, en persona— son una anormalidad histórica dentro del flujo histórico de continuidad que había caracterizado al liderazgo de Estados Unidos en el mundo que surgió tanto de la Segunda Guerra Mundial cuanto de su reconfiguración tras el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La competencia de Estados Unidas con China por la hegemonía global, por supuesto, no es un tema que se encuentre ausente de los análisis que a diario se producen en Occidente, y en particular en Estados Unidos, para hacerle frente. Sin embargo, su núcleo analítico ha tendido a gravitar cada vez con mayor peso, fuerza y consistencia alrededor de un discurso que apela a la ejecución de políticas cargadas con mayores dosis de liberalismo ya como medio de contención, de disuasión o de enfrentamiento ante el avance chino en la arena internacional.
Estos tres factores (observar en la presidencia de Donald Trump una anormalidad en el curso natural de la política y la economía estadounidenses; tomar a éste y a su administración por errores populistas, proteccionistas y conservadores, ajenos por completo al liberalismo occidental; y apelar a la aplicación de más y más liberalismo como remedio ante cualquier actual o potencial detrimento en la posición dominante de Estados Unidos alrededor del mundo), en particular han conducido a que en la discusión pública sobre la actual dinámica internacional no se alcancen a comprender, o si quiera a observar, tres rasgos de la tensión en la que se encuentran las estructuras política y económica globales.
En primer lugar está el hecho de que no se termina de comprender que fueron justo dosis altas de liberalismo aplicadas a la economía china por más de cuarenta años, ininterrumpidamente desde mediados de la década de los setenta, lo que llevó a dicha sociedad a una posición en la que le ahora le es posible disputarle a Estados Unidos su rol en la jerarquía interestatal. La apertura del régimen chino a los flujos comerciales occidentales —con origen en la década de 1970 y consolidada en el primer decenio del siglo XXI— le supuso a Occidente, en general; y a Estados Unidos, en particular; el acceso a un enorme mercado y a una maquiladora de proporciones hasta ahora incomparables. De tal suerte que la respuesta lógica ante el reconocimiento de que es del orden neoliberal de donde se alimenta la economía china, la base sobre la cual se encuentra cimentado su poderío actual, es minar su presencia, sus inversiones, sus comprar y sus ventas de la mayor cantidad de mercados posibles; tratando de impedir una mayor acumulación y concentración de capital.
En segunda instancia, se encuentra la incapacidad de reconocer que la administración de Donald Trump, antes que ser la causa de la decadencia estadounidense, es en realidad síntoma de un largo proceso de desgaste de la posición dominante de esta economía en las dinámicas globales. En este sentido, alternativas como: esperar al cambio de administración para corregir el rumbo del liderazgo estadounidense, bombardear al presidente y a sus círculos cercanos de un cúmulo interminable de análisis continuistas, llenar a la administración pública estadounidense de servidores formados dentro del establishment histórico del Gobierno, etc., no únicamente pasan por alto, ignoran, desplazamientos, eventos, determinantes más profundas y añejas que de ninguna manera encuentran su solución en medidas tan cortoplacistas como éstas.
Y en tercer lugar, está el hecho de que ante las acciones de Donald Trump en materia de política exterior, por un lado; y de economía doméstica, por el otro; los discursos mainstream que saturan la agenda de los medios y la discusión pública con sus condenas al populismo, al conservadurismo y al proteccionismo no permiten observar que esas acciones tan deleznadas —y en apariencia todas ellas implementadas a contracorriente del sentido común liberal—, lejos de ser una afrenta directa al orden liberal occidental y a todo su sistema de valores, son reacciones hasta cierto punto naturales, propias, del liberalismo; mismas que, al apelar a la conservación y a la protección de un núcleo más o menos reducido, concentrado, de prácticas y valores hoy consideradas ajenas al ideario liberal, tienen el efecto contrario al interior del liberalismo sobre el cual actúan: lo reactivan, lo reconstruyen en las lógicas que lo sostuvieron durante el auge del poderío estadounidense en la economía global.
Entre los principales factores que explican por qué estos tres rasgos no están siendo considerados en su correcta dimensión y magnitud se encuentra la tendencia a fundamentar los análisis circulantes en escalas espaciales y temporales en extremo reducidas para el tamaño, la holgura, la profundidad y la duración de los eventos sobre los cuales se encuentran operando la decadencia estadounidense y el ascenso y la disputa hegemónica china. Ejemplo claro de ello es la proliferación de discursos, estudios y diagnósticos triunfalistas sobre el desempeño de la economía de Estados Unidos, en donde se argumenta con mucha facilidad y frecuencia que lo peor de su crisis de acumulación de capital (cuyo auge es circunscrito a los eventos de 2007-2009 en los mercados financieros internacionales) ya pasó, y ahora todo marcha viento en popa —y sin la necesidad de implementar las políticas de Trump.
Y aquí el problema es que al recurrir a tales estrategias discursivas/analíticas se excluye de la ecuación una constante que en realidad debería ser insorteable en cualquier análisis serio de la estructura internacional: y es que, desde su instauración la matriz de producción y consumo aún vigente opera en su marcha histórica a través de fenómenos cíclicos de larga duración (entre los cien y los ciento cincuenta años) dentro de los cuales se articulan, por un lado, en las fases de expansión y profundización del capital, una expansión asimismo de la población, la actividad económica general y los precios; y por el otro, en las fases de contracción del capital, una contracción igual en los mismos tres rubros. En este sentido, crisis como las de 2008 o anteriores (las de los setentas, las de los ochentas, las de los noventas, las de principios del 2000), todas ellas con sus propios ciclos se inscriben dentro de fases de expansión y contracción más amplias y duraderas en las cuales no ejercen del todo algún efecto determinante en lo individual.
Una periodización relativamente bien aceptada dentro de los análisis históricos que tienen por objeto a la economía global muestra que esos ciclos de larga duración se encuentran distribuidos de manera tal que es posible observar una fase de expansión entre los años 1250 y 1450; una fase de contracción en el periodo 1450-1650, misma que se estanca en el periodo que va de 1650 a 1750; una nueva fase de expansión entre 1750 y 1850 y, finalmente, una fase de contracción entre 1850 y 1940. Continuando con esta lógica hasta el momento presente, el periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días es representativo de una fase de expansión en los tres ejes: poblacional, de los precios y de la actividad económica general. Y ello, con independencia de las recurrentes crisis que se han desatado a lo largo del periodo por todo el mundo.
El debate de fondo, no obstante, no se encuentra aquí, sino en las dinámicas que se ponen en marcha cuando la economía hegemónica de cada periodo (comprendido por un ciclo de expansión y uno de contracción) se encuentra en el límite de sus capacidades de acumulación y concentración de capital, y además, siendo desafiada en su posición jerárquica por su principal socio comercial en turno: España fue hegemónica en el periodo 1450-1650, su principal socio comercial, las Provincias Unidas (hoy Países Bajos), sustituyeron al imperio español en el periodo siguiente, de 1650 a 1750; las Provincias, a su vez, fueron desplazadas por su principal socio comercial en su periodo de hegemonía, de tal suerte que en los ciclos de 1750 a 1920 los ingleses dominaron la economía global. Por su parte, las colonias inglesas en América del Norte, principal mercado y fuente de materias primas para la Corona en el auge de su hegemonía, sustituyeron al Reino Unido, ya como Estados Unidos, para el periodo que hasta ahora comprende de 1940 al presente, en todo sentido una fase de expansión del capital.
De aquí se obtiene, además, que los largos periodos de guerras entre grandes potencias sean una constante en la historia justo en los momentos en los que la economía hegemónica se encuentra en descenso y sus dos competidoras más próximas se disputan su lugar en la jerarquía: las guerras de Reforma (1618-1648), en el caso de las Provincias Unidas sustituyendo a España; las guerras Napoleónicas (1789-1815), entre Francia e Inglaterra, para sustituir a las Provincias; la Primera y la Segunda Guerra Mundial (1914-1945), entre Estados Unidos y Alemania, para sustituir al Reino Unido.
Ahora bien, de entre los varios elementos que permiten a una economía nacional emerger y sostenerse como hegemónica en el mundo por algún tiempo, algunos de los principales son, sin duda, aquellos que conciernen a la capacidad de ésta para articular el sistema interestatal a sí, no en calidad del Estado/la economía nacional más fuerte, sino como el actor que es significativamente más poderoso que otros actores poderosos. En este sentido, la hegemonía estadounidense en el periodo de su auge no se definía por su relación con los Estados de las periferias globales (América, Asia y África), sino, antes bien, por su relación, primero, con la Unión Soviética, y luego (tras su desmoronamiento), con los bloques de la Unión Europea y de las economías del Sudeste asiático; siendo cada conglomerado, en su momento y a veces paralelamente, sus competidores más próximos.
Muchos son, por supuesto, los recursos que permiten al actor hegemónico sostenerse en esa condición. Sin embargo, lo fundamental de tales recursos es que éstos deben permitir al actor que se vale de ellos imponer un orden global ad-hoc a sus intereses, lo que se traduce en la capacidad de estructurar el sistema interestatal en su conjunto de forma tal que sus dinámicas (políticas, culturales, sociales, y sobre todo económicas), su funcionamiento como tal, beneficie los márgenes de acumulación y concentración de capital. Y es que el principio o el fundamento de ello no es en realidad nada complejo: una mayor acumulación y una mayor concentración de capital se traduce en una mayor potencialidad política, científica, tecnológica, financiera, comercial, militar, etcétera. En última instancia, de lo que se trata es de desplegar y asegurar un andamiaje que le permita al actor hegemónico no únicamente gozar de ventajas adicionales (no concedidas por el mercado) a las que sus contrincantes no son capaces de aspirar sin contar con los mismos dispositivos que permiten a la economía hegemónica instrumentalizarlas. Sino que, además, se trata de homologar los procesos y los comportamientos de otros actores con un entramado de reglas o normas que le es propio al actor hegemónico y que funcionan, desde su diseño, para mantener su ventaja relativa sobre sus adversarios, al tiempo que contiene, en alguna medida, las posibilidades de éstos y de sus aliados de fortalecerse.
Para el caso de Estados Unidos, el final de la Segunda Guerra Mundial es el punto de partida de la consolidación de su hegemonía. Luego de treinta años de conflictos bélicos en el seno de las grandes potencias europeas, Estados Unidos no únicamente emergía como ostentador de un potencial militar (nuclear) ostensiblemente superior al de sus más próximos rivales (la Unión Soviética), sino que, además, emergía reconfigurando el funcionamiento de la matriz productiva y consuntiva global a partir de su articulación a elementos como los derechos humanos, la descolonización formal (política) de las periferias globales gobernadas por Europa y, sobre todo, una nueva manera de acumular y concentrar capital —dotada con carta de identidad propia en el Chile de Pinochet, en 1973, como neoliberal.
Mucho de esto, por supuesto, se quedó y se sigue arrastrando sólo en el plano de la retórica y el dogmatismo ideológicos; en realidad muy pocas veces funcionan en la práctica en los términos en los que se defienden tales elementos en el discurso. Sin embargo, aún funcionando en el plano puramente ideológico, con todo su sincretismo, fungieron de base para el sostenimiento de la legitimidad que la nueva configuración internacional requería para poder mantenerla sobre su marcha histórica.
A menudo se suele leer el desmoronamiento de la Unión Soviética como el hito que marca el verdadero ascenso de Estados Unidos a la cima de la jerarquía interestatal; mientras que a la primera década del siglo XXI se la recibe como el periodo en el que la bipolaridad de la Guerra Fría, y la breve unipolaridad estadounidense tras su disolución, dan paso a un orden multipolar sin actores dominantes. Sin embargo, lo cierto es que la hegemonía estadounidense operó en todo su esplendor en el periodo que comprende 1945-1976, comenzando a declinar en algunas escalas y planos a partir de ese momento y acelerando los límites de su desgaste en el mismo momento en el que se desmorona la Unión Soviética.
La cantidad y la magnitud de las intervenciones militares estadounidenses alrededor del mundo a partir de la década de 1990, en este sentido, en lugar de leerse como continuidades de las proxy wars propias del periodo de la Guerra Fría, deben entenderse como medidas extremas implementadas para atenuar y desacelerar el proceso de desgaste que su hegemonía ya venía experimentando desde los años setenta. La condición de plenitud en el ejercicio de la hegemonía de cualquier actor, después de todo, históricamente nunca se ha prolongado por un periodo mayor a los treinta o cuarenta años de vigencia, y el caso estadounidense no es excepción a la regla.
El rol de actor dominante, hegemónico, siempre supone el ejercicio de cierto grado monopólico del poder geopolítico global para conservar ese estatus. Sin embargo, dicho ejercicio siempre es condición de su propia decadencia, pues en el acto de conservar las ventajas económicas y militares que lo posibilitan son las mismas estrategias de conservación las que terminan por socavar la condición hegemónica a la que anteriormente servían. Una forma simple de comprender este proceso es observando la manera en que el poder hegemónico estadounidense operó para fortalecer al bloque europeo al mismo tiempo que restringía su fortalecimiento dentro de límites lo suficientemente manejables como para que dicho bloque no le disputase sus ventajas. La cuestión aquí es que para mantenerse en una posición privilegiada respecto de sus competidores, Estados Unidos requirió siempre de mercados grandes que le permitieran incrementar permanentemente sus niveles de acumulación y concentración de capital, y que al mismo tiempo le facilitaran la tarea de contener a sus competidores.
China, sin lugar a dudas, entra en esta ecuación, a partir de la década de los años setenta, como un nuevo y un enorme mercado (fuete de materias primas y mano de obra barata, pero también de un consumo abrumador de bienes y servicios hasta ese momento inexistentes en el país), que servía lo mismo para contener la expansión comercial de la Unión Soviética a sus zonas de influencia más próximas que para contrarrestar la enorme dependencia estadounidense de los mercados europeos. Así pues, la apertura china a los flujos comerciales de Occidente, en general; y de Estados Unidos, en particular; supuso una válvula de escape para la hegemonía estadounidense: una salida fácil que permitía mantener los cierto grado de acumulación y concentración de capital en una sociedad en la que, debido a su enorme atraso comercial, las posibilidades de emprender una marcha de crecimiento acelerado (y por tanto, de una eventual disputa por liderazgo global) se percibían nulas, por lo menos en lo inmediato.
La cuestión acá es que cuatro décadas pasan rápido, y las enormes ganancias obtenidas en Occidente por su comercio con el Sudeste asiático, en general; y con China, en particular; fueron un atractivo tan grande que poco importó que fuera justo esa dinámica, con un potente impulso neoliberal que cada año exigía a los chinos una mayor apertura y liberalización de su economía, la causa del rápido y profundo crecimiento de la economía china.
Para poner sólo un par de ejemplos en un lapso de tiempo concerniente a los últimos diez años, de acuerdo con datos del Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el plano de la distribución de los flujos entrantes de Inversión Extranjera Directa (IED) alrededor del mundo, entre 2006 y 2015 únicamente once economías concentraron poco más de la mitad del total de IED circulante en todo el planeta: 55.5% (781.9 miles de millones de dólares), en 2006; 63.4% (1,117.7 miles de millones de dólares), en 2015. Pero de esas once economías, dos son las que se disputan el primero y el segundo lugar en concentración de IED: China y Estados Unidos.
En 2006, Estados Unidos acaparaba alrededor de 237.1mmdd., es decir, 16.9%; del total mundial. Diez años después, en 2015, concentraba 379.9mmdd., esto es, 21.6% del total global. China, por su parte, en 2006 concentraba sólo 8.2% del total mundial, es decir, 114.5mmdd., o lo que es lo mismo, apenas la mitad de todo lo que acaparaba Estados Unidos en el mismo año. Una década después, en 2015, la cantidad de IED captada por la economía china pasó a los 310.5mmdd., esto es, 17.6% del total de flujos circulando alrededor del mundo. Ello da cuenta de cómo en este breve lapso la enorme brecha que dividía a Estados Unidos de China por más del doble de concentración se redujo a una diferencia menor a los ochenta mil millones de dólares: cuatro puntos porcentuales de distancia.
La cuestión acá es que no sólo se trata de un incremento sostenido de la inversión captada por los chinos, sino que, además, se trata de observar que, a diferencia de lo que ocurre con la economía estadounidense, marcada por subidas y caídas constantes en sus flujos de IED entrantes, en Cina ocurre que la pendiente es más estable, permanente, sin tantas caídas y con varios puntos de empuje hacia arriba. Pero hay más: China no únicamente se está consolidando como un polo de atracción de inversiones más atractivo y rentable de lo que es el mercado estadounidense, sino que, además, se está posicionando, asimismo, como un importante inversionista.
En el plano de los flujos salientes de IED, en 2006, Estados Unidos representaba un 16.6% del total, es decir, 224.2mmdd.; diez años después, en 2015, representaba el 20.3% del total, esto es, 300mmdd. China, por su parte, en 2006 apenas registraba flojos salientes de IED por 62.1mmdd., esto es, 4.6% del total global. Diez años después, en 2015, ya alcanzaba los 182.7mmdd., es decir, el 12.4% del total. Para ponerlo en perspectiva, China y Estados Unidos, juntos, representan poco más del 30% de los flujos salientes de IED en el mundo; sus nueve competidores más cercanos (junto con los cuales acaparan el 71.2% de IED saliente) no pasan, en lo individual, de márgenes del 8%. China, en lo singular, es el principal competidor de Estados Unidos, e sólo ocho puntos porcentuales de igualar la cantidad de inversión que tiene distribuida alrededor del mundo.
 Pero si este plano de competencia ya se percibe tenso, en el terreno de la distribución global del empleo, el panorama no pinta mejor para Estados Unidos, y definitivamente es el mejor terreno de competencia de China. En términos generales, veintiocho países concentran 80% del total de empleos que se tienen alrededor del mundo (2.23 mil millones de personas). De esos veintiocho, China, India y Estados Unidos concentran, juntos, al 46.2% de total. Y en términos más particulares, China e India aportan al mundo un 41% del número de empleos.
Para ponerlo en perspectiva, del porcentaje de distribución del empleo mundial por países, en 1994, China concentraba el 27.65%; India, el 14.71%; y Estados Unidos, el 5.36%. Veinte años después, en 2014, China se mantiene en un 24.34% de concentración; India, en un 14.79%; y Estados Unidos en un 4.76%. Este dato, por sí mismo, ya es representativo de la magnitud del problema que Estados Unidos debe enfrentar con su reducido mercado laboral: la narrativa de Trump respecto de rescatar empleaos industriales tiene que ver mucho con este panorama, y sus medidas para restringir ciertos mercados o para elevar los aranceles de entrada a su mercado de ciertos productos parecen encontrarse en sintonía con la necesidad de contener las principales industrias Chinas, generadoras de millones de empleos.
Pero no sólo, pues, además, es preciso observar que de las quinientas mayores corporaciones a nivel global, en 1994, las estadounidenses concentraban un 40.2% del total de distribución de empleos dentro de esas mismas quintas empresas, pero en 2014, veinte años después, ese porcentaje bajó a un 24.8%. China, por su parte, en 1994 concentraba, en este rubro, el 0.6% del total global; mientras que en 2014 alcanzó el 28.6%. Ello da cuenta de que la afrenta no sólo es en contra del mercado laboral chino, sino que, además, hay una brecha importante que se está cerrando entre las empresas chinas y las estadounidenses: una brecha que se cierra no sólo en términos del tamaño de las propias empresas, sino que se cierra, además, en la creación de empleos, en la concentración de IED y en la acumulación de capital a nivel internacional.
No es un dato menor que de los cien corporativos más grandes (por ingresos/ventas) a nivel global, en quince años China haya logrado desplazar de las primeras posiciones a las empresas estadounidenses. En 2001, los primeros cinco lugares correspondían a: Walmart (EU), ExxonMobil (EU), General Motors (EU), BP (RU) y Ford Motor Co. (EU). En 2016, las primeras cinco posiciones correspondían a: Walmart (EU), Satate Grid (Chi), Sinopec Group (Chi), China Nat Pertrol (Chi), Toyota Motor (Jap). Son los más grandes capitales corporativos del mundo los que se están disputando el acaparamiento de los mercados globales, y en ese contexto, el desatar una guerra comercial en los términos en los que lo está haciendo la presidencia estadounidense no parece ser una medida regresiva, sino contenciosa de la expansión de los competidores chinos frente a los capitales estadounidenses.
El conservadurismo y el proteccionismo estadounidense debe leerse en este contexto. Recomendar más dosis, dosis más altas y concentradas de liberalismo para hacer frente al ascenso de China no es opción cuando fue la instauración del neoliberalismo más atroz en ese país lo que cimentó y consolido el actual éxito chino.


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]

10/6/18
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Un Estado sin voluntad de política exterior


Este domingo 20 de mayo se llevó a cabo el segundo debate —de tres— entre los ahora cuatro candidatos a la presidencia de la república para el periodo 2018-2024. Los temas de la dinámica en cuestión versaban sobre migración, combate al crimen organizado y seguridad fronteriza, así como garantía a la inversión. En términos generales, cada una de estas temáticas se desenvuelve en una serie de políticas nacionales que, por tal motivo, llevaron a los presidenciables a centrar su participación, más allá de sus repetitivos eslóganes y de esos enormes espacios comunes que suponen los ataques personales y las descalificaciones, en una suerte de reciclaje de los argumentos que ya en el primer debate habían expresado como sus puntos fuertes de campaña.
El problema que ahora se presenta no es, sin embargo, que ninguno de los candidatos ofreciera algo nuevo, algo diferente, siquiera, de lo que el electorado pudo presenciar en la primera contienda. En realidad, la expectativa de que las cosas acontecieran de otro modo era baja en el grueso de los sondeos que a diario monitorean las campañas presidenciales, ya sea a por encargo y a cuenta de algún candidato, grupo empresarial y/o asociación de la sociedad civil, o porque en realidad se plantean como un contrapeso al poder político vigente. El problema, más bien, es que de las muchas cosas que evidenció este segundo debate, la principal de ellas es que en dentro del ideario propio de cada candidato, al funcionamiento de la estructura estatal que pretenden presidir se lo concibe con una abrumadora independencia de la labor que ese mismo andamiaje debe desplegar en el plano de una serie de políticas exteriores, así, en plural.
Los asuntos de migración, de crimen organizado y de inversión, para tomar los tres ejes del debate, claro que tienen una dimensión de política interna que es imprescindible atender: es impensable hacer frente a las olas de migrantes que atraviesan o concluyen su viaje en territorio mexicano (con independencia de su estatus migratorio en el país) si no se pone en perspectiva, en primerísima instancia, la manera en que deben funcionar los tres poderes y los tres órdenes de gobierno respecto del desarrollo de aquellas; justo de la misma manera en que resulta inconcebible obtener resultados medianamente aceptables en el abordaje de los otros dos ejes si esos tres poderes y esos tres órdenes de gobierno no se articulan con eficiencia y eficacia para atender las causas y las consecuencias que cada fenómeno desenvuelve e impacta de manera directa o indirecta en la cotidianidad de la sociedad mexicana.
La cuestión es, sin embargo, que el haber hecho arrancar, transitar y agotar todo el debate en el reciclamiento del diagnóstico que cada candidato tiene sobre el desempeño de la política doméstica en cada una de esas asignaturas además de dar cuenta de la poca preparación, del poco contenido que se está dando a las campañas en esos temas, evidencia que ni la política internacional ni las políticas exteriores de México son prioridad. De entrada, bien a bien sigue sin quedar claro si los ejes del debate fueron establecidos por el Instituto Nacional Electoral, a propuesta propia, y con la venia de los partidos políticos que participan en la contienda; si fueron los mismos partidos los que se armaron agenda a modo; si fue la sociedad civil, el empresariado, una junta de notables o la academia de donde salieron las propuestas temáticas.
Pero no sólo es eso. Resulta evidente que si este segundo encuentro se centró en esos temas, y en los que entre descalificación y descalificación los presidenciables iban colando al espectáculo, es porque en el fondo son los asuntos que en este momento —se supone— representan una prioridad para la administración actual y deberían ser igual de importantes para la que le siga en los próximos seis años. Es decir, es claro que la relación con Estados Unidos (no menos hostil que en otras épocas, salvo por la poca corrección política del presidente Donald J. Trump), la relación de las actividades productivas y de consumo nacionales con el capital extranjero, la profusión de la violencia por causa del combate al crimen organizado internacional y las olas migratorias y los volúmenes de tráfico de personas son los temas del momento no por moda, o por alguna suerte de fijación de quienes se encargan de la planeación y ejecución de la política del Estado mexicano en su proyección externa, sino porque son eventos que en el momento presente están suponiendo un verdadero desafío político, económico, cultural, en proporciones mayores y en un contexto particular.
Condenar la sucesión de monólogos que cada candidato ofreció respecto de cada temática, en este sentido, no debería de ser condenable por sí mismo, o, por lo menos, no al margen de esta consideración. El punto aquí es que además de haber colapsado todo el debate sobre una reiteración de sus diagnósticos de campaña sobre el estado de la política interna, cada uno de ellos (incluido el presidenciable que ya fungió como canciller) decidió hacer gala de una completa falta de preparación en lo que respecta a los porqué, los qué, los cómo y los paraqué de políticas específicas.
Y es que, sí, es cierto, en varios sentidos, los tres ejes del debate terminaron ofreciendo poco más de dos horas de monólogos a menudo monotemáticos —regurgitando sin cesar que todo el política exterior se debe hacer con respeto y dignidad, sin ir más allá. Sin embargo, el que los temas de entrada fuesen tres no condicionaba, por ningún motivo, el que las respuestas de los presidenciables se centraran en tres temas. Por ello es preocupante la carencia de planeación, proyección y voluntad de ejecución de políticas exteriores concretas, que funcionen. Porque en el fondo, el que la relación México-Estados Unidos se planteara exclusivamente en términos de esa misma relación; o el que el tema migratorio se discutiera en términos exclusivamente de migración —y así sucesivamente— da cuenta de que las respuestas se están buscando en los mismos lugares comunes de siempre, antes que en intentar hacer gravitar cada eje sobre una serie de posibilidades exógenas.
En redes y en los balances que diversos analistas ofrecieron en el posdebate, por ejemplo, no se dejó de reiterar que la política exterior de México (así, en singular) es mucho más que la relación del Estado con Estados Unidos, o los temas álgidos de inversión, migración y crimen organizado. Esa radiografía es cierta. Sin embargo, lo condenable no se encuentra ahí, sino en el hecho de que al problema de migración se le atajó por la vía del respeto y la dignidad (y en ocasiones por la de la garantía de los derechos humanos y la reciprocidad de trato que se le ofrece al migrante en México vis á vis el que se exige a Estados Unidos en relación con la diáspora mexicana). Pero el caso es que esa es sólo una vía de acción —una que, por cierto, se viene reafirmando en el discurso desde hace tres sexenios, aunque en los hechos únicamente empeora. Y lo mismo a los temas de inversión y seguridad, contestando una y otra vez que se necesita garantizar el respeto y la dignidad de los inversores y de las víctimas, respectivamente.
De lado quedó el hecho de que cada candidato se encontraba en posibilidad de ofrecer respuestas diversas a los mismos planteamientos (como la diversificación de relaciones diplomáticas y comerciales, la recurrencia a mecanismos internacionales, la retracción sobre la bilateralidad, etcétera). Es decir, que si en el debate los grandes ausentes —salvo por alguna mención en uno u otro tema, quizá—, fueron América Latina, China, Europa, la agenda global por el cambio climático o cualquiera de los desprendimientos que se obtienen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ello no se debe a un acartonamiento de los contenidos del debate, sino al hecho de que esos grandes ausencias simplemente no figuran en los respectivos idearios de los candidatos como respuestas a problemas de diversa índole. Pensar que los tres ejes de la discusión comienzan, transitan y se agotan en sus propios términos hace que se pierda de vista que cada uno de ellos se encuentra atravesado por varias series de otros muchas problemáticas internacionales, mismas que, a su vez, se articulan en agendas regionales, hemisféricas y globales mucho más amplias y complejas en las que, por supuesto, el Estado mexicano debe y tiene que incidir no únicamente como mecanismo de posicionamiento de sus propios intereses, sino como parte del problema y de la solución; así como por puro sentido o estrategia de supervivencia.
Por lo anterior, si hay un fracaso en materia de políticas exteriores de México éste no se debe de juzgar únicamente por el desempeño (o por el no-desempeño) de los presidenciables en el debate pasado, sino en por el hecho de que las respuestas que se están ofreciendo para eventos de magnitudes globales se están buscando en la política interna de México. Es un dato revelador el que en un contexto en el que las dinámicas globales tienen una mayor y más profunda incidencia en el desarrollo de realidades nacionales, en un mundo en el que su propia globalización ya se perfila para desbordar sus mismas fronteras, los temas que van más allá de los límites jurídico-políticos de México sigan siendo, por un lado, monopolio de una pequeñísima proporción de la población que incide en la vida pública nacional; y por el otro, un verdadero espacio de discusión desconocido para el resto de los mexicanos.
Basta con observar que en el balance que la comentocracia salió a ofrecer en el día después del espectáculo, los temas de discusión rayaban entre el absurdo de la burla a algún comportamiento o frase memorable de cada candidato y la solemnidad que ya es típica de quienes ven lo fundamental en la contienda electoral por sí misma, al margen de los contenidos. Por eso no es de sorprender que siendo la mexicana una de las sociedades más penetradas por intereses extranjeros, la contracción, el aislamiento se encuentre no en la práctica política o comercial del día a día, sino en el desdén generalizado que se profesa ante realidades que por no desarrollarse dentro de los límites territoriales de este país se perciben ajenos a su cotidianidad, sin serlo.
Por eso, también, el colmo de la cuestión es que, de nueva cuenta, el electorado al que pretenden ganarse reaccionó ante ese vacío de propuestas, de contenido, mejor dicho (del cual quizá habría que excluir la propuesta de colocar a Alicia Bárcena al frente del multilateralismo mexicano) con poco menos que un generalizado y sórdido humor que al final del día vuelve a dejar la sensación de que poco importa que la política mexicana esté vaciada de contenidos, si con afirmar que todos los candidatos son lo mismo, que todas las promesas son iguales y que todos los resultados terminarán en el mismo desaseo el ciudadano se afirma en una supuesta posición crítica, contestataria al poder político vigente.
En el segundo debate presidencial, las políticas exteriores de México fueron los verdaderos fracasos y las grandes ausentes por las dos vías: por lo abandonada que se encuentra la sociedad a su realidad más inmediata, desconectada de la complejidad del exterior, y también por el ensimismamiento de cuatro candidatos que piensan que por hablar de cosas que pasan en otros países ya están haciendo, planeando o proyectando algo parecido a una política exterior nacional.


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
25/5/18
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La disputa ideológica por la hegemonía global

Desde que el ahora presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, era candidato a la primera magistratura de ese país, se convirtió en espacio común, dentro de las agendas pública y de los medios en Occidente, el afirmar que su campaña —ahora su presidencia—, en general; y su personalidad y posicionamiento respecto de la economía y el ejercicio de la política, en particular; son la más clara representación de una ola global de anacronismos y experiencias retrógradas que amenaza con revivir lo peor del proteccionismo de corte fascista y nacionalsocialista del siglo XX.
Las declaraciones de Trump en torno de la necesidad de potenciar la economía estadounidense revisando sus principales tratados y prácticas comerciales, modificando su política fiscal, recortando presupuesto a ramos ligados con la seguridad social de los trabajadores, o simplemente dejando de financiar programas y organizaciones internacionales y/o de Estados aliados, entre otras posturas; han sido, desde el periodo de campañas, los principales argumentos sobre los que medios de comunicación de distinta índole se han montado para asegurar que Trump es la personificación de cada uno de los idearios que el liberalismo tuvo que vencer el siglo pasado para concederle al mundo poco más de cincuenta años de orden, paz y estabilidad globales.
De hecho, si bien es cierto que dentro del desarrollo del programa liberal —en tanto ideología o instrumento de interpretación social— los conflictos entre sus diferentes corrientes, recepciones, variaciones, derivaciones y apropiaciones no han escaseado desde su emergencia en el siglo XVIII, también lo es que, en el momento presente, el cisma que Trump parece haberle planteado al grueso de los ideólogos liberales en Occidente fue tan profundo —y hasta cierto punto, igual de inesperado en el seno de la sociedad que practica día con día la versión hegemónica y más utilitarista e individualista del mismo—, que el replanteamiento de los términos de la discusión no únicamente ha proliferado como pocas veces lo ha hecho en sus doscientos años de existencia, sino que, además, sus principales puntos de partida son, justo, los posicionamientos del hoy presidente estadounidense.
Trump, en los términos de esta discusión, por supuesto no pasa por el filtro, ni siquiera, del liberalismo más moderado y centrista concebible. Por donde se lo observe, él mismo en su persona y en su investidura es percibido como la antítesis de los postulados más básicos de una sociedad liberal: desde su actitud respecto de los medios de comunicación tradicionales hasta su comportamiento con el género femenino, pasando por su defensa de los valores familiares tradicionales de finales del siglo XIX y principios del XX, por su rechazo del consumo de sustancias enervantes, por su oposición al tránsito de personas a través de las fronteras, etcétera.
El problema de fondo —se afirma— es, pues, que Trump es un populista, un producto de ideas concebidas en otra época: ideas, además, ya superadas por el mayor progreso que el liberalismo ofrece a las economías de mercado y a sus regímenes de Gobierno residuales, las democracias procedimentales y representativas. Por eso, cuando se trata de lidiar con el conservadurismo de Trump, lo primero que sale a flote en la discusión no versa sobre el análisis autocrítico (o simplemente crítico) del funcionamiento del liberalismo —operando en su versión neo desde que ésta se ensayó en el Chile de Augusto Pinochet, desde 1973. Antes bien, lo que de inmediato sale a colación es que todos los enemigos del liberalismo (y por extensión, de las economías de mercado y de la democracia) se forman, actúan y se mantienen por fuera del propio ideario liberal; nunca son subproductos del funcionamiento de éste que, con el tiempo, se van desplazando hacia y polarizando en distintos posicionamientos autónomos respecto del marco que los engendró en principio.
  Pero no sólo, pues, además, en los términos de la discusión se pierde de vista que, en el funcionamiento de una economía de corte liberal (clásica o neo), ésta no requiere de la puesta en práctica de un ideario liberal como condición sine qua non de su propia existencia. Pasar por alto esta breve y hasta efímera observación ha llevado a posicionar en distintos imaginarios colectivos la idea de que el mercado, para funcionar como lo hace en el presente, requiere, en principio, de un conjunto de actores fieles a los postulados más básicos del liberalismo (comenzando por la defensa a ultranza del funcionamiento espontáneo y autorregulador del mercado); y en segunda instancia, que dichos postulados sean adoptados por la mayor cantidad de actores con el mayor grado de fidelidad y homogeneidad posibles.
Ya de entrada, argumentos como ese son problemáticos porque llevan a suponer que ambas condiciones se cumplían sin ambages hasta antes de la llegada de Trump (y de algunos homólogos europeos que comparten rasgos de su misma línea discursiva). Introducen en la agenda de discusiones la noción de que Trump minó el funcionamiento normal, orgánico, del orden liberal imperante ya desde el momento en que, aún sin haber tomado posesión o haber implementado política pública alguna, con sus puras declaraciones, por el peso político que tiene la presidencia estadounidense a nivel global, estaba alterando a los mercados y a sus tomadores de decisiones.
Son argumentos, en este sentido, que borran de la ecuación variables como el hecho de que las economías tradicionalmente consideradas los baluartes del liberalismo occidental sostienen sus sistemas de transferencias de capital, de las periferias globales (América Latina, África y Asia) hacía sí articulando restricciones a su mercado y presiones de liberalización hacia los mercados a los que exportan y desde los cuales extraen las materias primas o los productos manufacturados que luego regresan a esos mismos lugares como bienes y mercancías de consumo final —o intermedio, dependiendo de la cadena de producción de la que se trate.
Y por supuesto, se borran, además, variables aún más claras e igual de determinantes que la anterior como el hecho de que en las economías periféricas del sistema internacional, el liberalismo —y sobre todo, el neoliberalismo— experimentan su ciclo de emergencia y sostenimiento sobre la base que le es provista por regímenes gubernamentales de tipo autoritario y dictatorial. Es decir, eliminan el reconocimiento de que los diversos modos de producción, aprovechamiento y consumo de los recursos en las poblaciones periféricas son suprimidos y sustituidos por la producción mercantil orientada hacia el mercado global a través del accionar de Gobiernos con idearios profundamente conservadores y de vocaciones totalitarias. Los Señores de la Guerra en África, las juntas militares en el Sudeste asiático y la historia de las dictaduras militares en América Latina (de donde no hay que excluir el sui generis caso del partido hegemónico en México) son representativos de ello, pese a que se argumente que es azaroso, casual, que neoliberalismo y militarización de la vida en sociedad se hayan producido paralelamente en cada caso.
Gran parte de estas omisiones se cometen de manera deliberada, respondiendo a una —voluntaria o no— convicción de militar en favor del ideario liberal (desde todas sus variantes). Sin embargo, una porción importante de las mismas se debe, a su vez, al desconocimiento y/o negación a reconocer que, a pesar de que el postulado liberal pugna por el reconocimiento de la existencia del mercado como un ente, un proceso y una dinámica natural, espontánea, autogeneradora y autorreguladora de sí, en la práctica histórica del mismo, éste es generado, sostenido, defendido, regulado y apuntalado por la intervención directa de un andamiaje político particular: en el capitalismo moderno, el Estado-nacional.
La forma más voraz de liberalismo practicada en la actualidad, el neoliberalismo de autoría intelectual estadounidense, por ejemplo, ni en sus orígenes —cuando surge como crítica al liberalismo clásico del siglo XVIII y principios del XIX— ni en su actualidad ha dejado pasar por alto este hecho crucial, aunque en la historia de sus ideas siempre sea una directriz velada por lo saturado que se encuentra el lenguaje de las referencias a la individualidad, el utilitarismo y la libertad.
Basta con pasar revista a los postulados de algunos de los principales ideólogos del neoliberalismo vigente para advertir que Gobiernos autoritarios, al frente de andamiajes estatales fuertes, rígidos y abarcadores, implementando políticas proteccionistas e interviniendo de manera más agresiva en el funcionamiento del mercado, han sido, desde hace mucho tiempo, el principal mecanismo de protección que las economías nacionales emplean para dotarse, mantener o apuntalar sus ventajas competitivas y su posición dentro del conjunto global. Y ello, con independencia de si su posición es central, semiperiférica o periférica —o en el lenguaje más políticamente correcto y velado del liberalismo: desarrolladas, en desarrollo y en vías de desarrollo/subdesarrolladas, respectivamente.
En las actas del Coloquio Lippmann, celebrado en París, entre el 26 y el 30 de agosto de 1938, y en donde participaron los pioneros autores intelectuales del ideario neoliberal: Walter Lippmann, José Castillejos, Friedrich A. von Hayek, Ludwig von Mises, Jaques Rueff, Raymond Aron, Ernest Mercier, Alexander Rüstow, Wilhelm Röpke, etc.; por ejemplo, se concluye que para hacer frente a la decadencia del orden liberal hasta entonces imperante era preciso reconocer que ese mismo orden no es autónomo ni espontáneo: es producto de un andamiaje legal que lo precede y que presupone la intervención directa, deliberada, del Estado-Nación en su funcionamiento. Y es que, en tanto hecho histórico, el mercado se reproduce a partir de los sistemas de normas, los conjuntos de leyes y los conglomerados de instituciones que garantizan, entre otras cosas, los derechos de propiedad, los contratos, las patentes, el cumplimiento de las deudas, la circulación monetaria, las directrices laborales, las facilidades de producción, el abaratamiento de costos, etcétera.
En lo individual, a principios del siglo XX, Mises afirma que el mercado debe funcionar en el marco de operación de un régimen democrático: hasta cierto punto, homologarse. En los años cuarenta, Joseph Schumpeter invierte la ecuación y postula la necesaria mercantilización de la política; es decir, su operación a partir de la misma lógica y racionalidad que se despliega en el funcionamiento del mercado. Una década después que Schumpeter, Anthony Downs desarrolla un modelo para hacer funcionar a la política que dirige el funcionamiento del Estado a partir de la operación puramente microeconómica de la sociedad.
En los años sesenta, George J. Stigler formula un modelo propio, siguiendo a los precedentes, para aplicarlo al funcionamiento de los partidos políticos. Por esos mismos años, Hayek refina su explicación respecto de lo necesario que son no cualquier Estado y cualquier conjunto de leyes e instituciones, sino un tipo de Estado y de leyes en particular para hacer funcionar al mercado. Bruno Leoni, además, suma a esta perspectiva la noción de que es el derecho consuetudinario el elemento sobre el cual se erige todo mercado.
A mediados de los años setenta, James Buchanan fundamenta la existencia del Estado a partir de la función de éste como garante de la propiedad privada y de la limitación de la libertad que le sea benéfica a esa propiedad. En paralelo, Milton Friedman desarrolla su programa de choque para lograr la instauración del neoliberalismo en Chile y reafirma la necesidad de un régimen militar en el país para garantizar la prohibición de los sindicatos y para controlar la organización política de la sociedad. Hayek, por su parte, terminó declarando a la prensa chilena, en el marco de la reunión de 1981 de la Mont Pélerin Society, en Viña del Mar, que «una dictadura […] si se autolimita, puede ser más liberal en sus políticas que una asamblea democrática». Y a finales del siglo, Mancur Olson desarrolla un esquema en el que fundamenta la idea de que la riqueza y la pobreza de las naciones se deben al diseño y operación de los andamiajes estatales, y no al mercado.
Tener presentes estos posicionamientos, y en especial la importancia vital que en ellos se concede al Estado y a la autoridad gubernamental para la plena operatividad del ideario liberal, en general; neoliberal, en particular; permite observar que la actual administración estadounidense, a pesar de toda la retórica y la demagogia conservadora de la persona al frente de su primera magistratura, no debe leerse como un retroceso, un golpe de timón retrograda y hostil frente a los valores occidentales y su ideología dominante.
Y es que sí, es cierto que las principales directrices firmadas por Donald J. Trump al frente de la presidencia estadounidense van en la dirección opuesta a la que se orientaban políticas económicas implementadas por las dictaduras militares del Cono Sur, por los Señores de la Guerra en África o por las juntas militares en el Sudeste asiático. Sin embargo, y este es realmente el rasgo que no se debe perder de vista, la cuestión de fondo aquí, en la contrastación de éstos frente a aquel, es que en las periferias lo que se busca es su subordinación a los centros globales; mientras que en el caso actual de Estados Unidos, lo que se plantea es el sostenimiento, la permanencia, de determinadas ventajas comerciales y financieras (las mismas que le aseguraron su propia hegemonía en la economía global durante la segunda mitad del siglo XX) de cara a la disputa que le plantea China como economía sucesora en esa posición.
La competencia con China por la hegemonía (o en lenguaje políticamente correcto: liderazgo) global, por supuesto, no es algo que esté ausente de los análisis que a diario se producen en Occidente, y en específico en Estados Unidos, para hacerle frente. Sin embargo, éstos han gravitado con enorme fuerza sobre el mismo discurso que apela a más dosis de liberalismo ya como medio de contención, de disuasión o de enfrentamiento. Y la cuestión aquí, el problema que subyace a esa narrativa, es que no se alcanza a comprender que fueron justo dosis altas de liberalismo —aplicadas a la economía china por más de cuarenta años, ininterrumpidamente desde mediados de la década de los setenta—, lo que llevó a dicha sociedad a una posición en la que le fuese posible disputarle a Estados Unidos su rol en la jerarquía interestatal.
La apertura del régimen chino al capitalismo —de lleno a finales de la década de 1970— le supuso a Occidente, en general; y a Estados Unidos, en Particular; el acceso a un enorme mercado y al mismo tiempo a una maquiladora de iguales proporciones. Por supuesto las prácticas comerciales desleales del Gobierno y de los empresarios chinos fueron un factor decisivo para poder posicionar a su sociedad por encima del rango de mayor maquiladora del mundo. Sin embargo, poco importa apelar a la descalificación de tales actos cuando la historia del colonialismo, del mercenazgo y de la piratería en Occidente supone su raíz análoga en tiempos pasados. Lo realmente importante de mirar aquí es que mientras Occidente acumulaba y concentraba capital en sus arcas gracias a su comercio con China aquello no fue verdaderamente un problema.
La reacción de Estados Unidos ante esta situación debe empezar a leerse como una reacción natural —de tantas opciones disponibles— al peligro que implicaba seguir tratando con liberalismo a la economía que ya le disputa su liderazgo global. Pero también, como una reacción, agresiva, necesaria para contener a China en su avance hacía el control de las diez industrias que dominarán la actividad económica en el futuro inmediato: la robótica, la automatización de procesos, la Inteligencia Artificial, la aeronáutica y la biotecnología entre ellas.
En Octubre de 2015 el Gobierno le anunció al mundo, con su visión de largo plazo, Made in China 2025, que ya está de lleno en la carrera por conseguir ese objetivo: el control, la vanguardia, del complejo científico-tecnológico de las siguientes décadas. Que no sorprenda, entonces, que ante ello Occidente (porque Europa también está legislando para limitar las adquisiciones empresariales de China en los países de la Unión Europea) esté buscando reaccionar de manera que sea posible minar ese camino sin, paralelamente, dinamitar sus propios beneficios actuales (y futuros) obtenidos de su relación comercial con el gigante asiático. Reaccionar con conservadurismo, con proteccionismo y fortalecimiento de la autoridad Estatal frente a tal situación es, hoy, más un recurso de supervivencia que una mera ocurrencia sacada de la personalidad de un mandatario retrógrada.
No es casual que Trump esté operando bajo la lógica de la industrialización (del capitalismo) de la segunda mitad del siglo XX, si es ese mismo esquema el que permitió a Estados Unidos el sostener por más tiempo que el pronosticado su hegemonía global.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ].
11/5/18
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Ricardo Orozco es cofundador y Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional.

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