El Kurdistán estadounidense
A finales de septiembre próximo,
el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK), órgano político-administrativo oficial
de la región autónoma del Kurdistán Iraquí, zona enclave entre Irán, al Este;
Turquía, al Norte; Siria, al Oeste; e Irak, al Sur; llevará a cabo una
consulta, con carácter de referendo vinculante, sobre la posibilidad de que
dicha región haga efectivo su proceso de escisión respecto de los límites
territoriales de Irak. Este no es, por supuesto, el primer referendo que el GRK
convoca con la intensión de ver materializada la constitución de un Kurdistán
como Estado-Nación soberano e independiente: desde hace poco más de cuatro décadas,
diversas fracciones de la población kurda, lo mismo en Irak que en Siria y
Turquía, han llevado a cabo distintos esfuerzos, por un número similar de vías —aunque
la mayoría de ellas sin efectos vinculantes—, para independizar las porciones
de territorio en las que habitan.
La cuestión es que
el referendo que se tiene programado para el día veinticinco del siguiente mes,
contrario a las experiencias anteriores, se desarrolla en el marco del
conflicto armado que envuelve a la intervención, con propósitos fragmentarios,
que Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; desarrollan dentro y
en los alrededores de Siria. De manera tal que, derivado de la profundidad con
la que Estados Unidos financió y armó a las milicias kurdas para convertirlas
en la primera línea de ataque y de defensa en contra del Estado Islámico
(también armado y financiado por Estados Unidos para balcanizar a la región),
éste es el primer proceso independentista en el que la población kurda (por lo
menos la fracción iraquí) se presenta desde una posición de fortaleza.
Pero es una
fortaleza, no obstante, que, por ahora, sólo parece valedera dentro de los límites
poblacionales del Kurdistán iraquí, toda vez que el apoyo político, logístico,
financiero y militar que reciben las distintas facciones kurdas en la región,
por parte de Estados Unidos y sus aliados, dependen justo de la relación que
Occidente mantiene con el Estado huésped; a saber Irán, Turquía, Siria e Irak.
Así pues, de entrada, es un hecho que de todas, la única que no verá un cambio
cualitativo en sus condiciones actuales ni en sus aspiraciones de soberanía futura
es la facción que habita dentro de los límites territoriales turcos —lo que
significa que el status de organización terrorista que les fue asignado desde
Occidente no perderá ni un poco de su vigencia.
Y lo cierto es que
no es de sorprender: el apoyo que reciben los estratos que viven dentro de los
otros tres Estados huésped se encuentra en función de la potencialidad con la
que las respectivas milicias kurdas son capaces de fragmentar las fronteras
territoriales actuales. Pero no sólo, pues adyacente a la posibilidad de reducir
sustancialmente la extensión geográfica de Estados-nacionales como Irán, Siria
e Irak se encuentran diversos objetivos geopolíticos, cuya especificidad
depende de factores como la presencia de recursos energéticos o minerales
estratégicos —catalogados así por la importancia que revisten para mantener la
supremacía de Estados Unidos en sectores científico-tecnológicos, y similares o
derivados.
Las fuerzas
armadas kurdas de extracción iraquí, en este sentido, no son únicamente uno de
los principales aliados con los que Estados Unidos cuenta para regular (mas
nunca enfrentar, detener o eliminar) el actuar del Estado Islámico desde que
éste se salió de las manos de su aparato de inteligencia (como también a la CIA
se le fue de las manos el control del Talibán y al-Qaeda, en los años ochenta);
sino que, al mismo tiempo, gracias al profundo rechazo que profesan al Islam político —considerándolo un cáncer introducido
por la ocupación árabe en los territorios ancestrales kurdos—, representan la
mejor apuesta de Occidente para repeler la influencia de la alianza Siria-Irán-Rusia
en la zona.
Ahora bien, aunque
en términos generales las autoridades iraquíes —entendiendo por ellas tanto al
Gobierno de facto de las juntas militares estadounidenses cuanto al de
extracción parlamentaria autóctono— no se oponen a la constitución de un
Kurdistán independiente, escindido en parte de territorio iraquí; no es un dato
menor el que Estados Unidos, ostentando el control real del país, por medio de
su posicionamiento militar y de la actividad empresarial de sus corporaciones,
avance en la construcción de un nuevo Estado, ad hoc a sus intereses, justo en el momento en que el Gobierno de
Donald Trump se esfuerza por aparentar haber desplazado el centro de gravedad
de su política bélica en Oriente Próximo de Siria a los remanentes del Estado
Islámico —y ya el simple acto de reducir al Estado Islámico a remanentes dice
mucho de la relación entre éste y Washington por sí mismo.
En principio,
podría parecer un absurdo que, ejerciendo el control militar del país, Estados
Unidos se aventure a construir un Estado kurdo dentro de las fronteras de Irak,
y no en Siria; siendo que la fragmentación política, territorial y cultural causada
por la intervención armada —so pretexto de introducir a los sirios al cauce de
la vida democrática— ofrece mejores condiciones para experimentar con la
socialidad de las comunidades devastadas. Después de todo, hace un lustro, Occidente
provocó la guerra en el país con tres objetivos claros: dominar la cadena de
valor de las reservas de hidrocarburos; detener y controlar los contactos (flujos
migratorios, comerciales, energéticos, etc.,) entre el Sur de Europa, China y
Rusia; y eliminar las corrientes islámicas que le son hostiles; y para ello es
preciso destruir y (re)construir el área, y todo lo que contiene.
El rechazo de la
administración Trump —en abierto enfrentamiento a la posición de las
autoridades militares estadounidenses destacadas en Irak—, por ejemplo, parecen
apuntar hacia aquella dirección de incongruencia en la estrategia
estadounidense para reconstruir Irak y otras de sus posesiones en Siria,
apelando al argumento de que cualquier proceso independentista kurdo, en este
momento, arrastraría a Irak a una significativa desestabilización que
entorpecería los esfuerzos vigentes para asestar los últimos golpes al Estado
Islámico.
Sin embargo, por
debajo de lo superficial de ese lugar común en las declaraciones de la
diplomacia estadounidense, los planes de venta de armamento, capacitación
militar y trasferencia logística a ciertas facciones kurdas en Siria, aprobados
por Trump en mayo pasado, apuntan en dirección contraria: más allá de conquistar
la ciudad siria de Raqqa, de concretarse el establecimiento de un Kurdistán
independiente escindido de territorio iraquí, lo que estarían buscando los
aparatos de inteligencia estadounidenses, por medio de las milicias kurdas de
extracción siria, giraría en torno al imperativo de anexar al Estado-nacional
kurdo naciente las porciones de territorio que las fracciones sirias mantengan
bajo su control.
En este sentido,
el Estado-Nación kurdo resultante ofrece, por un lado, una salida fácil a
Estados Unidos, y sus aliados en el campo de batalla, para disminuir los gastos
de guerra, pero también, para distender las tensiones que el enclave
geopolítico sirio ha introducido en la relación de aquel con Rusia; y por el
otro, una posición aceptable (si bien mejorable) para consolidar los tres objetivos
que se habían planteado en la génesis de la guerra.
No es azaroso, por
ello, que el trazo inicial de lo que se pretende sean las fronteras
políticas-administrativas de la nueva entidad estatal formen un corredor, en
forma de media luna invertida, desde la ciudad iraquí de Kirkuk, rica en
hidrocarburos; hasta el asentamiento sirio de Raqqa, el más próximo a Damasco;
pasando por Erbil, Mosul, Al-Hasakah y Kobane; cercando a Irak y a Siria por
sus líneas fronterizas con Turquía e Irán, respectivamente. Un trazo que, no
sobra mencionarlo, sigue, milla a milla, el recorrido del principal corredor
territorial bajo control militar del Estado Islámico, desde 2015.
De manera que si
bien los tratos entre Rusia, China y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más bajos, por causa de los desequilibrios de poder en Oriente Próximo,
entre Rusia y Estados Unidos; y por las disputas en el Sudeste asiático y en la
península coreana, entre éste y China; por lo menos la cuestión siria, una vez
fundado el Kurdistán, sale fuera de foco —pero sólo de manera tangencial, pues
Siria es un enclave geopolítico muy valioso, en términos de los requerimientos
de construcción de la hegemonía internacional, como para que Estados Unidos
renuncie a su posicionamiento actual en el país.
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Oriente
Geopolítica y crisis humanitaria en Yemen
Cuando se trata de conflictos
armados, la mayor parte de los imaginarios colectivos se encuentra saturada por
una concepción de los mismos en la que observar la confrontación del bien
contra el mal suele primar por encima del reconocimiento de sus consecuencias
humanitarias. Nociones muy particulares de justicia, democracia y libertad
—justificantes de primer orden tanto en la materialización como en el
sostenimiento de cualquier guerra— han sido tan profundamente interiorizadas
por las colectividades, que el sufrimiento humano de la población civil —esa
que con frecuencia apenas alcanza un estatus de «daño colateral» en los
discursos de jefes de Estado y de Gobierno, o líderes militares—, es revestida
con un manto de banalidad frente al costo de la guerra.
Después de todo,
en la guerra —dicta el sentido común— «las bajas» son inevitables, y siempre
serán un precio justo cuando se trata de librar al mundo de sus enemigos;
aunque la mayor parte de esos enemigos sólo lo sea por no compartir una misma
matriz axial, un mismo credo, o una misma forma de gobierno. Así, realidades
muy concretas son moralmente validadas: el genocidio permanente que comete el
Estado de Israel en contra de la población palestina, desde hace medio siglo,
es justificable sólo por la presencia del fantasma del holocausto; las seis mil
muertes ocasionadas por los atentados en contra del World Trade Center de Nueva
York, en 2001, justifican las seis mil vidas iraquíes que el ejército
estadounidense arrebata por mes; la captura de Mosul, en Siria, justifica la
devastación total de la ciudad; y así sucesivamente.
Yemen es un
eslabón más dentro de esta larga cadena de conflictos armados en los que la
vida misma, tanto para las partes beligerantes cuanto para los observadores de
la situación, es apenas un elemento tangencial alrededor de un conjunto de
eventos mucho más complejo que implica intereses geopolíticos específicos de
varios Estados coaligados; entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait, Bahréin y Qatar. Y aquí, son las oposiciones existentes entre maneras particulares
de decodificar un credo, por un lado; y entre la manera occidental y la
oriental de experimentar la realidad, por el otro; las que validan la
devastación de miles de vidas.
Por supuesto
arrebatar mil vidas humanas no es más grave que arrebatar sólo una: la única
diferencia entre uno y otro hecho es la posición ética particular de quien
considera que una muerte no significa tanto como otras novecientas noventa y
nueve. Sin embargo, si de algo sirve reducir la realidad yemení a una métrica,
lo cierto es que ésta se cuenta por millones en cualquiera de los rubros que
organizaciones como Naciones Unidas han designado para caracterizar a una
crisis humanitaria.
En términos
humanitarios, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
contabilizó, únicamente para los últimos tres meses de 2017, más de
cuatrocientos mil brotes de cólera —el segundo mayor caso del año—, con el
cuarenta por ciento de los registros entre los menores de quince años de edad,
y un tercio de los decesos entre la población mayor de sesenta años. Dos años
de conflicto, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), han destruido los sistemas público y privado de salud del país, por
lo que menos de la mitad de los centros sanitarios se encuentran en plena
operación; lo que se suma a una reducción de dos tercios en las importaciones
yemeníes de medicamentos, respecto de 2014.
La Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por su parte,
añade a lo anterior que poco más de diecisiete millones de yemeníes se ven
imposibilitados para acceder al mínimo de condiciones alimentarias para
mantenerse con vida. Si se toma en cuenta que la población total del país ronda
los veintisiete millones, se deduce que sólo el treinta por ciento de los
habitantes cuentan con recursos nutrimentales suficientes. Por eso el dato no
es menor: no únicamente se trata de que los alimentos que están llegando al
país son escasos, sino que, además, los que llegan se encarecen de inmediato
debido, en principio, a las condiciones propias del conflicto; pero sobre todo,
al sistemático encarecimiento y acaparamiento que tanto grupos militares cuanto
empresarios realizan para incrementar sus ganancias.
Y la cuestión es
que aunque diversas agencias, órganos y fondos y organizaciones internacionales
(gubernamentales, empresariales y no gubernamentales), así como algunos Estados
alrededor del mundo se han enfocado en coordinar esfuerzos para hacer llegar
los medicamentos, los alimentos y otros provisiones que se requieren en Yemen
para poder —por lo menos— hacer frente a una parte de la crisis, lo cierto es
que los intereses geopolíticos que se encuentran en juego son lo
suficientemente sólidos como para continuar con la fragmentación social,
cultural y territorial de la sociedad yemení; a la manera en que se ha hecho en
Siria.
Visualizar el
conflicto Sunitas vs. Chiítas es un paso importante para comprender la
complejidad de los eventos que se desarrollan en la región. Sin embargo, no es
suficiente. A las armas que Occidente, en general; y Estados Unidos, en
particular; no dejan de enviar (y vender) a sus principales monarquías
islámicas aliadas debe añadirse el reconocimiento de la importancia que reviste
Yemen, en el marco geográfico que configura, junto con Yibuti, en el estrecho
de Bab-el-Mandeb, indispensable para mantener el control de los flujos de
petróleo entre el Océano Indico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo; y entre éste y
el Mar Mediterráneo.
No es
coincidencia, en este sentido, que justo cuando la República Popular de China
comenzaba a materializar sus planes para abrir una base militar en Yibuti
(inaugurada el pasado primero de agosto), el contexto de la firma de los
acuerdos nucleares entre Irán, por un lado; y Estados Unidos, Reunio Unido,
Francia, Rusia, China y Alemania, por el otro; sirviera de pretexto para la
conformación de una coalición militar árabe en contra de Yemen, a la manera en
que las proxy wars funcionan desde los años gloriosos de la Guerra Fría.
Prevenir que los
rivales de Estados Unidos (principal consumidor de petróleo, para aplicaciones
militares, en el mundo) y sus aliados controlen el flujo de energéticos que
transita por esta zona es un elemento clave de la guerra en Yemen, pues su
ocupación militar mientras dura el conflicto no sólo facilita la
creación de cercos marítimos y aéreos que regulen el tráfico, sino que, con
posterioridad a la guerra, la tarea de reconstruir el espacio, las
instituciones y el tejido social aniquilado posibilita el establecimiento de
regímenes político-militares ad-hoc a los intereses geopolíticos de las
potencias victoriosas.
La ayuda
humanitaria que diversos Estados, por lo anterior, debe leerse en esta clave
geopolítica. En especial, cuando se trata de la cooperación y los flujos que
envían Rusia, Estados Unidos, Irán y China. Y es que por mucho que se adjetive
a este tipo de eventos con el mote de «humanitaria», las cadenas logísticas
establecidas para su arribo, los sistemas de infraestructura instalados para su
distribución, y los espacio territoriales de excepción (o tregua) en los que se
desenvuelven sus actividades no únicamente sirven para auxiliar a la población
objetivo, sino que, asimismo, funcionan como un elemento de presencia y
contención.
Las veintitrés
toneladas de ayuda humanitaria que envió Rusia a Yemen, en julio pasado; y los
más de ciento cincuenta millones de yuanes (dos mil veinticinco millones de
dólares) que China hizo llegar al gobierno Yemení, esas mismas fechas; por
ejemplo, forman parte de una estrategia soft para contener y enfrentar a la
presencia que mantiene Estados Unidos en el Golfo de Adén —desde que en 2015
envió portaviones y otro tipo de maquinaria militar. El bloqueo aéreo y naval
que Arabia Saudí y sus aliados mantienen desde 2015 a cualquier cargamento de
ayuda humanitaria que no provenga de sus propia coalición, en este sentido,
tiene un doble fondo: congela la capacidad de aprovisionamiento de sus enemigos
militares, por un lado; y por el otro, restringe al mínimo los contactos de los
oferentes externos con las milicias internas.
Por eso, a pesar de los esfuerzos que desde
Naciones Unidas se coordinan para atajar sectores específicos (alimentación,
salud, vivienda, etc.), la realidad es que el cerco militar no cederá, como
tampoco lo hizo en Irak, en Afganistán y en Siria. Y la cuestión es que los
intereses geopolíticos envueltos en la región cubren a una porción de
territorio y a capitales tan bastos que la simple urgencia a detener el
deterioro humanitario yemení no va a ser suficiente, ni en el presente ni en un
futuro cercano, mientras la correlación de fuerzas entre China, Rusia y Estados
Unidos no se estabilice —algo que se antoja difícil en el actual contexto
petrolero mundial.
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¿De qué hablar cuando se habla de violencia de género en la CDMX?
-I-
Hace unos días, como si la
materia en cuestión fuese de intrascendente relevancia para la sociedad
mexicana, en general; y para los habitantes de la Ciudad de México, en
particular; la noticia de que las autoridades de la entidad introdujeron en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia un tipo y una modalidad nuevas de violencia simplemente
pasó inadvertida; lo mismo por activistas que por detractores, tanto en medios
de comunicación masiva cuanto en el propio debate público local.
El fenómeno en sí
mismo podría no extrañar a muchos, después de todo, adiciones y anulaciones a
los articulados de diversos textos jurídicos se hacen y deshacen con relativa
facilidad y prontitud todos los días. La cuestión es, no obstante, que el fondo
de las modificaciones realizadas a la presente ley no son menores si se
considera el potencial que éstas contienen para modificar un vasto universo de
prácticas cotidianas, que no únicamente pasan por los términos en los que el género
masculino se relaciona con el femenino, sino que atraviesan la manera en que se
piensa a lo femenino en su totalidad.
En efecto, hasta
antes de la adición de la fracción IX, al artículo 6°; y VIII, al 7°; la ley en
comento contemplaba ocho tipos de violencia y siete modalidades de la misma (no
sobra señalar que el texto vigente disponible en la página de la Consejería
Jurídica del Gobierno de la Ciudad contiene únicamente las modificaciones de
2009 y 2014, por lo que apenas enumera siete tipos y cinco modalidades). Los
tipos, para todos sus efectos, corresponden con la nomenclatura, es decir, con
la naturaleza de la relación de violencia en sí misma; mientras que las
modalidades, por su parte, refieren al ejercicio, esto es, a la manera en que
se experimenta dentro de un específico núcleo de relaciones sociales.
En este sentido,
un mismo tipo de violencia es susceptible de ser ejercido y experimentado por
medio de diversas modalidades. Así pues, cuando la ley señala que las
modalidades de las violencias de género en contra de las mujeres —y es
imperativo señalarlo así, pues también existen violencias de género en contra
de los hombres— son: i) familiar, ii) laboral, iii) docente, iv) en la
comunidad y, v) institucional, lo que se está apuntando es que un tipo de
violencia —física, por ejemplo— lo mismo se ejerce dentro de las relaciones
sociales de parentesco que en aquellas de naturaleza laboral, escolar o
comunitaria; así como en su derivación específica en el trato que las mujeres
establecen con servidores públicos.
En general, la
forma en que se diseccionan las modalidades del ejercicio de las violencias de
género en contra de las mujeres no son muy problemáticas, debido a que definen
relaciones específicas en contextos igual de particulares. Sin embargo, para el
caso de la manera en que las violencias se encuentran tipificadas la historia es
por completo diferente.
De acuerdo con el
texto que la Consejería Jurídica de la Ciudad puso a disposición del público
para que éste lo conozca, los tipos de violencia contra las mujeres son: i) psicoemocional,
ii) física, iii) patrimonial, iv) económica, v) sexual, vi) en contra de los
derechos reproductivos y, vii) feminicida. En la práctica, todos son más o
menos problemáticas dependiendo de la situación en la que se desenvuelvan y del
uso político que se le dé al caso. No obstante, de las aquí listadas, dos requieren
de especial atención, principalmente por el uso político con el que se las
suele revestir en los momentos de su aplicación.
Por un lado, se
encuentra la violencia que se tipifica como feminicida. En los términos del
texto, ésta se comprende como: «toda acción u omisión que constituye la forma
extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus
derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta
de mujeres».
De entrada, el
primer elemento problemático aquí es que, para las autoridades de la Ciudad de
México, la violencia es tautológica, es decir, una relación autorreferencial,
que se define a sí misma. Y esto es problemático porque definir a la violencia
como violenta ni explica nada ni resuelve aún menos. Es evidente que la
violencia es, en sí misma y por sí misma, violenta; motivo por el que gradar el
ejercicio por medio del cual ésta se desarrolla, a partir de una escala
progresiva con lo menos extremo de un lado y lo más extremo del otro, no únicamente
ayuda a ser condescendientes, como sociedad, con determinados comportamientos,
sino que, además, facilita y potencia su interiorización, (re)producción y
naturalización.
El segundo punto
cuestionable —derivado del anterior— es que, justo por esa definición
tautológica, se pretende dar por sentado que existen muertes violentas y
muertes no-violentas. Pero además, que, por la manera en que está redactado el
párrafo, en la práctica, cualquier mujer que haya sido privada de su vida por medios violentos constituye un hecho
que cae, de inmediato, dentro de los marcos del feminicidio. Y la cuestión es
que esta manera de proceder es problemática porque afirma que entre mayor es el
grado de violencia —violenta—, esto
es, entre más extremo es o fue el ejercicio más se aproxima éste a las
motivaciones por género.
Pero la realidad
es mucho más compleja que simplemente afirmar que toda privación de la vida de
una mujer por un medio extremadamente violento es un acto motivado por el
género de su víctima. Y es que, si se comprende que la violencia es, en última
instancia, una manera específica de significación, un mensaje, un elemento
semiótico; se entiende, en consecuencia, que su ejercicio es completamente
posible, si bien no con independencia, sí en los márgenes del género. En otras
palabras: si bien es cierto que las violencias nunca se ejercen con
independencia de la identidad de la víctima, esto es, de su raza, su género, su
nacionalidad, etc.; también lo es que en un negro el motivo principal no
siempre es su negritud, así como en un homosexual no siempre es su preferencia
sexual ni en una mujer su género.
Porque lo que se
pone en juego ahí es el reconocimiento de que la raza está mediada por la clase
social, por la nacionalidad, por el género, etc.; de la misma manera en que el
género está mediado por la raza, la clase social, las preferencias sexuales, la
nacionalidad, etcétera. Las violencias, como el poder, nunca se ejercen en
términos unívocos y jerárquicos. En este sentido, ni toda muerte violenta de
una mujer es feminicidio ni toda muerte violenta de un negro es un homicidio
fundado en la raza. Las violencias son codificables de igual manera en una y
otro.
El segundo tipo
que requiere atención es aquel que la ley tipifica como psicoemocional. El
texto la define como: «toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o
controlar sus acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia,
desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones
destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoque
en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su
autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica».
El problema aquí,
como es de suponerse, no dista mucho del que se encuentra inscrito en el caso
anterior: en abstracto, cada una de las conductas y situaciones descritas en el
párrafo anterior es concebible en cualquier otra relación, de pareja o no; y
con independencia del género que ostenten las partes involucradas. La
desvaloración de las personas, la intimidación y el control; las prohibiciones
y las coacciones; las amenazas y los comportamientos destructivos no son ejercicios
de poder ni de violencia privativos de la interconexión entre el género femenino
y sus contrarios.
En última
instancia, lo que se encuentra en el fondo de estos dos casos expuestos es que
se está perdiendo de vista que todo ser humano, antes que ser cualquier género,
cualquier clase, cualquier raza, etcétera, es un ser humano. Pero uno cuya
existencia en la tierra se encuentra mediada por un conjunto de situaciones, roles
y significados que jamás se organizan jerárquicamente. En el caso particular de
ambas tipologías —para no ir más allá— el gran problema a resolver es: saber en
qué momento la motivación se dio por el género y qué momento se dio por
cualquiera de las otras identidades individuales que componen a la persona
(raciales, de clase, sexuales, etc.).
Ahora bien, los
elementos que componen la tipología de las violencias psicoemocional dan cuenta
de que ésta se piensa como resultado de un conjunto de relaciones de poder
negativas, restrictivas, de sujeción. Y el problema es que la violencia de
género —tanto en contra de hombres como de mujeres— no sólo se construye,
articula y (re)reproduce a partir y desde la represión, la sujeción, la
coacción, la destrucción, o cualquier otra noción negativa del poder.
Por lo contrario,
si las violencias de género en contra de las mujeres son tan avasallantes es
justo por causa de relaciones de poder que no suprimen, instauran; que no
anulan, confirman; que no destruyen, crean. Tal es el caso de los estereotipos,
en particular; pero de todo contenido que reproduce una imagen particular, de
homogenización, a partir de la cual se piensa lo femenino, en toda su extensión.
Las adiciones a
los artículos 6° y 7°, validadas el pasado trece de julio por el Gobierno de la
Ciudad de México, en este sentido, parecen dirigirse a cubrir ese vacío que se
tiene en torno a las concepciones positivas y negativas de diversas manifestaciones
de poder.
Y es que mientras
los añadidos al artículo séptimo introduce como modalidades de la violencia en
contra de las mujeres a toda «aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio de comunicación local, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie,
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de
mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de
trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de violencia contra las mujeres»; los realizados al sexto definen
un nuevo tipo de violencia: la simbólica, «que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca
dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad».
En conjunto, ambas
fracciones ponen de manifiesto algo que, hasta entes de su introducción, no se
había colocado en el centro de los esfuerzos por liberar a las mujeres de sus
condiciones de opresión por razones de género. Y es que señala a todos esos
mensajes, a cada una de esas simbolizaciones que tienen por objeto (re)producir
un sentido de inferioridad en el género femenino con respecto al masculino. Es
decir, no concibe a los elementos de los que se compone la tipología como
elemtnos aislados entre sí, sin contenido y en la pura abstracción.
Más bien, indica
que existen dinámicas sociales que, sin ser necesariamente represoras,
coaccionadoras o tendientes a sujetar el libre desarrollo de la personalidad de
las mujeres; se despliegan con un mayor potencial que el que aquellos elementos
negativos contienen. Así pues, en el centro se coloca el papel que juega, en la
sociedad capitalina, la imagen o el tipo ideal de lo que se piensa es, sabe,
parece, piensa, trabaja, siente, etc., una mujer. E incluso, no se trata de
simplemente establecer, visibilizar, que existe esa dimensión de la dominación
de género, sino que va más allá y deja la caracterización de tal manera tan
abierta que, en términos prácticos, cualquier mujer es libre de manifestar
cuáles son esos tipos ideales, esas imágenes homogenizantes, que niegan,
rechazan o anulan lo propio de su personalidad, de su forma de Ser mujer en su
sociedad.
Algunos inconvenientes, no obstante, se
desprenden de lo anterior; mismos que serán tratados en una segunda entrega, en
este mismo espacio.
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México
Morena: el costo de la silla presidencial
Luego de las elecciones locales,
en las que el Movimiento de Regeneración Nacional se coronó con una victoria indiscutible
en términos de su potencial para movilizar estructuras de base, el partido que
lidera Andrés Manuel López Obrador se ha mostrado con una actitud conciliadora
que, por lo menos en lo que respecta a primeras impresiones, ha sorprendido a
adeptos y detractores. Y es que, si bien es cierto que las alianzas políticas
de las que se vale Morena, en general; y López Obrador, en particular; siempre
se han desplazado entre la izquierda y la derecha por igual, también lo es que
pocas veces en la historia del dos veces presidenciable,
y aún menos en la del partido, la visibilidad y lo explícito de los acuerdos
que ambos establecen con políticos de otras nomenclaturas o empresarios es
escasa.
Dos aspectos, no
obstante, revisten especial importancia para el análisis de la presente
coyuntura. El primero de ellos, sin duda, es el hecho mismo de que Morena esté
buscando hacer las paces con la mayor
cantidad de actores posible. Y lo es, de entrada, porque López Obrador parece
haber comprendido —luego de dos campañas presidenciales en las que su moneda de
uso corriente fue la afrenta directa con sus opositores—, que aunque lo contestatario
de su discurso resulta atractivo para determinados sectores de la población,
desencadena efectos repelentes en esos otros segmentos que, sin ser parte del vulgo, deciden resultados electorales y
la instrumentación de políticas públicas específicas por la vía financiera.
Pero también,
porque, de un lado, las personalidades que se van sumando al proyecto de López
Obrador —que de manera tan pomposa se decidió nombrar Acuerdo Político de
Unidad para la Transformación del País—, dan muestra de las fortalezas con las
que Morena llegará a los comicios de 2018; y del otro, porque esas mismas figuras
visibilizan (aunque no de manera tan expresa), lo mismo la descomposición
interna de las estructuras dentro de las cuales habían encontrado
la plena satisfacción de sus intereses que las
debilidades de los mismos para (re)organizarse en sus coaliciones
tradicionales.
No es un dato
menor, por ejemplo, que entre los nuevos estrategas de Morena se encuentren
representados por igual los intereses de los tres principales monopolios en
materia de radiodifusión y telecomunicaciones; por intermediación, claro, de las personas de Marcos Fastlitch, suegro del presidente de Grupo Televisa, Emilio
Azcárraga; de Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca; y de Miguel
Torruco, consuegro de Carlos Slim. Así como tampoco lo es que María Asunción
Aramburuzabala, Alfonso Romo Garza, Jaime Bonilla y Raúl Elenes Angulo se hayan
sumado a la lista de beneficiarios/benefactores del Movimiento de Regeneración
Nacional.
Sobre los primeros
dos personajes, el dato importante es que apersonan la búsqueda de beneficios
propios, pero, al mismo tiempo, haciendo las veces de vocería de las dos empresas
que en 2006 y 2012 se encargaron de fungir como caja de resonancia para la
campaña mediática con la que se atacó a Obrador. Respecto del tercero,
trasciende que se suma a los ya varios adeptos que el Morenismo ha extraído de las huestes formadas en
Grupo Carso. Los demás, por su parte, resultan ser aliados peculiares por sus
nexos, muy próximos, a las figuras de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari
y Vicente Fox Quezada; circulo en el que se introducirían a las más recientes
adquisiciones de Morena: Manuel Bartlet, funcionario central en los hechos de
la caída del sistema, en los comicios de 1988; y Lino Korrodi, principal
operador financiero de la campaña panista en 2000, a través de Amigos de Fox.
Del lado de la
izquierda ideológica, las dos personalidades que más hacen ruido son las de
Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez; ambos, cofundadores del Partido de la
Revolución Democrática (junto con Cuauhtémoc Cárdenas, quien niega a sumarse a la propuesta de Morena). Y es que si bien el PRD ya
destaca más en el imaginario colectivo nacional por su asimilación a la agenda
programática del priísmo y del panismo que por las nulas banderas ideológicas
con las que navega —luego de su adhesión al Pacto por México—, la captación de
talentos partidistas en la que se ha traducido el proselitismo Morenista de
Martínez y Muñoz Ledo representa una ventaja que se traduce, principalmente, en
la captación de recursos y movilización de las bases de apoyo locales.
Suponiendo que
todos sepan para quién trabajan, y que cada uno trabaje para quien dice
hacerlo, el dato revelador de las recientes alianzas firmadas por López Obrador
es que dan señas de que las cosas no están bien en algunos de los principales círculos
del priísmo de la vieja guardia —por parte del perredismo, es claro que las
cosas no transitan desde la resaca de 2006. Es significativo, en este sentido,
que las agendas de Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, y de Aurelio Nuño, titular
de la SEP y suspirante presidencial, van en sentidos divergentes. Pero también, que una fracción del Partido Verde
(PVEM) en el Sur de la República ya esté buscando su emancipación (sólo en
términos electorales) para los siguientes comicios, o que el Grupo Sonora —origen
ideológico del priísmo, del caudillaje, el corporativismo y el clientelismo contemporáneos
del sistema político mexicano— se encuentre desalineado de las directrices del
partido.
Porque más allá de
la previsible candidatura de Antonio Meade para el 2018, lo que parece estar en
el fondo del asunto no es, precisamente, la designación del candidato Oficial,
sino que el tradicional sistema de cuotas y redistribución de las ganancias al
interior del régimen no está siendo tan democrático como se habría esperado que
fuese al asumir la presidencia de la República el Grupo Atlacomulco. Así que, de continuar con la tendencia hasta ahora
observada en las firmas que se van sumando al Acuerdo Político de Unidad, lo
que quedará cada vez más claro es en dónde se encuentran y qué tan
profundas son las fracturas internas del priísmo —que López Obrador podrá
explotar para conseguir mayores dividendos electorales el próximo año.
Ahora bien,
respecto del segundo punto de interés para el presente análisis, lo que no deja
de inquietar es que Morena esté buscando aliarse, primero, con miembros del
empresariado al que el mismo líder de Morena no ha dudado en nombrar Mafia del
poder; y luego, con políticos de todas las identidades partidistas a las que
por doce años declaró estar enfrentando. Porque, más allá de que Morena
disponga solicitar una carta de arrepentimiento o de desafiliación de los partidos
que se oponen a Morena, o de que López Obrador tenga razón al afirmar que todos
los humanos erran y siempre son susceptibles de corregir su destino; esas
amistades le pueden cobrar una factura muy cara a Morena en las urnas.
Es claro que, como
en algún espacio comentó Paco Ignacio Taibo II, uno de los principales
ideólogos del Morenismo, la alianza del partido con los ciudadanos, con sus
fuerzas de base, ya está fincada, luego de construirse y consolidarse durante
doce largos años en los que se atravesaron dos agresivas campañas presidenciales.
Y es claro, asimismo, que las coaliciones con empresariado y figuras políticas
de otra extracción partidista tienen en la mira reducir al mínimo la
resistencia institucional, de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes
públicos, al proyecto obradorista; además de enfocarse en la captación de
recursos.
El problema es, no
obstante, que esa alianza de la que Taibo II presume no está fincada en pilares
lo suficientemente sólidos como para no quebrarse. Si los resultados que
mostraron los sondeos realizados en las elecciones de junio pasado (en los que se
determinó que el núcleo duro del voto Morenista proviene, en general, de los sectores
medios con niveles considerables de escolaridad y cultura política), son
representativos de algo, la consecuencia lógica de las recientes adhesiones al
Acuerdo de Unidad de Obrador es que se rechacen: en la tónica de equiparar al
partido con sus similares por el puro hecho de utilizar las mismas estrategias
electoreras.
Después de todo,
uno de los principales atractivos del discurso de Morena, en general; y de
Obrador, en particular, a lo largo de poco más de doce años, era que en su agenda programática planteaba, de manera explícita, una diferencia sustancial
respecto de la tendencia al amasiato a la que son propensos el resto de los
partidos políticos nacionales. De aquí que, aunque se entiende que sumar
adeptos abona a la consecución de la victoria política, el costo es atizar la percepción
de que esa victoria debe ser alcanzada con independencia de los medios. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el orgullo y la euforia que le representaba a los integrantes del partido el que éste estuviera constituido por figuras emblemáticas de la academia, la sociedad civil, las comunidades obreras, la cultura, etcétera?
Las preguntas
centrales aquí, por tanto, redundan en determinar cuáles son los criterios
éticos a los que se está apelando al interior de Morena para determinar en qué
momento concede la absolución a quienes fueron sus opositores con
anterioridad, por un lado; y por el otro, en saber si esos límites se
extenderán (en el supuesto de que se llegue a la presidencia) de manera tal que
el costo de la alianza deba ser pagado justo en los mismos términos en los que
el PRI, el PAN y el PRD suelen pagarlos. Y es que no debe pasarse por alto que
la adhesión de estos personajes al Morenismo no es un cheque en blanco, tiene
un precio predeterminado. Además, la cosa no funciona admitiendo la alianza en
este momento para romperla después de obtener el triunfo. Las consecuencias que
enfrentaría Morena para gobernar, si traiciona las alianzas que construye ahora, serían tan nefastas como las que enfrentan los gobiernos de
oposición en algunas entidades: incremento de la delincuencia común, de la
violencia, del desempleo, etcétera. ¿Qué precio estuvo dispuesto a pagar Obrador para consentir la acción?
En última instancia, no debe perderse de vista
que si los intereses que aglutina Obrador en torno de su propuesta política son
lo suficientemente sólidos y densos, éstos no perderán la oportunidad de
condicionar y/o determinar los rumbos que Morena y su proyecto partidista toma
en lo sucesivo. Y lo cierto es que López Obrador se acerca, sin mucha
precaución, a este escenario.
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México
El ciclo progresista continúa en Argentina
El pasado mes de junio, la
expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner,
anunció, ante una audiencia que superaba los treinta mil simpatizantes, que la
necesidad de hacer frente a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri
introducía el imperativo de aglutinar a la ciudadanía y a los movimientos
opositores al régimen gubernamental en turno dentro de una misma plataforma
desde la cual se articulase la movilización que, hasta el momento, cada uno de
los sectores inconformes con el macrismo había llevado a la práctica en
solitario.
De cara a las
próximas elecciones de octubre, en las que el sistema político argentino se
juega la constitución de la mitad de la cámara de diputados y un tercio del
Senado, así como diversos cargos provinciales y municipales en quince
provincias, la plataforma lanzada por Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana,
consiguió consolidar, en el momento, tanto a diversos movimientos sindicales
cuanto a un conjunto de cinco partidos (Compromiso Federal, Frente Grande,
Kolina, Nuevo Encuentro y Partido de la Victoria) tradicionalmente opositores a
los sectores conservadores de derecha en el país.
En términos
electorales, el que el frente encabezado por Fernández de Kirchner haya
aglutinado a cinco de las principales fuerzas partidistas de la nación dentro
de una misma agenda programática —en general congruente y operable desde los
diversos espectros ideológicos que les son propios a cada uno de los cinco
institutos políticos— no representa una simple jugada de afinidades en los
credos políticos que profesan. Por lo contrario, la decisión en torno a la
conformación del bloque es indicativa de la conciencia que se tiene en Unidad
Ciudadana sobre las fortalezas de cada instituto político, por un lado; y por el
otro, de los réditos que cada uno sumará al frente para consolidarlo como la
principal fuerza electoral en el camino hacia los próximos comicios
presidenciales.
Por ello, no debe
pasarse por alto que, de los movimientos políticos que conforman Unidad Ciudadana,
el grueso de su constitución se concentra, de un lado, en tener presencia de
base dentro de algunas de las provincias que representan el principal peso
progresista del país (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Misiones y
Neuquén); y del otro, en aglutinar a la mayor cantidad de partidos, nacionales
y provinciales, de izquierda; mismos que, en coalición electoral, dieron a
Fernández de Kirchner sus dos victorias presidenciales, y le permitieron
mantener la presencia de su plataforma de gobierno en espacios clave para su
instrumentación en la forma de políticas públicas.
Aquí, no obstante,
el único dato que hace ruido es que el Partido Justicialista no se encuentra
dentro de la coalición. Y es que si bien es cierto que el grueso de los
políticos y simpatizantes ciudadanos que conformaban la estructura de ese
instituto se adhirieron, de facto, a Unidad Ciudadana, también lo es que, para
no haber sido convocado a formar parte del frente amplio kirchnerista, las
trabas que las élites y las dirigencias del justicialismo colocaron a la
expresidenta y sus simpatizantes debieron de ser lo suficientemente insalvables
como para forzar la ruptura. No sobra señalar, en este sentido, que tan sólo la
escisión de la corriente Evita —interna al justicialismo y una de las
principales movilizadoras de fuerzas de base de Cristina Fernández en sus dos
mandatos presidenciales— del kirchnerismo implica ya la puesta en cuestión de
la fortaleza que son capaces de adquirir ciertos movimientos socio-electorales
cuando éstos actúan en favor de las políticas neoliberales macristas con
bandera de izquierda moderada, o progresista.
Como elección de
medio término, los comicios de octubre serán la primera vez que el macrismo
intente refrendar en las urnas su gestión al frente del gobierno nacional: su
derrota en las boletas no únicamente representaría una fuerte resistencia
institucional en lo que resta de su gestión, al momento de hacer valen su
programa de gobierno, sino que, además, implicaría un fuerte debilitamiento de
su capacidad logística, financiera y de movilización de bases electorales para
las contiendas electorales de 2019.
Y es que si las
posiciones que se conquisten en diputaciones, senadurías y puestos provinciales
y municipales son fundamentales para mantener en funcionamiento continuo a los
aparatos electorales tanto del oficialismo como de la oposición, la verdadera
derrota para el gobierno de Macri, en particular; y para el amplio conjunto de
actores que militan en la derecha conservadora, neoliberal, en general; se
materializará en el grado y la profundidad con la que los sectores populares se
articulen unos a otros, a partir de la experiencia comicial apalancada por
Unidad Ciudadana, para oponerse a las reformas estructurales que el gobierno de
Mauricio Macri aún no termina por cristalizar.
En efecto, la lucha política en los comicios será importante para ambos extremos de la
ecuación que se disputan su lugar dentro del aparato de gobierno argentino. Sin
embargo, la batalla de la ciudadanía por recuperar, mantener o mejorar las
condiciones de vida en las que se desenvuelve su cotidianidad será aún más
decisiva para marcar la agenda que se deberá de seguir en lo sucesivo. Después
de todo, la gestión de Macri al frente del gobierno federal no ha sido una de las
más respaldadas por los sectores populares del país en cualquier materia.
Y lo cierto es que
el descontento social —del cual se vale Unidad Ciudadana para capitalizar su
estrategia electoral— no es para menos. De continuarse con la tendencia hasta
ahora observada el política económica, uno de los principales flagelos a las
condiciones de vida de los argentinos seguirá siendo la pérdida de su poder
adquisitivo, acentuada, por un lado, gracias a un régimen sostenido de
incrementos en el costo de diversos servicios ofrecidos por el Estado —gas,
electricidad, etc.—; y, por el otro, a una política de congelamiento de los
salarios que, sólo en la mejor de las negociaciones logró alcanzar la promesa
de pasar de los ocho mil ochocientos sesenta a los diez mil pesos mensuales
para julio de este año —cinco mil doscientos pesos por debajo del mínimo
requerido para obtener la canasta básica.
Pero no sólo eso.
Una inflación de alrededor de veintiocho puntos porcentuales es un acelerador
de la desigualdad y del empobrecimiento que hace sentir sus efectos de manera
general, en cualquier consumidor de la economía argentina —aunque no signifique
lo mismo para un trabajador que gana el mínimo que para un empresario que
especula en la bolsa con los precios de los comodities.
No obstante, no es la mayor de las agresiones que el macrismo ha cometido en
contra de los ciudadanos argentinos. Y es que, la realidad de Argentina da
muestra de diversas crisis —paralelas a la reducción del poder adquisitivo, a
veces efecto suyo, a veces su detonador— que se concentran en sectores muy
particulares.
El caso de las
centrales sindicales, en general; y de los sindicatos gubernamentales, en
particular; es un claro ejemplo de políticas específicas que se han concentrado
en desmantelar algunas de las más preciadas conquistas laborales de los
trabajadores. Desde profesionistas del sector salud, hasta trabajadores del
ramo de justicia; pasando por el educativo, el de transportes, de alimentos
etcétera; los sindicatos se han mantenido como una de las principales
resistencias a los despidos masivos, a la judicialización de la protesta
social, a la reducción de salarios y prestaciones laborales, o a la eliminación
de las mismas, como en el caso de las más de ciento setenta mil pensiones no
contributivas canceladas, en tan sólo dos años.
El cuarenta y
siete por ciento de los infantes, de cero a diecisiete años de edad, en
situación de pobreza extrema, que contabiliza la UNICEF; las asociaciones
ambientalistas y los grupos de comunidades indígenas en contra de los proyectos
extractivos, en materia minera, o los conglomerados de campesinos que se ven
despojados de sus tierras por empresas transnacionales dedicadas al desarrollo
de cultivos transgénicos; por ejemplo, son otros de los sectores que se han visto
más afectados por políticas públicas que, desde el dogmatismo del decálogo
formulado en el Consenso de Washington, se justifican afirmando que son en
favor de la libertad, la igual, la democracia y el progreso económico.
De cara a esos
estratos, el endeudamiento público del Estado, por un monto de dos mil
setecientos cincuenta millones de dólares, a través de un bono gubernamental a
cien años que, con el pago de intereses al valor actual se terminaría de pagar
en catorce años —lo que sólo significa que los otros ochenta y seis años se
seguirían pagando alrededor de doscientos millones de dólares de manera
gratuita, altruista— parecen encadenamientos efímeros al dogma neoliberal para
las siguientes generaciones.
No sorprende, por
lo anterior, que la agenda programática de Unidad Ciudadana se encuentre, en
principio, en sintonía con la agenda de gobierno que Fernández de Kirchner
propulsó desde su primer mandato al frente de la federación: con la
recuperación del salario y los empleos perdidos, el control de la inflación, la
regulación del sistema tributario, la consolidación de la producción nacional,
el congelamiento de los precios en los servicios del Estado, la recuperación de
los sistemas de previsión social y la retracción del endeudamiento público como
principales banderas electorales dentro de un proyecto de quince puntos. Y es
que, el arrastre popular que Cristina Fernández tiene no se explica si no es
por lo directas, rápidas y abruptas que han sido las reformas que el gobierno
de Macri ha implementado para desmantelar todo lo que dos presidencias de
Cristina construyeron.
Reducir todo el
descontento a argumentos que los exponen como meros resabios del kirchnerismo o
expresiones anacrónicas, opuestas al progreso económico de la Argentina, no
resulve ni explica nada. Basta con observar el cambio que hizo Cristina en la
presentación de su plataforma electoral, con un estilo muy parecido al que
Obama desplegaba en sus reuniones con ciudadanos, y que dan la impresión de bajar a la política al terreno de lo
común, de lo comunitario en lo que se desenvuelve la cotidianidad del vulgo, para advertir que no es tanto el
kirchnerismo como la amplitud de las conquistas sociales argentinas lo que se
encuentra en juego.
Finalmente, no
queda más que señalar que el movimiento que encabeza Cristina Fernández no se
lee en singular. Es necesario observar que en Venezuela la corriente que se
identifica con el ciclo de la izquierda progresista latinoamericana se
encuentra en el proceso de constituir una Asamblea Constituyente; en Ecuador,
la continuidad de la Alianza PAÍS, aunque más moderada y cargada hacia la
centro-derecha que en los tiempos de Rafael Correa, continúa con la agenda de
gobierno de éste; y, sobre todo, en Brasil, Luiz Inacio da Silva se perfila
para posicionarse al frente del Partido de los Trabajadores, con la mira puesta
en un tercer periodo presidencial.
Si se leen en singular, estos eventos no dicen
mucho, salvo aquello que tienen de particular en la coyuntura de sus
espacios-tiempos nacionales específico. Pero vistos en conjunto, y, además,
como parte de aquello que en la primera década del siglo XXI se caracterizó por
implementar un proyecto progresista común, se entiende la fortaleza que
adquieren en determinados intersticios.
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América
El espionaje en la vocación totalitaria del Estado mexicano
La noticia, por
supuesto, no es nueva. Basta, para poner en perspectiva la magnitud y la
permanencia del problema, con recordar cualquiera de los —cada vez más recurrentes—
casos en los que llamadas telefónicas, documentos confidenciales o personales y
otros artilugios típicos de la cultura política mexicana son filtrados a medios
de comunicación en coyunturas políticas, marcadas, generalmente, por procesos
electorales, casos insostenibles de corrupción, sustitución de agentes
políticos en posiciones clave para la administración pública, campañas de
descrédito a reivindicaciones populares legítimas, procesos de criminalización
a la ciudadanía, espacios de contención a crisis gubernamentales, estrategias
de eliminación de la disidencia u oposición, etcétera.
Los casos ligados
a Andrés Manuel López Obrador, por razones de una política pública que ya se
consolida en términos transexenales, son los que el imaginario colectivo
nacional tiene más presentes. Sin embargo, las llamadas de Carlos Salinas en
torno a los crímenes de su hermano, Raúl; las de Vicente Fox, en abierto
hostigamiento a los Castro; las de Josefina Vázquez Mota, acusando a Genaro
García Luna de espiar al Partido Acción Nacional por órdenes del entonces
presidente de la república, Felipe Calderón; las de Andrés Granier, presumiendo
su colección de zapatos, financiada por el erario de Tabasco; y más recientes,
las de Elba Esther Gordillo, de la “Tuta” o de cualquier otro capo de la droga y/o
gobernador que se haya desalineado de la estrategia general de control y
circulación del narcotráfico; dan cuenta de una actitud reiterada de práctica
de espionaje gubernamental, por un lado; y de su aceptación pública, por el
otro.
En 2015, por
ejemplo, justo cuando la agenda del Pacto por México se consolidaba en materia
de Reforma General de Telecomunicaciones y Radiodifusión —una reforma que, en
las menores de sus disposiciones, criminalizaba la libertad de expresión,
sujetaba las políticas editoriales a criterios moralistas, sancionaba la
potestad del Estado para anular las comunicaciones en eventos que alterasen el
orden y la estabilidad públicos, y finalizaba legalizando la intervención de
las comunicaciones de los individuos que el Estado considerase una amenaza a
sus intereses—; la ciudadanía se preocupó más por saber cuál de las dos
televisoras dominantes sería la encargada de transmitir los principales
partidos de soccer; en lugar de cobrar conciencia de que el gobierno, amparado
por las modificaciones legales en la materia, ya empleaba software de la
empresa italiana Hacking Team para
ampliar la cobertura de sus instrumentos de espionaje a la ciudadanía.
Claro que los
casos de espionaje emprendidos por el gobierno mexicano, cuando se conocen, suelen
respaldarse sobre la premisa de que son acciones emprendidas en contra de
potenciales amenazas a la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas
(la demagogia de la retórica gubernamental, huelga señalarlo, también suele ser
más artera que las palabras aquí empleadas). Por eso, cuando un político incómodo,
un activista de izquierda, un empresario que se pasó de la raya, o cualquier
otro individuo que no se ajuste a los intereses gubernamentales en turno es balconeado, la mayor alegación en contra
del acto mismo es que quizá se debió hacer por medios un poco más
transparentes, o por lo menos, menos cuestionables en materia de legalidad.
Porque en realidad,
lo que se sanciona, popularmente, es el acto de exponer a cualquier miembro de
las redes criminales o de corrupción gubernamental; siempre en la misma línea
de ideas que afirma la criminalidad y la corrupción, sólo esperando que un caso
de espionaje, una filtración de un documento o una llamada, una confesión de un
testigo protegido o de un desertor del sistema verifique y valide esa acusación
a ciegas.
No se coloca en
perspectiva, pues, que detrás de esos actos de espionaje siempre se encuentra
oculta la posibilidad, real y potencial, de que a un costado de todos esos
casos de filtraciones se hallan los miles, o quizá millones, de objetivos no filtrados que, en las mismas condiciones, sus actos y palabras, sin importar que tan próximos o lejanos se encuentren de las
arcas del poder gubernamental son monitoreados. Porque lo cierto es que, en estas tesituras,
cuando se revela que Carmen Aristegui o Juan Pardinas están siendo espiados sistemáticamente (y nótese el recorrido
que se da de la izquierda crítica a la derecha dogmática, personalizadas en la
figura de una y otro), la resistencia social no versa sobre las violaciones a la
individualidad y los derechos humanos que la protegen.
Versa, por lo
contrario, en la negativa a reconocer que las instituciones en torno de las
cuales se articula la totalidad de la vida en sociedad, dentro de la cual nos
desenvolvemos como individuos y como colectividad, se encuentran, siempre, en
permanente escrutinio de la sociedad, colocándola bajo la mirada inquisidora de un aparato gubernamental,
de una estructura estatal, que tiene por vocación ser totalitaria, autoritaria
en sus designios.
Y es que, en efecto,
apelando al argumento en defensa de la individualidad, la privacidad y los
derechos humanos, se legitima la lógica de que las experiencias históricas en
las que el Estado mexicano ha recurrido a la matanza de estudiantes, a la
guerra sucia en las sierras, a la represión de los sindicatos opositores, a la
criminalización de la protesta social, al uso de la guerra en contra del
narcotráfico como instrumento de dominación sobre la sociedad, en general,
fueron, son y seguirán siendo, cada vez que se presenten, excepciones a la
regla de moralidad, o de conducción ética, de las instituciones y las normas
legales que le dan sustento en cuanto Estado-nacional.
Mientras que
recurriendo al reconocimiento de que las instituciones mexicanas no son
inherentemente bondadosas, éticamente correctas de origen, con lógicas
funcionales en favor de la sociedad que las engendró, el individuo se queda abandonado
a sí mismo, en el vacío que significa mirar la naturaleza represiva, homicida y
autoritaria de la institucionalidad y la legalidad que le da fundamento a su
colectividad. En este sentido, aun cuando se tiene cierta presunción de
culpabilidad generalizada en la instrumentación que hace el Estado de sus
dispositivos de vigilancia, la población se niega a considerar, verdaderamente
y en su totalidad, la posibilidad de que cada individuo es un peligro potencial
al que se debe vigilar y castigar.
Escándalos como el
de Pegasus —amplificado en sus
efectos por el hecho de haber sido visibilizado por un medio de comunicación
extranjero, como si la extranjería en las acusaciones siempre fuese una carta
de verdad incuestionable—, no suelen ser recurrentes. Sin embargo, no se requiere
que cada día se transparente la actividad de las instituciones de inteligencia,
de procuración e impartición de justicia, y de la defensa nacional, para
dimensionar las estrategias de las que se vale el gobierno de México para
mantener la correlación de fuerzas vigente.
El número de
personas involucradas en la operación del dispositivo, el costo del programa,
las instituciones que lo operan y los objetivos sobre los cuales se despliega
son banalidades cuando se contrastan con el acto mismo de desdoblar todo un
andamiaje de vigilancia en el que el software especializado en la materia es la
menor de las preocupaciones de una sociedad que cada día se sumerge más en su
dependencia a los medios electrónicos, y en el deslizamiento de su vida por un
burdo reflejo de su existencia que ofrece el universo virtual.
Que los objetivos
del presente escandalo fuesen activistas sociales y comunicólogos que en
diferentes grados han cuestionado alguna política del gobierno en turno parece
dar la impresión de que, en esta ocasión, el acto de espionaje es atroz,
éticamente condenable por el solo hecho de atacar a luchadores sociales, a
individuos que, se presume, intentan mejorar a la sociedad. Sin embargo, y más
allá de la respuesta desafiante del titular del ejecutivo federal —por lo demás
despreciativa de las demandas de sus gobernados—, en un tiempo en el que empresas
del calado de Google, Facebook, Microsoft, Apple, IBM, etc., contienen en sus
bases de datos una mayor cantidad y calidad de información sobre sus usuarios
que los propios archivos de las dependencias gubernamentales, hacer visible el
espionaje gubernamental es sólo el primer paso en una carrera a contracorriente
con el desarrollo del Big Data.
Por ello, la peor consecuencia
a la que se llegaría en el presente caso no sería ninguna que tenga que ver con
mayores filtraciones o con una correcta respuesta del aparato de gobierno. El
peor de los escenarios, más bien, comienza con una sentencia que afirma que, en
un mundo inherentemente violento, agresivo por naturaleza, con regímenes dictatoriales
como los de Venezuela y Cuba (acusación preferida de la derecha más conservadora
e intransigente), los servicios de espionaje y de inteligencia son necesarios
para el mantenimiento de la propia vida.
Porque cuando
Google tiene el registro más exacto de la geolocalización diaria de millones de
sujetos, cuando Facebook tiene el perfil psicosocial de miles de millones de
usuarios, cuando Microsoft tiene al archivo más abultado de conversaciones interpersonales
y Apple la mayor reserva de imágenes privadas en sus servidores; argumentos
como el anterior sirven para montar estrategias discursivas y prácticas
cotidianas de (re)producción de la criminalidad en las que, además, cada ámbito
de la socialidad humana es susceptible de ser moldeado a través del velo de los
servicios informáticos.
Y por supuesto, no cuestionar esto es, siempre, aliciente para no cuestionar la configuración política, las instituciones, las normas jurídicas, y los sistemas de gobierno y autoridad pública vigentes. Este no es, y no debe ser considerado como tal, un caso aislado en el que los operarios del programa se desviaron de sus verdaderas funciones, de la real naturaleza ética de sus funciones. El Estado es totalitario justo porque en su actividad gubernamental progresa en los mecanismos de observación y sujeción de la individualidad
Y por supuesto, no cuestionar esto es, siempre, aliciente para no cuestionar la configuración política, las instituciones, las normas jurídicas, y los sistemas de gobierno y autoridad pública vigentes. Este no es, y no debe ser considerado como tal, un caso aislado en el que los operarios del programa se desviaron de sus verdaderas funciones, de la real naturaleza ética de sus funciones. El Estado es totalitario justo porque en su actividad gubernamental progresa en los mecanismos de observación y sujeción de la individualidad
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Recordar a Allende en Venezuela
En 1970, luego de dieciocho años
de una intensa movilización política y social, por igual en los sectores medios
que en los estratos más pauperizados, Salvador Allende fue electo presidente de
Chile, y con él al frente, la Unidad Popular construyó la principal fuerza
progresista latinoamericana en un contexto en el que, por un lado, las bendiciones del New Deal —y sus correcciones neokeynesianas— comenzaban a verse
rebasadas por sus propias limitaciones para asegurar la circulación y concentración
de capital; y por el otro, la vocación genocida del complejo industrial-militar
estadounidense (con Kissinger liderándolo desde el Departamento de Estado) se
afirmaba como la fuerza motriz de un nuevo modelo económico que sólo con
posterioridad, treinta años después, el imaginario colectivo latinoamericano
conocería como el Consenso de Washington.
Heredero de una
larga pero permanentemente interrumpida tradición de reivindicaciones sociales
en el continente americano, el gobierno de la Unidad Popular sobre el cual se
asentó la gestión de Allende se caracterizó, de entre muchas otras cuestiones,
por la fuerte base social que respaldó tanto los tres procesos electorales a
los cuales se presentó como candidato cuanto la instrumentación de los
programas sociales y políticas públicas que desplegó para hacer frente a la
embestida de sus opositores. En este sentido, más que por lo trágico del
homicidio de Allende, la tragedia de su presidencia se encuentra en el hecho de
haber pasado a la historia sin mayores consecuencias que ser objeto de una
profunda adoración poética dentro del archivo de lamentaciones por la
intervención imperialista estadounidense en la región.
En efecto, el
gobierno de Allende, más que el de Fidel Castro en Cuba, quizá, es
trascendental para la historia y la construcción de la memoria identitaria de
América por haber sido el objeto sobre el cual mejor se vislumbró el
avasallamiento con el que Estados Unidos coloniza al continente desde que lo
declaró propiedad exclusiva del americano blanco, anglosajón y protestante. Y
es que para el imperialismo estadounidense, la vía chilena al socialismo, lejos
de representar una variante (a la manera
latinoamericana de hacer las cosas) de la agenda social formulada en la
Alianza para el Progreso, implicó un desafío frontal —aunque parcial— al su proyecto
de civilización impuesto en América.
La reacción de
ambas partes en su relación dialéctica es conocida por la historia: a las
nacionalizaciones implementadas por la presidencia de Allende, Estados Unidos respondió,
a través de los sectores conservadores chilenos (congresistas, clero,
hacendados, industriales, etc.), mediante la promoción de reformas legales y constitucionales
que bloquearan todo intento futuro de estatización;
a la oposición de Allende a adoptar las doctrinarias políticas económicas impulsadas
por el Congreso, el imperialismo reaccionó mediante la promoción de la
destitución parlamentaria de su cargo; a la socialización de las ganancias
impulsada por el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno estadounidense respondió
con la especulación de los capitales en los mercados bursátiles; a las Juntas
de Abastecimiento y control de Precios, Nixon respondió por medio del bloqueo
comercial; y los propietarios chilenos a través del acaparamiento de la
producción nacional y la reproducción artificial de la escasez; al
fortalecimiento de la organización política comunitaria, se replicó mediante el
financiamiento de asociaciones civiles en pro de la democracia, movilizaciones
de sectores conservadores y la introducción de agentes represores encargados de
producir a los muertos con los cuales se acusaría a Allende de genocida. Y así
sucesivamente.
Allende resistió
tanto la embestida de Estados Unidos y de los propios sectores propietarios de
los medios de producción chilenos justo porque la base social de la Unidad
Popular era lo suficientemente amplia y cohesionada como para organizarse en
unidades de autogestión, pero sobre todo, porque la conciencia que en sus
miembros prevalecía de estar construyendo una sociedad más justa e igualitaria
tenía la potencia necesaria para observar cuánto de aquello que ocurría en el
país era consecuencia perversa de un proyecto orquestado desde intereses
particulares, y por supuesto, la potencia para hacerle frente con la
organización colectiva. Sólo el estrangulamiento comercial y el bombardeo al
Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, terminaron con esa inercia.
Ahora bien,
regresando al significado de lo trágico y de la tragedia que la presidencia de
Salvador Allende tiene para la historia y la memoria identitaria de América, lo
que el actual giro a la derecha muestra
es que el Chile del 70 al 73, y la poética adoración con la que se le recuerda
en la literatura de la región, es sólo eso: el rendir culto a un presidente al que
únicamente se considera un demócrata, un progresista, por el velo de mártir con
el que su muerte recubrió su historia. Es decir, el final del ciclo de la
izquierda progresista latinoamericana, lejos de presentarse como el reflejo
tardío de lo que ya ocurrió en América —replicado hasta el cansancio en los
cuarenta años de imperio del Cóndor en el cono Sur— revela a una izquierda
hipócrita y a una derecha más sectaria, aunque políticamente más correcta
también, en donde la primera no aprendió las lecciones del Golpe en Chile, y la
segunda corrigió sus errores operativos y de comunicación organizacional.
Nicolás Maduro no
es Allende, eso es cierto: la distancia que separa a uno y otro es insalvable.
Sin embargo, Venezuela es, hoy, la réplica del Chile de Allende: un país cuya
sociedad se encuentra bajo el avasallamiento de una guerra económica que
recuerda mucho a la que el chileno sufrió. Venezuela, al igual que Chile, es un
territorio enormemente codiciado por el capital internacional debido a sus
enormes reservas de recursos naturales: petróleo en aquél, cobre en éste. Y, en
ese sentido, mientras el petróleo siga siendo el motor que acciona y mantiene
en movimiento la ilusión del progreso que alimenta la profundización del
capitalismo, su futuro, su mera existencia como país y sociedad soberana, se
encuentra anclado a la capacidad con la que cuente para hacer frente al colonialismo
del capital, en general; y al imperialismo de Estados Unidos, en particular.
Maduro, a
diferencia de Allende, no llegó a su posición por los mismos medios: la
investidura de Maduro, en gran medida, debe su legitimidad a la designación que
hizo de él Hugo Chávez. No obstante, esa diferencia entre uno y otro mandatario
se agota ahí, pues si bien los medios a los cuales recurrieron ambos son
divergentes, los dos coinciden en la base social que los respalda: la Unidad
Popular, en Chile; la Revolución Bolivariana, en Venezuela. Tejido social que,
por lo demás, fue y es el sustento de la revolución en ambos casos.
En la Venezuela del
siglo XXI, al igual que en el Chile del siglo XX, la revolución es una
construcción pacífica, no recurre a las armas para legitimarse o mantener su
vigencia. Venezuela, igual que Chile, no ha dejado de ser un Estado rentista,
dependiente en extremo de la extracción y comercialización de su materia prima
más preciada: el petróleo. Y con Venezuela, igual que con Chile, la presente
coyuntura se presenta en un periodo en el que el precio de las materias primas
a nivel global se encuentra en franco decremento. Este simple hecho, en ambos
casos, siempre se tradujo en una mejora sustancial de las condiciones de vida
de los habitantes, y acosta de impulsar ese extractivismo es que se subsidia la
posibilidad de construir un mejor futuro.
Pero Venezuela,
igual que Chile, se encuentra bajo ataque: Maduro, en Venezuela, igual que
Allende, en Chile, introdujo una política de control de precios para contener
la inflación que el acaparamiento comercial y la reproducción artificial de la
escasez producía desde la muerte de Chávez; a Maduro, como a Allende, el
empresariado nacional y estadounidense respondieron de la misma manera:
acaparando los productos de más básica necesidad. Maduro, como Allende,
respondió a la situación mediante Comité Locales de Abastecimiento y Producción,
pero ante ello el cerco se ha profundizado —atizado por una campaña mediática
que gusta de mostrar aparadores sin papel sanitario cómo la consecuencia más
perversa del socialismo del siglo XXI.
En Venezuela, como
en Chile, la oposición se articuló en torno de una Mesa de Unidad Democrática;
y en Venezuela, como en Chile, esa oposición se financió a través de la USAID y
los programas de cooperación y ayuda humanitaria del Departamento de Estado. En
Venezuela, como en Chile, la oposición llegó a controlar la mayoría del
parlamento, y con ello, controlar la promoción de reformas legales y
constitucionales que congelen la acción ejecutiva de la presidencia. En
Venezuela, como en Chile, la oposición se movilizó ante la articulación
comunitaria de la revolución, en Venezuela, como en Chile, agentes de
inteligencia se encargaron de producir a los muertos sobre cuyos cadáveres se nombraría
a maduro genocida, dictador y asesino.
No sorprende, por
lo anterior, que ambas experiencias históricas se asemejen, también, en la
posición con la cual se ha condenado, internacionalmente, al régimen de puño duro de Maduro, olvidándose que a
Allende se le atacó igual —aunque quizá con menor intensidad mediática. La izquierda
contemporánea observa en Allende a uno de sus íconos revolucionarios, pero lo
observa sólo para no haber aprendido de las lecciones que dejó el Golpe de
Estado chileno. La olvida, en estricto sentido, para volver a omitir esa
recomendación que Castro dio a Allende: que el imperialismo hará uso de toda la
potencia bélica, de toda la violencia de la que disponga para desarticular la
revolución.
Hoy, con
Venezuela, como antaño se hizo con Chile, se condena al socialismo, al
comunismo, al populismo, al autoritarismo, a la incapacidad de un gobierno de
ofrecer papel sanitario a sus habitantes. Pero más que eso, hoy, con Venezuela,
como ayer, con Chile, se vuelve a sacralizar la intervención estadounidense
sobre el país, con el argumento siempre efectivo de defensa de la democracia,
del capitalismo y del individualismo —aunque siempre comprendidos, todos, en
clave de la American way of…
América, si no
quiere revivir la historia del Palacio de la Moneda, debe ser consciente de que
del recuerdo de Allende se debe regresar al siglo XXI con algo más que una
profunda adoración poética. Se debe, más bien —y como lo señaló Castro a
Allende—: regresar más revolucionario de lo que se era; se debe regresar más
radical de lo que se era; se debe regresa más extremista de lo que se era.
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