¿Violencia política o política violenta?


Los mexicanos se encuentran a poco menos de una semana de que se celebren los comicios más grandes en la historia del Estado, tanto por financiamiento como por padrón electoral, cantidad de elecciones concurrentes y número de cargos de representación en juego. Sin embargo, más allá de los temas propios de la contienda electoral, relativos a los problemas y las respuestas que cada presidenciable pretende atajar, de ser electo, durante los siguientes seis años, una de las cuestiones que menos ha sido abordada ni por ellos ni por sus respectivos equipos de campaña —pero sí en cierto grado por la prensa nacional— es aquella que tiene que ver con el rol que juega la violencia —así, sin adjetivos— por cuanto determinante del comportamiento, las preferencias y la participación política directa de los ciudadanos.
En términos generales, todos los presidenciables se han posicionado sobre la materia en cuestión partiendo del postulado de que es necesario pacificar, reconciliar y asegurar al país, dando por terminado con un largo ciclo de poco más de doce años de violencia en el marco de la guerra del Estado mexicano en contra de los cárteles del narcotráfico. Con algunos candidatos ofreciendo más violencia como respuesta a los elevados índices de violencia en el país —al estilo del Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón y su cruzada en favor de la mutilación de miembros—; otros más, apelando a la buena voluntad de la ciudadanía para olvidar el pasado y reconciliarse con sus verdugos —caso de la estrategia de la campaña de López Obrador, que si bien no es tan simplista como sus detractores la pintan, éste no ha ofrecido una propuesta programática para conocer los mecanismos que se emplearían, por lo demás, algunos experimentados con gran éxito en sociedades con historias marcadas por dictaduras cívicas y/o militares o intervenciones armadas—; y otros en franca aceptación de que se debe continuar por el camino hasta ahora transitado —que serían José Antonio Meade y Ricardo Anaya apelando a la noble y patriótica naturaleza de las instituciones del Estado, las mismas que tienen al país en la descomposición imperante—; lo que queda claro en cada caso es que, unos y otros, cuando no han decidido menospreciar la importancia del tema para el desarrollo de la sociedad, han dado muestras de un soberbio desconocimiento del fenómeno y una profunda carencia de propuestas para abordarlo.
En el caso de la Coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por López Obrador, por ejemplo, quien escribe estas líneas ya ha expresado en otros espacios lo preocupante que es que, de resultar electo en los comicios de julio, su equipo de campaña no cuente con ninguna estrategia clara sobre la manera en que se tendrá que proceder en el caso de que los intereses a los que ahora se opone —o por lo menos, a los que no les resulta favorable— López Obrador decidan hacer un uso más intensivo y extensivo del conflicto armado en torno del narcotráfico para desestabilizar la gestión gubernamental y demostrar la incompetencia del nuevo ejecutivo para hacer frente a un fenómeno que ya se ha cobrado poco más de doscientas mil vidas.
En el caso de los dos representantes del oficialismo (Meade y Anaya) por supuesto, esta posibilidad se encuentra potencialmente reducida, en comparación con López Obrador, habida cuenta de que si bien es cierto que ambos representan intereses que en muchas ocasiones no comulgan y hasta se saben adversos, también lo es que en un panorama amplio las diferencias entre unos y otros no son tan profundas y en por lo menos ya en el transcurso de cuatro sexenios han dado muestras de saber colaborar por la obtención de un entorno comercial y político que les sea mutuamente favorable.
En este sentido, a lo que se ha prestado muy poca atención dentro de la agenda pública es a la discusión, justo, del rol determinante que en el momento presente juegan los grupos armados, militares y paramilitares, desplegados por todo el territorio nacional. Y lo cierto es que ello no es para menos. De entrada, el actual proceso electoral ya es, en la historia de los comicios en México —salvo, quizá, el enmarcado en la guerra civil de 1910-1921—, el más violento en términos de la designación de candidaturas. Tan sólo de septiembre de 2017 a la fecha, cuarenta y seis candidatos y/o precandidatos a puestos de representación popular han sido asesinados en hechos marcados por el ejercicio de distintos grados de violencia.
Comparado con los comicios presidenciales pasado, es decir, los correspondientes a 2006-2012, el proceso electoral en curso se distancia de aquel por cuarenta y cinco asesinatos (lo que representa un incremento de este fenómenos en 4500%), toda vez que en el periodo anterior sólo se registró un candidato ultimado en los mismos términos en los que se dieron los cuarenta y seis casos presentes. Pero no sólo, pues, además, el sexenio de Enrique Peña Nieto se distancia en gran medida del de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en el número de políticos (regidores, alcaldes, exalcaldes) ultimados por el crimen organizado: nueve entre 2006 y 2012 frente a ciento veintidós entre 2012 y 2018.
Por supuesto que éstas cifras son risibles si se las compara con las cifras correspondientes al total general de asesinados en cada sexenio, al número de desapariciones forzadas, de secuestros, de casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de crímenes de odio por género, preferencias sexuales, raza, credo; y hasta por el ejercicio de profesiones como la de reportero y médico. Sin embargo, y teniendo plena conciencia de que unas ejecuciones no sustituyen o demeritan a otras, el elemento de especial relevancia respecto de las personalidades al frente de estructuras políticas-administrativas del Estado, en cualquiera de sus tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y en cualquiera de sus tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), es que del uso que se hacen de esas estructuras dependen la vida los cientos, miles o millones de mexicanos que desarrollan su vida dentro de su jurisdicción específica.
A este fenómeno se ha tendido, cada vez más, a denominarlo como captura total o parcial del Estado, y partiendo del supuesto de que las instituciones de éste y las personas al frete de las mismas son incapaces de cometer actos de violencia y/o criminales —asesinato y desaparición de estudiantes, activistas, líderes indígenas; ejecuciones de testigos, civiles y criminales de manera extrajudicial; sometimiento a prácticas de tortura por parte del sistema judicial, etcétera—, se ha ido colocando en la discusión pública el tema de que el peligro latente en dicha captura se encuentra en el hecho de que el Estado, es decir, sus normas, sus instituciones y sus servidores, se verían incapacitados para no cometer actos de violencia y(o criminales.
El problema con esta discusión, no obstante, es que justo los términos de la misma están gravitando en torno de la posibilidad de que el Estado, sus normas, sus instituciones y sus servidores, capturados por el crimen, dejen de estar moral y éticamente incapacitados para cometer algún acto como los que cotidianamente realiza el crimen organizado; cuando en realidad la discusión, por lo menos en lo que toca para los comicios próximos y el sexenio entrante, en realidad tiene que ver con la relación que se desarrolla entre esa captura y la ciudadanía sobre la que también se ejerce.
Es decir, casos, ejemplos de la actividad criminal del Estado, de las normas que le dan fundamento, de las instituciones por medio de las cuales trabaja y de los servidores que mantienen al conjunto en funcionamiento, hay muchos a lo largo de la historia del Estado-Nación mismo, en general; y del Estado mexicano, en particular. Que los sujetos, los objetos y las estrategias a través de las cuales dicha violencia se hace patente en un espacio y en un tiempo determinado cambien es un tema diferente; que sin embargo no altera en absoluto la sistematicidad histórica con la que dicha violencia se ha ejercido. Por ello la discusión no es si el Estado podría llegar a equipararse con los grupos del crimen organizado en el país, sino la posibilidad que tiene la ciudadanía para hacer frente a ese actuar.
¿En qué sentido? Aunque históricamente los resultados no siempre han sido los esperados, y los dispositivos ideológicos y de ejercicio del poder al servicio del Estado siempre han tenido una gran efectividad para anular, contener, disuadir y/o reprimir ciertas respuestas, las resistencias frente al Estado, sus normas, sus instituciones y sus funcionarios en cada caso tienen un costo político para aquello o aquellos a quienes se resisten; factor que, en última instancia, tiene el potencial para detener una política pública, un proyecto de ley y hasta para conseguir la deposición al cargo del servidor público. En el caso del crimen organizado, no obstante, ese costo es inexistente frente al hecho de perder la vida si se decide resistir —baste el caso de las autodefensas en Guerrero y Michoacán para ejemplificar ambos supuestos.
Es cierto que la violencia que hoy captura a las campañas electorales no focaliza su accionar en un territorio o en un partido concreto. Su dispersión, su cartografía, en estrictito, se concentra en diez entidades y ochenta municipios (con preponderancia en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Veracruz); mientras que sus objetivos lo mismo pertenecen a partidos como el Revolucionario Institucional (con veintidós asesinatos), al de la Revolución Democrática (con trece asesinatos) y a Acción Nacional (con nueve asesinatos), que a entidades políticas locales, populares, partidistas y/o comunitarias (con veintiún asesinatos). Sin embargo, ello, lejos de ser un dato para preocuparse menos es, de hecho, revelador de lo extensa que se encuentra la red de acuerdos entre intereses.
Así pues, tres son los fenómenos en los que la ciudadanía no debe dejar de poner particular atención. Primero, se debe cobrar conciencia de la capacidad de movilización que tienen los grupos del crimen organizado, en términos de compra y coacción del voto; partiendo del entendido de que es infinitamente más potente la coacción que se ejerce por medio del asesinato que el que se ejerce por medio de amenazas con suspensión de programas sociales y/o servicios públicos. Este rasgo es especialmente importante para el día en que se celebren los comicios.
Segundo, no se debe perder de vista el curso que tomarán las políticas públicas en los municipios y las entidades en las que el asesinato de políticos ha cobrado mayor relevancia, sobre todo, porque ello permitirá develar la agenda de intereses que se está poniendo en juego en esa localidad. El asesinato de un candidato o de un servidor en funciones no tiene un efecto neutral o inocuo dentro del programa de políticas públicas de la gestión en cuestión, y ello, con independencia de si en lo sucesivo la el número de ejecuciones disminuye o simplemente desaparece.
Tercero, es imprescindible no obviar que los servidores que entren en funciones a partir de su elección el primero de julio deberán enfrentarse a la tarea de negociar o enfrentar al crimen organizado en sus respectivos márgenes políticos y administrativos, lo que ya de entrada introduce la imperiosa necesidad de reconocer que inclusive las agendas más progresistas impulsadas por los candidatos deberán conciliar su viabilidad, aplicación y gestión con los intereses que afecten; imposibilitando su aplicación en los términos en los que hasta ahora han sido expuestas en el discurso.
El día después de la elección, cuando el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral declaren un ganador, estos rasgos serán fundamentales, pues toda la confrontación que en niveles institucionales y de bases (de los partidos) se ha desplegado a lo largo de la campaña deberá enfrentarse frente a los escenarios de una inflexión que termine por romper la tensión o al de una articulación de antagonismos. Y lo cierto es que sin importar cuál de los dos escenarios se dé, el proceso será traumático para grandes sectores de la población, con independencia del ganador.


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
16/7/18
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La agenda de la primera mujer de América Latina en presidir la Asamblea General de la ONU

El pasado martes 5 de junio, la Sra. María Fernanda Espinosa, Ministra de Defensa y Coordinadora de Patrimonio Humano del Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, así como Canciller de esa república desde mayo pasado, ya bajo el mandato de Lenin Moreno; se convirtió en la primera mujer latinoamericana —y la cuarta a nivel mundial— en ser electa Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, en su caso, para el 73° periodo ordinario de sesiones de la misma, de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, en sustitución del eslovaco Miroslav Lajčák.
El suceso es importante, de entrada, por la clara agenda de género en la cual se encuentra trabajando la Ministra ecuatoriana, tanto en el plano nacional como en el regional y el global; agenda que, no sobra mencionarlo, en una organización como Naciones Unidas, señalada con mayor insistencias en fechas recientes por los abusos sexuales cometidos por su personal en misiones en sociedades azoladas por la desigualdad, la violencia y la discriminación, por un lado; y con participación minoritaria de mujeres en sus estructuras de discusión y toma de decisiones —prácticamente relegadas al actuar de ONU Mujeres y de mecanismos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer—, por el otro; plantea la ineludible exigencia de replantear los términos de la discusión en torno del género y de las respuestas que a ello se están ofreciendo desde los canales multilaterales a nivel internacional.
En el discurso que ofreció luego de recibir el voto de 128 Estados (de 192 reconocidos por la organización y con derecho a sufragio), por ejemplo, la Canciller Espinosa, no dejó pasar la oportunidad de hacer explícito que su elección implica el «rendir un homenaje especial a todas las mujeres que luchan cada día por acceder a puestos de trabajo en igualdad de condiciones, a las mujeres y niñas víctimas de la violencia, a las niñas y adolescentes que demandan acceso a información y educación de calidad». Postura que, además, se corresponde con la hoja de ruta que planteó a la Asamblea General como su Visión Estratégica para el 73° periodo de sesiones.
La agenda de género de la Canciller, no obstante, aunque fundamental en un momento en el que la represión y la violencia en contra de las mujeres se recrudecen a lo largo y ancho de América, no es su principal carta fuerte de cara al desempeño de sus labores en la Asamblea General. En primera instancia, no es un dato menor el hecho de que la elección de la Canciller Espinoza se diera como un claro revés a las candidaturas que los intereses estadounidenses estaban promoviendo para ocupar el mismo cargo; en particular, en lo relativo al impulso que el gobierno de Estados Unidos dio a la postulación de la actual embajadora hondureña ante Naciones Unidas, Mary Elizabeth Flores Flake. Después de todo, gran parte de la experiencia y de la propuesta programática de la Canciller ecuatoriana se encuentra anclada, en el plano local, en su adhesión al proyecto progresista de Correa y en su oposición a algunos de los sectores más conservadores y afines a los capitales estadounidenses en el Ecuador; mientras que, en el regional, se define por su postura de continuidad en la integración latinoamericana, en términos muy próximos a los del auge de los movimientos comunitarios, obreros y populares, entre 2004 y 2014.
Respecto del plano nacional, la Canciller Espinosa cuenta entre sus logros el haber sido jefa de la diplomacia ecuatoriana en 2007, primer año de gobierno de Rafael Correa y su autodenominada Revolución Ciudadana; entre 2008 y 2009 fue representante permanente de Ecuador ante Naciones Unidas; y en 2008, también, fue una de las principales figuras en la redacción final de la nueva Constitución del Estado. En 2012 se convirtió en la segunda mujer en su país en dirigir el Ministerio de Defensa, cargo en el que permaneció dos años; y en sus veinte años de servicio público ha mantenido una actividad importante en el sector académico, en particular, desde el vínculo que sostiene con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
En el plano regional, es indicativo de la descomposición presente en los proyectos de integración latinoamericana el que las postulaciones a la presidencia de la Asamblea General de este año se fragmentasen y no estuvieran marcadas por esa línea dura que tradicionalmente había caracterizado a las candidaturas únicas, comunes, de cada región, incluida América Latina y el Caribe. No sorprende, en este sentido, que la apuesta respaldada por Estados Unidos, es decir, la hondureña, estuviese apoyada por gobiernos como los de Brasil y Colombia, adversos a los proyectos de integración promovidos durante el ciclo progresista de izquierda, a principios del siglo. Así como tampoco lo hace el que otros, como el de Venezuela, respaldara sin ambages la candidatura ecuatoriana.
Es cierto que la postura de la Cancillería ecuatoriana durante la presidencia de Lenin Moreno no ha sido tan próxima en su relación con el entorno bolivariano, en general; y con Venezuela, en particular. Prueba de ello es fue la carencia de un posicionamiento oficial respecto de la relección del presidente Nicolás Maduro, tras los comicios en ese país. Sin embargo, ello parece responder más a la tensión entre la postura propia de la Canciller Espinosa y la del presidente, antes que a un cambio de dirección de la Canciller.
Revelador de esa tensión es que, aunque el presidente Lenin Moreno se distanció del proyecto de Nación de su antecesor —pese a haber sido electo bajo la promesa de dar continuidad al mismo—, en la presentación de su Agenda de Política Exterior, la Canciller Espinosa no dejó de resaltar como prioridades de su gestión el abordaje de la desigualdad que el desarrollo tecnológico y el avance de la actividad financiera han dejado en los países de la región, los desafíos que suponen las diásporas poblacionales, el deterioro ambiental y del cambio climático, las actividades extractivistas, los conflictos sociales causados por el ascenso de posturas ultranacionalistas, la violencia en contra de grupos vulnerables, etcétera.
Ante ello, la Canciller resaltó la necesidad de fortalecer el multilateralismo regional y global, reconociendo que en ello es ineludible la tarea de establecer como ejes transversales a esas problemáticas el contar con una mayor inclusión y participación activa de migrantes, asociaciones de mujeres, colectividades indígenas, asociaciones de campesinos, grupos afrodescendientes, productores agrícolas, empresariado nacional, entre otros —sin excluir, pero si relegando a un segundo orden de importancia, el enfoque financierista que ahora domina la política exterior de los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, etcétera.
Tales esfuerzos de la Canciller, y el ímpetu con el que ha promovido desde su gestión la integración de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el marco de la política exterior ecuatoriana le han valido a Espinosa ser objeto de solicitudes de juicio político y otros mecanismos de censura política dentro de la Asamblea Nacional, así como ser acusada, por los sectores que le son oposición, de castro-chavista y sandinista.
En este sentido, más allá de la influencia que tuvo en el resultado de la elección para presidir la Asamblea General el respaldo hondureño a la relocalización de la Embajada estadounidense en Jerusalén —desconociendo, en el acto, la situación colonial en la que se encuentra el pueblo palestino—, el posicionamiento general de la política exterior que representa la Canciller Espinosa se presenta, aquí, como el principal factor de decisión para un gran número de Estados ubicados en las periferias globales. Después de todo, desde hace tiempo la actividad diplomática de Espinosa se han concentrado en asuntos que le son más próximos —por lo menos más que la cuestión palestina— a esas periferias, tales como el impulso, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, por desarrollar un instrumento jurídico vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales; y durante su presidencia del G77 + China, su promoción del combate al cambio climático y los paraísos fiscales.
En ambos casos, el fortalecimiento de las capacidades financieras de las sociedades del Sur para mitigar los daños causados en sus territorios y poblaciones por el cambio climático, la creación de una agenda de igualdad de género dentro del marco de trabajo de la COP23, el impulso a una plataforma de consulta a pueblos indígenas y la reducción de prácticas de evasión fiscal y desigualdad de trasferencias de capital Sur-Norte, son temas que le sumaron poco a poco los adeptos que le refrendaron su programa de trabajo; ahora, para promoverlo desde la Asamblea General.
De ahí que en su Visión Estratégica para el 73° periodo de sesiones de la misma el eje movilizador de toda su propuesta sea «diálogo y fortalecimiento del multilateralismo como catalizadores del bienestar de todas las personas y de un planeta sostenible»; destacándose, entre sus puntos prioritarios, facilitar el cumplimiento de los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acercar el trabajo de Naciones Unidas a la gente, facilitar los mecanismos de respuesta de la Asamblea General a situaciones emergentes, prestar especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la movilización de recursos a los sectores menos beneficiados por la agenda global de la ONU, el combate a la discriminación racial, el abordaje de las crisis migratorias en las periferias, entre otros.
Sin duda, Naciones Unidas ha dejado mucho que desear al momento de instrumentar los cientos de resoluciones, cartas de buena intención, recomendaciones y discursos que se emiten desde todos sus órganos, programas y mecanismos año con año. Sin embargo, no deja de ser cierto que este tipo de oportunidades representan enormes ventanas de posibilidad para atajar algunas de sus más grandes fallas; en particular, la captura de su funcionamiento, condicionada al financiamiento de las economías centrales, y a la agenda política que éstas impulsan. Reposicionar la agenda multilateral construida en américa latina durante la primera década del siglo XXI es fundamental en esa tarea.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
13/7/18
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Militarización y hegemonía en Oriente Medio

Estados Unidos se encuentra atravesando por una fase en la que su capacidad para determinar la manera en que se estructura y funciona la economía global —junto con su respectivo sistema interestatal— es, en términos absolutos, mucho menor que aquella que llegó a gozar durante el cuarto de siglo en el que era indiscutible su rol hegemónico. En general, este proceso en cuestión no es propio de la historia estadounidense, ni mucho menos. A lo largo de los últimos cinco siglos, de manera regular en lapsos de tiempo que van desde los cien hasta los doscientos años, en promedio, el sistema internacional y sus estructuras de poder, de producción y de consumo se han encontrado bajo el amparo de una potencia hegemónica determinada.
España lo fue durante un breve periodo entre los siglos XV y XVI, las Provincias Unidas de los Países Bajos lo fueron durante un tiempo similar al de España, pero a mediados del siglo XVII; el Reino Unido lo fue por un periodo mayor, en el transcurso del siglo XIX; y Estados Unidos lo fue a mediados del siglo XX.
En el ciclo de vida de su hegemonía, cada potencia que la historia de la modernidad ha visto surgir ha tenido que recorrer por cuatro momentos que se definen por: i) el despliegue de un abierto enfrentamiento o disputa entre dos poderes con potencialidad similar de convertirse en actor hegemónico, ii) la afirmación de la decadencia de la potencia hegemónica a la que le está siendo disputado su estatus por esos dos adversarios, momento en el cual, además, la afrenta sostienen una suerte de equilibrio de poder global; iii) la profundización del conflicto por la sucesión de la hegemonía, fase en la cual el equilibrio precedente se desintegra por el desarrollo de un conflicto bélico de proporciones mayúsculas; y, iv) la consagración de un poder hegemónico indisputable, vencedor de la afrenta correspondiente a la fase anterior.
Históricamente, cada una de esas fases se desarrolla a plenitud en el transcurso de varias décadas, cubriendo, en promedio, entre uno y tres cuartos de siglo. Es decir, que el ciclo de vida de una potencia hegemónica es una dinámica de larga duración cuyas determinantes y consecuencias trascienden los límites espaciales y temporales de fenómenos como los cambios de gobierno, la vigencia de ciertas políticas públicas o las directrices de administraciones públicas específicas. España, por ejemplo, fue hegemónica por un periodo que no va más allá de los cincuenta años, sin embargo, a ese lapso se deben de sumar las varias décadas que le llevó el construir su posición, las décadas que le llevó librar guerras para consolidarla y las décadas que la llevar a su propia decadencia. Y lo mismo con los otros casos históricos: las Provincias Unidas fueron hegemónicas por un cuarto de siglo, pero a ello se suman los años de consolidación de su economía, los años en los que libró las guerras de Reforma y los años de decadencia en los que intentó mantener sus ventajas sobre sus oponentes.
Inglaterra, por otro lado, fue el actor hegemónico de la estructura global por poco menos de cuarenta años, sin embargo, para llegar a dicha posición tuvo que recorrer varias décadas de construcción y consolidación de sus propios andamiajes políticos, militares, económicos, culturales, etc.; sortear alrededor de cuarenta años de guerra en contra de Francia (Guerras Napoleónicas), quien le disputaba la sucesión por la hegemonía de las Provincias; y sufrir algo más de cincuenta años de decadencia. Mientras que Estados Unidos, por su parte, sólo gozó de estatus hegemónico entre 1945 y 1980, luego de vencer al Estado que le disputaba la sucesión por la hegemonía inglesa, Alemania; y para ello debió desarrollar durante más de medio siglo su expansión económica, atravesar más de treinta años de conflictos bélicos (entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial), y ahora mismo un extenso periodo de decadencia, desde la década de los años ochenta del siglo XX hasta el presente.
El lento y tortuoso camino de decadencia que recorre Estados Unidos, en este sentido, no es, por ningún motivo, el resultado evidente de la llegada a la presidencia de un individuo como Donald J. Trump, y mucho menos es el síntoma de una serie de decisiones y políticas públicas mal planeadas o implementadas, contrarias, en todo caso, a las tendencias que dictan las dinámicas políticas, militares, financieras, comerciales, etc., contemporáneas. Partir de este supuesto, es decir, de la premisa de que Estados Unidos se encuentra en declive o minando su propia posición dominante en el sistema mundial a partir de las decisiones de una administración pública federal que se percibe como hostil al avance natural del progreso de la sociedad invisibiliza por completo toda una historia de ciclos seculares y dinámicas globales como los hasta aquí referidos.
Antes bien, si Estados Unidos se encuentra en caída libre se debe, en primer lugar, a que las condiciones que posibilitaron, en su origen, su propia emergencia como potencia hegemónica son, al mismo tiempo, las causas de que no sea capaz de mantenerse en el ejercicio de tal rol. Y es que, en efecto, fungir en la estructura global como el actor hegemónico de la misma implica que éste tenga la potencia para sostener un virtual monopolio del poder geopolítico, y con ello, poner a trabajar para sí una serie de dinámicas políticas, culturales, militares y económicas que, al mismo tiempo que lo privilegian, socaven la capacidad de sus aliadas y de sus contrincantes de fortalecerse lo suficiente como minar su hegemonía o disputársela en lo inmediato.
Estados Unidos, en esta línea de ideas, al igual que sus homólogos en siglos pasados, al poner en marcha una serie de directrices para mantener en funcionamiento las ventajas económicas que le permiten subordinar a otras economías alrededor del mundo, procura restringir el fortalecimiento de sus propios aliados con la finalidad de mantenerse por encima de ellos. Sin embargo, debido a que el funcionamiento de esas ventajas depende del acceso a mercados, es necesario contar con aliados lo suficientemente grandes y robustos como para sacar provecho de ellos —y al mismo tiempo, para mantener a raya a sus adversarios. La cuestión es, no obstante, que ese equilibrio entre fortalecer y minar la fortaleza y el crecimiento de aliados y enemigos no es fácil de mantener durante lapsos de tiempo muy prolongados, y a la larga, la necesidad de proteger las ventajas sobre las cuales se cimienta la hegemonía termina por debilitarlas. Y lo mismo ocurre con los otros rubros, tanto el del despliegue de las potencialidades políticas (convencimiento y represión) como de las militares.
Es en este marco de ideas que se vuelve preciso observar la actual disputa que sostiene Estados Unidos con China, por un lado; y las directrices que a nivel interno se están tomando por parte de la administración del presidente Donald Trump. De entrada, partiendo del reconocimiento de que ese supuesto proteccionismo económico del cual se le acusa con tanta facilidad desde los mainstream media lejos de ejercerse como una política de autodebilitamiento de la economía estadounidense, se enmarca en la necesidad de debilitar a las capacidades de producción y las necesidades de consumo china, por un lado; y europeas, por el otro. Y es que, aunque China es el actor que más claro se ve que le está disputando su posición hegemónica a Estados Unidos, al igual que las Provincias Unidas con los reinos europeos, que Inglaterra con Francia y que Estados Unidos con Alemania; China está compitiendo, también, con la Unión Europea por el derecho a la sucesión. De tal suerte que, para Estados Unidos, la posibilidad de frenar a China no depende únicamente de su afrenta directa con el gigante de Asía, sino, también, de Contener a Europa, el mercado que hoy por hoy está siendo colonizado por la actividad comercial y financiera china a mayor velocidad y profundidad que en otras regiones del mundo.
La cuestión es, no obstante, que el proteccionismo, las guerras comerciales y las políticas económicas (tan a menudo denominadas hoy en día como populismo, de derecha y/o de izquierda), no son los únicos caminos que una potencia hegemónica en decadencia tiene para hacer frente a su propio declive. Uno de los recursos más socorridos, históricamente, siempre ha sido el del fortalecimiento militar: no es gratuito ni azaroso que la fase de la sucesión en el ciclo de vida del hegemón siempre se dé por intermediación y sólo después de librarse un conflicto bélico mayor (la Guerra de Reforma, las Guerras Napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial). Si ello ocurre así es porque las tensiones que se desarrollan en el plano de los despliegues militares de una y otra parte ya son tan profundas y extendidas como insostenibles, y ellas mismas se rompen.
Estados Unidos bajo la administración Trump, por supuesto —y muy a pesar de que sus críticos y detractores no dejan de acusar que sus decisiones en la materia son contrasentido, contrarías a las doctrinas, los valores y las directrices más sagradas de la política exterior y la política militar estadounidense de los últimos cuarenta años— no son una excepción a esta regla. Y lo cierto es, antes bien, que de hecho las acciones que en el plano militar se están llevando a cabo van desde un endurecimiento, fortalecimiento y profundización de las implementadas bajo la presidencia de Barack Obama, hasta una amplia corrección de aquellas que en los dos cuatrienios pasados sí implicaban un debilitamiento de la posición estadounidense en el mundo.
En particular, aquí no debe dejar de observarse que el teatro de operaciones es, hoy más que nunca, Oriente Medio. Y la realidad es que no es para menos: es aquí en donde China se encuentra apostando sus más grandes proyectos de crecimiento en el mediano y en el largo plazo; en particular, en lo que respecta a la obtención de recursos energéticos y minerales estratégicos tanto de Oriente Medio como de África y el Asia Central, por un lado; y su acceso y colonización de los mercados europeos, por el otro. Además, no debe perderse de vista que algunos de los aliados más importantes para el sostenimiento de esta dinámica los encuentra China en Estados como Rusia e Irán, dos actores que, desde la década de los años setenta, el Consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense James Carter, Zbigniew Kazimierz Brzezinski, ya consideraba la mayor amenaza global —en alianza con China e India— a la hegemonía de Estados Unidos en el siglo XXI.
​Irak, Afganistán, Yemen y Siria son, por supuesto, los principales escenarios de la confrontación —más el último que los otros tres. Sin embargo, no son los únicos, y el ejemplo más claro de ello lo ofrecen, desde poco antes de 2010, el Sahara Occidental, Túnez, Egipto, Libia, Argelia, Omán, Barhéin y Jordania. Cada conflicto en cada una de estas sociedades, por supuesto, responde a causas específicas y tiene determinaciones propias. No obstante, algunas constantes compartidas son los recursos naturales, energéticos y minerales estratégicos con los que cuentan —necesarios para el dominio de las industrias científicas-tecnológicas que guiarán el desarrollo del capitalismo en los años venideros—; el posicionamiento de China en sus economías (junto con el acaparamiento de esos recursos), el impacto que los conflictos en ambas regiones (Norte de África y Oriente Medio) tienen en el desarrollo de la Unión Europea, y, la correlación de fuerzas que cada actor sostiene en el establecimiento de un determinado equilibrio de poder contencioso de los principales enemigos de Estados Unidos en la zona.
Sobre este último aspecto, por ejemplo, es un dato revelador la poca cobertura que se le ha brindado a las acciones de la administración Trump en la región. Es decir, es evidente que durante algún tiempo los reflectores fueron acaparados por la estrategia de su presidencia concerniente a Afganistán y Asia del Sur. Sin embargo, más allá de eso, la atención ha sido mínima. Sobre dicha estrategia, presentada en agosto de 2017, algunos aspectos por subrayar son:
a)  El hecho de que se tenga un número mayor de tropas estadounidenses, del que se reconocía públicamente con Barack Obama, desplegadas en suelo afgano; incluyendo una desproporcionada cantidad de contratistas militares (23,525, sólo en Afganistán; 4,485, sólo en Irak; 14, 412, en otras operaciones militares a cargo del Comando Central) activos en la región. Ello, sumado a un mayor envío de tropas en dos tandas.
b)  El supuesto cambio de enfoque respecto de la permanencia de las tropas estadounidenses en el país, en donde dejaría de responderse a plazos determinados para terminar la ocupación y priorizar, por lo contrario, el destacamento de tropas con base en las condiciones materiales en el campo de batalla, reales, del desarrollo del conflicto —o lo que es lo mismo pero en lenguaje menos políticamente correcto: el fortalecimiento de la ocupación militar sin la necesidad de anteponer un plazo que se deba cumplir para la salida de las tropas.
c)  El reconocimiento de una mayor penetración de los capitales estadounidenses, so pretexto de reconstruir lo que la guerra destruyó.
d)  La integración de Pakistán (aliado estratégico de China en su confrontación con la India) en la ecuación.
e)  El fortalecimiento de la dependencia india respecto del armamento al que es capaz de acceder, conteniendo, así, el que sus adquisiciones militares les sean provistas por Rusia (mercado desde el cual, de hecho, proviene su principal sistema de defensa aérea).
Fuera de estos cinco puntos, que en alguna medida refuerzan lo que ya se venía haciendo desde los primeros años de gobierno de Barack Obama, en lo concerniente a esta zona de la región pocas son las directrices que representen algún cambio mayúsculo y que supongan la necesidad de un análisis aparte, con otro enfoque.
En donde sí hay aspectos notables que destacar porque representan algún grado de novedad o cambio respecto de lo que fue la línea dura de Obama durante su mandato, no obstante, es en la política de contención de Irán. No sólo está la cuestión de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto con el país persa, algo que se veía venir desde el comienzo de su campaña presidencial debido al grupo de asesores del que se rodeó para tratar la materia. Sino, más bien, el empuje de la administración actual por militarizar a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la Liga de Estados Árabes (LEA) y la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por medio de la Alianza Militar Islámica para el Combate al Terrorismo (AMICT).
Dicha alianza, que en realidad data de la administración Obama, fundándose en 2015 bajo el liderazgo de Estados Unidos y Arabia Saudí, cuenta con cuarenta y un miembros del total de cincuenta y siete que pertenecen a la OCI: diecinueve de ellos son miembros de la LEA y seis pertenecen a la región de Asía. Irán, Irak y Siria, por supuesto, no forman parte de la misma.
Un dato representativo de la magnitud de la alianza es que el gasto militar que ejercen en conjunto es de alrededor de 222 mil millones de dólares, cerca de veinte mil millones de dólares más que el gasto militar de los países miembros de la Unión Europea (sin el Reino Unido); y gran parte del cual se destina a la adquisición de los principales avances tecnológicos desarrollados por Occidente en materia armamentística. Y la cuestión aquí es que aunque en el discurso oficial la alianza fue construida para hacer frente a la profusión de violencia por parte de grupos terroristas y guerrillas locales de carácter sectario (muchas de las cuales son financiadas y armadas por Occidente para balcanizar a la región, y otras tantas formadas, entrenadas y apoyadas por los propios miembros de la alianza para contrarrestar la influencia de otros miembros de la misma), lo cierto es que su naturaleza ha ido avanzando cada vez más hacia la adopción de un modelo bastante parecido al de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
No es azaroso, en este sentido, que la alianza haya comenzado oficialmente sus operaciones por medio de la intervención armada en Yemen en vez de comenzar por el embate directo a, por ejemplo, el Estado Islámico. Y así tampoco lo es que lo que en años anteriores ocurría a través del involucramiento individual de algunos Estados de la región en los conflictos que la azotan, hoy se perfile a construir bastiones de combate de esta suerte de OTAN panarabista. Casos concretos son las intervenciones de sus miembros en Sierra Leona, Afganistán, Siria, Yemen, Libia, el Sahara Occidental, Sudan, Somalia y Etiopia.
La puesta del presidente Trump, hecha explícita en su discurso del 21 de mayo de 2017, durante una visita a Arabia Saudí, en este sentido, es, en primer término, el cercamiento y la contención de Irán y de sus principales aliados regionales. Sin embargo, de fondo también se encuentra la intención de bloquear los contactos de China con la región: contactos comerciales, sin duda, debido a los recursos energéticos con los que cuentan los países de Oriente Medio; pero principalmente de carácter militar. Después de todo, no debe pasarse por alto que, en la última década, China se ha dedicado a construir, por un lado, un doble corredor militar: marítimo, por toda la costa oriental de África, el Sur de Oriente Medio y las islas del Sudeste asiático; y terrestre, a lo largo del trazo de la Belt & Road Initiative; y por el otro, a establecer enclaves militares en espacios que con anterioridad eran de potestad absoluta de Estados Unidos.
El posicionamiento de bases militares chinas en la República de Yibuti, a un costado de Somalia, el bastión militar estadounidense por antonomasia en el Cuerno de África, por una parte; y los compromisos ofertados por el  nuevo Ministro  de  Defensa  chino, Wei  Feng,  en el marco de los trabajos de  la  Séptima  Conferencia de  Moscú  sobre  Seguridad  Internacional, respecto de una participación militar más directa de China en los conflictos bélicos de la región —en particular el conflicto Sirio y los casos de intervención estadounidense en la zona— deben leerse en tal línea de reflexión, y comprenderse que el endurecimiento de la política estadounidense en la región van encaminadas a contener esa expansión.
Y aunque es verdad que el involucramiento militar de China en Oriente Medio no es tan amplio ni tan profundo como el de Rusia, también lo es que la proyección de la actual política estadounidense para Oriente Medio y el Asia Central no se mide en el corto ni en el mediano plazo. Lo que cada claro es, no obstante, que el énfasis de la administración Trump en el plano militar no es para nada un contrasentido ni una ocurrencia que se salga de los parámetros de operación del establishment castrense de Estados Unidos. Para ponerlo de otra forma, tan sólo en su primer año de gestión, el presidente Trump consiguió ochenta y dos mil millones de dólares en contratos militares y armamentísticos, casi siete mil millones más que el monto de los contratos firmados en el último año de gobierno de Barack Obama.
El monto de los contratos es, por sí mismo, y sin lugar a dudas, demostrativo del rol central que el plano militar juega en la correlación de fuerzas desplegada por la geopolítica estadounidense. Sin embargo, incluso más reveladores de la orientación que está tomando su administración en la materia son los destinatarios de todo ese armamento y el tipo de armas que se están vendiendo. Sobre el tipo de armamento, por ejemplo, el último año de la administración Obama se dedicó a la venta de aeronaves y recursos afines, contabilizando más de 60 mil millones en ventas, comparado con los poco menos de 30 mil millones vendidos en esta categoría por la presidencia de Trump.
Hoy, la prioridad del gobierno estadounidense no se encuentra en la construcción de flotillas aéreas en los países de Oriente Medio, sino en el despliegue de sistemas de defensa antiaéreos y mayores capacidades de fuego por medio de complejos balísticos. De ahí que mientras Obama logró contratos por 10 mil millones de dólares por la venta de misiles y bombas, en su primer año, Trump logró superar los 45 mil millones en el mismo rubro.
Respecto de los destinatarios, por otra parte, en el último año de Obama las prioridades fueron, en orden decreciente: Qatar, con contratos por 22,285 millones de dólares; Kuwait, con contratos por 12,451 millones; Japón, con contratos por 7,057 millones; Emiratos Árabes Unidos, con contratos por 5,355 millones y, Arabia Saudí, con contratos por 5,075 millones.
Con Donald Trump, por otro lado, las prioridades de su primer año de mandato fueron: Arabia Saudí, con contratos por 17,857 millones de dólares; Polonia, con contratos por 11,314 millones; Japón, con contratos por 10,699 millones; Canadá, con contratos por 5,308 millones y Rumania, con contratos por 5,150 millones.
Y si bien es cierto que ello significa que en términos reales Oriente Medio pasó de recibir con Obama el 66.69% del total de contratos, a recibir con Trump el 36.26%, esta tendencia no se traduce en un abandono de la región, sino, antes bien, la articulación de las alianzas de Oriente Medio con las de Europa del Este (particularmente en los bordes con Rusia) y con las del Sudeste Asiático, delineando un cerco en forma de media luna que recorre los principales puntos de conexión de China con Occidente, por un lado; y de la influencia rusa hacia el Sur, por el otro.
Cuando Estados Unidos era el actor hegemónico a nivel global, éste no necesitaba reafirmar su poderío militar —a pesar de la carrera armamentista con la Unión Soviética— simplemente porque su potencial de fuego y su cobertura militar del mundo eran lo suficientemente amplias y robustas como para ser cuestionadas por otros actores en escalas importantes. Sin embargo, hoy que dicho Estado se encuentra en declive la necesidad de reafirmar su supremacía militar se vuelve exigencia insorteable para contener las aspiraciones de los Estados que aspiran a tomar su posición dominante.
El problema va a estar, no obstante, que en el impulso militar, más allá de los recursos generados por las ventas del complejo militar estadounidense, la administración Trump tendrá que seguir desviando recursos de sectores importantes para fortalecer su propio mercado interno y sus intercambios comerciales con el exterior, con el único objetivo de hacer más grande y más potente su cuestionada autoridad bélica en el mundo.
Y la cuestión es que mantener ese equilibrio entre capacidades de producción/necesidades de consumo, por un lado; y despliegue militar, por el otro; no es un una ecuación sencilla de resolver, y a menudo lleva a las grandes potencias a enfrascarse en conflictos bélicos de proporciones mayúsculas. Por lo pronto, la apuesta está sobre la mesa y el resultado que se espera, como en el plano económico, es que Estados Unidos sea capaz de contener a China (y en menor medida a Rusia) antes de que aquella se vuelva demasiado grande y poderosa como para poder lidiar con ella; y viceversa, antes de que Estados Unidos sea demasiado débil como para poder hacer algo al respecto.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
9/7/18

Fanatismo y despolitización

Aunque el desarrollo de elecciones federales en México sólo coincide cada doce años con la celebración del mundial de soccer, no es un fenómeno extraño a la cotidianidad de la vida política nacional que, en los momentos de mayor tensión —o desencuentro— entre el proyecto de gobierno en turno y la ciudadanía, aquel recurra al espectáculo y al ocio (para actualizar la añeja formula romana de pan y circo) como instrumento de mediación, distención o relajamiento del descontento social. Esta historia de uso político del ocio y el espectáculo para favorecer una agenda política particular, si bien en su parte medular no tiene mucho que ver con la fiesta mundialista, si remite a eventos domésticos más específicos, y que aunque por su magnitud es evidente que son casos menores, no por ello dejan de repetirse sistemáticamente.
Ahora bien, el actual proceso electoral en México —uno de los países con mayor número de aficionados a nivel global, con poco más de sesenta millones— coincidió con el festejo del mundial de Rusia, y lo hace justo en los días previos a la fecha de sufragio, cuando las definiciones partidistas e ideológicas se definen con mayor precisión. Ello, por sí mismo, ya ha planteado un problema en los términos en los que la discusión pública sobre el rumbo que la política en el país debería de estar tomando, de cara a la que es la mayor elección en el país, tanto por el número de funcionarios a elegir como por la cantidad de elecciones concurrentes —estatales y municipales— con la contienda federal; así como por el número de votantes y el tamaño del financiamiento de los comicios.
En un sentido amplio, tal discusión ha tendido a polarizarse cada vez más, en la misma proporción en la que avanzan tanto las campañas como los partidos del mundial, en dos argumentos que se saben antagónicos, sin un punto en el cual sean capaces de congeniar. El primero de ellos es que eventos como la gesta mundialista no representan ningún peligro o problemática alguna al desarrollo corriente y normal de la vida política nacional. El segundo, por lo contrario, apela al reconocimiento de que eventos en masa como éste no son neutrales ante las problemáticas y las conflictividades que ya existen en una sociedad, y que situaciones como la celebración de unos comicios sólo profundizan y radicalizan.
Planteada en estos términos, la discusión gira mucho en torno de lo que el soccer significa en sí mismo, por cuanto deporte; de tal suerte que los argumentos que se esgrimen por una u otra posición discuten sobre la naturaleza de una gesta cualquiera dentro de los marcos que se inscriben en el propio partido, en el goce y disfrute de los noventa minutos de juego y la relación que los jugadores establecen con sus aficiones. Sin embargo, agotar en ese plano tan reducido y simplista las repercusiones sociológicas que tal deporte tiene en una determinada sociedad deja intocados puntos más hondos; mismos que tienen que ver con prácticas de socialización y de politización más amplias, que escapan por completo a los marcos temporales y espaciales de un partido cualquiera.
En este sentido, de entrada, por ejemplo, para aterrizar el análisis de las repercusiones políticas del soccer en una sociedad es necesario visibilizar que si bien es cierto que no es el único deporte en masa ni en México ni en el mundo, también lo es que pocos deportes tienen un uso político tan particular como lo tiene éste. El soccer no es cualquier deporte, gran parte de su historia de éxito no depende de un desarrollo orgánico de la relación entre el juego y su afición, sino en un deliberado impulso por parte de grandes conglomerados a nivel nacional e internacional. El soccer, después de todo, en un producto que se ofrece para ser consumido, y la cadena de producción y consumo que mueve es infinitamente más rentable que lo que se percibe en el momento del partido. Existen deportes que también mueven grandes sumas de capital en rededor suyo, como ocurre con el futbol americano (en particular en el marco de la NFL), el béisbol, el basquetbol, el golf, etcétera. Sin embargo, la articulación que existe entre las ligas nacionales en su proyección global no es tan amplia como lo es la del soccer: en términos medios, e partido de la final de la copa FIFA alcanza una audiencia de alrededor de novecientos (900) millones de televidentes, mientras que el partido final de la NFL alcanza, a nivel global, poco menos de ciento veinte (120) millones de espectadores. Las contiendas finales de béisbol y basquetbol, en contraste, no pasan de una media de veinticinco (25) y quince (15) millones de espectadores, respectivamente.
En términos del número de practicantes de cada deporte, la natación se sitúa como el deporte más practicado a nivel global, con poco más de mil quinientos (1,500) millones de practicantes en algún grado de profesionalismo, y no sólo como actividad recreativa. Sin embargo, el soccer se encuentra en la segunda posición, con alrededor de mil (1,000) millones de practicantes. Y si se trata de rentabilidad neta por evento deportivo, aunque algunas contiendas en el marco de los Juegos Olímpicos se llevan los primeros lugares (llegando hasta los USD $348 millones), entre el mundial de soccer y los partidos finales de la Copa europea se coronan con las primeras cuatro posiciones de la métrica (de hasta USD $147 millones), sólo por detrás, en la mayor parte de las ocasiones, de las finales de la NFL (promediado USD $350 millones).
Por supuesto, la desagregación de todos estos datos por país mostrará variaciones importantes tanto en el número de practicantes como en el de rentabilidad y de audiencias, hecho que se debe a particularidades culturales de cada sociedad que hacen de un deporte y de un evento y otros más o menos famosos dentro de un imaginario colectivo nacional específico. Sin embargo, lo que queda claro es que, a nivel global, la popularidad del soccer es, por distintos motivos, varias veces mayor que el éxito de otras competencias deportivas —no es azaroso que la FIFA reconozca más ligas nacionales dentro de su estructura que el número de Estados reconocidos por Naciones Unidas. En América Latina, en particular, la afición a este deporte se encuentra entre las mayores, con todo y que sus ligas no se encuentren entre las primeras del mundo.
Así pues, de los rasgos importantes que es preciso considerar para el presente análisis es que es justo esta popularidad el aspecto en el cual se edifica la instrumentación política de este deporte, con un sesgo propio, diferenciado del resto de los deportes. A menudo, este rasgo se ha invisibilizado en el debate público apelando a un supuesto reconocimiento de que el éxito de los eventos mundialistas del soccer se debe a que éstos representan una ventana de escape a la agobiante cotidianidad a la que las sociedades industriales modernas someten a los individuos que las componen, por la vía del desgaste físico e intelectual de carácter laboral; es decir, se anula el reconocimiento de un uso político específico de los eventos de soccer defendiendo que los noventa minutos de ocio y diversión que ofrece un partido son condición necesaria para sobrevivir a la explotación y al tedio cotidianos.
Parte de este argumento tiene razón. Las actividades recreativas, lúdicas, de ocio y esparcimiento o contemplativas, dentro del marco de desarrollo de las sociedades industriales contemporáneas, son vías de escape a los dispositivos de explotación laboral que cada vez consumen más tiempo y más fuerzas de los trabajadores. Ya desde finales de la década de los años cincuenta, tras finalizarse la Segunda Guerra Mundial y emprender el imperativo intelectual de descifrar las causas que llevaron a la sociedad europea a tal grado de descomposición, la Escuela de Frankfurt evidenció justo este aspecto, y señaló que gran parte del éxito que se tuvo en la despolitización de las masas, sometiéndolas a estrictos controles disciplinarios, normativos e ideológicos, se debió al hecho de que el conflicto, el descenso y la resistencia a los proyectos políticos en turno se dio por la vía de la integración de esa conflictividad, de ese disenso y de esa resistencia al consumo masivo de un tipo específico —no cualquiera— de ocio y de espectáculo.
Es este el aspecto que exige observar que la discusión actual en México, en torno de la defensa y el desprecio de los eventos de soccer vis a vis el proceso electoral federal, no se reduce a una simple oposición entre corrección política e incorrección política. Y es que tal argumento, que de manera simplista se remite a colocar, por un lado, a la afición a dicho deporte del lado de lo popular; y por el otro, a sus detractores como parte de una pretendida intelectualidad por encima del vulgo; no alcanza a observar que masificación y popularidad no son sinónimos de socialidad, de creación y reproducción de contenidos sociales y culturales que ofrezcan cohesión a la sociedad consumidora de los eventos deportivos en cuestión.
Un claro ejemplo de lo anterior, aunque no en el terreno deportivo, es que las redes informáticas (Facebook, Twitter, Instagram, y similares o derivados), a pesar de que se presentan como vías de escape (espacios de ocio) frente al agotamiento laboral cotidiano, la lógica bajo la cual funcionan no fomenta la socialización, sino que, por lo contrario, se sustentan sobre el afianzamiento cada vez mayor de la individualidad del usuario, en donde su experiencia virtual se define por la capacidad que la informática tiene para suplir el contacto humano con un cumulo enorme de mercancías potenciando su hedonismo intrínseco.
Algo similar ocurre con el uso político del soccer. Y es que si bien es cierto que los encuentros deportivos son pretexto para que grupos de personas se unan a compartir un espacio y un tiempo común, unidos por el sentimiento de pertenencia a una causa y una identidad común, también lo es que esa conglomeración y ese fomento a la unidad identitaria tiene repercusiones en el ámbito estrictamente de la actividad política directa del individuo. Reivindicar los gustos mundanos del vulgo, del pueblo, como cultura popular sólo porque la practica en cuestión tiene una carga histórica añeja y porque los eventos que la movilizan sirven para reunir conglomerados de personas no implica que en ello se esté socializando algo cultural si se observa que ese intercambio está regulado cada vez más por la recepción y manipulación de bienes y servicios convertidos en mercancías.
Pero más aún, una gran proporción del ejercicio de tal defensa argumentativa parte del supuesto de que los contenidos de la vida política nacional no deberían ser pretexto para contaminar una actividad deportiva que se encuentra al margen de la misma y de su conflictividad. Y es que si bien algunas posiciones llegan a ser tan osadas como para reconocer que con el futbol también se hace política (y basta observar las disputas y los acercamientos diplomáticos que han tenido por la organización rusa de la Copa), apelando a la unidad nacional en el deporte, desconoce el uso que desde las estructuras de poder de los intereses políticos dominantes se hace del soccer para neutralizar ciertas conflictividades domésticas.
Es el típico recurso de la unidad nacional ante el enemigo extranjero a pesar y al margen, obviando, las diferencias interiores. Unirse por la camiseta del equipo de soccer, unirse en contra del rival en el campo de juego, exaltar la identidad propia por encima de la del contrincante, e incluso pretender desquitar disputas históricas de carácter militar, diplomático, comercial, político, etc., a partir del resultado del marcador en un partido no únicamente cae en la ilusoria creencia de que ello hace alguna diferencia en la realidad material de las sociedades representadas por sus equipos, sino que, además, se arroja a la defensa intransigente de que cualquier disenso con tal grado de afición es sinónimo de rechazo a la identidad.
Basta observar como las redes informáticas se inundaron de mofas a la sociedad alemana cuando la escuadra mexicana venció en un partido a su par germana. Las profundas desigualdades que separan a México de Alemania de inmediato quedaron obviadas y excluidas del debate, porque lo que importaba era que en un evento hasta cierto punto aislado, particular y para nada trascendente en términos materiales, México había demostrado su superioridad deportiva. Y el caso aquí es que dicha superioridad deportiva no alcanza para corregir la asimetría en el trato comercial, en la imposición de agendas políticas desde mecanismos como el G20; así como tampoco invierte o nivela la transferencia de capitales y la extracción de rentas entre ambos Estados. Las consecuencias de la victoria deportiva son más simbólicas que materiales, más de moral propia ante el otro extranjero que de cambio cualitativo en la realidad de los participantes.
Aquí, claro está, no se trata de que al colocarse en la posición del detractor se defienda la idea de que la gesta deportiva no debe interesar y no debe festejarse cuando se da. De nuevo, el problema no tiene que ver con el evento en cuestión. Más bien, lo que se debe señalar es que esa manera de proceder, en estricto sentido aficionada, por su carácter simbólico, sustituye por entero la acción real, la intervención directa del individuo en las condiciones de su realidad. Y es que, aunque los hinchas del soccer se han esmerado en hacer notar a sus detractores que el mundial es sólo por un mes cada cuatro años, lo que pasan por alto es que en el terreno doméstico, el de las ligas locales, nacionales y regionales, que cubren prácticamente todo el calendario gregoriano, la misma dinámica se repite, aunque sea en una escala menor.
Es esa sistematicidad en el uso político del soccer la que representa un problema para el desarrollo de la vida política nacional, no el mundial y sus partidos. Que exista una visible y mayor unidad nacional en términos deportivos que en términos de justicia social, de propuestas políticas y proyectos económicos —o sin ir tan lejos, frente a la violencia que azota al país— no es un dato menor, y todo lo contrario, es representativo de la manera en que el núcleo duro de la identidad y del compromiso cultural de los ciudadanos se canaliza a eventos que son más accesibles, en los que la derrota y la decepción son más digeribles, y en donde la sensación de estar haciendo historia, de estar marcando un cambio en el rumbo de una sociedad son más inmediatos y menos costosos y peligrosos que, por ejemplo, unirse comunitariamente frente a un cartel del crimen organizado, o frente al cacique local que trabaja a sueldo de algún partido. Las disputas y las victorias simbólicas sustituyen a las disputas y las victorias reales.
Por ello la problemática a atajar no es si el soccer se inscribe en el marco de la cultura de una sociedad, es claro que lo hace, a pesar de que la mercantilización en la que se encuentra no hace que ese contenido cultural se traduzca en socialización (por las razones ya expuestas). El problema a atajar, más bien, tiene que ver con mostrar qué tipo de sociedades son éstas en las que el conflicto, el disenso y la resistencia a proyectos políticos se diluyen en eventos que ya ni siquiera sirven como espacios de ocio fuera de la dinámica del capital, porque son grandes carteles deportivos los que controlan su lógica de operación y esparcimiento. Y es que en las sociedades industriales como México, deportes como el soccer son actividades complementarias que potencian una cultura de la competitividad individual (por mucho que se jueguen en equipo) y de activación física (en términos biopolíticos), lo cual da cuenta de cómo hasta esa actividad supuestamente neutral también se encuentra dominada por la lógica voraz de la competencia laboral que mantiene activo al neoliberalismo en curso.
Pero más aún, en esas mismas sociedades, la supervivencia y el éxito del régimen político y los intereses comerciales que lo determinan dependen de la eficacia y la efectividad con la que determinadas actividades por fuera de la vida laboral produzcan satisfacción personal a los individuos que componen a esa sociedad, y todavía más, que dichas actividades sirvan de coraza —ni demasiado rígida ni demasiado laxa— para favorecer un determinado (y no cualquiera) autocontrol individual. Es este el aspecto que ya a mediados del siglo XX, en su análisis sobre El Proceso de la Civilización, Norbert Elías hacía notar, en lo relativo a lo fundamental que es para un régimen político determinado contener las fuerzas conflictivas en su interior, por medio de actividades en las que el individuo se siente autónomo, ajeno a cualquier estructura y ejercicio de poder.
Por eso entre los aspectos que menos importan en el debate actual en México es si eventos como el mundial de soccer son utilizados a manera de cortina de humo para aprobar Reformas Estructurales o decretos que concesionan las cuencas acuíferas del país por cincuenta años, para uso industrial. Porque la realidad de tal situación es que con o sin la gesta deportiva los grupos sociales que se movilizan contra tales medidas no son los que ya de entrada prefieren invertir sus esfuerzos en su fanatismo deportivo, sino que son los sectores cuya politización es tal que ya la crítica al uso político del deporte se vuelve inevitable.
No es ya la fórmula romana de pan y circo al pueblo lo que debe preocupar. Los dispositivos ideológicos y de poder de la sociedad contemporánea son mucho más sutiles, potentes y avasalladores que el circo romano. Tanto, que incluso hoy esos dispositivos son experimentados como espacios de libertad, de autonomía y de disfrute por parte de quienes los viven. El deporte y el ocio son, sin duda, actividades cada vez más necesarias dentro de sociedades que se han empeñado en restringir el tiempo libre del individuo a mínimos histórico, sometiendo a cada persona a agotadoras jornadas laborales después de las cuales queda poco margen de maniobra para involucrarse en la actividad y la intervención política directa sobre los asuntos colectivos. El problema no es ese, no es el deporte: es el uso que las estructuras de poder vigentes la confieren y la sustitución de las actividades de socialización por las actividades mercantiles.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
8/7/18
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El agotamiento de la izquierda mexicana

Tan decadente es la situación de la izquierda que se ha movilizado en el presente proceso electoral, alrededor de la coalición Juntos Haremos Historia, que el conglomerado de intereses gravitando en torno suyo no únicamente sigue calificando de izquierda (o por lo menos de antiderecha) a ese reformismo sobre el cual se encuentra montada; mismo que, para asegurar su vigencia y su viabilidad electoral por tercera ocasión, tuvo que negociar con los núcleos más duros (sin llegar a ser sectarios) de la derecha conservadora a la que en las dos rondas comiciales anteriores se opuso con grandilocuente firmeza. Sino que, además, se conforma con aceptar que si bien una victoria suya no es el cambio profundo que necesita México, por lo menos sí es el primer paso en esa dirección.
Para este movimiento que se asume a sí mismo representante de la izquierda histórica en México —al menos en alguna de sus partes—, todo se está jugando, desde ya, en las votaciones de este primero de julio, y en ese sentido, su propia derrota ya está declarada, pues además de hablar el mismo lenguaje de esa derecha progresista, de cuño poserrevolucionario, que el priísmo del siglo XX supo llevar hasta sus más altos grados de refinamiento en términos clientelares y corporativistas; apela a sus mismas prácticas y los mismos saltos de fe que aquella exigía para mantener viva, en el imaginario colectivo nacional, la imagen de ser un proyecto de izquierda, progresista, friendly con el vulgo, el indio y el populacho.
La debilidad de la izquierda de hoy (la electoral, por supuesto) está en que además de negarse a reconocer la naturaleza, el carácter, de su propio reformismo, se empeña en definir sus supuestos rasgos de izquierda a partir de su contraste con las experiencias más atroces del neoliberalismo mexicano: apuntando los extremos a los que llega el abuso de poder político, evidenciando las brechas materiales entre los sectores más pauperizados y aquellos que más acumulan capital, subrayando la necesidad de reducir las desigualdades y los excesos de la política y el capitalismo en México. Sin embargo, apela a tal proceder ocultando que es a partir de su contraste con las reivindicaciones de la propia izquierda (la que hoy no se encuentra en campaña electoral) en donde debe fundar la articulación de su apuesta programática para el siguiente sexenio.
Es revelador del conservadurismo vigente en aquella apuesta de izquierda que ni en los mítines de las precamapañas, las intercapañas, las campañas y el cierre de las mismas se hicieron presentes las exigencias, las reivindicaciones históricas de los sectores indígenas (que incluso llegaron a desafiar a la izquierda electoral con una campaña propia, articulada a partir del Concejo Indígena de Gobierno), de los gremios no cooptados por el corporativismo oficial o de las minorías raciales, sexuales, estudiantiles, obreras, etcétera.
Las consignas típicas de las marchas y manifestaciones realizadas por la población, en contra de la represión gubernamental, de la violencia de Estado y del empobrecimiento de libre mercado, brillaron por su ausencia en todo el tiempo que duró el proceso; muchas veces sustituidas por consignas más vagas y menos simbólicas, como aquellas en favor del combate a la corrupción, las que buscan reconocer que sólo el pueblo es capaz de salvarse a sí mismo, o las que son tributarias de la confrontación directa con los intereses representados por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, y su grupo político anquilosado en el andamiaje estatal.
Los vítores reclamando que el pueblo, unido, jamás será vencido; los que preguntan por qué nos asesinan, si somos la esperanza de américa latina, o los que anuncian que de Norte a Sur y de Este a Oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste; entre otros, no contaminaron a la campaña de la coalición; y quienes históricamente los han coreado cada que hace falta sacudir las conciencias de los mexicanos (frente a un Pacto por México y su agenda de privatizaciones, o ante la desaparición de estudiantes) ni siquiera hicieron acto de presencia ante esa opción política, que si bien a lo largo del proceso comicial siempre les extendió la mano y en ocasiones, incluso, los llegó a reconocer en algún acto proselitista, en alguna entrevista o en algún discurso, nunca se articuló alrededor suyo y de sus demandas —sabiéndolas algo más que simples consignas.
Por ello, la cuestión de fondo con la descomposición de la izquierda mexicana no pasa sólo por el hecho de que ésta, hoy, hace anacrónico al priísmo del siglo XX —y a toda la lógica socialdemócrata bajo la cual operó durante sus primeros tres cuartos de siglo de vida institucional—, sustituyéndolo con una apuesta reformista en apariencia mucho más ambiciosa; sino que, antes bien, atraviesa, de igual manera, a las bases sociales que hoy le sirven de sustento popular (y electoral, claro).
Y es que si bien es cierto que, por un lado, la estrategia de no articular a la campaña de la coalición, de manera orgánica, a los sectores populares, comunitarios y campesinos que en las dos elecciones federales anteriores (2006-2012) constituyeron la movilización más firme de López Obrador y su plataforma; y por el otro, el cada vez mayor desplazamiento hacia el centro (llegando en algunos puntos a rozar los bordes de la derecha moderada) de la propuesta de gobierno de Juntos Haremos Historia, así como su insistencia en pactar el escenario de una transición con los intereses partidistas y empresariales que antaño tanto vilipendió; responden más a la preocupación de asegurar el desempeño electoral de la coalición; es igual de cierto que el hecho de que esa apuesta haya sido la más atractiva para grandes masas del electorado dice mucho del reformismo que le es propio a esas partes de la ciudadanía.
Por eso la primera derrota, de facto, declarada, de la izquierda electoral hoy vigente no tiene que ver con los comicios del primero de julio: de entrada, porque la victoria en los mismos no asegura nada respecto de la operatividad que se llegue a conseguir (o no) durante el sexenio —la consecuencia de aglutinar a tantos intereses tan divergentes en una misma plataforma es que, al hacerse gobierno, la coalición debe ser capaz, primero, de cumplir con las concertacesiones pactadas a cambio del apoyo electoral; y enseguida, de saciar a la mayor cantidad de los mismos sin llegar a dinamitar el conglomerado en cuestión. La primera derrota de esa izquierda es, por lo contrario, que las bases a las que dice y asume representar, en tanto izquierda, se encuentran más a la izquierda de la derecha que a la derecha de la izquierda.
Tal situación, por supuesto, no es nueva en América y, de hecho, al Sur del continente demostró ser capaz de ganarle terreno a intereses —militares y empresariales— tan poderosos como los estadounidenses. Los gobiernos de Inacio da Silva, en Brasil; de Cristina Fernández, en Argentina; de Rafael Correa, en Ecuador; y en menor medida, los de Hugo Chávez, en Venezuela; y de Evo Morales, en Bolivia; son el más claro ejemplo de la manera en que funciona la socialdemocracia en la región.
Sin embargo, justo porque en México ya se cuenta con esos casos como referentes históricos obligados es que no se debe olvidar que aunque en cada uno de esos países, guardando las respectivas proporciones, el reformismo negociado que se ejerció disminuyó sustancialmente las brechas entre los estratos poblacionales más desposeídos y los que concentran mayor capital (el coeficiente de Gini se colocó, entre 2006 y 2012, en 0,469 puntos para diecisiete países de la región), mejorías relativas como esa, impulsadas por avances en los ingresos laborales de los sectores poblacionales con menores ingresos, en gran medida se sustentaron y financiaron a partir de políticas de continuidad con el neoliberalismo, como es el caso del extractivismo —minero y petrolero, principalmente.
De ahí que la distribución de la riqueza en dichas sociedades se mantuviese de manera aún más desigual que la considerada sólo con base en los ingresos de las personas. Y en este sentido, también, es que no debe pasarse por alto que así como ocurrió en el grueso de los países de la región que experimentaron gobiernos reformistas, en México, la naturaleza de su apuesta socialdemócrata también pende de las clases medias que, habiendo sido vilipendiadas por el neoliberalismo más atroz durante los últimos tres sexenios, no dejan de representar a un amplio espectro de la derecha que busca, por su adhesión eventual a la izquierda, mantener o recobrar algunas de sus prerrogativas.
Y es que, al final del día, fueron esas mismas clases medias, las que encumbraron gobiernos progresistas, las mismas que al no poder ampliar sus márgenes de acción y de beneficios salieron a las calles, al final del ciclo, a respaldar, convalidar, promover y/o legitimar acciones para la liberalización de precios, políticas macroeconómicas responsables y juicios políticos por presunta corrupción. Así pues, el conservadurismo que vive la izquierda no es ya sólo una cuestión, como en algún momento lo fue en la historia dominada por el priísmo, de carencia de alternativas de izquierda o de un marcado conservadurismo de derecha por parte de las escasas apuestas de izquierda, sino que, además, ahora también es en gran medida un problema que carcome a las propias aspiraciones y reivindicaciones de los sectores sociales que, se supone, tendrían que representar a alguna porción del espectro de izquierdas.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
1/7/18
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