Capitalismo, Raison D'état y el proyecto militarista de la izquierda en México
Violencia
neoliberal
La iniciativa por
medio de la cual el gobierno federal en funciones busca instaurar a una Guardia
Nacional como el eje articulador de su política de seguridad, de combate a la delincuencia y de pacificación para el resto del sexenio continúa avanzando en su
recorrido legislativo, a pesar de que los posicionamientos en contra, desde
diferentes sectores de la sociedad, han incrementado en términos casi
proporcionales a la defensa que de ésta han realizado el presidente, la mayoría
de los legisladores y un importante contingente de adherentes ideológicos del
partido Movimiento de Regeneración Nacional.
En
la exposición de motivos ofrecida en el texto de la iniciativa, la propuesta en
su conjunto se fundamenta en un diagnostico de la violencia en el país que, de
acuerdo con la lógica de sus impulsores, tiene sus causales en tres factores
fundamentales: «las políticas y medidas económicas implantadas desde hace
treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de
tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente
corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación,
desde hace doce años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y
combate a la delincuencia».
En
términos discursivos e ideológicos, que la administración federal vigente
comience por identificar al neoliberalismo como el principal factor que
determina a la violencia que se vive en México no es un cambio menor respecto
de los diagnósticos que sobre el tema realizaron las tres presidencias
anteriores. Y es que, en el fondo, lo que aquí se señala —pese a no ser
nombrado en su amplitud, con tal de mantener al desarrollo de la discusión
dentro de los márgenes de la corrección política dominante—, es exactamente lo
opuesto a lo que en los tres gobiernos precedentes se buscó incesantemente
recetar como panacea para toda forma de violencia en el país (y del cúmulo de
fenómenos sociales con ellas concatenados o de ellas derivados): mayor
(neo)liberalización de la economía. Esto, por supuesto, no significa, por
ningún motivo, que dicho cambio discursivo e ideológico encuentre en la
práctica de la política económica federal su correspondiente; o por lo menos no
más allá de la política social.
El
segundo pilar considerado por esta presidencia como una determinante
fundamental de los altos índices de violencia en el país se mantiene en línea
con el postulado anterior, pues lo que el presidente con tanta insistencia ha
identificado como corrupción, en los
hechos no es más la lógica operativa propia de las estructuras de producción y
consumo capitalistas: la incesante concentración y acumulación de capital por
parte grupos privilegiados, élites políticas y empresariales, que se valen del
control del Estado-nación, y de su correspondiente andamiaje gubernamental,
para mantener sus posiciones dominantes y las políticas de pauperización del
resto de las clases.
En este sentido, una lectura en conjunto de
ambos puntos arroja, por primera vez en la historia de la guerra en contra del
crimen organizado en México, una no tan explícita (pero no por ello menos
directa) responsabilización del funcionamiento de la política y la economía
nacionales en la ampliación y profundización de la criminalidad y de la
violencia en el país. Esto, con Felipe Calderón, por ejemplo, nunca se puso a
discusión, pues la narrativa gubernamental de ese momento —aún más adepta al
mantra neoliberal que los propios priístas— se concentró, todo el sexenio, en
reproducir en el imaginario colectivo nacional la aceptación y la legitimación
simultanea de, por un lado, el funcionamiento generalizado, robustecido,
ampliado y profundizado de los aparatos represivos del Estado; y por el otro,
de una economía enfocada en intensificar la absoluta mercantilización de la
vida en sociedad. Mientras que durante la administración de Enrique Peña Nieto,
el endurecimiento de la política represiva en contra de la disidencia fue tan
honda que ni siquiera fue necesario endurecer la narrativa gubernamental.
Ahora
bien, el énfasis que pone el gobierno federal en funciones en identificar al
neoliberalismo como el principal enemigo a vencer para reducir los niveles de
violencia en el país no es fortuito. En realidad, si bien es cierto que un
espectro importante de la violencia armada en el país tiene que ver el
funcionamiento de la política económica nacional, la verdad es que ese
espectro, tal y como lo identifican desde el gobierno de López Obrador, es una
porción mínima.
Es
cierto que el funcionamiento del capitalismo es lo que determina la razón de
ser de actividades como el trasiego de armas, de enervantes o de personas. Sin
embargo, traducir y reducir eso —como lo hace la plataforma política de López
Obrador y adeptos— a un fenómeno de pura redistribución del ingreso, de
democratización del consumo (en argot neoliberal), o de un mayor garantismo en
términos de acceso a servicios públicos y prerrogativas de seguridad y
previsión social es un error mayúsculo que repite la falacia de que los
empobrecidos de la tierra son, por antonomasia (por su propia pobreza, per se) violentos o propensos a reproducir
la violencia criminal observada en las estructuras criminales del tipo de los
cárteles del narcotráfico.
Otorgar
becas a las juventudes del país para que continúen sus estudios o para que se
inserten en el mercado laboral de manera formal, ampliar y generalizar la línea
de bienestar de las familias, incrementar el salario mínimo o expandir y
mejorar los servicios públicos del Estado, no cabe duda, son paliativos
importantes, indispensables y necesarios para atajar algunas de las causas
estructurales que llevan a miles o millones de personas a integrarse en las
filas de los cárteles del crimen organizado. El problema es, no obstante, que
ese tipo de medidas siguen siendo paliativos, con efectos, en el mejor de los
casos, de prevención —no de reversión. Y es que, en efecto, aunque el
diagnóstico del gobierno en activo es correcto en sus líneas más profundas y
generales, la realidad de los hechos es que el remedio que se propone apenas y
alcanza a aminorar los daños cometidos por el funcionamiento de la economía-mundo
capitalista, pese a dejar intactas las estructuras elementales del crimen
organizado.
Violencia criminal
y violencia social
En esta línea de
ideas, la narrativa de López Obrador y de su equipo ha sido bastante efectiva
para vender a la ciudadanía la idea de que la reducción de la violencia pasa
por la reducción de su propio empobrecimiento. La cuestión es que la
efectividad de esa narrativa está fundada sobre premisas que se corresponden
más con las carencias materiales de las personas —y por lo tanto, con las
maneras de hacerles frente— que con el imperativo de reconocer que si los
grandes cárteles del crimen organizado funcionan como lo hacen en la actualidad
se debe, en lo esencial, a dos factores: primero, a su organización y movilización
por parte de hombres poseedores de grandes capitales acumulados y concentrados
en un par de industrias criminales o diversificados en un vasto número de
sectores formales de la economía (vía el lavado de activos); y segundo, a que
la totalidad de la cadena de valor de la economía criminal sirve a la totalidad
del capitalismo, en general; y de las economías nacionales no criminales, en
particular; para corregir, (re)producir, ampliar, profundizar, etc., algunas de
sus dinámicas básicas.
Esto,
por supuesto, no queda claro si la plataforma política de López Obrador lo
tiene claro —aunque hasta ahora, a juzgar por la insistencia con la que se
ignora la dimensión geopolítica del funcionamiento del crimen organizado a la
hora de planificar las políticas públicas de su combate, en realidad parece
que, en efecto, no lo alcanza a visualizar. Pero incluso si lo hiciera, y si
fuese consciente de ese factor, también es claro que un solo gobierno
periférico (como el de México o cualquiera del Sur de América) poco puede hacer
ante la lógica que gobierna a la totalidad global. Además, al concentrar la
solución en el argumento de que un mejor nivel de bienestar para las juventudes
se traducirá en una reducción de personal al servicio del crimen organizado (y
por consecuencia, en que la criminalidad cuente con menores recursos humanos asesinando
a personas en las calles del país) pasa por alto que la violencia derivada de
la criminalidad no es sino un resabio suyo; y uno de menor importancia si se lo
compara con los efectos devastadores que tiene en cualquier colectividad la
profundización y ampliación de la violencia social: esa que no pasa por los
canales de operación de la criminalidad, sino por relaciones de socialidad que
son ellas, inherentemente, violentas.
Es
este último aspecto el que la administración federal en funciones no alcanza a
asir, y la muestra más clara de ello es que, ante la violencia social (que el
gobierno insiste en confundir e identificar como violencia criminal), la única
solución que ha propuesto y a la cual se aferra tiene que ver con incrementar
el grado de militarización de la vida en sociedad, no sólo por la vía de un
desmesurado fortalecimiento del ejército, la fuerza aérea y la marina, sino,
también, por la proliferación de cuerpos de seguridad que operen bajo la lógica
de la racionalidad castrense, como es el caso de la Guardia Nacional.
Al
respecto, una de las principales estrategias empleadas por el presidente de
México ha consistido en reforzar, en la memoria histórica y en la conciencia emocional
de los mexicanos y las mexicanas, la idea de que los efectivos adscritos a
cualquiera de los institutos castrenses federales son sólo «pueblo uniformado»,
hijos de obreros, de campesinos, de artesanos; en fin, hijos de ese México
profundo que no forma parte de las clases privilegiadas a las que con tanto
empeño identifica como las traidoras y las saqueadoras de la patria. Así, al
recurrir a esa construcción específica del rol de las Fuerzas Armadas en las
tareas de seguridad del Estado, la presidencia de la república no únicamente
minimiza los numerosos casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones
extrajudiciales, de matanzas a sueldo, de robos y saqueos, además de la
profunda responsabilidad del ejercito, la fuerza aérea y la armada en la profundización
de la espiral de violencia en el país; sino que, además, los desrresponsabiliza
por completo, haciendo gravitar las consecuencias de su rol en el combate
armado en contra del crimen organizado en el aspecto concerniente al mando
civil.
No
es azarosa, en este sentido, la reivindicación que el presidente hace del mando
civil cuando se trata de discutir los efectos que tendría un incremento tanto
de los cuerpos de seguridad militarizados cuanto de los efectivos adscritos a
cada uno de esos cuerpos. No muy en el
fondo de esta narrativa, de lo que se trata es de contrastar su calidad ética y
moral en el ejercicio de la política vis
á vis la de sus opositores y antecesores. Después de todo, en ello se juega
el reivindicar la legitimidad de su gestión por el reconocimiento de los
valores morales y los contenidos éticos que desde su persona sería capaz de
imprimir en la totalidad del proyecto político que impulsa. Por eso, un cambio
de mando civil es, en la lógica de su discurso, un cambio por completo de la
racionalidad y la práctica castrense en las labores de seguridad y de defensa
públicas.
Está
demás el explicar la profunda ignorancia que con esta creencia profesa el
presidente de México, respecto de la cultura política y los intereses propios
de las estructuras militares, independientes de la carga moral y ética de su
comandante supremo.
Otra
estrategia socorrida en más de una ocasión por parte del equipo de gobierno de
López Obrador es la de invertir la ecuación a la que han recurrido los críticos
de la Guardia Nacional: en lugar de tener que combatir la idea de que la
seguridad pública del país y la vida de las mexicanas y los mexicanos se están
militarizando, el hoy Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno
de México, Alfonso Romo, optó por venderle a la población la idea de que lo que
se pretende es, en realidad, ciudadanizar («policializar», fue el término
exacto empleado por el Secretario) a las estructuras castrenses y su
funcionamiento.
Realizar
tal afirmación, en este momento, después del mandato de Felipe Calderón, cuando
la totalidad de las corporaciones de policía estatales fue colocada bajo el
mando de directivos de extracción militar, y después de que Enrique Peña Nieto
mantuvo la práctica —inaugurada por su predecesor— de someter a los efectivos
de esas policías a entrenamientos de carácter militar, partiendo de manuales
internos de la Secretaría de la Defensa Nacional y estando a cargo de
instructores adscritos al ejército, es una traición explícita al baño de sangre
y los miles de restos humanos que han sufrido los mexicanos y las mexicanas. Si
el gobierno en turno realmente quisiera invertir la lógica de la militarización
en México, entonces tendría que comenzar por revertir lo que ya se hizo con las
corporaciones ciudadanas de seguridad pública. Pero esta opción no está sobre
la mesa.
Guardia nacional,
guardia política
La Guardia
Nacional, en este contexto, es propuesta como la mejor de las soluciones
posibles para atender los dos vacíos fundamentales que aquejan a la estrategia
de seguridad implementada desde Felípe Calderón y continuada por Enrique Peña
Nieto: por un lado, los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en
materia de seguridad pública; y por el otro, la carencia de entidades de
seguridad pública con capacidades especializadas en el combate a la
criminalidad organizada. En teoría, la Guardia Nacional resarce ambos vacíos,
desarrollando en un único cuerpo armado lo mejor de ambos mundos: la
disciplina, la jerarquía y el escalafón propios del ejército, en el espectro
militar; y la moralización, el mando y la profecionalización, por el de las
instituciones civiles.
Regresando
a la exposición de motivos de la iniciativa legal, la propuesta toma como
ejemplos históricos clásicos de éxito en el funcionamiento del modelo de
Guardias Nacionales a los casos de la Guardia Civil Española, la Gendarmería
Nacional de Francia y el Arma de Carabineros italiana. No sobra mencionar que
los tres son casos de cuerpos encargados de la seguridad pública, pero con un
marcado enfoque militarista: por su entrenamiento, por el modo en el que operan
y por la racionalidad que conduce su razón de ser. Para el caso mexicano, el
modelo no se aleja de ese mismo paradigma: basta con observar que la parte
fundamental de los elementos que la compondrían provendrían «de las policías
Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal», mientras que a los
civiles que se convoquen para incrementar a sus efectivos «recibirán formación
y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios
elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina,
Gobernación y Seguridad Ciudadan».
Es
decir, el gobierno insiste en que la lógica que regirá el actuar de la Guardia
Nacional no será la propia de la racionalidad castrense. Sin embargo, el
contenido programático de su propuesta responde justo a esa lógica, y lo hace,
además, en un momento en el que el ejecutivo federal insiste en fortalecer la
posición del las Fuerzas Armadas en un espectro mayor de actividades, como en
la securitización de la cadena de valor de los hidrocarburos, argumentando
razones de seguridad nacional y la necesidad de hacer frente al crimen
organizado que se nutre del robo de combustibles (incluidos los funcionarios al
interior del gobierno y de Petróleos Mexicanos, como indican los últimos
reportes dados a conocer por López Obrador).
En
este marco de ideas, la urgencia del elemento militar, en la justificación del
gobierno morenista, radica en el reconocimiento de que cualquier otra institución
de seguridad (con independencia del adjetivo: ciudadana, pública, nacional,
interior, etc.), no cuenta con las capacidades operativas (de fuego y
logísticas) necesarias para hacerle frente a las propias capacidades operativas
de, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico. De aquí surge la profunda
contradicción entre el decir y el quehacer de la propuesta de Guardia Nacional,
pues la razón más profunda para justificar el contenido militar de la propuesta
viene —aunque en el discurso se oculte, para no repetir la narrativa de Felipe
Calderón y de Enrique Peña Nieto— de la necesidad de mantener un poder de fuego
equiparable al de los cárteles en las calles. La lógica de la confrontación
armada y de la guerra sin cuartel entre buenos y malos sigue vigente, y se
mantiene intacta, en los mismos términos desde 2006. Puestas así las cosas, la
Guardia Nacional es una excelente salida para conseguir la militarización de la
vida pública nacional sin la necesidad de haber incurrido en el error
calderonista de ocupar a las Fuerzas Armadas en actividades para las cuales no estaban
legalmente facultadas, y sin haber tenido que mantener en vigor ese resabio de
la administración federal anterior que es la controvertida Ley de Seguridad
Interior.
Pero
aquí lo que el presidente y su equipo no parecen comprender es que, por más que
en la constitución i) se reconozca la competencia de los tribunales civiles en
delitos en donde estén involucrados elementos castrences [Art. 13], ii) se
prohiba expresamente el traslado y resguardo de cualquier detenido a
instalaciones militares [Art. 16] o iii) se reconozca la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional [Art. 21]; la fortaleza y la solidez con la que se
está dotando a las Fuerzas Armadas en el país es tanta, que rememora a los
casos del Sur de América, en los que la izquierda fortaleció a los aparatos represivos
del Estado —tanto para ganárselos para su propia causa como para blindarse
contra sus oponentes ideológicos—, que al final estos terminaron vendiéndose a
los mejores postores de la derecha y el conservadurismo sin que la izquierda
pudiese hacer nada para contener su fortaleza.
Como
lo muestran los últimos discursos de López Obrador sobre la materia, lo que
éste intenta conseguir es la lealtad de las Fuerzas Armadas acrecentando sus
recursos, su poder, su presencia y su incidencia en los procesos de la vida
pública nacional. Sus intervenciones en diferentes espacios afirmando que las
Fuerzas Armadas de México se caracterizan por no gestar golpes de Estado así lo
hacen creer. Y quizá no sea un movimiento torpe si el presidente y su
plataforma política tienen en planes el profundizar las correcciones de
carácter social al funcionamiento del neoliberalismo, previendo que los
intereses empresariales y oligárquicos, nacionales y extranjeros, afectados por
ese proceder se podrían llegar a polarizar tanto como para intentar replicar la
historia que América del Sur ya conoce. El problema aquí es, no obstante, si
esa fortaleza que le está concediendo a la milicia será controlable en lo
sucesivo, solo confiando en la lealtad que estas afirman guardar para la nación.
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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México
La disputa por el presupuesto
El nuevo gobierno
federal ya dio a conocer los Criterios Generales de la Política
Económica 2019 y, como suele suceder en los terrenos del debate
público, los primeros rasgos que salieron a relucir y a saturar la discusión al
respecto fueron los montos que se asignaron a los diferentes Ramos (Autónomos,
Administrativos y Generales), Entidades (de Control Directo y de Control
Indirecto), Empresas Productivas del Estado y los Programas y Proyectos de
Inversión dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación.
En
estricto, que el tema fundamental de discordia entre los amplios sectores que
componen la comentocraciamexicana por los Criterios
Generales terminara siendo las cifras asignadas no es algo que
sorprenda dada la naturaleza del propio documento. Más bien, lo que trasciende
—sin tener mayor cobertura por parte de aquellos que hoy se asumen como
la oposición crítica, autocrítica y responsable de
cualquier decisión que provenga de la administración de Andrés Manuel López
Obrador y su plataforma política y de gobierno— es que el problema de fondo
sigue siendo la discusión de la cifras por las puras cifras, como si la forma
en la que se administran, para qué se destinan, por qué se erogan y cómo se
gastan esos recursos fuesen aspectos que ni siquiera valen la pena ser
sometidos a consideración.
Que
en el debate actual sobre el Presupuesto importe infinitamente
más cuánto se pretende gastar en un rubro o por una institución que el saber
administrar esos recursos (en qué gastarlos, cómo gastarlos, por qué razones y
para conseguir qué fines) es un sentido común popular que los voceros de la
economía convencional han venido popularizando entre las masas desde siglos
atrás: primero, por intermediación de la ideología liberal; y después, mediante
del programa neoliberal. Y es que, en efecto, y por contradictorio que pudiese
resultar de cara al decálogo del neoliberalismo más purista, en el fondo, la
lógica que rige a esta manera cuantitativa de comprender los egresos de
cualquier Estado está determinada por una premisa fundamental: la magnitud de
la cifra indica la importancia del rubro y condiciona la consecución de
cualquier éxito deseado.
Ejemplo
claro de esta manera de proceder en el momento actual tiene que ver con la
discusión que los sectores más conservadores del sistema político mexicano, en
general; y sus representantes institucionales en, por ejemplo, órganos del
Estado como el Congreso federal, en particular; han buscado colocar en el
centro de la atención pública, respecto de la disminución de recursos a ramos
como los de educación y cultura, mientras que al de defensa nacional (Ejército
y Fuerza Aérea) se le incrementa de manera sustancial.
En
este orden de ideas, los argumentos que la oposición al actual gobierno federal
colocan sobre la mesa tienen que ver con ese reclamo histórico que diversos
sectores de izquierda hicieron a los gobiernos de Vicente Fox, en 2000-2006;
Felipe Calderón, en 2006-2012; y Enrique Peña Nieto, 2012-2018: dar prioridad a
los rubros de cultura y educación por encima de los gastos que, en última
instancia, terminarán ahondando la degradada situación de derechos humanos en
la que viven los mexicanos y las mexicanas; la militarización del país y las
lógicas belicistas de combate a la criminalidad y la delincuencia.
El
problema de salir al debate público con ese argumento, tanto hoy como en los
sexenios pasados, redunda sobre el hecho de que no se termina de comprender que
no es el monto de los recursos, por sí mismo, lo que define los objetivos y/o
el éxito de una política pública determinada. Y es que, por supuesto, mayor
presupuesto para un Ramo o una institución no hace diferencia alguna —en
términos del despliegue, el alcance, la eficacia y la eficiencia de capacidades
operativas— si el grueso de ese monto no se administra de una manera en que la
población sea el objetivo final de su ejercicio y no, por lo contrario, apenas
el remanente de una serie de gastos que se dispendian en lujos y una infinidad
de gastos onerosos a los que apenas accede un reducido número de privilegiados.
En
el caso del recorte a diversas universidades públicas, por ejemplo, un tema que
a menudo se obvia tiene que ver, en el mejor de los casos, con el hecho de que
se desconoce la magnitud de los recursos que se destinan para el mantenimiento
de una clase de académicos, administrativos y demás trabajadores universitarios
que no únicamente gozan de sueldos cercanos y/o por encima de los cien mil
pesos mensuales; sino que, además, son beneficiarios directos de diversas
prestaciones que les permiten, entre otras cosas, viajar constantemente a
eventos académicos en sedes extranjeras con todos los gastos pagados, en clase
ejecutiva (algo muy parecido a la añeja práctica del turismo legislativo con
cargo al erario); con independencia de la calidad de su producción docente y de
investigación. Pero no sólo es eso, pues, asimismo, se encuentra un tema que no
es menor: los casos en los que programas universitarios de investigación (o las
propias universidades) sirven como mecanismos de desvío de recursos públicos.
En
este sentido, parte de la racionalidad detrás de la propuesta de Presupuesto
de Egresos del gobierno de López Obrador tiene que leerse, por un
lado, como la puesta en marcha de un ejercicio que sí es de amedrentamiento a
ese tipo de prácticas de corrupción que constantemente acusa en la burocracia
gubernamental, pero que también tienen lugar en las burocracias de las
instituciones de educación básica y superior públicas; y por el otro, como una
réplica de su estrategia política en torno del cuestionamiento de las
remuneraciones de los servidores públicos a nivel federal, en general; y de los
miembros del poder judicial, en particular; que no es sino una estrategia,
hasta ahora bastante efectiva, que tiene como objetivo el crear una conciencia
colectiva en torno de los mecanismos de control de poderes del viejo régimen
que impiden el pleno despliegue y funcionamiento del nuevo.
Así
pues, el empuje de López Obrador sobre la austeridad republicana de
su gobierno no debe pasarse por alto pretendiendo ver en ella sólo una
estrategia discursiva, mediática y/o demagógica que buscaría implantar en el
imaginario colectivo nacional una representación falsa del presidente y su
plataforma. Antes bien, ésta cumple, en lo fundamental, dos objetivos que en la
práctica parecen excluyentes (por provenir, cada uno, de extracciones
ideológicas divergentes): por un lado, mantener cierta fidelidad al
cumplimiento de una parte del decálogo del neoliberalismo; y por el otro, el
lograr, a través de esa austeridad y reducción de la burocracia gubernamental,
una mayor transferencia de recursos hacia programas sociales, clientelares y asistenciales.
Es
por estas razones que si bien es cierto que la cantidad de recursos destinados
refleja, en cierto grado, la prioridad que un rubro tiene para una
administración federal, ésta no explica, por sí misma, el espectro completo de
todo lo que se juega en esa erogación. Sin duda, el juego político de los
recursos siempre está sobre la mesa, pero ello no excluye que este gobierno
realmente busque el poder llevar a cabo la mayor parte de su política social
valiéndose de algunos de los postulados del neoliberalismo. El detalle aquí,
más bien, se encuentra en no perder de vista que el equilibrio de poder que se
está construyendo es en extremo frágil, lo que lo hace susceptible de
decantarse con mucha facilidad por cualquiera de los extremos en pugna del espectro
ideológico.
Para
muestra, basta con observar que, más allá, por un lado, de la inversión de
signo ideológico de las banderas políticas del panismo, el perredismo, el
priísmo y sus respectivas rémoras —que ahora los lleva a buscar venderse a la
opinión pública y la ciudadanía como los partidos políticos de izquierda que le
hacen oposición a un gobierno de derecha—; y por el otro, del ocultamiento
premeditado de que esos mismos sectores, durante los gobiernos de Acción
Nacional y del Revolucionario Institucional, promovieron, implementaron y
celebraron los recortes y la austeridad en cualquier ramo que
no tuviese que ver con el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado
y con la profundización de la matriz de producción y consumo neoliberal; un
rasgo que no debe pasarse por alto en el debate actual tiene que ver con el
hecho de que los principales ideólogos nacionales del liberalismo y el
neoliberalismo no sólo no han condenado a la totalidad de los Criterios
Generales porque en sus líneas generales es una aceptación, por parte
del gobierno federal, de los postulados básicos del consenso de Washington en
materia presupuestaria y fiscal; sino que, antes bien, al mismo tiempo que
condenan los recortes que resultan sensibles en los sectores populares (en una
lógica que claramente busca irritar a las colectividades), aplauden la disciplina
fiscal, el superávit primario, la estabilidad
macroeconómica, el tipo de cambio, la tasa de interés,
etcétera
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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Del excepcionalismo estadounidense al fascismo brasileño
De entre los
distintos efectos que en Occidente, en general; y en América, en particular;
han tenido, en términos ideológicos, fenómenos políticos como la elección
presidencial de Donald J. Trump, quizá uno de los más significativos, y al
mismo tiempo uno de los más subestimados y menospreciados en el análisis de
dichos sucesos, es aquel que tiene que ver con la cada vez más amplia y
profunda interiorización, normalización y naturalización de un discurso
específico, cargado de una diversidad y una multiplicidad de referentes
claramente supremacistas —propios de la cultura política estadounidense—, que,
en el contexto actual, se ven avanzar cada vez más hacia expresiones que
resultan familiares a las experiencias del fascismo y del nacionalsocialismo de
mediados del siglo XX en Europa.
El
discurso del hoy presidente de Estados Unidos, es verdad, por supuesto que no
pasa desapercibido ni en la prensa diaria ni en los flujos de información que
suelen circular de manera permanente en las redes sociales —estas últimas lugar
privilegiado de enunciación dentro de los marcos retóricos de Trump. Basta con
prestar un poco de atención para caer en cuenta de que cada día, a cada
momento, en algún espacio, alguien está diciendo algo sobre el jefe del
ejecutivo federal estadounidense (lo cual no es, en sí mismo, tampoco una
novedad, tratándose de la política del Estado que hasta hace poco era
indiscutiblemente hegemónico a nivel global; y que hoy se disputa el
sostenimiento de esa posición con el Estado chino).
Ese
no es el problema. El punto a discutir aquí sobre el discurso de Trump y sus
efectos en el continente no tiene ver con el nivel de exposición pública y/o
mediática que éste tiene; es decir, no se refiere a la cantidad y ni siquiera a
la calidad de los abordajes que se plantean en la cotidianidad sobre lo que
dice. Tiene que ver, antes bien, con ese fenómeno tan particular que ha
resultado de la minimización de sus palabras en dos sentidos: primero, en el de
despojarlas de todo su contenido semántico; y en seguida, en el de no saber
colocar en su justa dimensión el impacto que esas palabras —aún si no se
materializan en políticas públicas o acciones concretas, fieles a la manera en
que se plantearon las cosas en el discurso— tienen en la formación colectiva de
ciertas ideologías, imaginarios y sentidos comunes sobre la manera de pensar,
entender y hacer política.
Y
es que, en efecto, en tiempos en los que la crème
de la crème de la comentocracia, de los analistas a sueldo y de los
académicos adictos al tratamiento de los temas mainstream se dedicaron con insistencia y necedad a descalificar
los discursos de Trump como simples manifestaciones de posverdad; esto es —de conformidad con la definición ofrecida por
esos mismos actores sobre lo que significa posverdad—,
como simples reflejos de una manera de hacer política en la que las palabras no
reflejan la verdad y no se corresponden con la realidad; el haber generalizado
esa particular manera de abordar los contenidos profundos de los discursos
enunciados por el presidente estadounidense no hizo sino reafirmar en los
imaginarios colectivos nacionales del continente que quizá hoy lo real y
verdaderamente importante en política no sea el prestar tanta atención a las
palabras de los actores políticos como Trump, sino, antes bien, el privilegiar
la vigilancia directa sobre las políticas públicas y el resto de las acciones
que efectivamente se están ejecutando sobre el terreno.
Así
pues, no hizo falta mucho esfuerzo para que, luego de poco más de un año de
observar e intentar comprender (a su manera) las formas de discurrir de Trump,
esa élite solemne de formadores de opinión pública afianzara como sentido común
general de las sociedades americanas una idea (y quizá hasta una metodología)
según la cual, con independencia de que el presidente estadounidense dijese (o
tuitease) sobre la posibilidad de desatar una guerra nuclear en contra de Corea
del Norte o una invasión a Venezuela o la destrucción del estado iraní; lo que
realmente habría que observar para comprender la política exterior (pero
también interna) de Estados Unidos era el comprobar en los hechos que la guerra
nuclear, la invasión y la destrucción enunciadas sí se llevase a cabo.
En varios sentidos, tal manera de proceder
resulta correcta si lo que se pretende saber o analizar es lo que está
ocurriendo en la implementación de acciones que en algún momento fueron
planteadas en el discurso. El error al que llevó concentrarse sólo en ello como
un mecanismo de ofrecer rigor y objetividad al conocimiento y al análisis del
fenómeno Trump, no obstante, fue el de no haber prestado atención al hecho de
que las palabras, en particular; y los discursos, en general; aún si en la
práctica no se materializan o no se convierten en acciones saturadas de un
empirismo que las haga ser comprobables, en términos de la construcción de
contenidos ideológicos, el efecto ya está ahí y el daño ya ha sido causado.
En
este sentido, si en algún tuit o en alguna conferencia de prensa o en algún
otro espacio a disposición del presidente estadounidense éste llegaba a hacer
mención de la necesidad de eliminar a ciertos sectores de la población y, ante
ello, los observadores, teóricos, comentócratas y/o analistas de los fenómenos
sociales no veían más que su desplazamiento político y territorial o su
encarcelamiento, su deportación, etc., lo que en términos de esa observación y
análisis realmente resultaba primando era el hecho de que en el discurso se
había exaltado una propuesta de acción que en la práctica en realidad se había
dado de otra manera: desplazamiento, deportación y encarcelación en lugar de
eliminación física (asesinato). Y así, sucesivamente, todo aquello que entre
discurso y práctica no encajaba terminó rediciéndose y entendiéndose como pura
retórica o simple demagogia, en los sentidos más despectivos de ambos términos.
(Queda
claro que Trump ha sido bastante congruente con muchos de los temas que le son
particularmente importantes en su agenda política. Los temas de migración,
raciales, de clase, de género y de confesiones religiosas, por mencionar sólo
algunos ejemplos, en general, se han mantenido como espacios en los que la
práctica no se distancia mucho de lo afirmado en el discurso. Este no es, sin
embargo, el problema que interesa aquí tratar).
Ahora
bien ¿por qué la manera en que se ha analizado desde la región la forma de
hacer discurso y de hacer política del actual presidente estadounidense
resultan siquiera importantes o relevantes para comprender cómo en este momento
se están haciendo discursos y política (interna) en el resto de las sociedades
de América? El caso a discutir aquí es, por supuesto, el de Brasil, de cara a
la posibilidad de que Jair Bolsonaro sea electo por los brasileños y las
brasileñas como su próximo presidente. Y uno que, en particular, es profundamente
deudor del fascismo y del nacionalsocialismo de mediados del siglo pasado.
Lo
singular aquí, por eso, es el hecho de que los sectores que se esperaría serían
la vanguardia de la crítica y la resistencia al discurso de Bolsonaro en
realidad no están haciendo más que renunciar a ambas condiciones, justo en los
mismos términos en los que ya renunciaron a ser críticos y resistir al
excepcionalismo estadounidense vigente. En este sentido, esa renuncia es clave
para comprender la facilidad, la rapidez y la profundidad con la que el
discurso mismo y la violencia impresa en él se han expandido, interiorizado,
normalizado y naturalizado en el imaginario colectivo de la sociedad brasileña
en su conjunto.
Y
es que en efecto, al igual que ocurre con Donald Trump, en el caso de Bolsonaro
no hay momento ni espacio, por lo menos en la prensa y en las redes sociales en
la región Sur del continente, en que alguien no esté diciendo algo sobre
Bolsonaro. El problema es, de nuevo, que no se trata aquí de un tema de exposición
en medios y en el espacio o el debate público, sino, más bien, del no estar
colocando en su justa dimensión la magnitud de las palabras del candidato de la
extrema derecha (esa evangélica que, hay que decirlo, también apoyó como base
electoral a Luiz Inacio Da Silva); y por consecuencia, del no saber que esa
manera de subestimar y menospreciar al propio discurso como un recurso de
formación tanto de ideologías como de subjetividades está potenciando su efecto
sobre las masas.
Ahora
bien, no todo en esta vida es discurso. Es claro (y evidente en y por sí mismo)
que el fascismo profesado por Bolsonaro es expresión de unas condiciones
materiales (económicas) específicas que son, en principio, su condición de
posibilidad. De hecho, el excepcionalismo, el fascismo y el nacionalsocialismo
son, desde sus formaciones clásicas, fenómenos en estricto potenciadores y
aceleradores de las lógicas de concentración y acumulación de capital; es
decir, son fenómenos de masas, sí, pero con una estructura que se encuentra anclada
en el reclamo de los sectores medios de la sociedad de una mejora material de
sus condiciones de vida. No es un, por lo anterior, una casualidad ni producto
del azar el que en Brasil sean las capas medias y medias altas las que
configuran la vanguardia de ese movimiento y esa lógica supremacista que exige
a toda costa la implantación del mas atroz y avasallante de los neoliberalismos
posibles.
En
el caso del Cono Sur, en general; y de Brasil, en particular; se encuentra,
además, el hecho mismo y la memoria histórica de los años de la dictadura
militar y todo lo que ella conlleva: las desapariciones, los asesinatos en
masa, las reclusiones masivas, la censura, el disciplinamiento social, la
militarización de la vida colectiva, la aniquilación de las alternativas
políticas, etcétera. Esto, en términos de la construcción y la ordenación del
discurso, por supuesto, introduce en la ecuación del éxito de Bolsonaro que,
por un lado, el grueso de la información está monopolizada en el país por un
puñado de intereses corporativos que se beneficiarían con creces de una
presidencia de extrema derecha; y por el otro, dentro y fuera de esos circuitos
la información que circula está siendo producida por los sectores que se vieron
medrados e los gobiernos del Partido dos
Trabalhadores.
Ello,
no obstante, no debe confundirse con esa otra dinámica en la que las palabras,
el discurso propio del fascismo, está siendo recibido por la crítica y la
resistencia como un discurso que está despojado de sus contenidos semánticos y simbólicos
(como posverdad). Porque, además, esa
designificación de la violencia en el
discurso está inscrita en un contexto nacional en el que la violencia física,
producto del combate armado al narcotráfico y de un repunte en la
militarización del país en los últimos años —en especial de los espacios con
mayor grado de pauperización—, exige, para contener la interiorización, la
normalización y la naturalización de la violencia, que se pongan en marcha
prácticas y discursos que se le opongan. Jair Bolsonaro, después de todo, para
apropiarse y efectuar su agenda de política económica, se está disputando en el
terreno discursivo la capacidad de nombrar a los sujetos y a los objetos de la
sociedad; y en el nombrar, no debe olvidarse, se encuentra la acción misma de
crear a lo nombrado.
De
ahí que en la dimensión del discurso no sólo se esté tratando de una campaña de
convencimiento, de puro dogmatismo y retórica de derechas, como se lo suele
aminorar; sino que, por lo contrario, se está jugando la posibilidad de
nombrar, (re)crear y (re)producir a los enemigos de la sociedad: enemigos ante
los cuales hay que defender a la sociedad, inclusive si ello significa la
aniquilación física de aquellos en los que se personifique a esos enemigos. La
repetición acrítica de los términos, de los conceptos, de las categorías, de
las frases, de los enunciados, en general, por eso es fundamental para la
campaña de Bolsonaro, en un país en el que el internet y las redes virtuales
tienen una penetración de más del setenta por ciento en la población.
Y
es que incluso cuando las formas del fascismo se sustentan esencial o
primordialmente sobre la base de una política de militarización y de
aniquilación, el convencimiento no deja de ser un factor básico para el
sostenimiento de la estructura ideológica del sistema en su conjunto. No debe
pasarse por alto, después de todo, que el fascismo que propone Bolsonaro no es
un fenómeno que sólo se circunscribe al periodo en el cual él y sus sucesores
serían los controladores del gobierno brasileño. Antes bien, es un fenómeno que
busca su continuación en una forma de democracia comandada y administrada por
los sectores empresariales de la población; una que ya no requiera del elemento
militar y aniquilador sostenido por Bolsonaro, pero que mantenga el grado de
disciplinamiento y violencia (re)producido por aquel.
Es
claro que supremacismos, excepcionalismos, fascismos y nacionalsocialismos son
expresiones sociales que no son nuevas en toda América. De hecho, y salvando
las diferencias que le son propias a cada fenómeno de acuerdo con el país, el
espacio y el tiempo en el que se den, son tan antiguas como las formas clásicas
de esos cuatro fenómenos, con autoría intelectual en esas sociedades que
también sustentaron las estructuras globales de colonización en otros momentos
de la historia. La cuestión de si había o no había tales expresiones en el
continente es, en realidad, un falso debate que ni en primera ni en última
instancia resulta capaz de develar por qué, en el momento actual, Brasil se
encuentra al borde de sumergirse en uno o varios de esos abismos.
Lo
que resulta fundamental, aún si Bolsonaro ganase las elecciones que ya están a
nada de ser celebradas, es que la sociedad brasileña se plantee cambiar los
términos de la discusión, y no simplemente entrar en los términos que ya se
emplean pretendiendo que con ello será suficiente para exponer los peligros
materiales de una presidencia de extrema derecha.
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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América
Octubre del 68: memoria, política y capital
2 de Octubre de 2018. Hoy, hace cincuenta años, el Estado mexicano hizo
gala de su vocación totalitaria y represiva ejecutando una carnicería de
estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Aquel, por supuesto,
no fue el primer baño de sangre del que las instituciones y el Estado de
Derecho en México se sirvieron para hacer valer su propia racionalidad, su raison d’Etat. El México profundo del que en algún momento escribió Bonfil Batalla,
para el 68, ya era un espacio consagrado para ensayar el exterminio institucional
y silencioso de los sectores poblacionales que se oponían, en primer lugar, al
curso de la modernización del país; y
en seguida, a los intereses anquilosados en su andamiaje gubernamental y su
iniciativa privada. La diferencia del 2 de Octubre era, por tanto, que el
asesinato no se había cometido en la oscuridad ni en el silencio, sino todo lo
contrario.
Cincuenta años de historia se dicen facil. Tanto, que
la nostalgia y las memorias romantizadas de los sucesos proliferan en los
momentos próximos a la celebración de algún acto conmemorativo. La fuerza de
arrastre del pasado, y de ese pasado en particular, es tan grande que se hace
imposible el no sentir la imperiosa necesidad de regresar a sus consignas, como
en una suerte de eterno retorno, en
donde el imaginario colectivo nacional hallaría, por lo menos, algunas de las
respuestas que hoy no tiene para salir de la situación de descomposición social
en la que se encuentra. Así, aquel es un pasado glorioso no porque se lo martirice, sino porque en los resabios de
memoria que aún se encarnan en las figuras de los sobrevivientes el 68, o por
lo menos del periodo que va de Julio a Octubre de ese año, se recuerda como el
momento clímax de un verdadero y profundo compromiso del mexicano con su propia
historia, con el pasado que tanto se negaba, con el presente del que tanto huía
y con el futuro que tan incierto le parecía.
Pero cincuenta años no son nada fáciles de sobrevivir
en este país. Son, en verdad, un inmenso abismo temporal cuya profundidad, en
la actualidad, hace cada vez menos posible a cada nueva generación de mexicanos
y mexicanas el dimensionar la magnitud de todo lo perdido, todo lo arrebatado y
todo lo asesinado aquella noche y durante su largo y prolongado postludio, cuya
sombra aún hoy nos abraza.
Hoy, en una realidad, el 68, en general; y el 2 de
Octubre, en particular; le sigue diciendo mucho a la sociedad que parió sobre
los cadáveres que lo colmaron y al proyecto de nación que se edificó sobre las
ruinas de su historia. El trauma es, no obstante, que a pesar de lo mucho que
dice, son pocos los oídos que le prestan atención, y son menos los sectores de
la población para los cuales aún significa algo que sea digno de seguir
recordado, algo por lo cual siga valiendo la pena salir a protestar, más allá
de si ello tiene un impacto directo en la gestión gubernamental vigente o no.
Por supuesto que los sobrevivientes, no sólo de la
masacre de Tlatelolco sino del propio 68, en general, siguen siendo un asidero
al cual es posible anclarse si se desea tener un referente inmediato de ese
pasado. La transmisión de sus vivencias hacia las generaciones que les siguen ha
sido un ejercicio fundamental para mantener con vigencia el recuerdo general de
que algo sucedió en nuestro pasado
común que es preciso no dejar ir, menos aun cuando los esfuerzos
gubernamentales en pos de la
reconstrucción de ese recuerdo han sido tan avasalladores, en términos de la
construcción de un memorial del 68 por completo despolitizado y cuyas consignas
ya son bandera corriente de la política social o de los institutos políticos
que se autodenominan herederos exclusivos de su legado.
Sin embargo, ello no es suficiente. La transmisión
oral de los sucesos del 68, de quienes lo vivieron hacia sus allegados, es una
expresión marginal si se la compara con lo mucho que ha crecido la población de
México y con lo mucho que se ha ensanchado el archivo de su historia. A nivel
colectivo, es un hecho que sólo algunas organizaciones obreras, campesinas y
estudiantiles, pero sobre todo y fundamentalmente las universidades públicas
(en particular las que en el 68 aún buscaban conservar cierta vocación popular:
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional,
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de
Chapingo, etc.), son hoy espacios privilegiados en los que se lleva a cabo un
permanente y sistemático ejercicio de trabajo de la memoria histórica del 2 de
Octubre y de sus legados.
Y ello, por supuesto, no sin el tener que lidiar con
una serie de conflictos y tensiones que, como dan cuenta las actividades
académicas y culturales organizadas este año por la rectoría en turno de la
Universidad Nacional, o la remoción de placas con el nombre de Gustavo Díaz
Ordaz en diversos puntos del espacio público urbano, por parte del Gobierno de
la Ciudad de México, pretenden tanto el arrebatar la autoría intelectual y el
legado de las movilizaciones a los sectores populares cuanto el ocultar y el negar
la historia misma de los sucesos; y con ello, despolitizar a ese trabajo
memorístico para sustituirlo por el puro acto de rendirle culto, sin actualizar
sus consignas y sin pretender mantener vivo el recuerdo.
Negar que el 68 le parece cada vez más lejano a cada
vez más mexicanos y mexicanas que viven su cotidianidad por fuera de esos
circuitos de trabajo permanente de la memoria colectiva nacional es, por un
lado, equivalente a reproducir el absurdo del discurso normativo imperante en
el que los beneficios (esas pretendidas libertades,
igualdades y democratizaciones, etc.,) obtenidos de la vivencia sangrienta del 2
de Octubre son la experiencia que en verdad se tiene que rescatar y
salvaguardar de cualquier retroceso —haciendo de la masacre el precio justo que
hubo que pagarse para gozar de nuestra condición
moderna—; y por el otro, idéntico a negarse a reconocer que si esa es la
realidad que impera en nuestra sociedad, ella misma se debe a que en la
autocomplacencia en la que vivimos estos últimos cincuenta años permitimos que
el capitalismo neoliberal se apropiaría de cada una de las consignas del movimiento.
Y es que sí, es cierto, en el 68 se buscó enfrentar a
un sistema social jerárquico y centralizado, en muchos sentidos puritano de
manera hipócrita y no siempre velada, excesivamente solemne y cortesano. Sin
embargo, al conseguirse desmontar algunas de esas estructuras, al renunciar a
la permanente construcción de un proyecto político común y siempre autocrítico,
el mercado logró, asimismo, apropiarse de cada consigna para hacerla gravitar
sobre la posibilidad de que cualquier individuo sea capaz de acceder a un
cumulo cada vez mayor de mercancías.
Por eso hoy ya no es necesario, en el marco de una era
digital comandada por la informática y la lógica voyerista de sus redes
virtuales, el tener que protestar por una mayor liberación sexual del
individuo, porque es el propio mercado el que se encarga de promover una imagen
de la individualidad saturada de sexualidad. No es necesario protestar por
entornos laborales con mayores facilidades y comodidades para las masas
trabajadoras, pues, con salvedad de los sectores más pauperizados de la fuerza
de trabajo nacional, las clases medias disfrutan de la libertad que les ofrece el
mercado de saberse empresarios de sí mismos. No es necesario, tampoco,
protestar contra el endurecimiento de los aparatos represivos del Estado, pues
es el mercado el que se encarga de dispersar, atomizar y anular a las
resistencias sociales con concesiones materiales. Y no es necesario, en fin,
protestar en contra de la carencia absoluta de todo cuanto disfrutaron los
trabajadores de mediados del siglo XX, pues basta con vivir el momento disfrutando
de los placeres que el mercado provea.
He ahí la importancia de trabajar de forma reiterativa
no la conmemoración de un suceso en y por sí mismo —como se pretende que sea a
partir de su despolitización—, sino de la memoria que se construye y (re)construye
en torno de la historia de esta sociedad, pues es sólo en ese reducido espacio
de acción en el que es posible formular potencialidades que sean capaces de
romper con la inercia y la dinámica propias de la lógica del mercado neoliberal.
Poco importa si con la movilización social que se realiza cada 2 de Octubre el
gobierno en turno o los intereses privados que controlan a la economía nacional
le realizan alguna concesión a las masas (como un incremento salarial, una
extensión de la política de desarrollo, o similares y derivados), pues el
objetivo practico de la propia movilización no es de carácter utilitarista: su
finalidad última es la memoria misma y las posibilidades que por medio de ella
se abren para construir imaginarios colectivos nacionales, para construir
identidad y comunidad.
Mantener vivo el recuerdo no es sólo un acto necesario
para no repetir la historia y para no perder el rumbo de la autocrítica en la
estructuración de nuestro organización política colectiva; es, antes bien, un
imperativo para sabernos a nosotros mismos como los sujetos de nuestra
historia: sujetos que, de renunciar a sus responsabilidades con la misma,
corren el riesgo de que ésta les sea expropiada por el mercado. ¡Seamos
realistas, pidamos lo imposible!
*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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Antilecciones Zapatistas: la Historia de nuestro tiempo
Reflexiones en torno de la Hidra Capitalista, a propósito del 25 aniversario del alzamiento zapatista.
¿El capitalismo está en crisis? Sí. ¿Es ésta su más profunda crisis? No.
¿Es ésta la última de ellas, la que pondrá fin a las contradicciones internas
del sistema porque en esta crisis se juega todo lo material (la vida, el mundo,
la existencia misma) que de hecho posibilita que el capitalismo y cualquier
forma de civilización humana exista? No necesariamente. Las posibilidades de
reciclamiento, la plasticidad del sistema, son tantas y tan variadas, además de
que se dan con independencia de los costos humanos y terrenales que de ese
reciclamiento se deriven. ¿tiene, pues, futuro el capitalismo? Sí. Y uno, por
lo menos en lo inmediato, en el que la regla, la norma, será todo aquello que
en las formas históricas anteriores a la ahora vigente era visto como crisis,
como coyuntura, como salvedad, como contradicción. El límite de su propia
racionalidad dejará de ser límite.
El capitalismo tiene futuro porque en nuestras vidas
seguimos reproduciendo la forma de valor en todo. El todo mismo es, sigue
siendo, una objetivación, y no una subjetivación en la que se proyecta nuestra
vida en tanto horizonte cualitativo de la misma. La cuantificación es lo que
impera. El tener es lo que nos conduce en nuestras vidas. No sabemos
relacionarnos con la materia de otra forma porque todo lo históricamente
experimentado nos parece un retroceso en el tiempo, un proceso de involución (y
esto lo creen hasta los críticos del evolucionismo social o natural), un
arcaísmo o un animismo que va en contra del nervio más profundo de nuestra
racionalidad moderna. ¿Es que hemos olvidado que toda forma social es nada más
que una invención? ¿Renunciamos ya a la posibilidad de inventar? Estamos sometidos
a la imperiosa necesidad moderna de introducirlo todo en la misma línea del
tiempo, hasta cuando pensamos en la existencia de múltiples tiempos, de tiempos
sincrónicos, de tiempos diacrónicos, de tiempos que no son tiempos.
Tiene futuro… porque para miles de millones de
personas la vida de la modernidad capitalista es una vida legítima. Es una vida
ética y moralmente justa y válida. Esto los zapatistas lo tienen claro. Ese
mundo (que en términos de Marx es un mundo alineado, imbuido de fetichismo, de
seres enajenados —y pienso que es verdad—) es, en definitiva, un mundo que no
cabe dentro de ese «un mundo en donde todos los mundos quepan» o «donde muchos
mundos quepan» da igual. Para el caso es lo mismo, es un mundo que no cabe.
Ellos lo tienen claro. Pero ¿y nosotros, lo tenemos claro? Nosotros, citadinos
que en nuestro día a día reproducimos una multiplicidad de sentidos y lógicas
comunes del capitalismo y de su modernidad; nosotros, que somos los Otros del
zapatismo a pesar de que los citamos en nuestros días para mostrar que somos externos al sistema, radicales ¿lo tenemos claro? ¿Aquí, en nuestro cúmulo de
instituciones cortesanas, clasistas, sexistas, racistas, aristocráticas,
nobles? ¿procederemos como el zapatismo? ¿Construiremos nuestros propios
espacios de excepción? ¿Construiremos nuestros propios caracoles en medio de la
inmensidad de este espacio que es todo él la representación más fiel de la
ontología del capitalismo? ¿No es eso lo que ya está haciendo el individualismo
que en nosotros sembraron el neoliberalismo y su ideología, el posmodernismo —y
que nosotros, los modernos del capitalismo, llamamos pomposa y orgullosamente nuestra infranqueable libertad individual—? ¿No estamos construyendo nosotros
mismos una infinidad de espacios de exclusividad en los que la construcción de
lo común se vuelve una práctica impensable (ontológicamente impensable) porque
lo que prima es la identidad individual y nada más que la pura individualidad?
¿Qué vamos a hacer con esos miles de millones de personas si nosotros, que
citamos a los zapatistas para decir que este mundo capitalista no cabe dentro
de «todos los mundos» o los «muchos mundos», le tememos con tanto fervor a la
violencia, tanto, que hasta llegamos a creer que una vida sin violencias y sin
ejercicios de poder es posible? ¿Qué vamos a hacer con ellas si no somos
siquiera capaces de reconocer nuestras propias violencias y nuestros propios
ejercicios de poder?
Los zapatistas, insisto, lo tienen resuelto. Tienen
las armas prendidas al cuerpo y saben que si es necesario matar y morir para
defender el mundo en donde «quepan muchos o todos los mundos», pues hay que
matar y morir. Pero ¿Y nosotros? El capitalismo tiene futuro porque existen
miles de millones de personas que están dispuestas a morir (y de hecho lo hacen
dia a día, de enfermedades, de hambrunas, de guerras, etc.) por defender este
sistema. O si bien no por defenderlo, sí, por lo menos, porque les es imposible
pensar uno alternativo. Y cuando lo piensan, lo piensan sin violencia, sin
poder. Como si cuestionar los modos de vida que no se ajustan a nuestros
criterios de lo que es ética y moralmente correcto no fuese ya, por sí mismo,
un ejercicio de poder y de violencia para esas personas que no caben en nuestra
ética y en nuestra moral (porque claro, el ser críticos del sistema nos asegura
que la nuestra, ésta sí, es una verdadera ética y no una hipocresía como los
derechos humanos y su pretendida universalidad). ¿Tomaremos las armas?
¿Eliminaremos a los mundos que comparten la racionalidad destructiva del
capitalismo moderno? ¿o que haremos con ellos? ¿Qué haremos nosotros con
nosotros mismos, que lo vivimos, lo (re)producimos y padecemos día a día?
El capitalismo tiene futuro porque hoy nos importa más
consumir todo aquello que nos dote de una identidad diferenciada que
superponernos al sistema mismo que nos provee de nuestra identidad por medio
del sistema. Y no es que la diferencia y la identidad no importen. Importan
mucho (y como dijera el gran poeta: «hay que atreverse a defender la diferencia
con radicalidad»). El problema es que nuestras diferencias están domesticadas
por el multiculturalismo posmoderno y neoliberal. Estamos sujetos a imaginarios
colectivos que parecen sacados de la cabeza de Paulo Coelho, en donde la
autosuperación personal, el echarle ganas, el tirar buena onda (pero también
todo lo contario, el ser derrotistas, el ser conscientes de nuestra miseria
para abrazarla) es algo así como la representación de nuestra propia Verónica Decide Morir. La clave está en
uno mismo. El cambio está en uno mismo —dirán algunos y hasta llegarán a ser
presidentes de una nación. ¿Desde cuando renunciamos a la tarea irrenunciable
de los movimientos sociales en torno de cambiar la mentalidad de las
colectividades? ¿Todo lo vamos a dejar a la buena voluntad de cada persona para
que sea autocrítica y autorreflexiva de su comportamiento? Porque ese es el
modelo de tolerancia que impera desde el posmodernismo, ¿no? El de las
sentencias que por la vía de lo políticamente correcto buscan no causar
conflicto, no pelear, no discutir. Porque el disputar la forma y el sentido de
nuestra historia y nuestra política es sinónimo de ser una persona conservadora,
conflictiva, violenta… y sí, dirían, intolerante. Pero el problema con la
autocrítica es que si la dejamos al arbitrio de cada persona dos son las
opciones que se abren: en primer lugar, que esa persona de entrada no se
cuestione nada porque el mundo que vive y que (re)produce no es cuestionable,
ni ética, ni moral, ni política, ni culturalmente; en segundo lugar, que quien
sí llegue a cuestionarse, de entre las múltiples respuestas a las que llegue se
entre con la respuesta anterior. Se cumple la autocrítica, la autorreflexividad
y la responsabilidad de uno mismo consigo mismo, aunque el resultado sea el
mismo. ¿Entonces, seguimos renunciando a la disputa de formas y sentidos
históricos? ¿qué cada quien haga lo que quiera y allá su conciencia? ¿Qué la
historia sea la que juzgue o absuelva?
¿Qué peso tienen los Estados frente a esta devastación
de nuestra subjetividad y de nuestra sujetidad? Ninguno. ¿Qué puede hacer uno
de los tantos ejércitos que defiende al capitalismo frente a esta decadencia de
nuestra propia existencia, en donde nuestra mayor aspiración en cuanto humanidad
es la de consumir los referentes mercantiles de nuestra identidad? Ninguno.
Porque no hay guerra que logre el mismo resultado. Somos minoría frente a los
aparatos represivos del Estado y del capital. Pero incluso si fuésemos mayoría,
la diferencia de fondo no se encuentra en el número. La radicalidad, para el
ser humano, es el propio humano (o algo así reza el viejo adagio). Somos las
cabezas de la Hidra. Y hasta ahora, lo único que hemos hecho es cortar una tras
otra, creyendo que el monstruo capitalista crece en el exterior de nuestras
propias existencias. Hablamos de EL capitalismo, en tercera persona (o tercera
cosa) y no en primera, no de nosotros, capitalistas.
Al final, el capitalismo tiene futuro. Y ¿cuál es ese
futuro del capitalismo? La respuesta es incierta. Pero lo que es cierto es que
en este momento aquellos que dan forma y sentido al capitalismo ya construyen
sus pertrechos para dar continuidad transhistórica a su dominación sobre
aquellos que hoy somos los oprimidos y los condenados de la tierra (y que
transhistóricamente seremos los oprimidos y los condenados de esa sucesión que
ya se fragua en este momento.
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México
Neoliberalismo y migración
No es la primera vez que sucede y por
supuesto no será la última. La magnitud de la Caravana de migrantes
centroamericanos, que llegó este fin de semana a la frontera política y
administrativa del Estado mexicano, con el propósito de alcanzar territorio estadounidense
o de permanecer en México (da lo mismo), desató una profusa expresión pública
de mensajes en contra del internamiento de los migrantes en eso que, de maniera
tan pomposa, se suele denominar como suelo
patrio siempre que se busca enmascarar lo que en realidad y en verdad es un
profundo sentimiento de xenofobia entre mexicanos y mexicanas. ¡Amén del soldado que a la patria en cada
hijo el cielo le dio, por si algún extraño enemigo osare profanar con su planta
su suelo!
Y lo cierto es que ni es
la primera ni la última vez que sucede porque la construcción de las otredades,
de los enemigos, sobre las poblaciones extranjeras, en general; y sobre las
poblaciones que el mexicano y la mexicana consideran racialmente inferiores, en
particular; es una condición permanente de la forma en que los sectores más
reaccionarios y conservadores de la sociedad de este gran país se relacionan
con el exterior (o cuando se trata de la reproducción de nuestro colonialismo interno, de la manera en
que esos mismos sectores —por lo demás mayoritarios— se relacionan con las
poblaciones originarias de aquí y del resto del continente). Y es que el
discurso de la unidad cultural latinoamericana en la diversidad de sus
poblaciones, cuando no es más que una herramienta al servicio del capitalismo
neoliberal para mercantilizar a la multiculturalidad, no pasa de ser una
excepción, y no la regla, en la historia política de la región.
Ser racista, después de
todo, no es un rasgo que encuentre su condición de posibilidad en la clase
social, en el género, en la orientación sexual, en las preferencias
confesionales o en el nivel de escolarización con el que se cuenta. El ser
racista es un rasgo que atraviesa todas y cada una de esas características de
la identidad de un individuo. Por ello los sectores conservadores, en términos
raciales, son siempre mayoritarios respecto de aquellos que no lo son: porque
la racialización no está ligada a ninguna de las otras condiciones y porque
aquellos que son objeto de racismo lo son, siempre, porque en ellos se
encuentra la posibilidad de que el racista objetivice en su persona todos los
males que aquejan a la humanidad.
Basta con observar las múltiples
muestras de desprecio que se han expresado en los últimos días (cuyo tono ha
crecido de manera proporcional a la proximidad de la caravana con el territorio
mexicano y, sobre todo, proporcional a la fuerza con la que el movimiento de
los desplazados centroamericanos ha buscado sortear los bloqueos y la represión
impuestos por las autoridades gubernamentales respectivas), para dar cuenta de
que, dependiendo de los intereses del racista del que se trate, a los migrantes
se los identifica de inmediato con rasgos como la delincuencia, la violencia, la
destrucción, el despojo de bienes escasos, de fuentes de empleo o de la riqueza
nacional; con enfermedades, con desviaciones psicológicas, con pobreza,
etcétera.
De tal suerte que si bien
la clase social no es un criterio para ser racista, sí lo es para la definición
de las características que se le otorgarán al migrante por cuento tal, abriendo
la posibilidad de que se lo califique como un indeseado porque es un individuo
que no hace más que robar fuentes de empleo a los nacionales de un país y
saquear los recursos de éstos (y en particular de los nacionales comprometidos
con el régimen tributario del Estado), al aprovecharse de los servicios
sociales que el Estado ofrece de manera gratuita a quienes, se supone, no
tendrían mayor mérito que el ser sujetos de protección de diferentes normativas
garantes de derechos humanos.
Y la cuestión es que lo
mismo ocurre con el resto de los rasgos de la identidad de cualquier persona.
Porque la realidad es que el contar mayores o con menores grados de
escolarización no es garantía de que la persona sea más o menos racista que sus
contrapartes; así como el ser hombre o mujer no es sinónimo de una determinada
actitud en relación con la causa migrante y con los migrantes mismos. La
racialización y el racismo son construcciones sociales históricamente determinadas,
y no una suerte de rasgo inherente e irrenunciable a una pretendida naturaleza humana. Naturalizar a ambos
procesos (racialización y racismo) no únicamente es una vía fácil e hipócrita
para justificarlas, sin pretender ser responsables por las consecuencias siempre
catastróficas del combate (a menudo armado o judicial) de las diferencias
culturales e identitarias (nacionales no, pues la nacionalidad es ya, por y
para sí misma una herramienta de combate a las diferencias culturales e
identitarias), sino que, además, es una manera bastante ingenua (pero no por
ello menos militante y racional) de justificar matrices de explotación política
y económica tanto en los espacios de origen como en los de tránsito y de
destino.
En este sentido, cada vez
que se argumentan criterios de seguridad
nacional ante el fenómeno migratorio no únicamente se pasa por alto el
hecho de que la nacionalidad, en general; y la extranjería o la no pertenencia
jurídica y cultural a una determinada estructura estatal, en particular; no es,
por sí mismo, como en una suerte de a
priori, una determinante para la comisión de delitos o para el agotamiento
de recursos naturales disponibles para la población del país; sino que, además,
se oculta (o se desconoce, en el peor de los casos) el hecho de que tanto la
actividad delictiva como la disponibilidad de recursos materiales para la
subsistencia individual y colectiva (alimentos, agua, fuentes de energía, empleos,
servicios de salubridad, de vivienda y de educación, etc.) no está dada por ninguna
cantidad de población, sino por las lógicas de acumulación y concentración de
capital en todas sus escalas: locales, nacionales, regionales, hemisféricas,
globales.
Un migrante de cualquier
nacionalidad no llega a otro territorio a arrebatarle las fuentes de empleo a
los nacionales del territorio al que llega o por el cual transita sólo porque
es migrante, sino por el hecho de que, al serlo, y al no contar con una situación
jurídica regular (como la de cualquier ciudadano en su patria), los criterios
para su explotación laboral por parte tanto del sector público como del privado
(en los cuales se incluyen, por supuesto, a las actividades delictivas) se amplían
y profundizan de manera considerable. El inmigrado a un Estado, después de
todo, no obtiene una actividad productiva sólo por ser originario de otro
Estado, sino porque, en las lógicas de acumulación de capital en las distintas
geografías del mundo, esa condición particular es objeto de series y conjuntos
de actividades económicas específicas, dedicadas a la extracción de los mayores
rendimientos posibles de su fuerza de trabajo.
Por eso, además, el
discurso mainstream de que todos en este mundo somos o fuimos migrantes (o, en
su defecto, somos o fuimos producto de algún movimiento migratorio originario) no
únicamente es una falsa defensa frente al embate que se desarrolla para detener,
rechazar y/o reprimir a los
desplazamientos forzados de población (porque frente al turismo, claro está,
ese argumento resulta improcedente y ni siquiera se conjura), sino que, aunado
a ello, no termina por resolver nada, pues el eje que articula su discusión y
sus argumentos se siguen dando en rededor de la pregunta sobre si se debe o no
se debe permitir el libre tránsito e internamiento de migrantes (respondiendo que
sí) y bajo qué condiciones (partiendo de la defensa de unos supuestos derechos humanos universales que les ofrezcan
un mínimo de condiciones materiales).
El actual presidente de
Estados Unidos (y todos sus antecesores, también,) es plenamente consciente del
carácter estructural que los flujos migratorios y la desprotección jurídica de
los mismos (carencia de papeles de tránsito, internamiento y estadio) tienen en
el desarrollo de las matrices de producción y consumo de la economía
estadounidense, en lo singular; y del rol en el que ésta se inserta dentro de
los circuitos productivos/consuntivos internacionales. No por nada la presión
que ha ejercido para que sea México el Estado encargado de detener a la
Caravana ha sido mayúsculo (con Mike Pompeo visitando a los equipos del
gobierno saliente y del entrante en la víspera del arribo de la Caravana a
México). Y es que el costo político para su administración (y en realidad para
la de cualquier gobierno) es infinitamente menor si se lo compara con la
incidencia que estos flujos tienen en aspectos económicos clave como lo son la
posibilidad de pagar a la fuerza de trabajo por debajo de los niveles mínimos
para otorgarle condiciones decentes de vida, el ahorro en prestaciones y diferentes derechos sociales y laborales, o el incrementar cuantitativa y
cualitativamente la producción de mercancías sin encarecer el proceso
productivo en su conjunto por ello.
En México, finalmente, antes
de cuestionar si la sociedad y su andamiaje gubernamental deben permitir el
ingreso, el tránsito y/o la permanencia de cualquier flujo migratorio en el país,
quizá no esté demás el recordar, en primer término, que durante los tres
últimos sexenios se ha librado una sanguinaria guerra civil que no está siendo
combatida por migrantes; y que definitivamente no fue desatada por otros individuos
que los propios nacionales de este país. Pero no sólo, pues, enseguida, debería
recordarse que no se requirió de ningún flojo masivo de migrantes hacia el país para que las condiciones laborales por todo el territorio se pulverizaran hasta
el punto en el que, hoy, el salario mínimo no es ni de lejos suficiente para
cubrir una Canasta Básica Recomendable.
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