Estado de excepción... Seguridad Nacional: última ratio

II
Si se parte de comprender, por un lado, que el elemento sobre el cual se funda la militarización de cualquier sociedad es el de introducir a los individuos que la componen en un marco relacional dominado por una racionalidad, una lógica, de tipo castrense; y por el otro, que todo corpus normativo, legal, es una síntesis de una particular manera de razonar la realidad, de organizarla, construirla y comprenderla; la primera consecuencia analítica que se obtiene es que si bien los procesos de militarización de la vida en sociedad no requieren de leyes o constituciones a modo, una vez que éstas existen —ya como mandatos constitucionales, como leyes generales o reglamentarias—, el desplazamiento que se produce no es el de una simple sustitución de lo fáctico por lo legal y lo legítimo, sino el de la fundación de un estado de excepción permanente.
En este sentido, a lo que se punta con denominar a un cuerpo social como sociedad militarizada —teniendo como fundamento de dicha militarización el despliegue, en distintas escalas espaciales y temporales, y a través de diferentes dispositivos de poder, una racionalidad específica, privativa, de las fuerzas armadas—, es al reconocimiento de que la forma y el sentido organizativos de las relaciones sociales, de las pautas de convivencia cotidianas entre sujetos individuales y colectivos se encuentran dominados, colonizados, por rasgos que, como generalidad (abstracta) no se encuentran en el desarrollo civil de dicha socialidad.
  Es decir, así como la organización y el sentido de las relaciones sociales en una población en la que se privilegian la equidad entre los géneros y la aceptación de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad de los individuos no son los mismos que en aquellas colectividades en las que un género se subordina a otro y el desarrollo de la sexualidad se da en términos estrictamente hetero; así también el sentido y la forma organizacional de una sociedad en la que las nociones de seguridad se encuentran articuladas a la idea de construir y eliminar enemigos no son los mismos que los de aquellas en las que los objetivos de la seguridad no constituyen Otredades. Y es que no únicamente las maneras de comprender la problemática en cada uno de los polos son divergentes, sino que, además, sus procesos de construcción, las corrientes discursivas que los estructuran, los canales de poder que se emplean para abordarlo y los medios por los cuales circulan no son los mismos.
Ahora bien, identificar estas diferencias entre las distintas lógicas, racionalidades, que determinan la organización y el desarrollo de las relaciones de convivencia entre individuos y colectividades es imprescindible para mostrar por qué la Ley de Seguridad Interior, en trámite legislativo en el Congreso mexicano, sí constituye, tanto en su generalidad como en sus disposiciones particulares, la cristalización de una profunda y sostenida dinámica de militarización de la vida en sociedad, en el marco del despliegue y mantenimiento de una guerra en contra del narcotráfico.
Así pues, el primer rasgo que no se debe perder de vista es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal —y sus ideólogos— para mostrar a la Ley como un cuadro normativo destinado a la reglamentación de las fuerzas armadas nacionales en las tareas de seguridad pública, el contenido de la misma es, en realidad, materia de seguridad nacional. La denominación de la propia Ley y de la materia que se supone pretende regular, como dominio de Seguridad Interior, se deben, de hecho, a la pretensión de realizar una distinción efectiva entre tres ámbitos muy específicos en los términos de lo que se entiende por seguridad: a) pública, b) nacional, c) interior; mismos que, en la práctica, se rigen por lógicas relativamente diferenciadas justo por sus órdenes normativos.
El artículo primero del texto, por lo anterior, expresa que la Ley «tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, los procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia». Porque la idea, aquí, es establecer que el campo de Seguridad Interior es una unidad en sí misma, diferente (aunque interconectada) con esas otras dos unidades, con mecanismos regulatorios y dispositivos de poder propios, que se refieren a la seguridad pública y a la seguridad nacional.
El problema es, no obstante, que en el párrafo segundo de la Ley se establece, de manera explícita, que «las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional», lo que significa que, para todos sus efectos, prácticos y normativos, la Seguridad Interior es apenas un subconjunto, una derivación o modalidad particular de aquella.
Y es que si bien es cierto que la Ley, en su artículo segundo, ofrece una definición de Seguridad Interior que busca distanciarla —aunque sea sólo en apariencia— de aquella que corresponde a la seguridad nacional, también lo es que, en estricto, ambas leyes se complementan, antes que fundar ordenes de acción diferenciados.
El artículo segundo de la Ley de Seguridad Interior, en este sentido, define a la misma como: «la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley».
En el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, por su lado, se entiende por ésta: «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: i) La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; ii) La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;  iii) El  mantenimiento  del  orden  constitucional  y  el  fortalecimiento  de  las  instituciones  democráticas de gobierno; iv) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; v) La  defensa  legítima  del  Estado  Mexicano  respecto  de  otros  Estados  o  sujetos  de  derecho internacional; y, vi) La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
Por su objetivo principal, el objeto general de su regulación, ambas Leyes están orientadas, estrictamente, al mantenimiento funcional y la permanencia del Estado mexicano tal y como éste existe en la actualidad; lo que, de entrada, implica que cualquier situación, sujeto y evento que sea susceptible de ser considerado —por el Estado mismo— como una amenaza que ponga en peligro su funcionamiento y existencia, ya es, de suyo, objeto de aplicación de ambas normatividades. Una y otra Ley se superponen, se refuerzan, se doblan, se comprimen sobre ellas mismas.
Y si se omiten, por el momento, las disposiciones referentes a las amenazas extranjeras y se diseccionan las redacciones de ambos cuerpos normativos, se tiene que la efectividad en mantener y asegurar la permanencia y la continuidad del Estado mexicano se encuentra determinada por, y subordinada a, la efectividad que se tenga en salvaguardar la permanencia y la continuidad, asimismo, de a) sus órdenes de gobierno e instituciones; b) el desarrollo nacional; c) el Estado de Derecho; d) la gobernabilidad democrática; e) la defensa del territorio; f) el mantenimiento del orden constitucional; g) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación; y, h) la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Los riesgos para la sociedad mexicana que supone el lograr dichos objetivos, por tanto, son varios, y todos igual de preocupantes.
En primer lugar, las disposiciones relativas a las territorialidades coloca como amenazas, tanto de Seguridad interior como nacional, a las autonomías indígenas, que aunque tienen su propia reglamentación que les confiere el estatus de autonomías integrantes de la unidad territorial nacional, cuando esa autonomía escapa a la subordinación en la que la mantiene la ley, respecto de las estructuras municipales y estatales —como en el caso de las poblaciones autogestivas, del tipo de las comunidades zapatistas—, aquellas son integradas, como ya lo están, a la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por los servicios de contrainsurgencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La suspensión de garantías, el despliegue de efectivos militares, su intervención y su empleo en contra de poblaciones de este tipo, en tal sentido, pasa su justificación por estas nociones, como ya ocurre, de facto, en los casos en que es preciso que el Estado se apropie de sus territorios para insertarlos en las cadenas de producción internacionales.  
En segunda instancia, las disposiciones en torno de la gobernabilidad, de la democrática y del desarrollo nacionales están articuladas, en términos de supeditación, al grado de estabilidad que se perciba en la actividad económica impulsada por el Estado mexicano. La propia noción de «preservación de la democracia», definida en la Ley se Seguridad Nacional como una condición fundada en el desarrollo económico del país refiere a la compresión de la democracia como un orden estrictamente económico, productivo/consuntivo, que, a su vez, con base en la experiencia histórica de los últimos seis sexenios, no tiene otra orientación que no sea de corte neoliberal.
De aquí que, en última instancia, Seguridad Interior y seguridad nacional terminen afirmando su campo de acción a través del objetivo de asegurar el despojo territorial, la privatización de la actividad productiva/consuntiva, la especulación financiera, el desmantelamiento de las prerrogativas de seguridad social, etc., cuando la política económica del gobierno en turno considere que el desarrollo del país se encuentra en peligro —lo que ya es tan arbitrario como la racionalidad detrás de la agenda de desarrollo del gobierno lo es. Intereses económicos en turno son identificados, así, con la estabilidad y la permanencia del Estado. Es el rubro en el que se inscriben las resistencias al modelo productivo neoliberal, a la apropiación de los medios de producción, al desarrollo de proyectos de infraestructura en poblaciones autónomas y al extractivismo de recursos naturales como amenazas al Estado en ambas nociones de seguridad.
En tercera instancia, se encuentran las disposiciones que tienen que ver con la institucionalidad y la legalidad del Estado, preceptos en los que la disidencia, la oposición y las políticas de las alternativas figuran como los fenómenos arquetípicos de las amenazas en contra de la racionalidad del Estado. Pero una disidencia, una oposición y unas alternativas que no pasan por las formas de la corrección política que se constituyen en partidos políticos, o similares y derivados, sino que atraviesan la manera de hacer política, en general; y la organización de su órdenes y escalas, en particular.
Es decir, son disposiciones en las que no únicamente se pone en juego la legitimidad, como aceptación popular, de las distintas legalidades que el constituyente permanente funda en su accionar, sino que, además, cuestionan de manera aún más profunda la razón de ser y el telos, la finalidad, de su existencia. El énfasis que se hace en ambas leyes, por lo anterior, no es arbitrario ni azaroso: el objetivo es mantener el status quo, la vigencia actual de las estructuras, divisiones y jerarquías que permiten la reproducción del capitalismo moderno; esto es, la vida en sociedad debe mantenerse, de acuerdo con estos imperativos, en un estado de coagulación permanente.
Así pues, se comprende que ya desde el primer artículo del proyecto de Ley de Seguridad Interior los asedios que se yerguen sobre la población civil mexicana son bastantes y reiterativas, redundantes —pero al mismo tiempo complementarias— de aquellas que ya en ese otro texto que compone a la Ley de Seguridad Nacional se prefiguran. De tal suerte que, en una primera aproximación, se obtiene que el proyecto de Ley en proceso se orienta en la tarea de desagregar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional a los campos específicos de la seguridad pública, subsumiendo a ésta en los objetivos de aquella a través del velo de una nueva nomenclatura.
El Estado, una vez más, se afirma a sí mismo como la ultima ratio de la vida en sociedad, el punto de culminación de la socialidad humana dentro de la cual —como lo mostró a la civilización entera el fascismo de mediados del siglo XX— queda todo, pues fuera de su racionalidad y en contra de la misma, queda la nada. 

10/12/17
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Estado de excepción... La militarización de México

I
Uno de los principales mitos del sistema político mexicano menos cuestionado afirma que las instituciones militares nacionales (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) son entidades por completo abstraídas del funcionamiento general de aquel; esto es, instancias real y verdaderamente aisladas de los causes de la política en sus órdenes federal, estatal y municipal. Gran parte de la naturaleza mítica de esta creencia, y de su incuestionable verdad, por supuesto, se debe al hecho de que una y otra tienen su origen en la historia del partido hegemónico (ya como Partido Revolucionario Institucional), y en las prácticas simbióticas de éste con el andamiaje estatal.
Y lo cierto es que aunque el 68 mexicano y la sistemática eliminación de las poblaciones originarias del país, por un lado; tanto como la guerra en contra del narcotráfico, en tiempos más recientes, por el otro; dan cuenta del poder efectivo que las corporaciones castrenses ejercen en la determinación del desarrollo de vida social cotidiana de los mexicanos; los recuerdos de la supresión del sector militar de la estructura interna del partido y de la consolidación del carácter civil de los funcionarios en cargos de elección popular, en conjunto con una narrativa estable construida alrededor de dichas instituciones como representativas de las glorias de la independencia nacional, del rechazo a la intervención extranjera, de la forja y la herencia de la revolución y de la ayuda ante contingencias humanitarias; son lo suficientemente sólidos como para objetivar al nacionalismo más dogmático e intransigente en el culto a la figura del marino y del militar como personificación de la lealtad, el honor, el valor y la gloria de una nación.
En este sentido, aunque gran parte del mito se articula alrededor de una lógica en la que si el ejército y la marina no tienen presencia pública, ni incide en los procesos de toma de decisiones (fuera de sus ámbitos de competencia en materias de seguridad y defensa) de manera institucional, es porque las instancias castrenses del Estado, en realidad, no cuentan con ningún poder real sobre la manera en la que se gobierna a la sociedad. Es decir, en esta manera de comprender el papel de las fuerzas armadas, éstas son relativas sólo en la medida en que, por un lado, tienen presencia pública; y por el otro, su participación a nivel gubernamental es cualitativa y, sobre todo, cuantitativamente, superior a los niveles que los asuntos de seguridad y defensa requieren.
Por supuesto, comprender así a las instituciones militares —de México o de cualquier otro Estado— pierde de vista que de todas las instituciones formalmente constitutivas del andamiaje gubernamental, en particular; estatal, en general; son éstas las únicas que cuentan con las capacidades y las potencialidades estratégicas, tácticas y operativas suficientes como para derribar, ocupar, alterar, bloquear, cambiar y (re)fundar no sólo los órdenes institucionales vigentes, sino el conjunto de los elementos sobre los cuales se fundamenta la estatalidad en cuestión; sin la necesidad de contar con un mandato jurídico establecido o de la aceptación poblacional.
No es azaroso, por lo anterior, que ante cada renovación del engranaje gubernamental, ya sea en periodo electoral o post-toma de posesión, uno de los primeros elementos de legitimidad y aceptación que se busca obtener o ratificar,  sea el de la adhesión de las fuerzas armadas al proyecto de gobierno en cuestión. Y es que, en el fondo de esa aceptación por parte de las entidades castrenses, lo que los gobiernos civiles buscan es afianzarse para sí y su proyecto gubernamental la certeza de que su administración no se encontrará con ningún tipo de resistencia armada, pero no sólo, pues también es importante afirmar la idea de que luego de su investidura sus personas no serán agredidas y sus administraciones no serán depuestas por un Golpe de Estado —piénsese en la historia de América Latina, de la década de los años cuarenta hacia adelante, para ilustrar estas palabras.
Ahora bien, si se comprende que el ejercicio de poder de las fuerzas armadas, su capacidad de determinar políticas exteriores y públicas, programas de gobierno y agendas administrativas, etc., no se encuentra en la cobertura mediática que éstas reciben en el día a día, ni en su participación en eventos públicos y gubernamentales o en asuntos de otras instancias constitutivas del Estado, sino en sus probabilidades reales de tomar el control directo de esas otras instancias y de hacer valer su propia racionalidad sobre el funcionamiento del Estado-nacional en cuestión, se tiene que lo profundo de la participación de los efectivos militares en las tareas seguridad propias de las corporaciones civiles, así como el marco legal sobre el cual aquellos fundamenten su actuar incrementarán las potencialidades de la milicia por encima de los controles civiles.
Un sexenio de guerra en contra del narcotráfico: con un amplio y penetrante despliegue de gran parte de las capacidades estratégicas, tácticas y operativas del ejército, la fuerza aérea y la marina en el espacio público, sustituyendo a las corporaciones civiles en materia de seguridad, multiplicando el financiamiento que reciben año con año, mejorando su poder de fuego cuantitativa y cualitativamente, disponiendo de mayor infraestructura y recursos administrativos, etc.; por ejemplo, es uno de esos eventos por medio de los cuales las entidades castrenses tienden a exponenciar no sólo sus márgenes de maniobra en cuanto tales, sino la magnitud del ejercicio de poder que de manera efectiva ejercen sobre los órdenes de gobierno que ocupan.
Por este motivo, teniendo como marco contextual la continuidad que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a la política antinarcóticos de Felipe Calderón y Vicente Fox, los recientes eventos en torno de la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es un asunto menor, pero sí, un asunto de militarización legal, institucionalmente legitimada, de toda una sociedad. Porque aunque los intentos por discutir a dicha legislación como una antítesis de cualquier noción que se aproxime a las experiencias de Pinochet, en Chile; de Banzer, en Bolivia; de Stroessner, en Paraguay; de Videla, en Argentina; de Bordaberry, en Uruguay; de Castelo Branco, en Brasil, etc., habida cuenta de que la Ley otorgaría a las fuerzas armadas un marco normativo que legitime y garantice la legalidad de sus actos, lo cierto es que tanto por los actos hasta ahora cometidos por efectivos militares como por el contenido de la propia legislación lo que se está poniendo en juego es el grado de determinación  que el fenómeno de la guerra contra el narco —y no la pura presencia de la milicia en las calles, per se— tendrá en la cotidianidad de la vida de los mexicanos.
En este sentido, la primera noción que se debe rechazar como sentido común explicativo del fenómeno que se encuentra en curso en el proceso de aprobación de la Ley es que militarización no es sinónimo de dictadura militar —entendiendo a esta última noción en los términos en que se usa para designar a los gobiernos latinoamericanos arriba mencionados. Es decir, para argumentar que en México se está instaurando un régimen militarizado no es preciso que en el gobierno federal se instaure a una personalidad como la de Pinochet o la de Stroessner, porque la realidad es que el elemento que funda y define a un régimen de militarización de la vida en sociedad no es tanto la personalidad a cargo de las principales magistraturas del Estado, sino el tipo de relaciones sociales que se introducen y sostienen a partir del despliegue sí de los efectivos castrenses, pero también, y sobre todo, de su particular racionalización.
Un dato que no se debe perder de vista, por lo anterior —y al margen del hecho de que desde 2012 cada entidad de la república mantiene, en algún grado, las estructuras propias de los operativos conjuntos (piedra de toque de la estrategia de despliegue militar de Felipe Calderón) como base de apoyo para las tareas de inteligencia, seguridad y defensa en contra de la delincuencia—, es que aunque las corporaciones estatales de policía de las treinta y dos entidades federativas se encuentran comandadas por efectivos militares (en activo o retirados de la milicia), no es la presencia del efectivo al frente de la institución lo que funda el régimen de militarización, sino la forma en la que los diversos actores del cuerpo social se relacionan entre sí a partir de un particular disciplinamiento territorial, espacial, temporal, social, administrativo, etc., de corte militar.
Y es que, a la comandancia de policías civiles por parte de efectivos castrenses se deben sumar, por lo menos, tres rasgos más para comprender el punto de la militarización en curso en México: a) que luego de la purga emprendida por Felipe Calderón en las policías estatales y municipales (continuada por Enrique Peña Nieto, también), los vacíos que se formaron fueron rellenados por la trasferencia de soldados y marinos a esas instancias para desempeñarse como policías estatales y municipales; b) el modelo de entrenamiento, en sus niveles estratégico, táctico y operativo, de las instituciones de seguridad pública, en general, se mantiene bajo el esquema de profesionalización militar; es decir, bajo los lineamientos dentro de los cuales entrenan las propias fuerzas armadas; c) hasta 2015, las treinta y dos legislaciones locales en la materia (así como la federal) se modificaron para sincronizarse con las demandas del combate directo y armado a la delincuencia organizada.
Es decir, tomando los tres elementos anteriores en su conjunto es posible observar que ya está en operaciones una racionalidad, una lógica y una legalidad propias de la manera de proceder de las milicias en materia de inteligencia, seguridad y defensa. Y aquí, aunque es cierto que la profundidad de estos cambios no es tan homogénea, generalizada ni profunda para cada uno de los casos en los que se despliegan, también lo es que este esquema es apenas una parte que se conjunta con una saturación conformada por la copresencia de marinos, soldados, gendarmes, policías federales, grupos paramilitares, sicarios, etc., esto es, la militarización del país no se está efectuando sólo por un frente, sino por varios.
Discutir si fue primero la delincuencia organizada en sicariato o si lo fue la salida de los militares de sus cuarteles rebasa la presente argumentación, sin embargo, lo que queda claro es que la relación que existe entre uno y otro lado de la ecuación es recíproca, y cada año se va profundizando y escalando en términos cualitativos y cuantitativos; toda vez que un incremento de elementos o una mejora en su potencia de fuego o en su organización operacional supone el imperativo de compensar y rebasar en el otro lado. De aquí que los niveles de violencia desplegados por el ejército siempre se corresponden con un incremento de parte de los sicarios, y viceversa.
Ahora bien, ¿si la militarización del país ya se había echado a andar desde los sexenios panistas en la presidencia de la república, qué diferencia o elemento nuevo se supone que introduce la legislación en proceso de aprobación? ¿No daría lo mismo que se apruebe o que todo se quede tal y como está si, después de todo, el contenido de la ley ya ocurre de facto? La cuestión con la Ley de Seguridad Interior es que su contenido potencia lo que ya se está dando en la cotidianidad, y sin que se cuente, en este momento, con un marco jurídico. El dictamen general de ciertos sectores de la sociedad, en tal línea de ideas, es, por tanto, el que aquí también se suscribe: el peligro es la legitimación del Estado de Excepción actual.

5/12/17
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La primera impresión: las juventudes del priísmo del viejo siglo

Este lunes 27 de Noviembre, el primer priísta de la nación, el C. Enrique Peña Nieto, aceptó la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña, a la cartera de Hacienda y Crédito Público, en un muy breve evento en el que, a pesar de las palabras del presidente de México —dispuestas de la manera más precisa posible para ofrecer un espectáculo de razonada familiaridad y proximidad entre ambos personajes—, la distancia que media entre uno y otro fue evidenciada por el franco lenguaje corporal del segundo, respecto del primero. Como ya era previsible para el momento del anuncio, éste tuvo su razón de ser en la pretensión de actualizar una de las más viejas prácticas del priísmo caudillista: el destape del sucesor a la silla del águila por palabra y obra del presidente en turno.
Por supuesto, el performance fue, para las juventudes priístas del país, representativo del carácter inteligente, honorable y refinado de la manera de hacer política en su partido. Pero para cualquiera con un poco de memoria sobre Fidel Velázquez y el cetemismo, el pase de charola o el besamanos presidencial, lo que no dejó de trascender fue que lo grotesco del anuncio se fundó en un simbolismo que, por un lado, no terminaba de cuajar aquello que con la unción de Peña Nieto en la primera magistratura federal se bautizó como el PRI del Siglo XXI; y por el otro, tampoco atinaba a resucitar toda la solemnidad con la que las formas cortesanas del caudillismo saturó la política nacional durante todo el siglo XX.
Y es que, aunque los más institucionales se atrevieron a afirmar que la decisión de cobijar al único Secretario de Estado transexenal de la administración peñista se determinó, realmente, hasta los momentos en los que, de manera sucesiva, el presidente Peña Nieto anunció la renuncia de Meade a Hacienda y éste, a su vez, manifestó su deseo de ser abanderado priísta en la contienda electoral de 2018; lo cierto es que el movimiento ya se veía avanzar desde el punto en el que Meade transitó de la Cancilleria a la Secretaría de Desarrollo Social, y de ésta a Hacienda: las dos últimas siendo los principales engranajes sobre los cuales se echa a andar la maquinaria clientelista del Estado.
Por eso la gran discusión no debería ser (o por lo menos no de manera fundamental) la persona ni la personalidad del presidenciable del Partido Revolucionario Institucional —por más que las distintas tribus y facciones internas de la militancia del partido se esmeren en ofrecerle el mejor halago y la adhesión más poética a su campaña electoral. De hecho, en estricto, el dato más trascendental de ese proceso es el hecho de que nunca, en toda la historia del partido, desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario, ningún candidato había sido comparado con Plutarco Elías Calles; a la manera en que Luis Videgaray, actual Canciller, lo hizo con Meade Kuribreña unos días antes de la renuncia de éste.
Y trasciende porque a pesar de que en el actual punto del sexenio la vocación priísta de Meade no es algo que se encuentre en tela de juicio, o que siquiera se esté cuestionando en los sectores más conservadores del PRI, reafirmar el compromiso de aquel con el instituto político no dejaba de ser un acto simbólico necesario para saturar la imagen del presidenciable. De ahí la importancia de esclarecer que el único candidato que ha tenido el PRI en su historia, en condición de no-afiliado ni perteneciente formal a su estructura, sea, al mismo tiempo, el único, hasta ahora, merecedor de ser comparado, identificado y asimilado con la figura del fundador del partido —y verdugo de los resquicios de la guerra civil de principios del siglo.
El gran debate, por lo contrario, se encuentra en la manera en que las generaciones más jóvenes están experimentando la participación política en su sociedad; en particular, los cuadros de más reciente formación en el partido. Y es que, por un lado, no deja de sorprender que en este punto de la historia de México, en el que la realidad se esfuerza por mostrar a cada individuo lo complejas que se están volviendo todas las dinámicas sociales que se desenvuelven en la cotidianidad, la figura del presidenciable siga siendo sinónimo, síntesis y personificación de todo cuanto ocurre en el tejido social, como si con conocer la personalidad de un candidato, sus logros académicos o el carisma de su pareja sentimental ya se supiera el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
No es, por supuesto, que la persona al frente de los principales mecanismos de acción del Estado no importe en absoluto. Más bien, es el hecho de reducir al conjunto de lo social a la psicología del caudillo lo que se vuelve problemático —y más allá, claro, de lo que concierne al culto a la personalidad; refinado arte que el alineamiento priísta ha llevado permanentemente a sus grados más estables y puritanos. Cualquier argumento de esta naturaleza, de hecho, sólo termina evidenciando una profunda incapacidad para reconocer los múltiples conglomerados de intereses que se ponen en juego y las aún más vastas estructuras que operan en un número similar de escalas del entramado social.
Algo de ello se explica por la característica naturaleza del partidismo que exige de sus adeptos la permanente reafirmación de su sentido de pertenencia a través de la transferencia del más burdo de los patrioterismos al culto a la personalidad: el ascenso por la cadena alimenticia de las estructuras del instituto, en particular; y de la vida política nacional, en general; depende de ello y del alineamiento que se profese con el ungido.
Luego del anuncio de la renuncia de Meade a Hacienda, las primeras reacciones de los cuadros del priísmo no dejaron de resaltar todos aquellos aspectos que se consideran representativos de una persona que es exitosa en cada dimensión de su vida. Los títulos universitarios y los grados académicos —con una excesiva reiteración de aquellos obtenidos en universidades estadounidenses—, por ejemplo, son un común denominador en cada posicionamiento. Pero no sólo, pues como si el mostrar rasgos de humildad fuera en realidad una virtud que por sí misma amerita el ejercicio de la presidencia a quien la practique en su vida diaria, el resaltar la imagen de Meade como un ciudadano de a pie, de esos que usan el deficiente y saturado sistema de transporte público citadino, se vuelve una lugar común que apela a la identificación de la miseria propia de un ciudadano con la de alguien como servidor público no ha experimentados sus carencias.
Además, al margen de que las presunciones que resaltan la preparación académica desconocen, de facto, el número nada despreciable de legisladores y representantes populares que el partido tiene esparcidos en puestos municipales, estatales y federales sin que los titulares cuenten siquiera con una escolaridad mínima de bachillerato, el posicionamiento resulta un tanto problemático cuando lo que se coloca de fondo es el hecho de contar con funcionarios públicos que estén formados con la muy particular matriz educativa que se reproduce en Estados Unidos. Pero más aún, es problemático cuando se pretende hacer de esa formación un filtro objetivo del carácter de la persona, suponiendo que un PhD. De Yale o Harvard evitará que el mandatario cometa algún crimen ya en el cargo.
Así, la historia desaparece cuando el posicionamiento redunda sobre estas premisas: y de pronto se pierden de vista los múltiples actos de represión que en cada sexenio se han venido cometiendo de manera sistemática en contra de diversos sectores minoritarios de la población. Pero no sólo, pues aunque con pretensiones de no serlo, un marcado carácter clasista se muestra a sí mismo cuando el despotismo ilustrado no es suficiente para justificar la grandeza del doctorado en finanzas o en leyes. Y la cuestión es que en un contexto electoral en el que del otro lado del espectro se están articulando propuestas de ejercicio de lo político desde la experiencia de las comunidades indígenas, esa reafirmación de la escolarización del individuo sólo termina reproduciendo un muy profundo y añejo racismo en contra de los pueblos originarios de México.
Es así que, de todos los aspectos que está visibilizando la candidatura de Meade, al igual que como ocurrió con Donald Trump, algunos de los aspectos más problemáticos son aquellos que no se muestran en su persona, sino, por lo contrario, en las bases que lo apoyan desde el interior de las estructuras del partido. Y es que lo cierto es que Meade es apenas el reflejo de esos procesos de base que se están articulando de manera permanente y lejos de los reflectores.
El partido, a raíz del nombramiento de Enrique Peña Nieto como presidente de la república, ha estado apostando por la articulación de sectores jóvenes y femeninos para vender la idea de que en verdad se está diferenciando del viejo PRI —en menor medida formando cuadros propios que apelando a los hijos de mediana edad de sus viejas guardias. Sin embargo, lo que se está observando en las reacciones de éstos a la candidatura de Meade es que, a pesar de su juventud, la manera de hacer política en el priísmo no se está modificando ni un poco. La retórica, por supuesto, es otra y apela a otros valores y principios (extraídos de un lenguaje con tienes progresistas y New Age), pero el fin y los medios de ejercer esa acción política siguen siendo los mismos.
En especial, la búsqueda del poder por el puro poder es un rasgo que permanece incuestionado en ese ejercicio. En la candidatura de Meade el elemento que se parecía más palpable es, justo, el que sea realmente la mejor apuesta para vencer a sus contrincantes, y no el ejercicio del poder gubernamental como un medio para subordinar su actuar a los designios colectivos. No es azaroso, en este sentido, que el desprecio al populismo (como burdamente se le conoce a los gobiernos de izquierda en América Latina, sin que tal postura sea verdaderamente populista) obtenga como respuesta, al interior del propio priísmo, el apelar a las mayorías electorales —pese a que esa mayoría sea numéricamente una minoría.
Como regla general, pues, el principio de que la mejor opción del partido para ganar la elección es la mejor elección de la sociedad mexicana para gobernarse por los siguientes seis años (en el caso presidencial) se mantiene incuestionado. Y mientras no se coloquen en tela de juicio puntos de partida como ese, el funcionamiento del andamiaje, en su totalidad, permanece intacto
29/11/17
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Nacionalismo: el fundamentalismo original

En Occidente, la historia de la invención, construcción y desarrollo de los nacionalismos que hoy presionan por mantener su vigencia se aprecia, casi por obviedad, como una historia lejana, perteneciente, en todo sentido, a los espacios y los tiempos en los que se transitó de las formas de gobierno monárquicas a las republicanas. Y esa lejanía con la que las generaciones presentes observan los orígenes de sus estructuras estatales y de sus identidades nacionales, a su vez, explica por qué la violencia con la que se impusieron ambos —Estados y nacionalidades— se percibe como una violencia y una barbarie estrictamente perteneciente al atraso civilizatorio en el que se encontraban los reinos y los imperios de los siglos XV a XVII; y no como un rasgo propio del impulso contante por construir sociedades culturalmente normalizadas.
Hoy, apenas contadas salvedades —como Catalunya— desarrollan fenómenos en los que es posible observar, con diferentes matices, esa vocación violenta y totalitaria que la defensa militante del interés y la unidad nacional despliega sobre las poblaciones que pretenden fundar su propia identidad al margen o por fuera de la nacionalidad oficial del Estado. Y sin embargo, la defensa de esa una única nacionalidad por estructura estatal, es decir, de la nacionalidad legítimamente institucionalizada por el Estado, es tan amplia y está tan profundamente interiorizada por el sentido común del grueso de los imaginarios colectivos que, por un lado, el siquiera atreverse a cuestionar su unidad es, por sí mismo, condenable; y por el otro, el cuestionarla efectivamente por medio de un proceso de escisión desplaza la condena pública de la barbarie de los aparatos represores del Estado hacia las poblaciones que buscan su independencia;  victimizando al Estado-nacional y censurando y negando a los intereses autonomistas.
En este sentido, al pensar, por ejemplo, en la ocupación israelí de los territorios palestinos, las narrativas que se construyen en la actualidad ya no únicamente no muestran a la construcción de la nacionalidad y al afianzamiento de la estructura estatal como el principal problema de fondo, sino que, por lo contrario, hacen brotar e injertan otro tipo de fenómenos, como el terrorismo, a partir de los cuales se vuelve a afirmar la legitimidad del exterminio de una población, apelando a nociones como seguridad nacional, orden público, etcétera.
Aquí, por supuesto, la afinidad ética y la proximidad cultural son dos factores que inciden con gran peso en la aceptación internacional de este tipo de eventos. La violenta represión de las manifestaciones independentistas de sendos sectores de la población catalana, así como el asesinato a mansalva de árabes palestinos cometidos por los cuerpos castrenses israelíes, en este sentido, comparten el hecho de que su justificación por parte del grueso de la comunidad internacional atraviesa rasgos culturales compartidos y valores comunes; con la democracia, el respeto al Estado de derecho, la paz y la estabilidad internacionales en la primera línea de fuego.
Por ello, en el caso catalán, tanto como en el israelí, las narrativas son tan similares cuando se trata de obtener la venia pública de la represión y el ejercicio de la violencia estatal en contra de la población —aunque Israel cuenta con la ventaja del recurso hipócrita al recuerdo del holocausto. Porque en la medida en que la matriz axial de Occidente, así como sus nociones de libertad, igualdad, fraternidad, democracia y paz, se desenvuelven por el globo siendo aceptadas, naturalizadas e interiorizadas sin cuestionamientos por las comunidades del mundo, y por encima de versiones alternativas de las mismas, atentar contra ellas es como atentar en contra de la propia identidad.
Y lo cierto es que no son pocos los procesos de exterminio y los éxodos poblacionales que se están cometiendo en este momento alrededor del mundo y que, por causa de esta afinidad ética y cultural del modo de vida occidental, pese a que en ciertas ocasiones son visibilizados, su condena se queda en el dato anecdótico de la barbarie que producen las diferencias étnicas en sociedades —supuestamente— menos civilizadas que la occidental.
La paulatina desaparición de la minoría musulmana Rohinyá y de los Kachines cristianos, en la Birmania (Myanmar) budista; o de las comunidades Nuer, en Sudan del Sur; por lo anterior, son vistos antes que como resultados propios de una lógica de permanente nacionalización de las estructuras sociales de una población en un país determinado, como causa y consecuencia del lento avance de la civilización y los valores occidentales en esas sociedades. Y son vistos así porque la consideración general de su aceptación en Occidente atraviesa por diferencias lingüísticas, raciales, religiosas, etcétera. La humanidad de las personas es el último factor a considerar.
Las banderas de independencia y las luchas autonomistas que durante dos siglos brotaron por todas las periferias globales, en el afán de sus poblaciones de liberarse de su condición colonial, hoy se aprecian como burdos recuerdos cuya validez y legitimidad, en el tiempo-espacio presente es nula. Vencido el colonialismo jurídico de las metrópolis centrales sobre las periferias globales, los Estados periféricos y sus andamiajes gubernamentales repiten sistemáticamente una narrativa en la que se invisibiliza que esas mismas estructuras estatales excoloniales reproducen lo lógica colonial al interior de sus márgenes.
En América, las poblaciones indígenas son obligadas, permanentemente, a asimilarse con las poblaciones urbanas con las que no comparten nada más que una historia nacional inventada a modo del nacionalismo de cada Estado; y siempre bajo el riesgo de ser excluidos y exterminados silenciosa y lentamente si se rehúsan a integrarse y normalizar sus comportamientos con los de la nación oficial del Estado. Pero no sólo, pues estas poblaciones, aunque en términos poblacionales sean mayoritarias en el territorio, son reducidas a minorías para desplegar sobre ellas una dinámica en la que se articulan la imposición de una organización política en la que la minoría carezca de un gobierno propio —más allá del sólo formalmente reconocido como de usos y costumbres—, subordinándola a los centros de producción y consumo metropolitanos, así como a las normas positivas del Estado que las domina; dinámica que se produce siempre a través de mecanismos artificiales, y nunca como resultado de intercambios y contactos sociales naturales entre ambas comunidades.
Así pues, es imprescindible no dejar de señalar que siempre que se afirma el derecho del Estado de exterminar, reprimir, excluir o violentar a sus poblaciones, minoritarias o mayoritarias, en pos del mantenimiento de su interés nacional, se está defendiendo, simultáneamente, el derecho de este de aniquilar las formas de vida que no comparten su origen y sus fines como estructura política-económica. Es aquí en donde se encuentran los verdaderos fundamentalismos que salpican al mundo, porque su ejercicio no se enfrenta a resistencias que vayan más allá de la que presentan las poblaciones sobre las cuales descarga su avasallamiento, y porque sus fines y sus medios son plenamente justificados por la comunidad internacional en su condición de mayoría.
Que no se olvide, entonces, como señaló Aimé Césaire, hace medio siglo, que el germen de las tragedias vividas por la humanidad durante el auge de los totalitarismos de corte nacionalsocialista y fascista se encuentra en la experiencia colonial de Occidente: desde el crimen, absuelto en su inhumanidad en nombre de la civilización, del hombre blanco en contra del hombre negro, del indígena, del conquistado.

Catalunya: contra los nacionalismos, la Identidad

Esta semana, la revista francesa Charlie Hebdo —famosa a nivel internacional, por lo menos los últimos años, debido a los atentados en los que algunos de sus integrantes fueron despojados de su vida, y cuya autoría reivindicó el Estado Islámico, en 2015—, dedicó su edición a los catalanes que buscan su independencia formal de la estructura estatal española; afirmando que lo que este sector de la población se está jugando es la resolución de la tensión entre su propia estupidez y su propia muerte —con la primera aventajando a la segunda.
En redes, el elemento que tendió a causar más indignación, tanto en la agenda de un reducido número de medios cuanto en la opinión pública general, fue la portada del semanario, definida por una alegoría en la que la sociedad catalana es representada a través de la iconografía que típicamente se emplea para identificar a la criminalidad, en general; y al terrorismo, en particular; y que en esta ocasión no deja de aludir, por un lado, al largo y violento proceso de reconquista (y aquí el re- en la palabra encubre el acto colonial, la verdadera conquista) que los gérmenes de una Europa ya consolidada en su militancia católica emprendió en contra de moros y musulmanes, desde el siglo VII hasta el XV; y por el otro, que rememora a los corsos organizados alrededor del Fronte di Liberazione Naziunale Corsu, que desde 1976 buscó la independencia de la isla de Córcega, respecto de Francia.
El mensaje, en ambas codificaciones, es claro: la condena pública de todo acto que atente, o si quiera cuestione, la identidad europea construida desde el medioevo tardío, o cualquiera de las identidades nacionales edificadas dentro de ésta —mantenidas en su vigencia por los mismos estratos que ven en el nacionalismo moderno un catalizador de la conflictividad social interna hacia un enemigo extranjero.
Esta portada no es, sin embargo, el rasgo más problemático de la última edición del semanario: más allá de los dibujos de los pequeños sujetos encapuchados, con expresiones hostiles y portando armamento de alto calibre, frente a una mesa presidida por la cabeza de moro, la lámina en cuestión carece de simbolismo (o en su defecto, éste es relativamente acotado a esa primera impresión de anarquismo que ofrece) para todo aquel que carece de referentes históricos claros sobre los movimientos autonomistas europeos —y sus correspondientes resistencias nacionalistas.
Más bien, es la editorial la que representa un verdadero reto discursivo, y no porque ésta contenga en sí una particular dificultad que la haga parecer densa, incomprensible o profundamente filosófica frente a quienes leen sus letras; sino por causa de lo representativo que es su texto de una suerte de saber fáctico generalizado, es decir, de una especie de sentido común imperante en los amplios sectores conservadores del statu quo vigente y, sobre todo, de la unidad política-administrativa de la nacionalidad.
 En este sentido, tres son los argumentos generales que en Europa se esgrimen en contra de las pretensiones autonómicas, no sólo de Catalunya, sino de otras más, como Escocia, del Reino Unido; Flandes, de Bélgica; Nueva Caledonia y Córcega, de Francia; las Islas Feroe, de Dinamarca; o, Lombardía y Véneto, de Italia.
El primero de ellos tiene que ver con el temor a la balcanización de Europa. El semanario francés lo expresa de este modo: «If all the European regions with their own language, history and culture start claiming independence, the Old Continent will soon break up like pack ice under global warming. Given that there are 200 languages in Europe, why not create 200 new countries?».
Aquí, el argumento apunta a la preservación de la idea de Europa, por cuanto entidad geográfica, política, jurídica y administrativa; así como en términos de identidad geosocial; afirmando, sobre la marcha de la sentencia, que una lengua, una historia y una cultura comunes a una unidad comunitaria determinada son apenas elementos banales, de segundo orden de importancia, frente a rasgos identitarios compartidos mucho más profundos que, se infiere, se derivan de la matriz de valores que definen a eso que con tanta naturalidad se le denomina Occidente —con la igualdad, la libertad, la fraternidad, la democracia y la justicia por delante.
El riesgo de respetar las pretensiones independentistas de Catalunya, o de cualquiera de las otras regiones en situación similar, sería, en esta línea de ideas, el llegar al absurdo de contar con doscientos nuevos Estados-Nación en donde ahora sólo dominan cinco potencias capitalistas de firme y militante vocación colonial.
¿Por qué no tener doscientos nuevos Estados, se pregunta en tono satírico el editorialista de Charlie Hebdo? Y lo primero que viene a la mente al leer esas palabras es que antes de que Europa fuese realmente Europa (o la idea de lo que se conoce como Europa), el viejo continente estaba poblado por una vasta diversidad de colectividades a la que las monarquías, primero; y los Estados-nacionales, después; fueron aniquilando, en el peor de los casos; asimilando a sus estructuras, en el mejor; con el claro objetivo de fortalecerse y asegurar la marcha continuada del sistema de producción moderno capitalista que los beneficiaba en sus márgenes de acumulación de riqueza.
Eso lleva al segundo argumento general de la editorial de la revista, pero también del sentido común europeísta: la independencia sólo es legítima cuando se esgrime en contra de la tiranía y la opresión. Las páginas de Charlie Hebdo lo sentencian así: «Independence, but from what? Independence is legitimate when you want to break free of tyranny or oppression. […] Independence: a flamboyant word sometimes hiding less noble concerns».
Pasando por alto la brutal represión que el gobierno nacional español ejerció en contra de los catalanes el día primero de octubre, mientras éstos celebraban una consulta pública con carácter de referéndum; y dejando al margen de la discusión que, por un lado, Catalunya aporta a España el 20% de su Producto Interno Bruto; y por el otro, que grandes capitales —como los representados por la Open Society Fundation— han financiado de manera permanente el proyecto de contar con una Catalunya independiente de la corrupción y la burocracia española; el argumento de que los catalanes no se enfrentan a ningún poder antidemocrático, y de que, por lo tanto, sus pretensiones son puramente burguesas, basadas en el egoísta motivante de no compartir su riqueza con los lastres que les suponen las regiones más empobrecidas del país, es trágico no por poner sobre la mesa estos dos elementos, sino porque a pesar de que es un juicio que anula por completo las definiciones más abstractas, individualistas y utilitaristas de democracia y libertad con las que Occidente colonizó y recoloniza las periferias globales, es suscrito por igual desde la izquierda (institucionalizada) y desde la derecha.
Y es que, en efecto, aún desde las posiciones más recalcitrantes en favor de una Catalunya independiente, el conservadurismo satura y desborda todos los argumentos cuando retrae todo el problema a la afirmación de que el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos siempre debe respetar la determinación que se le impone desde el corpus jurídico, legal o constitucional, propio de la entidad estatal de la cual pretende independizarse. Así, la independencia sólo es válida cuando la reconoce el Estado colonizador.
El problema es evidente, y da parte para asegurar que la humanidad aprendió poco (o nada) de los procesos de descolonización que se gestaron en las periferias globales desde hace doscientos años —y que en algunas latitudes aún se continúa peleando la misma batalla. Es como si después de declarada la última independencia apadrinada por algún Estado colonial o auspiciada por alguna organización del estilo de Naciones Unidas la autodeterminación de las comunidades humanas ya no fuese más un derecho válido, o siquiera una reivindicación legítima.
Occidente, en particular, aún no reconoce (pese a que quizá ya lo observa con naturalidad), que la democracia y la noción de libertad con la que navega por el mundo colonizando periferias, interviniendo países, declarando guerras, instalando dictaduras, etc., son, por igual, procesos profundamente opresores y fundamentalistas con aquellos imaginarios que no se asimilan a las definiciones y a las prácticas que fundan aquellas, sus propias (pero no las únicas ni las más válidas) versiones de libertad y de democracia.
Por ello surge el tercer argumento general en contra de los autonomismos: la negación absoluta de las diversas identidades que se fundan, sobre la marcha, en e terreno de lo político y lo comunitario. La editorial del semanario lo expresa así: «Why are the words "identity" and "culture" audible when they are uttered by the Left, but become repugnant when used by the Right or the extreme Right?».
Aquí, como es de suponerse, el problema es que la relativización de los procesos identitarios, anclándolos a posicionamientos de derecha y de izquierda por igual, invisibiliza el hecho de que no es el posicionamiento ideológico en algún lado del espectro político o confesional lo que legitima a un proceso como el catalán, sino la tensión existente entre dos (o más) núcleos identitarios que ya se reconocen como incompatibles. Y sobre todo, en donde una de esas identidades (la que se identifica con la estructura estatal que se niega a conceder la independencia de la otra), despliega frente a la otra un claro proyecto colonialista en el que en nombre de la unidad nacional (unidad en una sola versión de nación) anula lo particular de aquella que busca su autonomía.
Por eso es claro que ante cada reproche e indignación de los nacionalismos se debe mostrar que el problema no se reduce a un mero desplazamiento de un nacionalismo a otro, de un nacionalismo nacional a uno regional, local, sectario. Porque ante las posturas que descalifican el proceso catalán nominándolo como golpista, secesionista, separatista, o similares y derivados, es imperante observar que aún si el interés independentista tiene un marcado acento sobre la dimensión productiva de la región, es decir, en su riqueza o el tamaño de su mercado, etc., aún en ese supuesto, la autonomía responde al cese de la identificación de la comunidad con los intereses de la nación nodriza.
Puede que lo que estén buscando Escocia, Flandes, Nueva Caledonia, Córcega, las Islas Feroe, Lombardía y Véneto sea un mero capricho, pero ese capricho lo que está poniendo en juego es la identidad de dos o más comunidades. Y ante ello, la intransigencia de negar ese proceso, de demeritarlo en el ejercicio del más atroz de los despotismos ilustrados, lo que se pone en marcha es el juego del fundamentalismo, de la negación o la aniquilación de la otredad porque supone un peligro para lo propio, para uno mismo.
Y la cuestión es que el ser humano no es estático, así como tampoco lo son sus identidades. Ningún Estado-nacional que existe hoy existió como sí mismo hace mil años, y muy probablemente no lo harán dentro de otros mil. Pretender querer congelar el tiempo y el espacio en el momento presente, dando por hecho que las identidades (o las nacionalidades, si se prefiere) que hoy existen serán permanentes, inmutables, no sólo niega la historia misma de la humanidad —con sus múltiples comunidades humanas transitando de una identidad a otra—, también justifica que en la defensa de esa permanencia, de esa inmutabilidad, por un lado, se funden los extremos más avasalladores de la alienación poblacional (como el nacionalsocialismo); y por el otro, que se siga justificando, interiorizando y naturalizando la destrucción de las culturas originarias (indígenas, autóctonas o similares y derivados) en nombre de la modernización y el progreso humanos.
13/10/17
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Industrialización por reconstrucción

En vísperas de la visita del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, a México, y de la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el principal organismo cúpula representante de los intereses industriales en México, desde 1918, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), lanzó la advertencia pública de que México se retirará de la renegociación del Tratado si en las próximas conversaciones sobre la materia se vierten propuestas que vayan en contra del interés de los mexicanos o si se llega a poner en peligro la soberanía del país.
Por supuesto, aunque el ultimátum de la Concamin pudiera parecer, hasta cierto punto, banal o intrascendente —por recurrir a un lugar común, a una frase trillada y sobreexplotada dentro de la estrategia discursiva del Gobierno Federal—, no es, por lo contrario, para nada un evento que se daba pasar por alto sin mayor reparo en sus implicaciones no confesas.
Y es que si bien es cierto que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos diversos actores, individuales, corporativos e institucionales, así como ciertos sectores de la población, han optado por la repetición sistemática de este tipo de juicios —que de manera tan certera y explícita apuntan a la efervescencia del nacionalismo mexicano para hacer frente a las agresiones externas—, también es verdad que, en esta ocasión, el que sea el organismo aglutinador de los intereses industriales nacionales quien emite tal afirmación reviste al acto de un simbolismo muy particular que da cuenta de los grados de oposición a los que ha llegado la defensa de los privilegios empresariales de los privados en ambos lados de la frontera.
En este sentido, cuando Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, afirma que México se retirará de la mesa de negociaciones cuando se encuentre cualquier tipo de cerrazón o pretensión de imponer decisiones contrarias al interés de los mexicanos, lo que hay de fondo no es la pura retórica ni el dogmatismo nacionalista de un discurso que pretende dotarse de legitimidad en un contexto de franca desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas y privadas. Reducir el gesto a tales términos invisibiliza que la Confederación aglutina y representa las ganancias de industrias tan redituables como la del vestido, de la construcción, del transporte de carga, del calzado, de conservas alimenticias, de consultoría, de electrónica, telecomunicación y tecnologías de la información, etcétera.
Más bien, lo que no debe perderse de vista en las últimas declaraciones de la Confederación es, en primera instancia, que cuando discurren en tercera persona no se están refiriendo a la generalidad de los mexicanos, como sujetos representados, sino a las cámaras nacionales, regionales y genéricas, así como a sus asociaciones que se encuentran efectivamente representadas por un mismo interés empresarial general. De ahí que la retirada con la que amenaza el presidente de la Concamin no se funde en la ofensa, el condicionamiento o la puesta en peligro de todos los mexicanos y sus intereses nacionales, sino en la afrenta en que estas cámaras y estas asociaciones adscritas a la Confederación estarían siendo colocadas, respecto de sus homólogos estadounidenses.
Después de todo, siendo las corporaciones estadounidenses sus principales competidores en el mercado nacional mexicano, la Concamin no está en posición de ceder espacios de negocios si en ello se van las ganancias que los industriales mexicanos requieren para mantener su actividad productiva misma, y por supuesto sus márgenes de ganancia.
Por ello, no es de extrañar que uno de los temas que más preocupe a los industriales mexicanos tenga que ver con la relación que existe entre los niveles salariales de las tres entidades estatales que participan en el Tratado de Libre Comercio. Porque, en primer lugar, todo TLC entre un Estado central y uno periférico está diseñado para mantener inmóviles las relaciones asimétricas del intercambio mercantil, subordinando el Estado periférico al central como mero espacio de externalización de costos; y en segundo, porque esa misma asimetría (que en principio se supondría benéfica exclusivamente para los competidores extranjeros), es, al mismo tiempo, el asidero al cual se ciñen los capitales nacionales del Estado periférico para abaratar sus propios costos de producción.
De acuerdo con la Oficina de Estadísticas del Trabajo, de Estados Unidos, en 1975, por ejemplo, un trabajador mexicano laborando en el sector manufacturero representaba, en términos salariales, un costo que apenas alcanzaba una proporción del 30% respecto de su contraparte estadounidense. Esa proporción, en 2012, pasó a 14%; y a principios de 2017, tras las sucesivas depreciaciones del peso frente al dólar, llegó hasta el 12%; lo que sólo significa que este año un trabajador mexicano especializado en el ramo de las manufacturas es 88% más barato que su contraparte estadounidense.
Esta situación, claro está, no sólo beneficia a los capitales extranjeros que se establecen en suelo mexicano gracias a las condiciones tan favorables que maximizan sus ingresos (con los bajos salarios y la nula recaudación tributaria de la que son objeto en primero y segundo lugar). También beneficia a los empresarios nacionales que compiten en el mercado local: porque en el momento de abaratar costos de producción para atraer inversión extranjera directa, la pauperización es generalizada. Además, no debe perderse de vista que en muchas de estas industrias, en la mayoría, en realidad, los capitales nacionales predominan por encima de los extranjeros, lo que se traduce, en términos comparativos, en más empleos creados por empresas mexicanas que por corporaciones transnacionales.
Ahora bien, la postura de la Concamin no es reciente. Ya desde que Donald Trump comenzó a amenazar con denunciar el tratado y con no volver a negociar sus términos la Confederación fue uno de los principales actores que se pronunció por la opción de optar por un desarrollo económico nacional volcado hacia afuera, como en una especie de ciclo renovado de industrialización por sustitución de importaciones. Y lo cierto es que es una postura que no sorprende, después de todo, al conglomerar a los sectores productivos encargados de la actividad manufacturera/maquiladora del país, es decir, a las labores encargadas de reproducir las bases materiales del comercio mexicano —por oposición a los servicios y a las actividades de financiarización—, ante un posible abandono del Tratado, la pretensión es llenar el vacío que se deje y acaparar los recursos públicos que se destinen para el crecimiento económico de los siguientes años.
Por eso, es evidente que no son azarosas las agendas que la Confederación y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) formularon y han estado promoviendo ante el Gobierno Federal como vías alternas a una posible catástrofe comercial en la relación México-Estados Unidos. Las solicitudes que ambas instancias han estado reiterando, en términos de los fondos públicos que requieren para lograr ser más competitivas que sus pares extranjeras; del recorte de impuestos que consideran pertinente para facilita la oferta laborar en las empresas que aglomeran; o de las políticas públicas que afirman deberían de estar implementándose en este momento para contar con mayores volúmenes de mano de obra especializada en la manufacturación de productos van justo en ese sentido.
Por eso, quizá, el agravante de las recientes advertencias de la Confederación de Cámaras Industriales es que lo hayan hecho en un momento tan clave de las últimas fases de negociación del tratado. Porque habiéndose visto complacidas en las tres mesas de concertación anteriores, lo primero que salta a la vista es que éstas ya hayan llegado a un punto en el que los industriales del país se estén viendo afectados en límites que les son inaceptables, y que ponen en juego la base de consumo sobre la que han estado construyendo sus fortunas durante las últimas tres décadas.
Y es que si sólo fuese la Confederación la que está emitiendo tales declaraciones la cosa del asunto quizá no se advertiría tan grave para los empresarios mexicanos. Sin embargo, no son sólo los industriales: el propio CCE y hasta la alta clase política del priísmo más añejo y autoritario ya han marcado, por lo menos en términos discursivos, una delimitación muy clara de los temas que los ponen en riesgo no como mexicanos frente a una potencia extranjera comandada por un nacionalista de corte supremacista intransigente, sino como clase propietaria nacional.
Por ello, justo, es que no se deben menospreciar las señales que los empresarios mexicanos están mandando en estos momentos: todas ellas dan cuenta de los flujos en los que se están moviendo para asegurar sus márgenes de concentración y acumulación de capital en un momento en el que, por un lado, el despojo de la riqueza social apropiable se encuentra en franca aceleración por la vía de la instrumentación de las reformas estructurales del Pacto por México; y por el otro, en un momento en el que las afectaciones que diversos eventos climáticos y geológicos comienzan a demandar la privatización de las actividades de reconstrucción de las zonas afectadas, en donde la ciudad de México figura como el principal mercado inmobiliario, y Oaxaca, Morelos y Chiapas lo hacen como zonas de mercantilización privilegiadas por la vía del establecimiento de las Zonas Económicas Especiales.
Porque lo cierto es que en estas dos situaciones no únicamente se encuentra en juego la restauración o reconstrucción de las identificaciones y la infraestructura dañadas; más allá de ello, lo que hay de fondo es un potencial inconmensurable de reestructuración de mercados, de cadenas de valor, de flujos de producción, comercialización y consumo; así como la potencialidad de performar nuevos espacios de valorización en donde no los había hasta antes de los desastres vividos.
Parece poco, en comparación con el tamaño de la economía nacional, sin embargo, lo que va quedando claro —y ya en las primeras etapas de planificación— es que los flujos de capital que se requiere movilizar son lo suficientemente grandes como para reactivar sectores de arrastre, como en el caso de la industria de la construcción, de la cual dependen un millar de actividades productivas.
Así pues, es imperativo no dejar de leer las negociaciones del Trtado de Libre Comercio y la política económica del Gobierno Federal de frente a las situaciones que vayan surgiendo como secuelas de las inundaciones, los deslaves, los sismos y los huracanes de los últimos meses, pues con el pretexto de la reconstrucción, los sectores público y privado nacionales estarán ahondando la mercantilización de la vida en sociedad en espacios y en tiempos antes ajenos a su dinámica.
10/10/17
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Individualismo y barbarie en Las Vegas

El debate que se ha desencadenado en la opinión pública nacional, en torno del tiroteo que despojó de su vida a medio centenar de personas, en un evento musical público, en Las Vegas, Nevada; recuerda, en primera instancia, todas esas ocasiones en las que ese mismo debate se ha tenido que reciclar a sí mismo cada vez que un evento similar ocurre en Estados Unidos, saturando la discusión con algunos espacios comunes sobre los cuales, en un lapso temporal relativamente corto, se montan construcciones analíticas viciadas y sin capacidades de problematizar los puntos genealógicos, es decir, originarios, desde los cuales se forja la sistematicidad de hechos como el presente.
En términos generales, esos espacios comunes, esas analíticas viciadas, ese sentido común en torno de lo que en el imaginario colectivo estadounidense es denominado indistintamente como una masacre (massacre) o un tiroteo (shooting) se reducen, en última instancia, a una narrativa del terror, pese a que su derivación en discursos sobre terrorismo depende, por entero, de la pertenencia racial, nacional, religiosa, cultural etc., de quien ejecute el acto en cuestión.
Así pues, el hilo o la continuidad discursiva que atraviesa las narrativas de atentados como los de Virginia Tech, Virginia (2007); Newton, Connecticut (2012); San Bernardino, California (2015); y Orlando, Florida (2016); es una en la que el terror se presenta como el elemento constructor de las oposiciones entre seguridad e inseguridad; entre libertad y coacción; entre lo propio y o ajeno; entre la identidad y la otredad, etcétera. Pero ello, sin que en ese discurrir se enuncie al terrorismo, como experiencia y fenómeno sociopolíticos concretos, pues derivar el acto a su denominación como atentado terrorista depende de que quien discurre, quien se coloca en la posición de observador o de víctima del atentado identifique y construya a un enemigo, a una otredad en el perpetrador.
En este sentido, si bien el discurso sobre el terror se mantiene presente en las narrativas de todos los eventos mencionados —reforzando los dispositivos de poder que el Estado monta sobre las nociones de seguridad, paz y orden públicos—, sólo los casos en los que el ejecutor es un sujeto perteneciente a otra raza, a otra nacionalidad, a otro culto religioso, a otra cultura, etc., el acto se vuelve un atentado terrorista, y tal es el tratamiento analítico que se le da en el espacio público. El terrorismo, pues, para un observador estadounidense blanco, anglosajón y protestante es un término reservado para negros, latinos, musulmanes, y así sucesivamente.
La cuestión es, no obstante, que para llegar a ese tipo de conclusiones se debió transitar por otras series de análisis que fungen como premisas generales de aquellas a partir de la puesta en juego de puras tautologías. Y entre éstas, dos son las series dominantes.
Por un lado, se encuentra aquella en la que se construye la personalidad del ejecutor. Es fácil de observar porque, para todos sus efectos, es en el análisis de la personalidad del sujeto que se busca encontrar las causas últimas, las razones que tuvo éste para realizar tales actos tan inhumanos. No es una estrategia discursiva nueva, por supuesto. Desde que el terrorismo comenzó a introducirse en el debate público internacional, entre los años sesenta y setenta del siglo pasado, identificar el perfil psicológico de los perpetradores se convirtió en un método que, se argumenta, ofrece una representación fil de los problemas que los terroristas tienen en contra de la humanidad; de su desconexión con lo humano, con lo social y lo común.
En los eventos de Las Vegas, por ejemplo, la discusión se encuentra dominada por el análisis de su situación laboral, del segmento socioeconómico al que pertenece, del tipo de relación que tenia con sus amigos, vecinos y familiares, de sus antecedentes penales, de sus historiales académico y de salubridad, de sus gustos y pasatiempos, etcétera. Y la cuestión es que, en este tipo de analítica, lo que no se está observando es la manera en que se está construyendo la personalidad del sujeto de manera tal en que éste ya se parezca a su delito o a su acto terrorista muchísimo antes de que éste siquiera fuera cometido por aquel.
Contar con baja autoestima, haber transitado por una infancia o una adolescencia solitaria, ser sicológica o emocionalmente inmaduro, tener una personalidad poco estructurada, haber sufrido carencias afectivas, tener una mala o una pobre apreciación de la realidad, estar desequilibrado afectivamente, etc., se convierten en justificantes sicológicos de una personalidad asesina, violenta, terrorista introduciendo la idea de que el asesino, el violento y el terrorista ya lo eran desde el primer momento en que su vida cotidiana se vio afectada por alguna de estas condiciones emocionales y cognitiva.
El problema es que se parte de la noción de que existe un punto cero, una regla general o una especie de normalidad en cada una de esas condiciones: se parte de la idea de que existe una personalidad normal (una normalidad sicológica, afectiva, emocional, cognitiva, etc.,), fuera de cuyos parámetros ya se está dentro de una condición patológica, potencialmente peligrosa tanto para el propio individuo como para la sociedad en la que se desenvuelve. Y lo cierto es que esto es un problema porque anula por completo el peso y la determinación que la sociedad, la política y la cultura tienen sobre el comportamiento del ser humano.
En otras palabras, individualiza la violencia: exculpa a la sociedad de esos contenidos sociales, políticos y culturales que reproducen sistemáticamente la violencia, la muerte, el terror para mantener o cambiar el estado de cosas vigente. Y entonces, poco importa que sociedades como la estadounidense se basen en una concepción de libertad individual en la que sistemáticamente se reproduce la idea de que la comunidad es un peligro para el propio individuo. Pero no sólo, pues son análisis que omiten que esa misma sociedad reproduce, también de manera sistemática, el recurso a la guerra como precondicionante para la paz y la estabilidad; omiten que la tortura a los prisioneros de guerra, en Guantánamo, es una práctica socialmente aceptada, validada e interiorizada, and so on.
En este sentido, la segunda serie de tautologías dominante es aquella en la que se construye el entendimiento de la violencia como una propiedad incrustada en la técnica, ajena y exterior al individuo. Aquí, el problema es que se lleva a los extremos del absurdo la premisa de que la fuente de todo evento violento, como las masacres y los tiroteos públicos en Estados Unidos, se encuentra en las armas que circulan en la sociedad, como si con el hecho de retirar cada arma, real o potencial, hiciese que los sujetos sociales dejen de ser violentos.
Así pues, los análisis que se proponen ser más críticos que el promedio de narrativas que circulan en el espacio público terminan por afirmar que el problema de la violencia en Estados Unidos, en realidad, no tienen nada que ver ni con los migrantes, ni con los terroristas, ni con el desempleo, ni con el consumo de estupefacientes, sino con el hecho de que de cada diez habitantes del territorio estadounidense, nueve cuentan con una arma de fuego. De ahí que esgriman como su indicador más irrefutable el hecho de que en las sociedades primermundistas con menor cantidad de armas en manos de los ciudadanos sean, al mismo tiempo, las sociedades con menores índices de violencia, en general; y de homicidios, en particular —por oposición, claro está, a las sociedades con mayor número de armas, que serían las más violentas.
Y este es un extremo de lo absurdo porque hace suponer que la violencia emana de las armas, y no de un sujeto que se encuentra inscrito en un contenido cultural determinado. Que las sociedades con menor circulación de armas de fuego sean las sociedades con menores índices de violencia y de homicidios no se debe a la escasez de armas. Por lo contrario, el que existan menos armas en circulación es consecuencia de una cultura que las repudia como instrumento o técnica válida para su uso en sociedad. De tal suerte que la ecuación correcta es la opuesta a la que se reproduce en el sentido común: las armas son consecuencia de una determinada configuración y de un específico contenido cultural, y no su determinante.
En Estados Unidos, mientras se siga valorando más una cultura individualista, en la que las personas conciben a su comunidad y a su sociedad como un peligro inminente en contra de su libertad; mientras no se logre establecer vínculos sociales que den coerción al contenido comunitario —más allá del contacto esporádico que se establece a través de los canales de producción y consumo de mercancias—; mientras la guerra y sus derivaciones civiles en los cuerpos de seguridad pública no dejen de ser precondición para el mantenimiento de la paz, la seguridad y el orden sociales el contenido cultural sobre el cual se asienta la conciencia violenta de la colectividad no desaparecerá, y eventos como los de Las Vegas continuarán sucediendo.
Finalmente, no sobra señalar que el perfil sicoemocional de Stephen Craig Paddock, el tirador de Las Vegas, pese a contener elementos que en cualquier otra situación lo catalogarían como terrorista de inmediato, su caso se encuentra atravesado por una discursividad racial, en la su pertenencia al núcleo social estadounidense (blanco, anglosajón y protestante) lo blinda y lo abstrae de dicha denominación. La sentencia de su padre, Benjamin Paddock, a veinte años de prisión, por robo a un banco; y su designación por el FBI como psicópata al que le gustan las armas; así como la experiencia laboral de Craig en la industria armamentista, su gusto por la caza de animales salvajes y el haber contado con más armas en su hogar que la veintena que lleva encima al momento de disparar; habrían sido motivos suficientes para declararlo como un terrorista profesional, de haber sido negro, musulmán o extranjero.
4/10/17
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