Todo vestigio de cultura es un vestigio de barbarie
Este quince de abril, por motivos que aun no
son completamente esclarecidos por parte de las autoridades francesas, la
Catedral de Notre Dame fue consumida en una gran proporción
(por lo menos hasta el momento de redactar estas líneas) por un incendio. El
evento, por sí mismo, es lamentable, pues, como bien tiene a indicarlo ya el
sentido común imperante, toda pérdida material de la cultura humana, con total
independencia de la apropiación nacional que de esa cultura se trate, es, al
mismo tiempo, una pérdida irreparable del archivo histórico y de la memoria
colectiva de nuestra especie en su tránsito por este planeta y por esta vida.
En las sociedades americanas, en
general; y en la mexicana, en particular; por ejemplo, los espacios
informativos e iconográficos estuvieron saturados durante la mayor parte del
día y de la noche por las imágenes de la Catedral ardiendo en llamas; y gran
parte de la discusión en torno de la tragedia que el evento en sí mismo
constituía, además, estuvo de igual manera dominada por las implicaciones que la
ausencia de la Catedral tendrían para las generaciones de hombres y mujeres
venideras, respecto de las posibilidades de establecer un anclaje cultural con
un símbolo que, sin duda, es un referente insustituible para la construcción de
una identidad nacional (piénsese, por ejemplo, en el espacio que ocupa el
edificio en cuestión en la filmografía, la tradición pictórica y los relatos
literarios franceses).
El hecho, no obstante, así como
cualquier otra pérdida similar a lo largo y ancho de la geografía mundial,
cobra otras dimensiones cuando en él es posible observar las contradicciones
coloniales que constituyen la estructuración de un pasado colectivo común. Y es
que, puesto en perspectiva con otras pérdidas de similar o mayor magnitud
cuantitativa, el incendio total o parcial de la Catedral da cuenta de que
siempre que se trata de Occidente, el vacío ante el cual parece postrarse la
humanidad, invariablemente, tiende a sentirse con mayor profundidad y desahucio
que si se tratase de cualquier vestigio arqueológico o monumento histórico de
otras sociedades, otras civilizaciones y otras culturas.
En el mundo existen al redor de mil
cincuenta y dos sitios declarados por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como patrimonio de la
humanidad. De ese número, Italia concentra cincuenta y dos espacios; España,
cuarenta y siete; Alemania, cuarenta y cuatro; Francia, cuarenta y tres y Reino
Unido, treinta y uno. Es decir, las cinco principales potencias económicas de Europa
concentran, ellas solas, doscientos diecisiete espacios declarados. En términos
absolutos, cinco Estados concentran poco más del veinte porciento de todo el
patrimonio de nuestra especie. Sólo China, con cincuenta y uno; India, con
treinta y siete; y México, con treinta y cinco, son Estados no europeos con una
concentración casi o un poco más amplia que cualquiera de sus pares europeos.
Este dato quizá podría resultar
irrelevante teniendo en cuenta que son más de un millar los espacios que
constituyen la memoria histórica-cultural de la sociedad humana. Sin embargo,
dos son los problemas que es posible extraer de la numerología. El primero de
ellos tiene que ver con el hecho de que son sólo las cinco principales
potencias colonialistas las que detentan la propiedad privada (en términos de
propiedad nacional, efectiva, por más que se argumente que son de toda la
especie) del mayor número de monumentos, archivos, objetos, etc., que se
presuponen representativos del clímax alcanzado por el desarrollo civilizatorio.
Y el segundo, con el hecho de que son las sociedades en las que la colonización
no terminó por devastar todo a su paso, durante los cinco siglos que ésta duró,
las que aún pueden presumir, en el presente, algún vestigio del pasado.
Lo primero supone un problema porque es
una continuación del discurso con pretensiones universales del eurocentrismo,
que constantemente pelea porque se reconozca en Europa, en particular; y en
Occidente, en general; la marca representativa de lo que toda la humanidad es
en sí misma, a pesar de su diversidad —hoy reducida como nunca debido al
intransigente empuje con el que el capitalismo moderno la lleva a su
homogenización civilizatoria y cultural. Lo segundo, por otra parte, constituye
un problema de igual magnitud porque lo que termina invisibilizándose en su
reconocimiento por cuanto patrimonio declarado por la UNESCO es que ahí, en
esos vestigios, lo que realmente se expresa es la contracara de la cultura
universalista de occidente: el saqueo, la destrucción, la colonización (en el
más amplio significado del término), emprendidos por Occidente con argumentos
que van desde la cristianización hasta la modernización de toda forma de vida
que no sea, en los hechos, replica de sus valores y de sus instituciones.
En este sentido —hay que insistir en el
reconocimiento de la tragedia que esto implica—, mientras que de un lado de la
ecuación se reconoce la especificidad occidental como una expresión cultural de
validez universal, en el otro, se invisibiliza que esa supuesta superioridad
civilizacional de Occidente tuvo su condición de posibilidad en la destrucción,
total o parcial, de otras muchas formas de realizar la vida en colectividad. En
otras palabras, para expresarlo en la formulación ya clásica que Walter
Benjamin realizara a mediados del siglo XX, en medio de la catástrofe de la
Segunda Guerra Mundial, «no hay documento de cultura que no sea a la vez un
documento de barbarie. Y así como éste no está libre de barbarie, tampoco lo
está el proceso de transmisión a través del cual los unos lo heredan de los
otros».
Y es que basta, por ejemplo, con
observar cualquiera de las salas de los principales museos de arqueología y
etnografía europeos para constatar que es ahí en donde el Occidente colonial
muestra al mundo la grandeza de su actividad destructiva de otras culturas,
presumiéndola al mundo en aparejos y vitrinas a las que se acercan los
extranjeros de las sociedades que con anterioridad fueron sus colonias para
admirarse de la magnitud del saqueo y la devastación. En el Weltmuseum Wien (Museo de Etnología de Viena),
sin ir más lejos, se conserva y expone a un aproximado de doscientos mil
objetos pertenecientes a culturas no europeas, entre los que se encuentra el
emblemático Penacho de Moctezuma, suplido en el Museo Nacional de Antropología,
de México, por una réplica. Y así como éste, los ejemplos sobran.
Pero la realidad de la tragedia es que
no es sólo ese pasado apropiado por Occidente como artefacto de museo (como
artefacto de su cultura que oculta la barbarie cometida en contra de las
poblaciones a las que despojó de sus reliquias museográficas) lo que se juega,
aun, en el presente. Ahora mismo, en el mundo se desarrollan guerras
sanguinarias en las cuales participan de manera activa las potencias europeas,
ya sea financiando guerrillas (como grupos terroristas locales), desplegando a
sus ejércitos, traficando armas para amigos y enemigos, vetando resoluciones de
pacificación en la Organización de Naciones Unidas o justificando, sin más, los
conflictos armados en curso en nombre de sus propios valores que reafirma como
supremos derechos universales del hombre y el ciudadano (o, en sentido más moderno y políticamente correcto, derechos
del hombre).
Palmira, la ciudad vieja de Alepo,
Damasco, Homs, en Siria; Tombuctú, en Mali; el Valle de Bamiyan, al norte de la
ciudad de Kabul, en Afganistán; Hatra, en Irak; o la Ciudad vieja de Saná, en
Yemen (todas ellas ciudades en las que se preservaba la memoria de las primeras
civilizaciones en la tierra; muchas de ellas, incluso, ciudades bíblicas); son
ejemplos muy próximos al presente que dan cuenta de la destrucción que causan
los intereses geopolíticos de Occidente (incluyendo a Estados Unidos) y que
hoy, además, arrojan luces sobre la poca importancia que cobra, tanto para los
Estados occidentales como para un gran número de personas al rededor del mundo,
la devastación de sitios que no únicamente formaban parte del acervo de la
UNESCO de sitios declarados patrimonio de la humanidad, sino que, además, eran
lugares, objetos y símbolos en los que se concentraba la memoria de un sinfín
de colectividades, de sociedades, de culturas y civilizaciones; sobrevivientes
al saqueo y a la demolición de la expansión colonial entre los siglos XV y XX.
Por eso, quizá, no habría que minimizar
la tragedia que se muestra en el hecho de que la humanidad (o por lo menos las
poblaciones dentro del espacio geocultural occidental) se sienta tan
mortificada por la pérdida de la Catedral de Notre Dame, cuando
en los hechos una infinidad de veces ha pasado por alto, —ya sea por decisión
consciente o por simple ignorancia—, la aniquilación de la historia de la
humanidad en otras latitudes. Y es que, hay que insistir, la tristeza por el
edificio francés en cuestión nadie la niega. El problema viene cuando el
eurocentrismo y la hipocresía humanitaria se apropian sin más del discurso en
torno de la necesidad de preservar las huellas de nuestra historia.
*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/04/15/todo-vestigio-de-cultura-es-un-vestigio-de-barbarie/
Perdones históricos
Las disculpas históricas no cambian en nada el
hecho de la explotación presente. Si todo se reduce al valor simbólico de un
gesto que se realiza en medio de una infinidad de guerras, intervenciones,
golpes de Estado, saqueos, éxodos, limpiezas raciales, supremacismos
culturales, etc., cometidos por las mismas sociedades que en siglos anteriores colonizaron
al mundo, al final, se corre el riesgo de conformarse con la vanidosa
pretensión de superioridad moral de los Condenados de la Tierra por
haber obligado a sus saqueadores a reconocer el saqueo.
Esta semana, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, salió a la arena pública a pedir (quizá exigir)
una disculpa a España por los abusos y las matanzas cometidas por el imperio
durante los tiempos de la colonización. Las respuestas, de aquí y de allá, se
generalizaron en dos grandes polos discursivos. Por un lado, en el imaginario
colectivo nacional, los posicionamientos articulados a partir de la tensión
entre aquellos que soportaron la exigencia del presidente frente a aquellos que
aceptaron la tarea de ofrecerle una disculpa a la corona española por las
estúpidas e ignorantes exigencias realizadas por López Obrador por un suceso
que hoy, en mayor o en menor medida, en diferentes estratos sociales, ya se
vive como un hecho que ya no tiene actualidad, y que por lo tanto ya debería
ser superado.
Por el otro lado, las reacciones que se
suscitaron en la parte española, imbuidas de una efervescencia nacionalista en
las que aquel rasgo que más destacó sin duda fue la negación absoluta a
realizar un acto de humillación frente a sociedades que, de acuerdo
con la propia mitología imperial, son lo que son en el momento presente gracias
a que en el proceso colonial se les transmitieron los principios y los valores de la modernidad y de la civilización. La
colonización, en resumidas cuentas, sigue siendo para España (y por extensión
para el resto de Occidente) el triunfo histórico de la civilización frente a la
barbarie; a pesar y al margen de la devastación y las carnicerías que se
cometieran en el camino para llegar a constituir las sociedades actuales.
Más allá del hecho mismo que se inscribe
en la petición de López Obrador y de la respuesta por parte de la corona
española (en la personificación que se desee), las reacciones que se han ido
construyendo en las últimas veinticuatro horas, en términos del debate público
y de la construcción de imaginarios colectivos compartidos entre los miembros
de cada sociedad, son quizás el fenómeno más interesante de la coyunta, no por
otra cosa sino por el sólo hecho de que es ahí —y no en el campo de las
instituciones del Estado y el andamiaje gubernamental del mismo— en donde se
están jugando relaciones y ejercicios de poder y de violencia entre las sociedades
centrales y las periféricas.
Y es que, en efecto, si bien es cierto
que el contar con un presidente, en América, que se atreva a echar en cara de
manera directa, a Europa, los crímenes y el genocidio cometidos durante la
colonización es ya, por sí mismo, un elemento simbólico de gran potencia (y más
aún cuando el recipiendario es heredero directo del linaje real de los
borbones), algo que han demostrado las disculpas y los perdones ofrecidos por
diversos gobiernos en los últimos años (los de Alemania frente a los judíos y
los de Barack Obama ante los japoneses, por ejemplo; o, en otra clave, el gesto
de Bélgica en la remoción de la estatua de Leopoldo II de Kinshasa), es que
estos no únicamente es posible ofrecerlos, en el presente, mientras esas mismas
sociedades están cometiendo genocidios, gestando golpes de Estado, saqueando
recursos y desarrollando guerras en las periferias (sus excolonias que
permanecen colonizadas por ellas), sino que, además, resultan no trascender del
puro acto simbólico que, al final, se queda en acto protocolario entre
gobiernos muchas veces incapaces de trascender hacia las masas.
Esta banalización del perdón y de la
disculpa, inserta en la construcción de proyectos políticos de legitimación
autorreferenciada de una construcción particular de la memoria, es, en este
sentido, un problema por sí mismo: porque desde la mirada de los oprimidos y
los Condenados de la Tierra, una interpelación de este
tipo siempre apunta al desmoronamiento de la solemnidad, de la autoridad y del
poder que ejercen las estructuras estatales. Pedir perdón por parte de un
gobierno que representa a un Estado es, siempre, una exigencia popular que
busca colectivizar el reconocimiento de la manera en que ese poder —que siempre
intenta legitimarse como un poder colectivo, justo, orientado a la protección y
el bienestar de su sociedad— también implica la puesta en marcha de diversos
mecanismos de opresión, de saqueo, de exclusión, de desapariciones y
asesinatos, etcétera. Banalizarlo, por tanto, pone en cuestión esa fortaleza
del acto (que, además, tendría que ser ofrecido y no exigido, pues la exigencia
mantiene al ultrajado en su posición colonial).
En el terreno popular, pues, es en donde
se juegan, en mayor medida, el poder y la violencia del mundo. Y por eso —no es
una necedad insistir—, la verdadera trascendencia de la petición de López
Obrador y de la respuesta de Felipe VI se halla en las reacciones de los
individuos, porque es ahí, en los imaginarios colectivos construidos a ras de
piso, en donde se están reproduciendo y viralizando, reafirmando, los sentidos
comunes coloniales que justifican, entre otras cosas, relaciones de clase y
raciales que se han sucedido en el mundo legitimando genocidios y
fundamentalismos supremacistas de todo tipo.
Por eso, también, en gran medida la
importancia del suceso se encuentra (o por lo menos en el terreno del deber ser
así tendría que darse) en la potencialidad que el reclamo histórico tiene para
propiciar, aquí, en América, en la cotidianidad de las personas, el propio cuestionamiento
en torno de qué tanto, aún, no representamos y nos sentimos herederos,
productos y determinaciones de esa herida colonial que se abrió hace quinientos
años. El perdón o la disculpa puede o no darse por parte de España (o de
cualquiera, en realidad), pero más allá de eso, el imperativo que nos convoca,
en cuanto americanos, en general; y en cuanto mexicanos y mexicanas, en
particular; tiene que ver con el reconocimiento de nuestra propia identidad; y
que por supuesto no es fácil, pues quinientos años de aniquilamiento de la
memoria histórica de nuestra nación, en manos del capitalismo, no son fáciles
de salvar. Hay ahí una distancia y una diferencia histórica respecto de quiénes
somos (cómo nos pensamos en el presente) y quiénes creemos que fuimos (cómo nos
pensamos en el pasado). Es ahí en donde la disculpa no debe quedarse en el
plano de lo estrictamente simbólico, pues estos son tiempos en los que la
capacidad de la sociedad mexicana para reconocerse como producto de una
colonización (más que de un puro y aséptico mestizaje) raya en la nulidad.
Punto
y aparte, pero no por ello problema segregado, es el de saber cómo utilizar
este perdón histórico como un pretexto para pensar, asimismo, la relación que
todos aquellos y todas aquellas que se sienten los auténticos portadores de la
civilización en medio de la barbarie indígena de América, sostienen con las
poblaciones originarias del continente: esas que desde hace quinientos años no
han dejado de gritar ni perdón ni olvido, tanto para el extranjero que trajo su
civilización como para aquellos que, a pesar de ser americanos, llevaron a cabo
empresas de exterminio, físico y cultural, aún más atroces que las de aquél.
¿Está, López Obrador, pidiendo perdón por todos? ¿Es ese perdón representativo
de cada población que ha exigido su propio perdón? ¿Y después del perdón qué
sigue? ¿Cuál será el reclamo de América frente aquellos que siguen colonizando
al mundo con sus guerras, con sus ideas, con sus ciencias, con sus organismos
multilaterales, con sus empresas, con sus perdones?
*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/27/perdones-historicos/
*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/27/perdones-historicos/
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México
El flagelo del mundo: el supremacismo cultural de Occidente
El pasado
viernes quince de marzo, un lobo solitario (como suele
llamar el sentido común estadounidense a este tipo de individuos) perpetró un
asesinato en masa que dejó como saldo más de noventa y siete muertes y varias
decenas de heridos en una mezquita localizada en Christchurch, Nueva Zelanda.
Como ya es costumbre siempre que eventos de esta naturaleza ocurren dentro de
las sociedades que conforman el espacio cultural de Occidente —con
independencia del lugar geográfico en el que esas poblaciones se ubiquen—, el
sentimiento de horror no se hizo esperar y de inmediato se puso en operación
esa enorme maquinaria mediática que aprovecha estas coyunturas para conmover al
mundo entero y arrastrarlo, por la fuerza de la empatía inducida respecto de
las víctimas del atentado en cuestión, hacia el imperativo de convertirse a la
fiel confesión de los valores occidentales.
Casos
como los de Virginia Tech, Virginia (2007); Newton, Connecticut (2012); San
Bernardino, California (2015); Orlando, Florida (2016); Las Vegas, Nevada
(2017); y, en otras latitudes, Charlie Hebdo, Paris, (2015); o Borough Market,
Londres (2017); dan cuenta de ese movimiento en el que Occidente se afirma a sí
mismo en una posición de victimización frente a una infinidad de amenazas militares, mediáticas, informáticas,
económicas, políticas, culturales, etc., a las cuales, por supuesto, se plantea
el objetivo claro de detener mediante su exterminio, antes de que continúen atacando los pilares fundamentales de su
civilización. La civilización occidental, frente a la amenaza de
la barbarie global, es la fórmula que resume las
cruzadas de Occidente alrededor del mundo y su respuesta ante cualquier
diferencia social que le represente un abierto o velado cuestionamiento.
El
mundo, sin embargo, no se reduce a Occidente y al tipo de civilización que
desde ahí se busca, de manera permanente e ininterrumpida, exportar al resto
del orbe. Y la realidad de esta vida es que todo el tiempo, en una infinidad de
espacios-tiempos de la vida social en el mundo, se están cometiendo actos tan
atroces como los representados por los ejemplos clásicos que hoy ofrecen los mass media anglosajones para ejemplificar qué es
y de qué va eso del terrorismo, pese a que pasen inadvertidos, ya sea por una
deliberada invisibilización por parte de los intereses políticos y los capitales
que controlan las líneas de comunicación entre sociedades o por un acto de
absoluta interiorización y naturalización, en Occidente, de la violencia que
colma a los espacios periféricos del mundo: América, Asia Oriente Próximo y
África.
Ejemplos
de ello sobran. Decenas de dictaduras militares —soportadas por el apoyo
político, los flujos financieros y el comercio de armas occidental— conviven en
Estados de esos espacios periféricos sin que las sociedades centrales se
escandalicen por los intereses que defienden sus gobiernos en esos países en
los que la muerte es el pan de cada día de millones de personas. Miles de
comunidades, urbanas y/o rurales, padecen las actividades mercenarias de las
grandes corporaciones transnacionales en su disputa por apropiarse de recursos
naturales, mano de obra barata, espacios de circulación y acumulación de
capital, etcétera. Cientos de guerras y conflictos armados se suceden cada día,
en diferentes puntos de la geografía global, tanto para mantener el estatus y
el modus vivendi de los grandes centros urbanos de
Occidente cuanto para exterminar poblaciones que resultan prescindibles para
las dinámicas económicas del capitalismo moderno. Y sin embargo, el drama que
se construye como narrativa universal del horror frente al acto terrorista no
está presente ahí: porque ahí, en esas dinámicas, lo que Occidente enuncia es
ese rancio discurso en defensa, protección y promoción de la libertad, la paz, la estabilidad, el orden, los derechos humanos y
la felicidad.
Regresando
a los eventos ocurridos en Nueva Zelanda, basta con observar que, en el mismo
momento en que el atentado en contra de la población musulmana presente en la
mezquita se estaba cometiendo, el Estado de Israel estaba perpetrando un
ataque aéreo más sobre poblaciones civiles palestinas, en más de cien puntos de
contacto. La prensa internacional, sin embargo, no registró el atentado con la
misma cuantía, la misma profundidad y extensión con la que lo hizo para el caso
de Nueva Zelanda; y cuando lo hizo, el sesgo ideológico empleado
fue el de costumbre: Israel sólo terminó defendiéndose, con
su sofisticado armamento militar, de las agresiones cometidas por algunos
sectores de la población a la que mantiene bajo un estado permanente de concentración.
¿Qué
dice todo esto de Occidente y de su proyecto de civilización exportado como
colonialismo y neocolonialismo a las periferias? A estas alturas, no es un
secreto que, desde la década de los años setenta del siglo pasado, el discurso
de guerra occidental en contra del terrorismo ha buscado, insaciablemente,
justificar el exterminio de las especificidades culturales de las sociedades
musulmanas por la vía de una pretendida rigurosidad, sistematicidad y veracidad
en la manera en que es comprendido el terrorismo en el mundo.
En 1996, Samuel P. Huntington, Consejero de Seguridad
Nacional de la Casa Blanca hasta 1978, y desde entonces uno de los principales
y más influyentes ideólogos y promotores del estilo militarista de democracia
estadounidense alrededor del mundo, buscó dar un sustento cientificista más
robusto a ese discurso de guerra en contra del terrorismo internacional y, por
medio de la fórmula: The clash of civilizations and the remaking of world order,
terminó por consolidar ese sentido común que hoy satura a los imaginarios
colectivos nacionales cuando se trata de pensar qué es el terrorismo, cómo funciona,
cuáles son sus fundamentos, y cómo es posible combatirlo. Y es que, Huntington,
en efecto, al sintetizar la idea que Occidente tiene sobre Oriente en la
fórmula del choque de civilizaciones, universalizó, en términos
sumamente comprensibles para cualquier persona —con independencia de sus
niveles de escolarización y politización—, la idea de que el Oriente
(esencialmente musulmán) es un peligro, por sí mismo, para los valores
occidentales por causa de las diferencias culturales tan profundas que en él se
encuentran; en particular, en lo que respecta a «la democracia, los derechos humanos, la libertad, la soberanía
de la ley y la separación entre la Iglesia y el Estado».
Desde
entonces, hasta ahora —y ocultando siempre que son sus finanzas y sus armas,
además del entrenamiento y el adoctrinamiento a su cargo, los elementos con los
que Occidente contribuye a formar guerrillas, milicias y ejércitos enteros de
musulmanes para balcanizar a oriente y a sus sociedades desde sus entrañas
mismas—, ese discurso se ha ido refinando cada vez más, de manera que cada día
es mucho más sencillo categorizar a un evento determinado como una expresión
terrorista fundamentada en el radical hermetismo y
en el sistemático rechazo de Oriente y el Islam hacia
Occidente —pese a que, en los hechos, tanto uno como el otro; es decir, Oriente
y el Islam, han demostrado ser de las configuraciones geoculturales más
abiertas a la diversidad a lo largo y ancho del orbe.
Y
lo cierto es que la trayectoria de este fundamentalismo occidental,
supremacista en todos los aspectos, no es para sorprenderse. Al finalizar la
Guerra Fría, y luego de la sentencia del Fin de la Historia,
de Fukuyama, Occidente, en general; y Estados Unidos, en particular; no aceptó
la idea de ejercer su hegemonía en un mundo en el que no existía ya enemigo
alguno, lo suficientemente totalizador y abstracto, que le funcionara a su
discurso como una Otredad a la que hay que combatir y exterminar en todas
partes. El narcotráfico, en América; y el terrorismo internacional, en el resto
del mundo; son esos dos nuevos enemigos inventados por Occidente para mantener
sus dinámicas de balcanización del mundo de conformidad con los azarosos
dictados de sus necesidades de acumulación de capital.
Por
eso, en el caso del atentado en contra de la mezquita de Christchurch, lo
primero que hay que observar es la manera en la que el conservadurismo
occidental, a través de sus voceros, no ha dejado de insistir en que hay que
securitizar a la totalidad de la vida en colectivo, por un lado; y, por el
otro, de incrementar la presencia del Estado. Y es que, sin importar las
divisiones ideológicas, en la intelección que hace Occidente del terrorismo,
desde la derecha hasta la izquierda, el consenso dominante en el diagnóstico es
que éste es un fenómeno inherentemente externo a las características de la
sociedad occidental a la se pertenezca.
En
México, por ejemplo, no han faltado los conservadurismos que ven en la actual
situación migratoria del país, en la diversidad de religiones profesadas, y en
los conflictos que están surgiendo a raíz de las reformas estructurales que
está llevando a cabo el gobierno de López Obrador, la principal amenaza a la
seguridad nacional del Estado, en el entendido de que cada uno de esos
fenómenos lleva en sí el germen de una posible catástrofe terrorista para el
país. La consecuencia lógica inmediata en esta manera de proceder, para
combatir al fenómeno en cuanto tal es, por consecuencia, que hay que procurar
realizar una suerte de purificación de la sociedad, acompañada de una
mayor presencia de las instituciones del Estado (con especial énfasis de las
fuerzas armadas) y de una estrategia de combate que sea capaz de eliminar a la
amenaza en cuanto se presente.
El
problema con esta visión, además de la evidente incomprensión que se tiene y se
reproduce del Islam y del carácter cultural de otras poblaciones, es que no se
termina de entender que no es ningún vació de poder ni un abandono o ausencia
del Estado lo que facilita el surgimiento del terrorismo dentro de una
sociedad. Por lo contrario, si algo ha mostrado la historia de este fenómeno,
con casos paradigmáticos como los de Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski
—Secretario de Estado de Nixon y Ford, y Consejero de Seguridad Nacional de
Carter, respectivamente—; en la formación grupos paramilitares, ejércitos y
milicias en Oriente Medio, en África, en Asia y América para balcanizar a
sociedades completas, es que el terrorismo, para operar, requiere de la
presencia del Estado y del gran capital: ambos son su condición de posibilidad,
y no la solución que los elimina.
Christchurch,
de nueva cuenta, es un caso paradigmático (al igual que el resto de los casos
citados, y todos aquellos que por extensión de esta reflexión no alcanzaron a
integrarse), para poner en cuestión ese supremacismo cultural de Occidente que,
de tanto en tanto, se manifiesta en expresiones radicalizadas de sí mismo, como
el supremacismo racial, el étnico, el religioso, el clasista, etc., pero que,
en definitiva, no son estos una antítesis o una negación de aquel. Habría que
comenzar a pensar, en este sentido, en todos esos espacios y tiempos que, en la
cotidianidad, muestran los rasgos ya de esos comportamientos que en coyunturas
específicas estallan en masacres como las aquí referenciadas.
Pero
no solo, pues, además, individualizar a la violencia,
por la vía de la construcción psiquiátrica de los lobos solitarios que
perpetran masacres en contra de su propia sociedad o de otras poblaciones, no
únicamente coadyuva a invisibilizar el trato diferencial que se da cuando el
acto lo comete un supremacista blanco o por un individuo negro, un musulmán, un
latino, etc.; sino que, aunado a ello, exculpa a la sociedad misma, a los
regímenes políticos de los que se sirve y al modelo de producción, de
circulación y de acumulación de capital que los determina, de la
responsabilidad que tienen en la reproducción de la violencia social,
colectiva.
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EE.UU
Cien días de transformación: la violencia
Esta semana, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Centro Nacional de
Información, dio a conocer las cifras actualizadas del número de víctimas de
delitos del Fuero Común, para los meses de enero y febrero de 2019. El
documento es importante por muchas razones, pero, sin duda, la principal de
ellas tiene que ver con el hecho de que disminuir los niveles y la profundidad
con los que la violencia ha desgarrado a la sociedad mexicana en los últimos
tres sexenios no sólo es una exigencia de supervivencia del Gobierno de López
Obrador —si es que éste quiere mantener los márgenes de aceptación y
legitimidad política y social de los cuales goza en la actualidad—, sino que,
además, es un tema de urgencia nacional para millones de mexicanos y mexicanas
que experimentan su cotidianidad en el avasallamiento de esa violencia y su
rastro de muerte y de ausencias que deja tras su paso.
Las cifras, por supuesto, son una
abstracción que impiden, en general, reconocer el drama que se esconde, tanto
para individuos como para colectividades, en fenómenos como los del
feminicidio, el homicidio, las lesiones, la trata, el secuestro, etcétera. Sin
embargo, son siempre un buen indicador para señalar qué tan extendido, en
términos espaciales; y qué tan sistemático, en términos de la temporalidad de
la ejecución del acto; es el hecho en cuestión. En este sentido, el informe que
da a conocer el Gobierno de López Obrador si bien no resulta nada funcional
para dar cuenta del trauma que significan estos delitos en la vida de millones
de personas, sí es —por lo menos en la construcción del imaginario colectivo
nacional en la materia—, un recurso importante para dar cuenta de las afrentas
políticas y los ejercicios de poder que se ponen en juego en la disputa por un
proyecto colectivo determinado.
La metodología, quizá no sobre
señalarlo, es cuestionable si se reconoce que la cuantificación de casos sólo
se basa en el número de victimas registradas en carpetas de investigación
iniciadas en las distintas Agencias del Ministerio Público y en las reportadas
por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las treinta y dos entidades de
la federación; obviando y desconociendo la infinidad de casos que se dan y que
no se registran ante las instituciones de procuración e impartición de justicia
del Estado. Pero, a pesar de ello, y aún si el análisis sólo es situado en lo
que concierne estrictamente a dos fenómenos tan lacerantes como lo son los del
homicidio y el feminicidio, la numerología no por ello deja de ser abrumadora,
aún sin esa otra cifra negra.
Ahora bien, entrando en materia, el
Secretariado informa que, en enero, se registraron 2,853 casos de homicidio
doloso; mientras que en febrero fueron 2,796. Feminicidios, por su parte, se
registraron 79 en enero y 75 en febrero. Muertes dolosas en el primer mes del
año, pues, sumaron 2,932; y en el segundo, 2,871. Poniéndolos en perspectiva y
en contraste (ya señalado hasta el hartazgo por algunos de los principales
analistas de seguridad pública y nacional que aplaudieron, en su momento y aún
ahora, la política de guerra de Felipe Calderón en contra del narcotráfico; y
su continuación con Enrique Peña Nieto), el promedio de asesinatos por día, en
los últimos dos meses, se ha situado por encima de los cien (102.5); es decir,
un crecimiento de alrededor del 15% respecto de los mismos meses en el último
año de Peña Nieto.
Este incremento en el número de
asesinatos, en ambos géneros, es, sin duda, real y significativo. Sin embargo,
cuestionar las muertes por las muertes mismas, sin cuestionar las causas y los
procesos que las originan —a la manera en que en la prensa y en ciertos
círculos de intelectuales de alto rendimiento son tratadas
simplemente como las muertes de López Obrador—, comete el error de sacar de la
intelección del fenómeno variables tan importantes como, por ejemplo, el
reacomodo interno de los grupos criminales con actividades en el país, la
reorganización de las cadenas de valor, en las actividades delictivas, por
causa de la depuración burocrática; las reconfiguraciones de los protocolos
gubernamentales de actuación, el replanteamiento de ciertas instituciones
públicas dedicadas a administrar los fenómenos violentos, o, aún más
importante, la reconstitución de pactos políticos entre grupos criminales y de
intereses políticos opuestos a la agenda y la plataforma de gobierno de la Cuarta Transformación (4T).
No es menor, por supuesto, visibilizar
esta multiplicidad de factores involucrados en el actual repunte de delitos
violentos en el país. Colapsar todo el análisis en el argumento de que las
instituciones, la política pública y los funcionarios de la 4T simplemente no
están funcionando, no saber lidiar con el problema o no están haciendo su
trabajo —de tal suerte que todo asesinato en el país, a partir del primer
segundo del primero de diciembre de 2018, es una muerte de López Obrador, de su
propio ejecutómetro, pone un énfasis argumentativo importante
en términos del reconocimiento de que hay acciones que se deberían estar
implementando para controlar la situación, y no se están haciendo.
El problema aquí viene, no obstante lo
anterior, cuando se pierde de vista que lo que está de fondo en el contexto
actual se encuentra atravesado por una disputa sin tregua por el control del
aparato de Estado, por su andamiaje gubernamental y, por extensión, por el
ejercicio de una cierta hegemonía entre una multiplicidad y una diversidad de
intereses divergentes, cada uno enquistado en su propio coto de poder que
construyó a lo largo de los regímenes anteriores. Cobrar consciencia de este
hecho, evidentemente, no justifica las muertes acumuladas por la actual
administración, pero sí busca poner de manifiesto, reconocer, que la operación
a realizar no es una simple ecuación de mutua exclusión entre dos absolutos:
presencia de violencia frente a ausencia violencia, sino que es, antes bien,
una tarea de exposición clara de los rasgos concretos de cada muerte, en su
singularidad.
El tiempo que se está invirtiendo en
echar a andar nuevas instituciones, nuevas políticas públicas y nuevos
protocolos de actuación por parte de la 4T, al mismo tiempo que se procura
desmontar las redes que funcionaban en los regímenes pasados, en materia de seguridad,
combate a la delincuencia, crimen organizado, pacificación, etc., es un factor
importante para comprender gran parte de la situación, pero no abarca el todo.
Argumentar, de igual manera, que lo que realmente está ocurriendo es que la
presente administración se encuentra por un transe de laxitud respecto de la
política de mano dura de las dos presidencias pasadas, en otra línea de ideas,
tampoco resuelve mucho; en especial, en un momento en el que la 4T logró una
militarización más profunda de la vida pública nacional sin tener que haber
transitado por la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional, y más aún, sin
el costo político que medidas similares tuvieron para Enrique Peña Nieto.
Ahora bien, es verdad que el haber
partido del fortalecimiento y la ampliación del alcance de la política social
es un acierto para combatir algunos de los rasgos más lacerantes de la
estructura económica neoliberal. El problema es que no toda la violencia
atraviesa por los causes de la pauperización de las comunidades; en particular,
la violencia criminal del tipo que ejercen tanto el crimen organizado
transnacional como los cuerpos militares del Estado o los ejércitos privados de
los grandes capitales, anclados a directrices geopolíticas que van más allá del
pretender solucionar el fenómeno de violencia recurriendo al reparto de
ingresos, ya sea en especie o monetizados.
Desestructuraciones tan grandes como el
que se dio en las redes de tráfico de combustibles robados, por ejemplo,
ilustran este punto. Ahí, el problema claro que está en las causas que llevaron
a diversas poblaciones a valerse del hurto de los recursos energéticos del
Estado para poder sobrevivir. Pero el vínculo directo con la violencia no se
resuelve sólo con ofrecer una beca estudiantil a los hijos y las hijas de esas
poblaciones, en repartir becas de primer empleo a las juventudes en edad
laboral o salarios rosas para las madres de familia. Y es
que, aunque la base de la red se construye a partir de la necesidad de esas
poblaciones, el elemento estructural se encuentra anclado en las grandes
estructuras que en verdad se beneficiaron de los ingresos obtenidos —los
intereses armados encargados de securitizar las cadenas de valor, por un lado;
y los capitales acumulados que se formaron del huachicol, por el
otro.
Por eso es importante insistir en que el
contexto actual no es un factor menor en el repunte de los índices de delitos
violentos (que no es lo mismo que decir que existe un repunte en los índices de
violencia, toda vez que no son los mismos fenómenos, aunque mantengan una
relación de codeterminación). Las cartas de buenas intenciones de López Obrador
y de su plataforma de gobierno pueden ser lo más sinceras que se quiera, pero
no por ello se debe obviar que hay un vinculo causal entre la magnitud de los
intereses trastocados por su administración y la reacción de éstos en términos
violentos. La disputa por el control del Estado y por los efectos que tengan en
el país no es menor y las tensiones que se abran o se cierren, en lo sucesivo,
serán definitorias de un espectro importante del fenómeno de la violencia.
*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/21/cien-dias-de-transformacion-la-violencia/
*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/21/cien-dias-de-transformacion-la-violencia/
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México
Cien días de transformación: las izquierdas silenciadas
Se cumplen los primeros cien días de Gobierno
de la plataforma política de Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (institucionalizado
como partido político, hoy mayoritario en ambas cámaras del Congreso federal,
así como al frente de un número importante de gubernaturas locales y
municipales). Cien días no son nada comparados con los —poco más poco menos de—
dos mil ciento noventa días efectivos de gestión que comprende un sexenio
completo. Medir la efectividad de la actual presidencia —o de cualquier otra,
en realidad— por lo que se hace o se deja de hacer en los primeros tres meses
al frente del Estado resulta, en este sentido, no únicamente ocioso, sino,
además, profundamente arbitrario.
Calificar a cualquier mandatario por sus
primeros cien días de Gobierno, en general, parte de ese sentido común que
indica que es en este periodo de tiempo cuando cualquier mandato de elección
popular y su base política dejan entrever a la ciudadanía, de manera más clara
y directa, el cúmulo de filias y fobias que, en teoría, definirán el resto de
las acciones que se tomarán mientras dure su mandato constitucional en
cuestión. Aquí es donde, se supone y se afirma, se define el estilo personal de gobernar de los presidentes
(en especial el de los autoritarios y los populistas, de
acuerdo con la formulación ya clásica de Daniel Cossío Villegas; y que en el
entendimiento de Enrique Krauze terminan por ser variaciones de una misma forma
ideológica de hacer política).
A estas alturas está demás el señalar
que las sociedades, así como sus formaciones políticas, sus proyectos de
gobierno y de mercado no son entidades monolíticas que se definan de una vez y
para siempre al comenzar su vigencia histórica. Sin embargo, quizá no sobre
señalarlo dada la enorme efervescencia que despiertan los tres meses de
Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tanto en la agenda
pública como en la agenda de los medios de comunicación y, por supuesto, en los
imaginarios colectivos nacionales y locales, al margen de ambas. Reiterar la
idea de que el proyecto de nación que López Obrador busca fundar y consolidar a
partir de lo que ha hecho o ha dejado de hacer en este tiempo no sólo parte del
entendido de que las correlaciones de fuerzas y de intereses que lo llevaron a
la presidencia, y que hoy lo procuran y lo sostienen en el ejercicio
gubernamental, se mantendrán inamovibles e inmutables por lo que resta del sexenio,
sino que, aunado a ello, repite el error de considerar a la 4T como un proyecto
acabado, definido tanto en lo más abstracto de su naturaleza cuanto
en los tejidos más finos que la componen.
Esta incomprensión, a ras de suelo, en
particular, ha llevado tanto a amplios espectros de la ciudadanía, así de
derecha como de izquierda, a caracterizar al actual gobierno de manera
monolítica, como un proyecto que ya tiene todas sus líneas definidas y que, en
estricto, lo único en lo que se está debatiendo en la actualidad tiene que ver
con el grado de resistencia que se le opone desde proyectos políticos
antagónicos, caracterizados, de igual manera, como entidades monolíticas y
unívocas. Se pasa por encima, en este sentido, la necesaria comprensión de las
negociaciones, los pactos, las concesiones y las articulaciones que se están
construyendo desde posiciones ideológicas tan divergentes y variadas para
lograr instituir un ejercicio de hegemonía relativamente sólido en el que las
decisiones políticas del día a día no se carguen hacia los extremos con entera
facilidad.
En términos de
la construcción de imaginarios que se lleva a cabo desde intereses dominantes
específicos (ciertos círculos empresariales, organizaciones de la sociedad
civil, formadores de opinión pública, medios de comunicación: prensa, radio,
televisión e internet, etc.,) ese caos y esa incomprensión ciudadana de las
maneras en las que las divergencias políticas se articulan de forma mutua y
voluntaria para hacer prevalecer sus agendas (PRIMOR, dixit), ha estado siendo aprovechada desde el primer
día de Gobierno de López Obrador para reconfigurar la manera en que esa misma
ciudadanía comprende a la derecha y a la izquierda. En el acto de toma de
posesión de Obrador, por ejemplo, la bancada del Partido Acción Nacional en el
Congreso (expresión antonomástica de la derecha más conservadora y neoliberal
en México) no dejó pasar la oportunidad para realizar el histórico conteo del
uno al cuarenta y tres para recordar la desaparición de los cuarenta y tres normalistas
de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Es decir, no dejó pasar la
oportunidad de apropiarse de una bandera política de la izquierda partidista (y
un reclamo legítimo de justicia social por parte de los familiares de las
víctimas, en particular; y del sinnúmero de victimas de dieciocho años de
guerra en contra del narcotráfico, en general), para posicionarse, en un
momento en el que la atención de la mayor parte de México se encontraba
observando el acto, como la oposición crítica, social,
moral, ética, de izquierda y ciudadana a un
Gobierno que ya desde entonces no se ha cansado de acusar de derechista, de
conservador, de autoritario, y de cualquier otro adjetivo que recuerde, justo,
a la derecha que presidencias como las de Vicente Fox y Felipe Calderón
personificaron.
Órganos de difusión tradicionales del
credo neoliberal, del tipo de las Revistas Nexos y Letras Libres, por ejemplo,
en este contexto han aprovechado la situación para hacer eco de personalidades
que participaron en movilizaciones de izquierda en el siglo pasado, tanto en
México como en el resto del continente, para legitimar este nuevo
posicionamiento que se vende bajo la imagen de una oposición responsable.
Criticar a un gobierno que sale todos los días, en conferencia de prensa
matutina, a justificar que es, él mismo, en verdad, una plataforma de izquierda
(y en ocasiones de una izquierda radical, por oposición a la carencia de
ética, de moral y de sentido social del neoliberalismo), procurando convencer a
la ciudadanía de que su signo político e ideológico es, en la práctica
cotidiana, de izquierda; así, se ha convertido, para la derecha en México, en
una operación de convencimiento de la población de que su posición actual es
más próxima a una ética y una responsabilidad social de izquierda que la que
profesa el propio gobierno al que dice oponerse.
Ello, en los hechos, se traduce, en
primera instancia, en una reconfiguración de la memoria colectiva de los
mexicanos y las mexicanas en la que, si el gobierno actual es representación de
alguna suerte de fundamentalismo, de reconfiguración del estalinismo soviético,
o de reactualización de las dictaduras militares de América; la historia de los
gobiernos panistas en México, a partir de la vuelta del siglo XXI, es y siempre
fue, en realidad, la expresión más acabada de civilidad y de solidaridad
colectiva. Es ahí en donde se da la lectura de ese conteo colectivo de la
bancada del panismo en la toma de posición de López Obrador. Pasado por
inadvertido por sendos sectores de las clases medias bien acomodadas que viven
con animadversión el viraje hacia la 4T, ahora parece, en el debate
colectivo, que el panismo siempre estuvo en sintonía con las victimas de la
guerra que su propia plataforma política e ideológica desataron con Vicente Fox,
primero; y de manera aún más profunda y radical con Felipe Calderón, después.
Ahora bien, que la derecha y el
conservadurismo en México se monten sobre la tarea de invertir, por lo menos en
el discurso, su signo ideológico frente a la mirada de la ciudadanía, en
general, no es un acto azaroso. Más bien, es una estrategia deliberada que, en
principio, se nutre de la aún conflictiva y caótica articulación de intereses
divergentes por parte del proyecto de Gobierno de López Obrador. Pero más aún,
es una operación que, en gran medida, se ve posibilitada debido al
anestesiamiento bajo el cual la voz de López Obrador y de un gran sector de sus
adeptos en las masas han colocado a la propia crítica de las múltiples
izquierdas que en el país no se conforman con el reformismo que plantea su
administración.
Algunos casos paradigmáticos de lo
anterior se hallan en las tensiones que hoy se encuentran más abiertas que
nunca entre el político tabasqueño y, por ejemplo, las colectividades
zapatistas, las comunidades afectadas por proyectos de infraestructura (Huexca,
en Morelos, y la apertura de una termoeléctrica que atenta contra sus
territorios y sus modos de vida); o más reciente, las distintas temáticas que
tienen que ver con los derechos reproductivos de las mujeres y sus derechos
conquistados y aún por conquistar; propuestos para consulta popular por el
ejecutivo federal.
Es aquí, por tanto, en donde se
encuentra el mayor riesgo, primero, para el abanico de izquierdas en México que
buscan algo más que un puro reformismo, romántico, de la forma de realizarse
del capitalismo en México. Pero también, y derivado de lo anterior, el riesgo
que se corre al dejar de ejercer un control necesario, de izquierda, sobre las
acciones que toma el Gobierno actual; y que, en términos inmediatos y
prácticos, son actos de control imprescindibles para no permitir la continuidad
en la militarización de México por la vía de la creación y consolidación de la
Guardia Nacional.
Y es que, en efecto, en el momento en el
que se observa que la derecha, cobijada por un discurso de izquierda —extraído
de personajes y movimientos de izquierda que a la vuelta del siglo se
derechizaron—, y la izquierda hegemónica de la 4T —silenciando al resto de las
izquierdas con su discurso— se conjugan mutuamente, lo que queda de residuo es
una imposibilidad de realizar el ejercicio de gobierno (incluyendo la
participación de los diferentes sujetos colectivos que componen a la sociedad
mexicana) de forma crítica y autocrítica. Y ello, en un marco referencial en el
que el capital atraviesa por un momento de reorganización conservadora global
que, no por conservador, deja de ser, en algún sentido, menos agresivo y
avasallante que la versión que hasta ahora hemos vivido (el capitalismo
cultural) desde mediados del siglo XX.
La
administración de López Obrador no es, en términos programáticos, un esfuerzo
revolucionario que sea capaz de salir de la trampa del capital: emplear al
aparato de Estado y a su andamiaje gubernamental para regular de mejor manera
los excesos del mercado (eso que López Obrador no ha cesado de llamar combate a
la corrupción). Eso está claro y de allí se debe partir, no como una petición
de principio, sino, antes bien, como un reconocimiento de que su gestión sólo
encuentra su condición de posibilidad sobre la base de los acuerdos pactados
con el gran capital nacional e internacional.
*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/12/cien-dias-de-transformacion-las-izquierdas-silenciadas/
*Esta columna fue publicada originalmente en el sitio web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional: https://cemapinternacional.com/2019/03/12/cien-dias-de-transformacion-las-izquierdas-silenciadas/
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Capitalismo, Raison D'état y el proyecto militarista de la izquierda en México
Violencia
neoliberal
La iniciativa por
medio de la cual el gobierno federal en funciones busca instaurar a una Guardia
Nacional como el eje articulador de su política de seguridad, de combate a la delincuencia y de pacificación para el resto del sexenio continúa avanzando en su
recorrido legislativo, a pesar de que los posicionamientos en contra, desde
diferentes sectores de la sociedad, han incrementado en términos casi
proporcionales a la defensa que de ésta han realizado el presidente, la mayoría
de los legisladores y un importante contingente de adherentes ideológicos del
partido Movimiento de Regeneración Nacional.
En
la exposición de motivos ofrecida en el texto de la iniciativa, la propuesta en
su conjunto se fundamenta en un diagnostico de la violencia en el país que, de
acuerdo con la lógica de sus impulsores, tiene sus causales en tres factores
fundamentales: «las políticas y medidas económicas implantadas desde hace
treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de
tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente
corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación,
desde hace doce años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y
combate a la delincuencia».
En
términos discursivos e ideológicos, que la administración federal vigente
comience por identificar al neoliberalismo como el principal factor que
determina a la violencia que se vive en México no es un cambio menor respecto
de los diagnósticos que sobre el tema realizaron las tres presidencias
anteriores. Y es que, en el fondo, lo que aquí se señala —pese a no ser
nombrado en su amplitud, con tal de mantener al desarrollo de la discusión
dentro de los márgenes de la corrección política dominante—, es exactamente lo
opuesto a lo que en los tres gobiernos precedentes se buscó incesantemente
recetar como panacea para toda forma de violencia en el país (y del cúmulo de
fenómenos sociales con ellas concatenados o de ellas derivados): mayor
(neo)liberalización de la economía. Esto, por supuesto, no significa, por
ningún motivo, que dicho cambio discursivo e ideológico encuentre en la
práctica de la política económica federal su correspondiente; o por lo menos no
más allá de la política social.
El
segundo pilar considerado por esta presidencia como una determinante
fundamental de los altos índices de violencia en el país se mantiene en línea
con el postulado anterior, pues lo que el presidente con tanta insistencia ha
identificado como corrupción, en los
hechos no es más la lógica operativa propia de las estructuras de producción y
consumo capitalistas: la incesante concentración y acumulación de capital por
parte grupos privilegiados, élites políticas y empresariales, que se valen del
control del Estado-nación, y de su correspondiente andamiaje gubernamental,
para mantener sus posiciones dominantes y las políticas de pauperización del
resto de las clases.
En este sentido, una lectura en conjunto de
ambos puntos arroja, por primera vez en la historia de la guerra en contra del
crimen organizado en México, una no tan explícita (pero no por ello menos
directa) responsabilización del funcionamiento de la política y la economía
nacionales en la ampliación y profundización de la criminalidad y de la
violencia en el país. Esto, con Felipe Calderón, por ejemplo, nunca se puso a
discusión, pues la narrativa gubernamental de ese momento —aún más adepta al
mantra neoliberal que los propios priístas— se concentró, todo el sexenio, en
reproducir en el imaginario colectivo nacional la aceptación y la legitimación
simultanea de, por un lado, el funcionamiento generalizado, robustecido,
ampliado y profundizado de los aparatos represivos del Estado; y por el otro,
de una economía enfocada en intensificar la absoluta mercantilización de la
vida en sociedad. Mientras que durante la administración de Enrique Peña Nieto,
el endurecimiento de la política represiva en contra de la disidencia fue tan
honda que ni siquiera fue necesario endurecer la narrativa gubernamental.
Ahora
bien, el énfasis que pone el gobierno federal en funciones en identificar al
neoliberalismo como el principal enemigo a vencer para reducir los niveles de
violencia en el país no es fortuito. En realidad, si bien es cierto que un
espectro importante de la violencia armada en el país tiene que ver el
funcionamiento de la política económica nacional, la verdad es que ese
espectro, tal y como lo identifican desde el gobierno de López Obrador, es una
porción mínima.
Es
cierto que el funcionamiento del capitalismo es lo que determina la razón de
ser de actividades como el trasiego de armas, de enervantes o de personas. Sin
embargo, traducir y reducir eso —como lo hace la plataforma política de López
Obrador y adeptos— a un fenómeno de pura redistribución del ingreso, de
democratización del consumo (en argot neoliberal), o de un mayor garantismo en
términos de acceso a servicios públicos y prerrogativas de seguridad y
previsión social es un error mayúsculo que repite la falacia de que los
empobrecidos de la tierra son, por antonomasia (por su propia pobreza, per se) violentos o propensos a reproducir
la violencia criminal observada en las estructuras criminales del tipo de los
cárteles del narcotráfico.
Otorgar
becas a las juventudes del país para que continúen sus estudios o para que se
inserten en el mercado laboral de manera formal, ampliar y generalizar la línea
de bienestar de las familias, incrementar el salario mínimo o expandir y
mejorar los servicios públicos del Estado, no cabe duda, son paliativos
importantes, indispensables y necesarios para atajar algunas de las causas
estructurales que llevan a miles o millones de personas a integrarse en las
filas de los cárteles del crimen organizado. El problema es, no obstante, que
ese tipo de medidas siguen siendo paliativos, con efectos, en el mejor de los
casos, de prevención —no de reversión. Y es que, en efecto, aunque el
diagnóstico del gobierno en activo es correcto en sus líneas más profundas y
generales, la realidad de los hechos es que el remedio que se propone apenas y
alcanza a aminorar los daños cometidos por el funcionamiento de la economía-mundo
capitalista, pese a dejar intactas las estructuras elementales del crimen
organizado.
Violencia criminal
y violencia social
En esta línea de
ideas, la narrativa de López Obrador y de su equipo ha sido bastante efectiva
para vender a la ciudadanía la idea de que la reducción de la violencia pasa
por la reducción de su propio empobrecimiento. La cuestión es que la
efectividad de esa narrativa está fundada sobre premisas que se corresponden
más con las carencias materiales de las personas —y por lo tanto, con las
maneras de hacerles frente— que con el imperativo de reconocer que si los
grandes cárteles del crimen organizado funcionan como lo hacen en la actualidad
se debe, en lo esencial, a dos factores: primero, a su organización y movilización
por parte de hombres poseedores de grandes capitales acumulados y concentrados
en un par de industrias criminales o diversificados en un vasto número de
sectores formales de la economía (vía el lavado de activos); y segundo, a que
la totalidad de la cadena de valor de la economía criminal sirve a la totalidad
del capitalismo, en general; y de las economías nacionales no criminales, en
particular; para corregir, (re)producir, ampliar, profundizar, etc., algunas de
sus dinámicas básicas.
Esto,
por supuesto, no queda claro si la plataforma política de López Obrador lo
tiene claro —aunque hasta ahora, a juzgar por la insistencia con la que se
ignora la dimensión geopolítica del funcionamiento del crimen organizado a la
hora de planificar las políticas públicas de su combate, en realidad parece
que, en efecto, no lo alcanza a visualizar. Pero incluso si lo hiciera, y si
fuese consciente de ese factor, también es claro que un solo gobierno
periférico (como el de México o cualquiera del Sur de América) poco puede hacer
ante la lógica que gobierna a la totalidad global. Además, al concentrar la
solución en el argumento de que un mejor nivel de bienestar para las juventudes
se traducirá en una reducción de personal al servicio del crimen organizado (y
por consecuencia, en que la criminalidad cuente con menores recursos humanos asesinando
a personas en las calles del país) pasa por alto que la violencia derivada de
la criminalidad no es sino un resabio suyo; y uno de menor importancia si se lo
compara con los efectos devastadores que tiene en cualquier colectividad la
profundización y ampliación de la violencia social: esa que no pasa por los
canales de operación de la criminalidad, sino por relaciones de socialidad que
son ellas, inherentemente, violentas.
Es
este último aspecto el que la administración federal en funciones no alcanza a
asir, y la muestra más clara de ello es que, ante la violencia social (que el
gobierno insiste en confundir e identificar como violencia criminal), la única
solución que ha propuesto y a la cual se aferra tiene que ver con incrementar
el grado de militarización de la vida en sociedad, no sólo por la vía de un
desmesurado fortalecimiento del ejército, la fuerza aérea y la marina, sino,
también, por la proliferación de cuerpos de seguridad que operen bajo la lógica
de la racionalidad castrense, como es el caso de la Guardia Nacional.
Al
respecto, una de las principales estrategias empleadas por el presidente de
México ha consistido en reforzar, en la memoria histórica y en la conciencia emocional
de los mexicanos y las mexicanas, la idea de que los efectivos adscritos a
cualquiera de los institutos castrenses federales son sólo «pueblo uniformado»,
hijos de obreros, de campesinos, de artesanos; en fin, hijos de ese México
profundo que no forma parte de las clases privilegiadas a las que con tanto
empeño identifica como las traidoras y las saqueadoras de la patria. Así, al
recurrir a esa construcción específica del rol de las Fuerzas Armadas en las
tareas de seguridad del Estado, la presidencia de la república no únicamente
minimiza los numerosos casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones
extrajudiciales, de matanzas a sueldo, de robos y saqueos, además de la
profunda responsabilidad del ejercito, la fuerza aérea y la armada en la profundización
de la espiral de violencia en el país; sino que, además, los desrresponsabiliza
por completo, haciendo gravitar las consecuencias de su rol en el combate
armado en contra del crimen organizado en el aspecto concerniente al mando
civil.
No
es azarosa, en este sentido, la reivindicación que el presidente hace del mando
civil cuando se trata de discutir los efectos que tendría un incremento tanto
de los cuerpos de seguridad militarizados cuanto de los efectivos adscritos a
cada uno de esos cuerpos. No muy en el
fondo de esta narrativa, de lo que se trata es de contrastar su calidad ética y
moral en el ejercicio de la política vis
á vis la de sus opositores y antecesores. Después de todo, en ello se juega
el reivindicar la legitimidad de su gestión por el reconocimiento de los
valores morales y los contenidos éticos que desde su persona sería capaz de
imprimir en la totalidad del proyecto político que impulsa. Por eso, un cambio
de mando civil es, en la lógica de su discurso, un cambio por completo de la
racionalidad y la práctica castrense en las labores de seguridad y de defensa
públicas.
Está
demás el explicar la profunda ignorancia que con esta creencia profesa el
presidente de México, respecto de la cultura política y los intereses propios
de las estructuras militares, independientes de la carga moral y ética de su
comandante supremo.
Otra
estrategia socorrida en más de una ocasión por parte del equipo de gobierno de
López Obrador es la de invertir la ecuación a la que han recurrido los críticos
de la Guardia Nacional: en lugar de tener que combatir la idea de que la
seguridad pública del país y la vida de las mexicanas y los mexicanos se están
militarizando, el hoy Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno
de México, Alfonso Romo, optó por venderle a la población la idea de que lo que
se pretende es, en realidad, ciudadanizar («policializar», fue el término
exacto empleado por el Secretario) a las estructuras castrenses y su
funcionamiento.
Realizar
tal afirmación, en este momento, después del mandato de Felipe Calderón, cuando
la totalidad de las corporaciones de policía estatales fue colocada bajo el
mando de directivos de extracción militar, y después de que Enrique Peña Nieto
mantuvo la práctica —inaugurada por su predecesor— de someter a los efectivos
de esas policías a entrenamientos de carácter militar, partiendo de manuales
internos de la Secretaría de la Defensa Nacional y estando a cargo de
instructores adscritos al ejército, es una traición explícita al baño de sangre
y los miles de restos humanos que han sufrido los mexicanos y las mexicanas. Si
el gobierno en turno realmente quisiera invertir la lógica de la militarización
en México, entonces tendría que comenzar por revertir lo que ya se hizo con las
corporaciones ciudadanas de seguridad pública. Pero esta opción no está sobre
la mesa.
Guardia nacional,
guardia política
La Guardia
Nacional, en este contexto, es propuesta como la mejor de las soluciones
posibles para atender los dos vacíos fundamentales que aquejan a la estrategia
de seguridad implementada desde Felípe Calderón y continuada por Enrique Peña
Nieto: por un lado, los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en
materia de seguridad pública; y por el otro, la carencia de entidades de
seguridad pública con capacidades especializadas en el combate a la
criminalidad organizada. En teoría, la Guardia Nacional resarce ambos vacíos,
desarrollando en un único cuerpo armado lo mejor de ambos mundos: la
disciplina, la jerarquía y el escalafón propios del ejército, en el espectro
militar; y la moralización, el mando y la profecionalización, por el de las
instituciones civiles.
Regresando
a la exposición de motivos de la iniciativa legal, la propuesta toma como
ejemplos históricos clásicos de éxito en el funcionamiento del modelo de
Guardias Nacionales a los casos de la Guardia Civil Española, la Gendarmería
Nacional de Francia y el Arma de Carabineros italiana. No sobra mencionar que
los tres son casos de cuerpos encargados de la seguridad pública, pero con un
marcado enfoque militarista: por su entrenamiento, por el modo en el que operan
y por la racionalidad que conduce su razón de ser. Para el caso mexicano, el
modelo no se aleja de ese mismo paradigma: basta con observar que la parte
fundamental de los elementos que la compondrían provendrían «de las policías
Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal», mientras que a los
civiles que se convoquen para incrementar a sus efectivos «recibirán formación
y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios
elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina,
Gobernación y Seguridad Ciudadan».
Es
decir, el gobierno insiste en que la lógica que regirá el actuar de la Guardia
Nacional no será la propia de la racionalidad castrense. Sin embargo, el
contenido programático de su propuesta responde justo a esa lógica, y lo hace,
además, en un momento en el que el ejecutivo federal insiste en fortalecer la
posición del las Fuerzas Armadas en un espectro mayor de actividades, como en
la securitización de la cadena de valor de los hidrocarburos, argumentando
razones de seguridad nacional y la necesidad de hacer frente al crimen
organizado que se nutre del robo de combustibles (incluidos los funcionarios al
interior del gobierno y de Petróleos Mexicanos, como indican los últimos
reportes dados a conocer por López Obrador).
En
este marco de ideas, la urgencia del elemento militar, en la justificación del
gobierno morenista, radica en el reconocimiento de que cualquier otra institución
de seguridad (con independencia del adjetivo: ciudadana, pública, nacional,
interior, etc.), no cuenta con las capacidades operativas (de fuego y
logísticas) necesarias para hacerle frente a las propias capacidades operativas
de, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico. De aquí surge la profunda
contradicción entre el decir y el quehacer de la propuesta de Guardia Nacional,
pues la razón más profunda para justificar el contenido militar de la propuesta
viene —aunque en el discurso se oculte, para no repetir la narrativa de Felipe
Calderón y de Enrique Peña Nieto— de la necesidad de mantener un poder de fuego
equiparable al de los cárteles en las calles. La lógica de la confrontación
armada y de la guerra sin cuartel entre buenos y malos sigue vigente, y se
mantiene intacta, en los mismos términos desde 2006. Puestas así las cosas, la
Guardia Nacional es una excelente salida para conseguir la militarización de la
vida pública nacional sin la necesidad de haber incurrido en el error
calderonista de ocupar a las Fuerzas Armadas en actividades para las cuales no estaban
legalmente facultadas, y sin haber tenido que mantener en vigor ese resabio de
la administración federal anterior que es la controvertida Ley de Seguridad
Interior.
Pero
aquí lo que el presidente y su equipo no parecen comprender es que, por más que
en la constitución i) se reconozca la competencia de los tribunales civiles en
delitos en donde estén involucrados elementos castrences [Art. 13], ii) se
prohiba expresamente el traslado y resguardo de cualquier detenido a
instalaciones militares [Art. 16] o iii) se reconozca la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional [Art. 21]; la fortaleza y la solidez con la que se
está dotando a las Fuerzas Armadas en el país es tanta, que rememora a los
casos del Sur de América, en los que la izquierda fortaleció a los aparatos represivos
del Estado —tanto para ganárselos para su propia causa como para blindarse
contra sus oponentes ideológicos—, que al final estos terminaron vendiéndose a
los mejores postores de la derecha y el conservadurismo sin que la izquierda
pudiese hacer nada para contener su fortaleza.
Como
lo muestran los últimos discursos de López Obrador sobre la materia, lo que
éste intenta conseguir es la lealtad de las Fuerzas Armadas acrecentando sus
recursos, su poder, su presencia y su incidencia en los procesos de la vida
pública nacional. Sus intervenciones en diferentes espacios afirmando que las
Fuerzas Armadas de México se caracterizan por no gestar golpes de Estado así lo
hacen creer. Y quizá no sea un movimiento torpe si el presidente y su
plataforma política tienen en planes el profundizar las correcciones de
carácter social al funcionamiento del neoliberalismo, previendo que los
intereses empresariales y oligárquicos, nacionales y extranjeros, afectados por
ese proceder se podrían llegar a polarizar tanto como para intentar replicar la
historia que América del Sur ya conoce. El problema aquí es, no obstante, si
esa fortaleza que le está concediendo a la milicia será controlable en lo
sucesivo, solo confiando en la lealtad que estas afirman guardar para la nación.
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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