Todo vestigio de cultura es un vestigio de barbarie


Este quince de abril, por motivos que aun no son completamente esclarecidos por parte de las autoridades francesas, la Catedral de Notre Dame fue consumida en una gran proporción (por lo menos hasta el momento de redactar estas líneas) por un incendio. El evento, por sí mismo, es lamentable, pues, como bien tiene a indicarlo ya el sentido común imperante, toda pérdida material de la cultura humana, con total independencia de la apropiación nacional que de esa cultura se trate, es, al mismo tiempo, una pérdida irreparable del archivo histórico y de la memoria colectiva de nuestra especie en su tránsito por este planeta y por esta vida.
En las sociedades americanas, en general; y en la mexicana, en particular; por ejemplo, los espacios informativos e iconográficos estuvieron saturados durante la mayor parte del día y de la noche por las imágenes de la Catedral ardiendo en llamas; y gran parte de la discusión en torno de la tragedia que el evento en sí mismo constituía, además, estuvo de igual manera dominada por las implicaciones que la ausencia de la Catedral tendrían para las generaciones de hombres y mujeres venideras, respecto de las posibilidades de establecer un anclaje cultural con un símbolo que, sin duda, es un referente insustituible para la construcción de una identidad nacional (piénsese, por ejemplo, en el espacio que ocupa el edificio en cuestión en la filmografía, la tradición pictórica y los relatos literarios franceses).
El hecho, no obstante, así como cualquier otra pérdida similar a lo largo y ancho de la geografía mundial, cobra otras dimensiones cuando en él es posible observar las contradicciones coloniales que constituyen la estructuración de un pasado colectivo común. Y es que, puesto en perspectiva con otras pérdidas de similar o mayor magnitud cuantitativa, el incendio total o parcial de la Catedral da cuenta de que siempre que se trata de Occidente, el vacío ante el cual parece postrarse la humanidad, invariablemente, tiende a sentirse con mayor profundidad y desahucio que si se tratase de cualquier vestigio arqueológico o monumento histórico de otras sociedades, otras civilizaciones y otras culturas.
En el mundo existen al redor de mil cincuenta y dos sitios declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio de la humanidad. De ese número, Italia concentra cincuenta y dos espacios; España, cuarenta y siete; Alemania, cuarenta y cuatro; Francia, cuarenta y tres y Reino Unido, treinta y uno. Es decir, las cinco principales potencias económicas de Europa concentran, ellas solas, doscientos diecisiete espacios declarados. En términos absolutos, cinco Estados concentran poco más del veinte porciento de todo el patrimonio de nuestra especie. Sólo China, con cincuenta y uno; India, con treinta y siete; y México, con treinta y cinco, son Estados no europeos con una concentración casi o un poco más amplia que cualquiera de sus pares europeos.
Este dato quizá podría resultar irrelevante teniendo en cuenta que son más de un millar los espacios que constituyen la memoria histórica-cultural de la sociedad humana. Sin embargo, dos son los problemas que es posible extraer de la numerología. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que son sólo las cinco principales potencias colonialistas las que detentan la propiedad privada (en términos de propiedad nacional, efectiva, por más que se argumente que son de toda la especie) del mayor número de monumentos, archivos, objetos, etc., que se presuponen representativos del clímax alcanzado por el desarrollo civilizatorio. Y el segundo, con el hecho de que son las sociedades en las que la colonización no terminó por devastar todo a su paso, durante los cinco siglos que ésta duró, las que aún pueden presumir, en el presente, algún vestigio del pasado.
Lo primero supone un problema porque es una continuación del discurso con pretensiones universales del eurocentrismo, que constantemente pelea porque se reconozca en Europa, en particular; y en Occidente, en general; la marca representativa de lo que toda la humanidad es en sí misma, a pesar de su diversidad —hoy reducida como nunca debido al intransigente empuje con el que el capitalismo moderno la lleva a su homogenización civilizatoria y cultural. Lo segundo, por otra parte, constituye un problema de igual magnitud porque lo que termina invisibilizándose en su reconocimiento por cuanto patrimonio declarado por la UNESCO es que ahí, en esos vestigios, lo que realmente se expresa es la contracara de la cultura universalista de occidente: el saqueo, la destrucción, la colonización (en el más amplio significado del término), emprendidos por Occidente con argumentos que van desde la cristianización hasta la modernización de toda forma de vida que no sea, en los hechos, replica de sus valores y de sus instituciones.
En este sentido —hay que insistir en el reconocimiento de la tragedia que esto implica—, mientras que de un lado de la ecuación se reconoce la especificidad occidental como una expresión cultural de validez universal, en el otro, se invisibiliza que esa supuesta superioridad civilizacional de Occidente tuvo su condición de posibilidad en la destrucción, total o parcial, de otras muchas formas de realizar la vida en colectividad. En otras palabras, para expresarlo en la formulación ya clásica que Walter Benjamin realizara a mediados del siglo XX, en medio de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, «no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como éste no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros».
Y es que basta, por ejemplo, con observar cualquiera de las salas de los principales museos de arqueología y etnografía europeos para constatar que es ahí en donde el Occidente colonial muestra al mundo la grandeza de su actividad destructiva de otras culturas, presumiéndola al mundo en aparejos y vitrinas a las que se acercan los extranjeros de las sociedades que con anterioridad fueron sus colonias para admirarse de la magnitud del saqueo y la devastación. En el Weltmuseum Wien (Museo de Etnología de Viena), sin ir más lejos, se conserva y expone a un aproximado de doscientos mil objetos pertenecientes a culturas no europeas, entre los que se encuentra el emblemático Penacho de Moctezuma, suplido en el Museo Nacional de Antropología, de México, por una réplica. Y así como éste, los ejemplos sobran.
Pero la realidad de la tragedia es que no es sólo ese pasado apropiado por Occidente como artefacto de museo (como artefacto de su cultura que oculta la barbarie cometida en contra de las poblaciones a las que despojó de sus reliquias museográficas) lo que se juega, aun, en el presente. Ahora mismo, en el mundo se desarrollan guerras sanguinarias en las cuales participan de manera activa las potencias europeas, ya sea financiando guerrillas (como grupos terroristas locales), desplegando a sus ejércitos, traficando armas para amigos y enemigos, vetando resoluciones de pacificación en la Organización de Naciones Unidas o justificando, sin más, los conflictos armados en curso en nombre de sus propios valores que reafirma como supremos derechos universales del hombre y el ciudadano (o, en sentido más moderno y políticamente correcto, derechos del hombre).
Palmira, la ciudad vieja de Alepo, Damasco, Homs, en Siria; Tombuctú, en Mali; el Valle de Bamiyan, al norte de la ciudad de Kabul, en Afganistán; Hatra, en Irak; o la Ciudad vieja de Saná, en Yemen (todas ellas ciudades en las que se preservaba la memoria de las primeras civilizaciones en la tierra; muchas de ellas, incluso, ciudades bíblicas); son ejemplos muy próximos al presente que dan cuenta de la destrucción que causan los intereses geopolíticos de Occidente (incluyendo a Estados Unidos) y que hoy, además, arrojan luces sobre la poca importancia que cobra, tanto para los Estados occidentales como para un gran número de personas al rededor del mundo, la devastación de sitios que no únicamente formaban parte del acervo de la UNESCO de sitios declarados patrimonio de la humanidad, sino que, además, eran lugares, objetos y símbolos en los que se concentraba la memoria de un sinfín de colectividades, de sociedades, de culturas y civilizaciones; sobrevivientes al saqueo y a la demolición de la expansión colonial entre los siglos XV y XX.
Por eso, quizá, no habría que minimizar la tragedia que se muestra en el hecho de que la humanidad (o por lo menos las poblaciones dentro del espacio geocultural occidental) se sienta tan mortificada por la pérdida de la Catedral de Notre Dame, cuando en los hechos una infinidad de veces ha pasado por alto, —ya sea por decisión consciente o por simple ignorancia—, la aniquilación de la historia de la humanidad en otras latitudes. Y es que, hay que insistir, la tristeza por el edificio francés en cuestión nadie la niega. El problema viene cuando el eurocentrismo y la hipocresía humanitaria se apropian sin más del discurso en torno de la necesidad de preservar las huellas de nuestra historia.

*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/04/15/todo-vestigio-de-cultura-es-un-vestigio-de-barbarie/ 

Perdones históricos


Las disculpas históricas no cambian en nada el hecho de la explotación presente. Si todo se reduce al valor simbólico de un gesto que se realiza en medio de una infinidad de guerras, intervenciones, golpes de Estado, saqueos, éxodos, limpiezas raciales, supremacismos culturales, etc., cometidos por las mismas sociedades que en siglos anteriores colonizaron al mundo, al final, se corre el riesgo de conformarse con la vanidosa pretensión de superioridad moral de los Condenados de la Tierra por haber obligado a sus saqueadores a reconocer el saqueo.
Esta semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a la arena pública a pedir (quizá exigir) una disculpa a España por los abusos y las matanzas cometidas por el imperio durante los tiempos de la colonización. Las respuestas, de aquí y de allá, se generalizaron en dos grandes polos discursivos. Por un lado, en el imaginario colectivo nacional, los posicionamientos articulados a partir de la tensión entre aquellos que soportaron la exigencia del presidente frente a aquellos que aceptaron la tarea de ofrecerle una disculpa a la corona española por las estúpidas e ignorantes exigencias realizadas por López Obrador por un suceso que hoy, en mayor o en menor medida, en diferentes estratos sociales, ya se vive como un hecho que ya no tiene actualidad, y que por lo tanto ya debería ser superado.
Por el otro lado, las reacciones que se suscitaron en la parte española, imbuidas de una efervescencia nacionalista en las que aquel rasgo que más destacó sin duda fue la negación absoluta a realizar un acto de humillación frente a sociedades que, de acuerdo con la propia mitología imperial, son lo que son en el momento presente gracias a que en el proceso colonial se les transmitieron los principios y los valores de la modernidad y de la civilización. La colonización, en resumidas cuentas, sigue siendo para España (y por extensión para el resto de Occidente) el triunfo histórico de la civilización frente a la barbarie; a pesar y al margen de la devastación y las carnicerías que se cometieran en el camino para llegar a constituir las sociedades actuales.
Más allá del hecho mismo que se inscribe en la petición de López Obrador y de la respuesta por parte de la corona española (en la personificación que se desee), las reacciones que se han ido construyendo en las últimas veinticuatro horas, en términos del debate público y de la construcción de imaginarios colectivos compartidos entre los miembros de cada sociedad, son quizás el fenómeno más interesante de la coyunta, no por otra cosa sino por el sólo hecho de que es ahí —y no en el campo de las instituciones del Estado y el andamiaje gubernamental del mismo— en donde se están jugando relaciones y ejercicios de poder y de violencia entre las sociedades centrales y las periféricas.
Y es que, en efecto, si bien es cierto que el contar con un presidente, en América, que se atreva a echar en cara de manera directa, a Europa, los crímenes y el genocidio cometidos durante la colonización es ya, por sí mismo, un elemento simbólico de gran potencia (y más aún cuando el recipiendario es heredero directo del linaje real de los borbones), algo que han demostrado las disculpas y los perdones ofrecidos por diversos gobiernos en los últimos años (los de Alemania frente a los judíos y los de Barack Obama ante los japoneses, por ejemplo; o, en otra clave, el gesto de Bélgica en la remoción de la estatua de Leopoldo II de Kinshasa), es que estos no únicamente es posible ofrecerlos, en el presente, mientras esas mismas sociedades están cometiendo genocidios, gestando golpes de Estado, saqueando recursos y desarrollando guerras en las periferias (sus excolonias que permanecen colonizadas por ellas), sino que, además, resultan no trascender del puro acto simbólico que, al final, se queda en acto protocolario entre gobiernos muchas veces incapaces de trascender hacia las masas.
Esta banalización del perdón y de la disculpa, inserta en la construcción de proyectos políticos de legitimación autorreferenciada de una construcción particular de la memoria, es, en este sentido, un problema por sí mismo: porque desde la mirada de los oprimidos y los Condenados de la Tierra, una interpelación de este tipo siempre apunta al desmoronamiento de la solemnidad, de la autoridad y del poder que ejercen las estructuras estatales. Pedir perdón por parte de un gobierno que representa a un Estado es, siempre, una exigencia popular que busca colectivizar el reconocimiento de la manera en que ese poder —que siempre intenta legitimarse como un poder colectivo, justo, orientado a la protección y el bienestar de su sociedad— también implica la puesta en marcha de diversos mecanismos de opresión, de saqueo, de exclusión, de desapariciones y asesinatos, etcétera. Banalizarlo, por tanto, pone en cuestión esa fortaleza del acto (que, además, tendría que ser ofrecido y no exigido, pues la exigencia mantiene al ultrajado en su posición colonial).
En el terreno popular, pues, es en donde se juegan, en mayor medida, el poder y la violencia del mundo. Y por eso —no es una necedad insistir—, la verdadera trascendencia de la petición de López Obrador y de la respuesta de Felipe VI se halla en las reacciones de los individuos, porque es ahí, en los imaginarios colectivos construidos a ras de piso, en donde se están reproduciendo y viralizando, reafirmando, los sentidos comunes coloniales que justifican, entre otras cosas, relaciones de clase y raciales que se han sucedido en el mundo legitimando genocidios y fundamentalismos supremacistas de todo tipo.
Por eso, también, en gran medida la importancia del suceso se encuentra (o por lo menos en el terreno del deber ser así tendría que darse) en la potencialidad que el reclamo histórico tiene para propiciar, aquí, en América, en la cotidianidad de las personas, el propio cuestionamiento en torno de qué tanto, aún, no representamos y nos sentimos herederos, productos y determinaciones de esa herida colonial que se abrió hace quinientos años. El perdón o la disculpa puede o no darse por parte de España (o de cualquiera, en realidad), pero más allá de eso, el imperativo que nos convoca, en cuanto americanos, en general; y en cuanto mexicanos y mexicanas, en particular; tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia identidad; y que por supuesto no es fácil, pues quinientos años de aniquilamiento de la memoria histórica de nuestra nación, en manos del capitalismo, no son fáciles de salvar. Hay ahí una distancia y una diferencia histórica respecto de quiénes somos (cómo nos pensamos en el presente) y quiénes creemos que fuimos (cómo nos pensamos en el pasado). Es ahí en donde la disculpa no debe quedarse en el plano de lo estrictamente simbólico, pues estos son tiempos en los que la capacidad de la sociedad mexicana para reconocerse como producto de una colonización (más que de un puro y aséptico mestizaje) raya en la nulidad.
Punto y aparte, pero no por ello problema segregado, es el de saber cómo utilizar este perdón histórico como un pretexto para pensar, asimismo, la relación que todos aquellos y todas aquellas que se sienten los auténticos portadores de la civilización en medio de la barbarie indígena de América, sostienen con las poblaciones originarias del continente: esas que desde hace quinientos años no han dejado de gritar ni perdón ni olvido, tanto para el extranjero que trajo su civilización como para aquellos que, a pesar de ser americanos, llevaron a cabo empresas de exterminio, físico y cultural, aún más atroces que las de aquél. ¿Está, López Obrador, pidiendo perdón por todos? ¿Es ese perdón representativo de cada población que ha exigido su propio perdón? ¿Y después del perdón qué sigue? ¿Cuál será el reclamo de América frente aquellos que siguen colonizando al mundo con sus guerras, con sus ideas, con sus ciencias, con sus organismos multilaterales, con sus empresas, con sus perdones?

*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/27/perdones-historicos/
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El flagelo del mundo: el supremacismo cultural de Occidente


El pasado viernes quince de marzo, un lobo solitario (como suele llamar el sentido común estadounidense a este tipo de individuos) perpetró un asesinato en masa que dejó como saldo más de noventa y siete muertes y varias decenas de heridos en una mezquita localizada en Christchurch, Nueva Zelanda. Como ya es costumbre siempre que eventos de esta naturaleza ocurren dentro de las sociedades que conforman el espacio cultural de Occidente —con independencia del lugar geográfico en el que esas poblaciones se ubiquen—, el sentimiento de horror no se hizo esperar y de inmediato se puso en operación esa enorme maquinaria mediática que aprovecha estas coyunturas para conmover al mundo entero y arrastrarlo, por la fuerza de la empatía inducida respecto de las víctimas del atentado en cuestión, hacia el imperativo de convertirse a la fiel confesión de los valores occidentales.
Casos como los de Virginia Tech, Virginia (2007); Newton, Connecticut (2012); San Bernardino, California (2015); Orlando, Florida (2016); Las Vegas, Nevada (2017); y, en otras latitudes, Charlie Hebdo, Paris, (2015); o Borough Market, Londres (2017); dan cuenta de ese movimiento en el que Occidente se afirma a sí mismo en una posición de victimización frente a una infinidad de amenazas militares, mediáticas, informáticas, económicas, políticas, culturales, etc., a las cuales, por supuesto, se plantea el objetivo claro de detener mediante su exterminio, antes de que continúen atacando los pilares fundamentales de su civilización. La civilización occidental, frente a la amenaza de la barbarie global, es la fórmula que resume las cruzadas de Occidente alrededor del mundo y su respuesta ante cualquier diferencia social que le represente un abierto o velado cuestionamiento.
El mundo, sin embargo, no se reduce a Occidente y al tipo de civilización que desde ahí se busca, de manera permanente e ininterrumpida, exportar al resto del orbe. Y la realidad de esta vida es que todo el tiempo, en una infinidad de espacios-tiempos de la vida social en el mundo, se están cometiendo actos tan atroces como los representados por los ejemplos clásicos que hoy ofrecen los mass media anglosajones para ejemplificar qué es y de qué va eso del terrorismo, pese a que pasen inadvertidos, ya sea por una deliberada invisibilización por parte de los intereses políticos y los capitales que controlan las líneas de comunicación entre sociedades o por un acto de absoluta interiorización y naturalización, en Occidente, de la violencia que colma a los espacios periféricos del mundo: América, Asia Oriente Próximo y África.
Ejemplos de ello sobran. Decenas de dictaduras militares —soportadas por el apoyo político, los flujos financieros y el comercio de armas occidental— conviven en Estados de esos espacios periféricos sin que las sociedades centrales se escandalicen por los intereses que defienden sus gobiernos en esos países en los que la muerte es el pan de cada día de millones de personas. Miles de comunidades, urbanas y/o rurales, padecen las actividades mercenarias de las grandes corporaciones transnacionales en su disputa por apropiarse de recursos naturales, mano de obra barata, espacios de circulación y acumulación de capital, etcétera. Cientos de guerras y conflictos armados se suceden cada día, en diferentes puntos de la geografía global, tanto para mantener el estatus y el modus vivendi de los grandes centros urbanos de Occidente cuanto para exterminar poblaciones que resultan prescindibles para las dinámicas económicas del capitalismo moderno. Y sin embargo, el drama que se construye como narrativa universal del horror frente al acto terrorista no está presente ahí: porque ahí, en esas dinámicas, lo que Occidente enuncia es ese rancio discurso en defensaprotección y promoción de la libertad, la paz, la estabilidad, el orden, los derechos humanos y la felicidad.
Regresando a los eventos ocurridos en Nueva Zelanda, basta con observar que, en el mismo momento en que el atentado en contra de la población musulmana presente en la mezquita se estaba cometiendo, el Estado de Israel estaba perpetrando un ataque aéreo más sobre poblaciones civiles palestinas, en más de cien puntos de contacto. La prensa internacional, sin embargo, no registró el atentado con la misma cuantía, la misma profundidad y extensión con la que lo hizo para el caso de Nueva Zelanda; y cuando lo hizo, el sesgo ideológico empleado fue el de costumbre: Israel sólo terminó defendiéndose, con su sofisticado armamento militar, de las agresiones cometidas por algunos sectores de la población a la que mantiene bajo un estado permanente de concentración.
¿Qué dice todo esto de Occidente y de su proyecto de civilización exportado como colonialismo y neocolonialismo a las periferias? A estas alturas, no es un secreto que, desde la década de los años setenta del siglo pasado, el discurso de guerra occidental en contra del terrorismo ha buscado, insaciablemente, justificar el exterminio de las especificidades culturales de las sociedades musulmanas por la vía de una pretendida rigurosidad, sistematicidad y veracidad en la manera en que es comprendido el terrorismo en el mundo.
En 1996, Samuel P. Huntington, Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca hasta 1978, y desde entonces uno de los principales y más influyentes ideólogos y promotores del estilo militarista de democracia estadounidense alrededor del mundo, buscó dar un sustento cientificista más robusto a ese discurso de guerra en contra del terrorismo internacional y, por medio de la fórmula: The clash of civilizations and the remaking of world order, terminó por consolidar ese sentido común que hoy satura a los imaginarios colectivos nacionales cuando se trata de pensar qué es el terrorismo, cómo funciona, cuáles son sus fundamentos, y cómo es posible combatirlo. Y es que, Huntington, en efecto, al sintetizar la idea que Occidente tiene sobre Oriente en la fórmula del choque de civilizaciones, universalizó, en términos sumamente comprensibles para cualquier persona —con independencia de sus niveles de escolarización y politización—, la idea de que el Oriente (esencialmente musulmán) es un peligro, por sí mismo, para los valores occidentales por causa de las diferencias culturales tan profundas que en él se encuentran; en particular, en lo que respecta a «la democracia, los derechos humanos, la libertad, la soberanía de la ley y la separación entre la Iglesia y el Estado».
Desde entonces, hasta ahora —y ocultando siempre que son sus finanzas y sus armas, además del entrenamiento y el adoctrinamiento a su cargo, los elementos con los que Occidente contribuye a formar guerrillas, milicias y ejércitos enteros de musulmanes para balcanizar a oriente y a sus sociedades desde sus entrañas mismas—, ese discurso se ha ido refinando cada vez más, de manera que cada día es mucho más sencillo categorizar a un evento determinado como una expresión terrorista fundamentada en el radical hermetismo y en el sistemático rechazo de Oriente y el Islam hacia Occidente —pese a que, en los hechos, tanto uno como el otro; es decir, Oriente y el Islam, han demostrado ser de las configuraciones geoculturales más abiertas a la diversidad a lo largo y ancho del orbe.
Y lo cierto es que la trayectoria de este fundamentalismo occidental, supremacista en todos los aspectos, no es para sorprenderse. Al finalizar la Guerra Fría, y luego de la sentencia del Fin de la Historia, de Fukuyama, Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; no aceptó la idea de ejercer su hegemonía en un mundo en el que no existía ya enemigo alguno, lo suficientemente totalizador y abstracto, que le funcionara a su discurso como una Otredad a la que hay que combatir y exterminar en todas partes. El narcotráfico, en América; y el terrorismo internacional, en el resto del mundo; son esos dos nuevos enemigos inventados por Occidente para mantener sus dinámicas de balcanización del mundo de conformidad con los azarosos dictados de sus necesidades de acumulación de capital.
Por eso, en el caso del atentado en contra de la mezquita de Christchurch, lo primero que hay que observar es la manera en la que el conservadurismo occidental, a través de sus voceros, no ha dejado de insistir en que hay que securitizar a la totalidad de la vida en colectivo, por un lado; y, por el otro, de incrementar la presencia del Estado. Y es que, sin importar las divisiones ideológicas, en la intelección que hace Occidente del terrorismo, desde la derecha hasta la izquierda, el consenso dominante en el diagnóstico es que éste es un fenómeno inherentemente externo a las características de la sociedad occidental a la se pertenezca.
En México, por ejemplo, no han faltado los conservadurismos que ven en la actual situación migratoria del país, en la diversidad de religiones profesadas, y en los conflictos que están surgiendo a raíz de las reformas estructurales que está llevando a cabo el gobierno de López Obrador, la principal amenaza a la seguridad nacional del Estado, en el entendido de que cada uno de esos fenómenos lleva en sí el germen de una posible catástrofe terrorista para el país. La consecuencia lógica inmediata en esta manera de proceder, para combatir al fenómeno en cuanto tal es, por consecuencia, que hay que procurar realizar una suerte de purificación de la sociedad, acompañada de una mayor presencia de las instituciones del Estado (con especial énfasis de las fuerzas armadas) y de una estrategia de combate que sea capaz de eliminar a la amenaza en cuanto se presente.
El problema con esta visión, además de la evidente incomprensión que se tiene y se reproduce del Islam y del carácter cultural de otras poblaciones, es que no se termina de entender que no es ningún vació de poder ni un abandono o ausencia del Estado lo que facilita el surgimiento del terrorismo dentro de una sociedad. Por lo contrario, si algo ha mostrado la historia de este fenómeno, con casos paradigmáticos como los de Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski —Secretario de Estado de Nixon y Ford, y Consejero de Seguridad Nacional de Carter, respectivamente—; en la formación grupos paramilitares, ejércitos y milicias en Oriente Medio, en África, en Asia y América para balcanizar a sociedades completas, es que el terrorismo, para operar, requiere de la presencia del Estado y del gran capital: ambos son su condición de posibilidad, y no la solución que los elimina.
Christchurch, de nueva cuenta, es un caso paradigmático (al igual que el resto de los casos citados, y todos aquellos que por extensión de esta reflexión no alcanzaron a integrarse), para poner en cuestión ese supremacismo cultural de Occidente que, de tanto en tanto, se manifiesta en expresiones radicalizadas de sí mismo, como el supremacismo racial, el étnico, el religioso, el clasista, etc., pero que, en definitiva, no son estos una antítesis o una negación de aquel. Habría que comenzar a pensar, en este sentido, en todos esos espacios y tiempos que, en la cotidianidad, muestran los rasgos ya de esos comportamientos que en coyunturas específicas estallan en masacres como las aquí referenciadas.
Pero no solo, pues, además, individualizar a la violencia, por la vía de la construcción psiquiátrica de los lobos solitarios que perpetran masacres en contra de su propia sociedad o de otras poblaciones, no únicamente coadyuva a invisibilizar el trato diferencial que se da cuando el acto lo comete un supremacista blanco o por un individuo negro, un musulmán, un latino, etc.; sino que, aunado a ello, exculpa a la sociedad misma, a los regímenes políticos de los que se sirve y al modelo de producción, de circulación y de acumulación de capital que los determina, de la responsabilidad que tienen en la reproducción de la violencia social, colectiva.

*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/24/el-flagelo-del-mundo-el-supremacismo-cultural-de-occidente/
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Cien días de transformación: la violencia


Esta semana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Centro Nacional de Información, dio a conocer las cifras actualizadas del número de víctimas de delitos del Fuero Común, para los meses de enero y febrero de 2019. El documento es importante por muchas razones, pero, sin duda, la principal de ellas tiene que ver con el hecho de que disminuir los niveles y la profundidad con los que la violencia ha desgarrado a la sociedad mexicana en los últimos tres sexenios no sólo es una exigencia de supervivencia del Gobierno de López Obrador —si es que éste quiere mantener los márgenes de aceptación y legitimidad política y social de los cuales goza en la actualidad—, sino que, además, es un tema de urgencia nacional para millones de mexicanos y mexicanas que experimentan su cotidianidad en el avasallamiento de esa violencia y su rastro de muerte y de ausencias que deja tras su paso.
Las cifras, por supuesto, son una abstracción que impiden, en general, reconocer el drama que se esconde, tanto para individuos como para colectividades, en fenómenos como los del feminicidio, el homicidio, las lesiones, la trata, el secuestro, etcétera. Sin embargo, son siempre un buen indicador para señalar qué tan extendido, en términos espaciales; y qué tan sistemático, en términos de la temporalidad de la ejecución del acto; es el hecho en cuestión. En este sentido, el informe que da a conocer el Gobierno de López Obrador si bien no resulta nada funcional para dar cuenta del trauma que significan estos delitos en la vida de millones de personas, sí es —por lo menos en la construcción del imaginario colectivo nacional en la materia—, un recurso importante para dar cuenta de las afrentas políticas y los ejercicios de poder que se ponen en juego en la disputa por un proyecto colectivo determinado.
La metodología, quizá no sobre señalarlo, es cuestionable si se reconoce que la cuantificación de casos sólo se basa en el número de victimas registradas en carpetas de investigación iniciadas en las distintas Agencias del Ministerio Público y en las reportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades de la federación; obviando y desconociendo la infinidad de casos que se dan y que no se registran ante las instituciones de procuración e impartición de justicia del Estado. Pero, a pesar de ello, y aún si el análisis sólo es situado en lo que concierne estrictamente a dos fenómenos tan lacerantes como lo son los del homicidio y el feminicidio, la numerología no por ello deja de ser abrumadora, aún sin esa otra cifra negra.
Ahora bien, entrando en materia, el Secretariado informa que, en enero, se registraron 2,853 casos de homicidio doloso; mientras que en febrero fueron 2,796. Feminicidios, por su parte, se registraron 79 en enero y 75 en febrero. Muertes dolosas en el primer mes del año, pues, sumaron 2,932; y en el segundo, 2,871. Poniéndolos en perspectiva y en contraste (ya señalado hasta el hartazgo por algunos de los principales analistas de seguridad pública y nacional que aplaudieron, en su momento y aún ahora, la política de guerra de Felipe Calderón en contra del narcotráfico; y su continuación con Enrique Peña Nieto), el promedio de asesinatos por día, en los últimos dos meses, se ha situado por encima de los cien (102.5); es decir, un crecimiento de alrededor del 15% respecto de los mismos meses en el último año de Peña Nieto.
Este incremento en el número de asesinatos, en ambos géneros, es, sin duda, real y significativo. Sin embargo, cuestionar las muertes por las muertes mismas, sin cuestionar las causas y los procesos que las originan —a la manera en que en la prensa y en ciertos círculos de intelectuales de alto rendimiento son tratadas simplemente como las muertes de López Obrador—, comete el error de sacar de la intelección del fenómeno variables tan importantes como, por ejemplo, el reacomodo interno de los grupos criminales con actividades en el país, la reorganización de las cadenas de valor, en las actividades delictivas, por causa de la depuración burocrática; las reconfiguraciones de los protocolos gubernamentales de actuación, el replanteamiento de ciertas instituciones públicas dedicadas a administrar los fenómenos violentos, o, aún más importante, la reconstitución de pactos políticos entre grupos criminales y de intereses políticos opuestos a la agenda y la plataforma de gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
No es menor, por supuesto, visibilizar esta multiplicidad de factores involucrados en el actual repunte de delitos violentos en el país. Colapsar todo el análisis en el argumento de que las instituciones, la política pública y los funcionarios de la 4T simplemente no están funcionando, no saber lidiar con el problema o no están haciendo su trabajo —de tal suerte que todo asesinato en el país, a partir del primer segundo del primero de diciembre de 2018, es una muerte de López Obrador, de su propio ejecutómetro, pone un énfasis argumentativo importante en términos del reconocimiento de que hay acciones que se deberían estar implementando para controlar la situación, y no se están haciendo.
El problema aquí viene, no obstante lo anterior, cuando se pierde de vista que lo que está de fondo en el contexto actual se encuentra atravesado por una disputa sin tregua por el control del aparato de Estado, por su andamiaje gubernamental y, por extensión, por el ejercicio de una cierta hegemonía entre una multiplicidad y una diversidad de intereses divergentes, cada uno enquistado en su propio coto de poder que construyó a lo largo de los regímenes anteriores. Cobrar consciencia de este hecho, evidentemente, no justifica las muertes acumuladas por la actual administración, pero sí busca poner de manifiesto, reconocer, que la operación a realizar no es una simple ecuación de mutua exclusión entre dos absolutos: presencia de violencia frente a ausencia violencia, sino que es, antes bien, una tarea de exposición clara de los rasgos concretos de cada muerte, en su singularidad.
El tiempo que se está invirtiendo en echar a andar nuevas instituciones, nuevas políticas públicas y nuevos protocolos de actuación por parte de la 4T, al mismo tiempo que se procura desmontar las redes que funcionaban en los regímenes pasados, en materia de seguridad, combate a la delincuencia, crimen organizado, pacificación, etc., es un factor importante para comprender gran parte de la situación, pero no abarca el todo. Argumentar, de igual manera, que lo que realmente está ocurriendo es que la presente administración se encuentra por un transe de laxitud respecto de la política de mano dura de las dos presidencias pasadas, en otra línea de ideas, tampoco resuelve mucho; en especial, en un momento en el que la 4T logró una militarización más profunda de la vida pública nacional sin tener que haber transitado por la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional, y más aún, sin el costo político que medidas similares tuvieron para Enrique Peña Nieto.
Ahora bien, es verdad que el haber partido del fortalecimiento y la ampliación del alcance de la política social es un acierto para combatir algunos de los rasgos más lacerantes de la estructura económica neoliberal. El problema es que no toda la violencia atraviesa por los causes de la pauperización de las comunidades; en particular, la violencia criminal del tipo que ejercen tanto el crimen organizado transnacional como los cuerpos militares del Estado o los ejércitos privados de los grandes capitales, anclados a directrices geopolíticas que van más allá del pretender solucionar el fenómeno de violencia recurriendo al reparto de ingresos, ya sea en especie o monetizados.
Desestructuraciones tan grandes como el que se dio en las redes de tráfico de combustibles robados, por ejemplo, ilustran este punto. Ahí, el problema claro que está en las causas que llevaron a diversas poblaciones a valerse del hurto de los recursos energéticos del Estado para poder sobrevivir. Pero el vínculo directo con la violencia no se resuelve sólo con ofrecer una beca estudiantil a los hijos y las hijas de esas poblaciones, en repartir becas de primer empleo a las juventudes en edad laboral o salarios rosas para las madres de familia. Y es que, aunque la base de la red se construye a partir de la necesidad de esas poblaciones, el elemento estructural se encuentra anclado en las grandes estructuras que en verdad se beneficiaron de los ingresos obtenidos —los intereses armados encargados de securitizar las cadenas de valor, por un lado; y los capitales acumulados que se formaron del huachicol, por el otro.
Por eso es importante insistir en que el contexto actual no es un factor menor en el repunte de los índices de delitos violentos (que no es lo mismo que decir que existe un repunte en los índices de violencia, toda vez que no son los mismos fenómenos, aunque mantengan una relación de codeterminación). Las cartas de buenas intenciones de López Obrador y de su plataforma de gobierno pueden ser lo más sinceras que se quiera, pero no por ello se debe obviar que hay un vinculo causal entre la magnitud de los intereses trastocados por su administración y la reacción de éstos en términos violentos. La disputa por el control del Estado y por los efectos que tengan en el país no es menor y las tensiones que se abran o se cierren, en lo sucesivo, serán definitorias de un espectro importante del fenómeno de la violencia.

*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/21/cien-dias-de-transformacion-la-violencia/

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Cien días de transformación: las izquierdas silenciadas


Se cumplen los primeros cien días de Gobierno de la plataforma política de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (institucionalizado como partido político, hoy mayoritario en ambas cámaras del Congreso federal, así como al frente de un número importante de gubernaturas locales y municipales). Cien días no son nada comparados con los —poco más poco menos de— dos mil ciento noventa días efectivos de gestión que comprende un sexenio completo. Medir la efectividad de la actual presidencia —o de cualquier otra, en realidad— por lo que se hace o se deja de hacer en los primeros tres meses al frente del Estado resulta, en este sentido, no únicamente ocioso, sino, además, profundamente arbitrario.
Calificar a cualquier mandatario por sus primeros cien días de Gobierno, en general, parte de ese sentido común que indica que es en este periodo de tiempo cuando cualquier mandato de elección popular y su base política dejan entrever a la ciudadanía, de manera más clara y directa, el cúmulo de filias y fobias que, en teoría, definirán el resto de las acciones que se tomarán mientras dure su mandato constitucional en cuestión. Aquí es donde, se supone y se afirma, se define el estilo personal de gobernar de los presidentes (en especial el de los autoritarios y los populistas, de acuerdo con la formulación ya clásica de Daniel Cossío Villegas; y que en el entendimiento de Enrique Krauze terminan por ser variaciones de una misma forma ideológica de hacer política).
A estas alturas está demás el señalar que las sociedades, así como sus formaciones políticas, sus proyectos de gobierno y de mercado no son entidades monolíticas que se definan de una vez y para siempre al comenzar su vigencia histórica. Sin embargo, quizá no sobre señalarlo dada la enorme efervescencia que despiertan los tres meses de Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tanto en la agenda pública como en la agenda de los medios de comunicación y, por supuesto, en los imaginarios colectivos nacionales y locales, al margen de ambas. Reiterar la idea de que el proyecto de nación que López Obrador busca fundar y consolidar a partir de lo que ha hecho o ha dejado de hacer en este tiempo no sólo parte del entendido de que las correlaciones de fuerzas y de intereses que lo llevaron a la presidencia, y que hoy lo procuran y lo sostienen en el ejercicio gubernamental, se mantendrán inamovibles e inmutables por lo que resta del sexenio, sino que, aunado a ello, repite el error de considerar a la 4T como un proyecto acabado, definido tanto en lo más abstracto de su naturaleza cuanto en los tejidos más finos que la componen.
Esta incomprensión, a ras de suelo, en particular, ha llevado tanto a amplios espectros de la ciudadanía, así de derecha como de izquierda, a caracterizar al actual gobierno de manera monolítica, como un proyecto que ya tiene todas sus líneas definidas y que, en estricto, lo único en lo que se está debatiendo en la actualidad tiene que ver con el grado de resistencia que se le opone desde proyectos políticos antagónicos, caracterizados, de igual manera, como entidades monolíticas y unívocas. Se pasa por encima, en este sentido, la necesaria comprensión de las negociaciones, los pactos, las concesiones y las articulaciones que se están construyendo desde posiciones ideológicas tan divergentes y variadas para lograr instituir un ejercicio de hegemonía relativamente sólido en el que las decisiones políticas del día a día no se carguen hacia los extremos con entera facilidad.
En términos de la construcción de imaginarios que se lleva a cabo desde intereses dominantes específicos (ciertos círculos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, formadores de opinión pública, medios de comunicación: prensa, radio, televisión e internet, etc.,) ese caos y esa incomprensión ciudadana de las maneras en las que las divergencias políticas se articulan de forma mutua y voluntaria para hacer prevalecer sus agendas (PRIMOR, dixit), ha estado siendo aprovechada desde el primer día de Gobierno de López Obrador para reconfigurar la manera en que esa misma ciudadanía comprende a la derecha y a la izquierda. En el acto de toma de posesión de Obrador, por ejemplo, la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso (expresión antonomástica de la derecha más conservadora y neoliberal en México) no dejó pasar la oportunidad para realizar el histórico conteo del uno al cuarenta y tres para recordar la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Es decir, no dejó pasar la oportunidad de apropiarse de una bandera política de la izquierda partidista (y un reclamo legítimo de justicia social por parte de los familiares de las víctimas, en particular; y del sinnúmero de victimas de dieciocho años de guerra en contra del narcotráfico, en general), para posicionarse, en un momento en el que la atención de la mayor parte de México se encontraba observando el acto, como la oposición crítica, social, moral, ética, de  izquierda y ciudadana a un Gobierno que ya desde entonces no se ha cansado de acusar de derechista, de conservador, de autoritario, y de cualquier otro adjetivo que recuerde, justo, a la derecha que presidencias como las de Vicente Fox y Felipe Calderón personificaron.
Órganos de difusión tradicionales del credo neoliberal, del tipo de las Revistas Nexos y Letras Libres, por ejemplo, en este contexto han aprovechado la situación para hacer eco de personalidades que participaron en movilizaciones de izquierda en el siglo pasado, tanto en México como en el resto del continente, para legitimar este nuevo posicionamiento que se vende bajo la imagen de una oposición responsable. Criticar a un gobierno que sale todos los días, en conferencia de prensa matutina, a justificar que es, él mismo, en verdad, una plataforma de izquierda (y en ocasiones de una izquierda radical, por oposición a la carencia de ética, de moral y de sentido social del neoliberalismo), procurando convencer a la ciudadanía de que su signo político e ideológico es, en la práctica cotidiana, de izquierda; así, se ha convertido, para la derecha en México, en una operación de convencimiento de la población de que su posición actual es más próxima a una ética y una responsabilidad social de izquierda que la que profesa el propio gobierno al que dice oponerse.
Ello, en los hechos, se traduce, en primera instancia, en una reconfiguración de la memoria colectiva de los mexicanos y las mexicanas en la que, si el gobierno actual es representación de alguna suerte de fundamentalismo, de reconfiguración del estalinismo soviético, o de reactualización de las dictaduras militares de América; la historia de los gobiernos panistas en México, a partir de la vuelta del siglo XXI, es y siempre fue, en realidad, la expresión más acabada de civilidad y de solidaridad colectiva. Es ahí en donde se da la lectura de ese conteo colectivo de la bancada del panismo en la toma de posición de López Obrador. Pasado por inadvertido por sendos sectores de las clases medias bien acomodadas que viven con animadversión el viraje hacia la 4T, ahora parece, en el debate colectivo, que el panismo siempre estuvo en sintonía con las victimas de la guerra que su propia plataforma política e ideológica desataron con Vicente Fox, primero; y de manera aún más profunda y radical con Felipe Calderón, después.
Ahora bien, que la derecha y el conservadurismo en México se monten sobre la tarea de invertir, por lo menos en el discurso, su signo ideológico frente a la mirada de la ciudadanía, en general, no es un acto azaroso. Más bien, es una estrategia deliberada que, en principio, se nutre de la aún conflictiva y caótica articulación de intereses divergentes por parte del proyecto de Gobierno de López Obrador. Pero más aún, es una operación que, en gran medida, se ve posibilitada debido al anestesiamiento bajo el cual la voz de López Obrador y de un gran sector de sus adeptos en las masas han colocado a la propia crítica de las múltiples izquierdas que en el país no se conforman con el reformismo que plantea su administración.
Algunos casos paradigmáticos de lo anterior se hallan en las tensiones que hoy se encuentran más abiertas que nunca entre el político tabasqueño y, por ejemplo, las colectividades zapatistas, las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura (Huexca, en Morelos, y la apertura de una termoeléctrica que atenta contra sus territorios y sus modos de vida); o más reciente, las distintas temáticas que tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres y sus derechos conquistados y aún por conquistar; propuestos para consulta popular por el ejecutivo federal.
Es aquí, por tanto, en donde se encuentra el mayor riesgo, primero, para el abanico de izquierdas en México que buscan algo más que un puro reformismo, romántico, de la forma de realizarse del capitalismo en México. Pero también, y derivado de lo anterior, el riesgo que se corre al dejar de ejercer un control necesario, de izquierda, sobre las acciones que toma el Gobierno actual; y que, en términos inmediatos y prácticos, son actos de control imprescindibles para no permitir la continuidad en la militarización de México por la vía de la creación y consolidación de la Guardia Nacional.
Y es que, en efecto, en el momento en el que se observa que la derecha, cobijada por un discurso de izquierda —extraído de personajes y movimientos de izquierda que a la vuelta del siglo se derechizaron—, y la izquierda hegemónica de la 4T —silenciando al resto de las izquierdas con su discurso— se conjugan mutuamente, lo que queda de residuo es una imposibilidad de realizar el ejercicio de gobierno (incluyendo la participación de los diferentes sujetos colectivos que componen a la sociedad mexicana) de forma crítica y autocrítica. Y ello, en un marco referencial en el que el capital atraviesa por un momento de reorganización conservadora global que, no por conservador, deja de ser, en algún sentido, menos agresivo y avasallante que la versión que hasta ahora hemos vivido (el capitalismo cultural) desde mediados del siglo XX.
La administración de López Obrador no es, en términos programáticos, un esfuerzo revolucionario que sea capaz de salir de la trampa del capital: emplear al aparato de Estado y a su andamiaje gubernamental para regular de mejor manera los excesos del mercado (eso que López Obrador no ha cesado de llamar combate a la corrupción). Eso está claro y de allí se debe partir, no como una petición de principio, sino, antes bien, como un reconocimiento de que su gestión sólo encuentra su condición de posibilidad sobre la base de los acuerdos pactados con el gran capital nacional e internacional.

*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/12/cien-dias-de-transformacion-las-izquierdas-silenciadas/

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Capitalismo, Raison D'état y el proyecto militarista de la izquierda en México


Violencia neoliberal
La iniciativa por medio de la cual el gobierno federal en funciones busca instaurar a una Guardia Nacional como el eje articulador de su política de seguridad, de combate a la delincuencia y de pacificación para el resto del sexenio continúa avanzando en su recorrido legislativo, a pesar de que los posicionamientos en contra, desde diferentes sectores de la sociedad, han incrementado en términos casi proporcionales a la defensa que de ésta han realizado el presidente, la mayoría de los legisladores y un importante contingente de adherentes ideológicos del partido Movimiento de Regeneración Nacional.
En la exposición de motivos ofrecida en el texto de la iniciativa, la propuesta en su conjunto se fundamenta en un diagnostico de la violencia en el país que, de acuerdo con la lógica de sus impulsores, tiene sus causales en tres factores fundamentales: «las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación, desde hace doce años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia».
En términos discursivos e ideológicos, que la administración federal vigente comience por identificar al neoliberalismo como el principal factor que determina a la violencia que se vive en México no es un cambio menor respecto de los diagnósticos que sobre el tema realizaron las tres presidencias anteriores. Y es que, en el fondo, lo que aquí se señala —pese a no ser nombrado en su amplitud, con tal de mantener al desarrollo de la discusión dentro de los márgenes de la corrección política dominante—, es exactamente lo opuesto a lo que en los tres gobiernos precedentes se buscó incesantemente recetar como panacea para toda forma de violencia en el país (y del cúmulo de fenómenos sociales con ellas concatenados o de ellas derivados): mayor (neo)liberalización de la economía. Esto, por supuesto, no significa, por ningún motivo, que dicho cambio discursivo e ideológico encuentre en la práctica de la política económica federal su correspondiente; o por lo menos no más allá de la política social.
El segundo pilar considerado por esta presidencia como una determinante fundamental de los altos índices de violencia en el país se mantiene en línea con el postulado anterior, pues lo que el presidente con tanta insistencia ha identificado como corrupción, en los hechos no es más la lógica operativa propia de las estructuras de producción y consumo capitalistas: la incesante concentración y acumulación de capital por parte grupos privilegiados, élites políticas y empresariales, que se valen del control del Estado-nación, y de su correspondiente andamiaje gubernamental, para mantener sus posiciones dominantes y las políticas de pauperización del resto de las clases.
 En este sentido, una lectura en conjunto de ambos puntos arroja, por primera vez en la historia de la guerra en contra del crimen organizado en México, una no tan explícita (pero no por ello menos directa) responsabilización del funcionamiento de la política y la economía nacionales en la ampliación y profundización de la criminalidad y de la violencia en el país. Esto, con Felipe Calderón, por ejemplo, nunca se puso a discusión, pues la narrativa gubernamental de ese momento —aún más adepta al mantra neoliberal que los propios priístas— se concentró, todo el sexenio, en reproducir en el imaginario colectivo nacional la aceptación y la legitimación simultanea de, por un lado, el funcionamiento generalizado, robustecido, ampliado y profundizado de los aparatos represivos del Estado; y por el otro, de una economía enfocada en intensificar la absoluta mercantilización de la vida en sociedad. Mientras que durante la administración de Enrique Peña Nieto, el endurecimiento de la política represiva en contra de la disidencia fue tan honda que ni siquiera fue necesario endurecer la narrativa gubernamental.
Ahora bien, el énfasis que pone el gobierno federal en funciones en identificar al neoliberalismo como el principal enemigo a vencer para reducir los niveles de violencia en el país no es fortuito. En realidad, si bien es cierto que un espectro importante de la violencia armada en el país tiene que ver el funcionamiento de la política económica nacional, la verdad es que ese espectro, tal y como lo identifican desde el gobierno de López Obrador, es una porción mínima.
Es cierto que el funcionamiento del capitalismo es lo que determina la razón de ser de actividades como el trasiego de armas, de enervantes o de personas. Sin embargo, traducir y reducir eso —como lo hace la plataforma política de López Obrador y adeptos— a un fenómeno de pura redistribución del ingreso, de democratización del consumo (en argot neoliberal), o de un mayor garantismo en términos de acceso a servicios públicos y prerrogativas de seguridad y previsión social es un error mayúsculo que repite la falacia de que los empobrecidos de la tierra son, por antonomasia (por su propia pobreza, per se) violentos o propensos a reproducir la violencia criminal observada en las estructuras criminales del tipo de los cárteles del narcotráfico.
Otorgar becas a las juventudes del país para que continúen sus estudios o para que se inserten en el mercado laboral de manera formal, ampliar y generalizar la línea de bienestar de las familias, incrementar el salario mínimo o expandir y mejorar los servicios públicos del Estado, no cabe duda, son paliativos importantes, indispensables y necesarios para atajar algunas de las causas estructurales que llevan a miles o millones de personas a integrarse en las filas de los cárteles del crimen organizado. El problema es, no obstante, que ese tipo de medidas siguen siendo paliativos, con efectos, en el mejor de los casos, de prevención —no de reversión. Y es que, en efecto, aunque el diagnóstico del gobierno en activo es correcto en sus líneas más profundas y generales, la realidad de los hechos es que el remedio que se propone apenas y alcanza a aminorar los daños cometidos por el funcionamiento de la economía-mundo capitalista, pese a dejar intactas las estructuras elementales del crimen organizado.

Violencia criminal y violencia social
En esta línea de ideas, la narrativa de López Obrador y de su equipo ha sido bastante efectiva para vender a la ciudadanía la idea de que la reducción de la violencia pasa por la reducción de su propio empobrecimiento. La cuestión es que la efectividad de esa narrativa está fundada sobre premisas que se corresponden más con las carencias materiales de las personas —y por lo tanto, con las maneras de hacerles frente— que con el imperativo de reconocer que si los grandes cárteles del crimen organizado funcionan como lo hacen en la actualidad se debe, en lo esencial, a dos factores: primero, a su organización y movilización por parte de hombres poseedores de grandes capitales acumulados y concentrados en un par de industrias criminales o diversificados en un vasto número de sectores formales de la economía (vía el lavado de activos); y segundo, a que la totalidad de la cadena de valor de la economía criminal sirve a la totalidad del capitalismo, en general; y de las economías nacionales no criminales, en particular; para corregir, (re)producir, ampliar, profundizar, etc., algunas de sus dinámicas básicas.
Esto, por supuesto, no queda claro si la plataforma política de López Obrador lo tiene claro —aunque hasta ahora, a juzgar por la insistencia con la que se ignora la dimensión geopolítica del funcionamiento del crimen organizado a la hora de planificar las políticas públicas de su combate, en realidad parece que, en efecto, no lo alcanza a visualizar. Pero incluso si lo hiciera, y si fuese consciente de ese factor, también es claro que un solo gobierno periférico (como el de México o cualquiera del Sur de América) poco puede hacer ante la lógica que gobierna a la totalidad global. Además, al concentrar la solución en el argumento de que un mejor nivel de bienestar para las juventudes se traducirá en una reducción de personal al servicio del crimen organizado (y por consecuencia, en que la criminalidad cuente con menores recursos humanos asesinando a personas en las calles del país) pasa por alto que la violencia derivada de la criminalidad no es sino un resabio suyo; y uno de menor importancia si se lo compara con los efectos devastadores que tiene en cualquier colectividad la profundización y ampliación de la violencia social: esa que no pasa por los canales de operación de la criminalidad, sino por relaciones de socialidad que son ellas, inherentemente, violentas.
Es este último aspecto el que la administración federal en funciones no alcanza a asir, y la muestra más clara de ello es que, ante la violencia social (que el gobierno insiste en confundir e identificar como violencia criminal), la única solución que ha propuesto y a la cual se aferra tiene que ver con incrementar el grado de militarización de la vida en sociedad, no sólo por la vía de un desmesurado fortalecimiento del ejército, la fuerza aérea y la marina, sino, también, por la proliferación de cuerpos de seguridad que operen bajo la lógica de la racionalidad castrense, como es el caso de la Guardia Nacional.
Al respecto, una de las principales estrategias empleadas por el presidente de México ha consistido en reforzar, en la memoria histórica y en la conciencia emocional de los mexicanos y las mexicanas, la idea de que los efectivos adscritos a cualquiera de los institutos castrenses federales son sólo «pueblo uniformado», hijos de obreros, de campesinos, de artesanos; en fin, hijos de ese México profundo que no forma parte de las clases privilegiadas a las que con tanto empeño identifica como las traidoras y las saqueadoras de la patria. Así, al recurrir a esa construcción específica del rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad del Estado, la presidencia de la república no únicamente minimiza los numerosos casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de matanzas a sueldo, de robos y saqueos, además de la profunda responsabilidad del ejercito, la fuerza aérea y la armada en la profundización de la espiral de violencia en el país; sino que, además, los desrresponsabiliza por completo, haciendo gravitar las consecuencias de su rol en el combate armado en contra del crimen organizado en el aspecto concerniente al mando civil.
No es azarosa, en este sentido, la reivindicación que el presidente hace del mando civil cuando se trata de discutir los efectos que tendría un incremento tanto de los cuerpos de seguridad militarizados cuanto de los efectivos adscritos a cada uno de esos cuerpos.  No muy en el fondo de esta narrativa, de lo que se trata es de contrastar su calidad ética y moral en el ejercicio de la política vis á vis la de sus opositores y antecesores. Después de todo, en ello se juega el reivindicar la legitimidad de su gestión por el reconocimiento de los valores morales y los contenidos éticos que desde su persona sería capaz de imprimir en la totalidad del proyecto político que impulsa. Por eso, un cambio de mando civil es, en la lógica de su discurso, un cambio por completo de la racionalidad y la práctica castrense en las labores de seguridad y de defensa públicas.
Está demás el explicar la profunda ignorancia que con esta creencia profesa el presidente de México, respecto de la cultura política y los intereses propios de las estructuras militares, independientes de la carga moral y ética de su comandante supremo.
Otra estrategia socorrida en más de una ocasión por parte del equipo de gobierno de López Obrador es la de invertir la ecuación a la que han recurrido los críticos de la Guardia Nacional: en lugar de tener que combatir la idea de que la seguridad pública del país y la vida de las mexicanas y los mexicanos se están militarizando, el hoy Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Alfonso Romo, optó por venderle a la población la idea de que lo que se pretende es, en realidad, ciudadanizar («policializar», fue el término exacto empleado por el Secretario) a las estructuras castrenses y su funcionamiento.
Realizar tal afirmación, en este momento, después del mandato de Felipe Calderón, cuando la totalidad de las corporaciones de policía estatales fue colocada bajo el mando de directivos de extracción militar, y después de que Enrique Peña Nieto mantuvo la práctica —inaugurada por su predecesor— de someter a los efectivos de esas policías a entrenamientos de carácter militar, partiendo de manuales internos de la Secretaría de la Defensa Nacional y estando a cargo de instructores adscritos al ejército, es una traición explícita al baño de sangre y los miles de restos humanos que han sufrido los mexicanos y las mexicanas. Si el gobierno en turno realmente quisiera invertir la lógica de la militarización en México, entonces tendría que comenzar por revertir lo que ya se hizo con las corporaciones ciudadanas de seguridad pública. Pero esta opción no está sobre la mesa.

Guardia nacional, guardia política
La Guardia Nacional, en este contexto, es propuesta como la mejor de las soluciones posibles para atender los dos vacíos fundamentales que aquejan a la estrategia de seguridad implementada desde Felípe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto: por un lado, los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública; y por el otro, la carencia de entidades de seguridad pública con capacidades especializadas en el combate a la criminalidad organizada. En teoría, la Guardia Nacional resarce ambos vacíos, desarrollando en un único cuerpo armado lo mejor de ambos mundos: la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios del ejército, en el espectro militar; y la moralización, el mando y la profecionalización, por el de las instituciones civiles.
Regresando a la exposición de motivos de la iniciativa legal, la propuesta toma como ejemplos históricos clásicos de éxito en el funcionamiento del modelo de Guardias Nacionales a los casos de la Guardia Civil Española, la Gendarmería Nacional de Francia y el Arma de Carabineros italiana. No sobra mencionar que los tres son casos de cuerpos encargados de la seguridad pública, pero con un marcado enfoque militarista: por su entrenamiento, por el modo en el que operan y por la racionalidad que conduce su razón de ser. Para el caso mexicano, el modelo no se aleja de ese mismo paradigma: basta con observar que la parte fundamental de los elementos que la compondrían provendrían «de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal», mientras que a los civiles que se convoquen para incrementar a sus efectivos «recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadan».
Es decir, el gobierno insiste en que la lógica que regirá el actuar de la Guardia Nacional no será la propia de la racionalidad castrense. Sin embargo, el contenido programático de su propuesta responde justo a esa lógica, y lo hace, además, en un momento en el que el ejecutivo federal insiste en fortalecer la posición del las Fuerzas Armadas en un espectro mayor de actividades, como en la securitización de la cadena de valor de los hidrocarburos, argumentando razones de seguridad nacional y la necesidad de hacer frente al crimen organizado que se nutre del robo de combustibles (incluidos los funcionarios al interior del gobierno y de Petróleos Mexicanos, como indican los últimos reportes dados a conocer por López Obrador).
En este marco de ideas, la urgencia del elemento militar, en la justificación del gobierno morenista, radica en el reconocimiento de que cualquier otra institución de seguridad (con independencia del adjetivo: ciudadana, pública, nacional, interior, etc.), no cuenta con las capacidades operativas (de fuego y logísticas) necesarias para hacerle frente a las propias capacidades operativas de, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico. De aquí surge la profunda contradicción entre el decir y el quehacer de la propuesta de Guardia Nacional, pues la razón más profunda para justificar el contenido militar de la propuesta viene —aunque en el discurso se oculte, para no repetir la narrativa de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto— de la necesidad de mantener un poder de fuego equiparable al de los cárteles en las calles. La lógica de la confrontación armada y de la guerra sin cuartel entre buenos y malos sigue vigente, y se mantiene intacta, en los mismos términos desde 2006. Puestas así las cosas, la Guardia Nacional es una excelente salida para conseguir la militarización de la vida pública nacional sin la necesidad de haber incurrido en el error calderonista de ocupar a las Fuerzas Armadas en actividades para las cuales no estaban legalmente facultadas, y sin haber tenido que mantener en vigor ese resabio de la administración federal anterior que es la controvertida Ley de Seguridad Interior.
Pero aquí lo que el presidente y su equipo no parecen comprender es que, por más que en la constitución i) se reconozca la competencia de los tribunales civiles en delitos en donde estén involucrados elementos castrences [Art. 13], ii) se prohiba expresamente el traslado y resguardo de cualquier detenido a instalaciones militares [Art. 16] o iii) se reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional [Art. 21]; la fortaleza y la solidez con la que se está dotando a las Fuerzas Armadas en el país es tanta, que rememora a los casos del Sur de América, en los que la izquierda fortaleció a los aparatos represivos del Estado —tanto para ganárselos para su propia causa como para blindarse contra sus oponentes ideológicos—, que al final estos terminaron vendiéndose a los mejores postores de la derecha y el conservadurismo sin que la izquierda pudiese hacer nada para contener su fortaleza.
Como lo muestran los últimos discursos de López Obrador sobre la materia, lo que éste intenta conseguir es la lealtad de las Fuerzas Armadas acrecentando sus recursos, su poder, su presencia y su incidencia en los procesos de la vida pública nacional. Sus intervenciones en diferentes espacios afirmando que las Fuerzas Armadas de México se caracterizan por no gestar golpes de Estado así lo hacen creer. Y quizá no sea un movimiento torpe si el presidente y su plataforma política tienen en planes el profundizar las correcciones de carácter social al funcionamiento del neoliberalismo, previendo que los intereses empresariales y oligárquicos, nacionales y extranjeros, afectados por ese proceder se podrían llegar a polarizar tanto como para intentar replicar la historia que América del Sur ya conoce. El problema aquí es, no obstante, si esa fortaleza que le está concediendo a la milicia será controlable en lo sucesivo, solo confiando en la lealtad que estas afirman guardar para la nación.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]

29/12/18
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