Capitalismo, Raison D'état y el proyecto militarista de la izquierda en México


Violencia neoliberal
La iniciativa por medio de la cual el gobierno federal en funciones busca instaurar a una Guardia Nacional como el eje articulador de su política de seguridad, de combate a la delincuencia y de pacificación para el resto del sexenio continúa avanzando en su recorrido legislativo, a pesar de que los posicionamientos en contra, desde diferentes sectores de la sociedad, han incrementado en términos casi proporcionales a la defensa que de ésta han realizado el presidente, la mayoría de los legisladores y un importante contingente de adherentes ideológicos del partido Movimiento de Regeneración Nacional.
En la exposición de motivos ofrecida en el texto de la iniciativa, la propuesta en su conjunto se fundamenta en un diagnostico de la violencia en el país que, de acuerdo con la lógica de sus impulsores, tiene sus causales en tres factores fundamentales: «las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; la creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad y la aplicación, desde hace doce años, de una estrategia rotundamente equivocada de seguridad y combate a la delincuencia».
En términos discursivos e ideológicos, que la administración federal vigente comience por identificar al neoliberalismo como el principal factor que determina a la violencia que se vive en México no es un cambio menor respecto de los diagnósticos que sobre el tema realizaron las tres presidencias anteriores. Y es que, en el fondo, lo que aquí se señala —pese a no ser nombrado en su amplitud, con tal de mantener al desarrollo de la discusión dentro de los márgenes de la corrección política dominante—, es exactamente lo opuesto a lo que en los tres gobiernos precedentes se buscó incesantemente recetar como panacea para toda forma de violencia en el país (y del cúmulo de fenómenos sociales con ellas concatenados o de ellas derivados): mayor (neo)liberalización de la economía. Esto, por supuesto, no significa, por ningún motivo, que dicho cambio discursivo e ideológico encuentre en la práctica de la política económica federal su correspondiente; o por lo menos no más allá de la política social.
El segundo pilar considerado por esta presidencia como una determinante fundamental de los altos índices de violencia en el país se mantiene en línea con el postulado anterior, pues lo que el presidente con tanta insistencia ha identificado como corrupción, en los hechos no es más la lógica operativa propia de las estructuras de producción y consumo capitalistas: la incesante concentración y acumulación de capital por parte grupos privilegiados, élites políticas y empresariales, que se valen del control del Estado-nación, y de su correspondiente andamiaje gubernamental, para mantener sus posiciones dominantes y las políticas de pauperización del resto de las clases.
 En este sentido, una lectura en conjunto de ambos puntos arroja, por primera vez en la historia de la guerra en contra del crimen organizado en México, una no tan explícita (pero no por ello menos directa) responsabilización del funcionamiento de la política y la economía nacionales en la ampliación y profundización de la criminalidad y de la violencia en el país. Esto, con Felipe Calderón, por ejemplo, nunca se puso a discusión, pues la narrativa gubernamental de ese momento —aún más adepta al mantra neoliberal que los propios priístas— se concentró, todo el sexenio, en reproducir en el imaginario colectivo nacional la aceptación y la legitimación simultanea de, por un lado, el funcionamiento generalizado, robustecido, ampliado y profundizado de los aparatos represivos del Estado; y por el otro, de una economía enfocada en intensificar la absoluta mercantilización de la vida en sociedad. Mientras que durante la administración de Enrique Peña Nieto, el endurecimiento de la política represiva en contra de la disidencia fue tan honda que ni siquiera fue necesario endurecer la narrativa gubernamental.
Ahora bien, el énfasis que pone el gobierno federal en funciones en identificar al neoliberalismo como el principal enemigo a vencer para reducir los niveles de violencia en el país no es fortuito. En realidad, si bien es cierto que un espectro importante de la violencia armada en el país tiene que ver el funcionamiento de la política económica nacional, la verdad es que ese espectro, tal y como lo identifican desde el gobierno de López Obrador, es una porción mínima.
Es cierto que el funcionamiento del capitalismo es lo que determina la razón de ser de actividades como el trasiego de armas, de enervantes o de personas. Sin embargo, traducir y reducir eso —como lo hace la plataforma política de López Obrador y adeptos— a un fenómeno de pura redistribución del ingreso, de democratización del consumo (en argot neoliberal), o de un mayor garantismo en términos de acceso a servicios públicos y prerrogativas de seguridad y previsión social es un error mayúsculo que repite la falacia de que los empobrecidos de la tierra son, por antonomasia (por su propia pobreza, per se) violentos o propensos a reproducir la violencia criminal observada en las estructuras criminales del tipo de los cárteles del narcotráfico.
Otorgar becas a las juventudes del país para que continúen sus estudios o para que se inserten en el mercado laboral de manera formal, ampliar y generalizar la línea de bienestar de las familias, incrementar el salario mínimo o expandir y mejorar los servicios públicos del Estado, no cabe duda, son paliativos importantes, indispensables y necesarios para atajar algunas de las causas estructurales que llevan a miles o millones de personas a integrarse en las filas de los cárteles del crimen organizado. El problema es, no obstante, que ese tipo de medidas siguen siendo paliativos, con efectos, en el mejor de los casos, de prevención —no de reversión. Y es que, en efecto, aunque el diagnóstico del gobierno en activo es correcto en sus líneas más profundas y generales, la realidad de los hechos es que el remedio que se propone apenas y alcanza a aminorar los daños cometidos por el funcionamiento de la economía-mundo capitalista, pese a dejar intactas las estructuras elementales del crimen organizado.

Violencia criminal y violencia social
En esta línea de ideas, la narrativa de López Obrador y de su equipo ha sido bastante efectiva para vender a la ciudadanía la idea de que la reducción de la violencia pasa por la reducción de su propio empobrecimiento. La cuestión es que la efectividad de esa narrativa está fundada sobre premisas que se corresponden más con las carencias materiales de las personas —y por lo tanto, con las maneras de hacerles frente— que con el imperativo de reconocer que si los grandes cárteles del crimen organizado funcionan como lo hacen en la actualidad se debe, en lo esencial, a dos factores: primero, a su organización y movilización por parte de hombres poseedores de grandes capitales acumulados y concentrados en un par de industrias criminales o diversificados en un vasto número de sectores formales de la economía (vía el lavado de activos); y segundo, a que la totalidad de la cadena de valor de la economía criminal sirve a la totalidad del capitalismo, en general; y de las economías nacionales no criminales, en particular; para corregir, (re)producir, ampliar, profundizar, etc., algunas de sus dinámicas básicas.
Esto, por supuesto, no queda claro si la plataforma política de López Obrador lo tiene claro —aunque hasta ahora, a juzgar por la insistencia con la que se ignora la dimensión geopolítica del funcionamiento del crimen organizado a la hora de planificar las políticas públicas de su combate, en realidad parece que, en efecto, no lo alcanza a visualizar. Pero incluso si lo hiciera, y si fuese consciente de ese factor, también es claro que un solo gobierno periférico (como el de México o cualquiera del Sur de América) poco puede hacer ante la lógica que gobierna a la totalidad global. Además, al concentrar la solución en el argumento de que un mejor nivel de bienestar para las juventudes se traducirá en una reducción de personal al servicio del crimen organizado (y por consecuencia, en que la criminalidad cuente con menores recursos humanos asesinando a personas en las calles del país) pasa por alto que la violencia derivada de la criminalidad no es sino un resabio suyo; y uno de menor importancia si se lo compara con los efectos devastadores que tiene en cualquier colectividad la profundización y ampliación de la violencia social: esa que no pasa por los canales de operación de la criminalidad, sino por relaciones de socialidad que son ellas, inherentemente, violentas.
Es este último aspecto el que la administración federal en funciones no alcanza a asir, y la muestra más clara de ello es que, ante la violencia social (que el gobierno insiste en confundir e identificar como violencia criminal), la única solución que ha propuesto y a la cual se aferra tiene que ver con incrementar el grado de militarización de la vida en sociedad, no sólo por la vía de un desmesurado fortalecimiento del ejército, la fuerza aérea y la marina, sino, también, por la proliferación de cuerpos de seguridad que operen bajo la lógica de la racionalidad castrense, como es el caso de la Guardia Nacional.
Al respecto, una de las principales estrategias empleadas por el presidente de México ha consistido en reforzar, en la memoria histórica y en la conciencia emocional de los mexicanos y las mexicanas, la idea de que los efectivos adscritos a cualquiera de los institutos castrenses federales son sólo «pueblo uniformado», hijos de obreros, de campesinos, de artesanos; en fin, hijos de ese México profundo que no forma parte de las clases privilegiadas a las que con tanto empeño identifica como las traidoras y las saqueadoras de la patria. Así, al recurrir a esa construcción específica del rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad del Estado, la presidencia de la república no únicamente minimiza los numerosos casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de matanzas a sueldo, de robos y saqueos, además de la profunda responsabilidad del ejercito, la fuerza aérea y la armada en la profundización de la espiral de violencia en el país; sino que, además, los desrresponsabiliza por completo, haciendo gravitar las consecuencias de su rol en el combate armado en contra del crimen organizado en el aspecto concerniente al mando civil.
No es azarosa, en este sentido, la reivindicación que el presidente hace del mando civil cuando se trata de discutir los efectos que tendría un incremento tanto de los cuerpos de seguridad militarizados cuanto de los efectivos adscritos a cada uno de esos cuerpos.  No muy en el fondo de esta narrativa, de lo que se trata es de contrastar su calidad ética y moral en el ejercicio de la política vis á vis la de sus opositores y antecesores. Después de todo, en ello se juega el reivindicar la legitimidad de su gestión por el reconocimiento de los valores morales y los contenidos éticos que desde su persona sería capaz de imprimir en la totalidad del proyecto político que impulsa. Por eso, un cambio de mando civil es, en la lógica de su discurso, un cambio por completo de la racionalidad y la práctica castrense en las labores de seguridad y de defensa públicas.
Está demás el explicar la profunda ignorancia que con esta creencia profesa el presidente de México, respecto de la cultura política y los intereses propios de las estructuras militares, independientes de la carga moral y ética de su comandante supremo.
Otra estrategia socorrida en más de una ocasión por parte del equipo de gobierno de López Obrador es la de invertir la ecuación a la que han recurrido los críticos de la Guardia Nacional: en lugar de tener que combatir la idea de que la seguridad pública del país y la vida de las mexicanas y los mexicanos se están militarizando, el hoy Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, Alfonso Romo, optó por venderle a la población la idea de que lo que se pretende es, en realidad, ciudadanizar («policializar», fue el término exacto empleado por el Secretario) a las estructuras castrenses y su funcionamiento.
Realizar tal afirmación, en este momento, después del mandato de Felipe Calderón, cuando la totalidad de las corporaciones de policía estatales fue colocada bajo el mando de directivos de extracción militar, y después de que Enrique Peña Nieto mantuvo la práctica —inaugurada por su predecesor— de someter a los efectivos de esas policías a entrenamientos de carácter militar, partiendo de manuales internos de la Secretaría de la Defensa Nacional y estando a cargo de instructores adscritos al ejército, es una traición explícita al baño de sangre y los miles de restos humanos que han sufrido los mexicanos y las mexicanas. Si el gobierno en turno realmente quisiera invertir la lógica de la militarización en México, entonces tendría que comenzar por revertir lo que ya se hizo con las corporaciones ciudadanas de seguridad pública. Pero esta opción no está sobre la mesa.

Guardia nacional, guardia política
La Guardia Nacional, en este contexto, es propuesta como la mejor de las soluciones posibles para atender los dos vacíos fundamentales que aquejan a la estrategia de seguridad implementada desde Felípe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto: por un lado, los vacíos legales en los que operan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública; y por el otro, la carencia de entidades de seguridad pública con capacidades especializadas en el combate a la criminalidad organizada. En teoría, la Guardia Nacional resarce ambos vacíos, desarrollando en un único cuerpo armado lo mejor de ambos mundos: la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios del ejército, en el espectro militar; y la moralización, el mando y la profecionalización, por el de las instituciones civiles.
Regresando a la exposición de motivos de la iniciativa legal, la propuesta toma como ejemplos históricos clásicos de éxito en el funcionamiento del modelo de Guardias Nacionales a los casos de la Guardia Civil Española, la Gendarmería Nacional de Francia y el Arma de Carabineros italiana. No sobra mencionar que los tres son casos de cuerpos encargados de la seguridad pública, pero con un marcado enfoque militarista: por su entrenamiento, por el modo en el que operan y por la racionalidad que conduce su razón de ser. Para el caso mexicano, el modelo no se aleja de ese mismo paradigma: basta con observar que la parte fundamental de los elementos que la compondrían provendrían «de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal», mientras que a los civiles que se convoquen para incrementar a sus efectivos «recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadan».
Es decir, el gobierno insiste en que la lógica que regirá el actuar de la Guardia Nacional no será la propia de la racionalidad castrense. Sin embargo, el contenido programático de su propuesta responde justo a esa lógica, y lo hace, además, en un momento en el que el ejecutivo federal insiste en fortalecer la posición del las Fuerzas Armadas en un espectro mayor de actividades, como en la securitización de la cadena de valor de los hidrocarburos, argumentando razones de seguridad nacional y la necesidad de hacer frente al crimen organizado que se nutre del robo de combustibles (incluidos los funcionarios al interior del gobierno y de Petróleos Mexicanos, como indican los últimos reportes dados a conocer por López Obrador).
En este marco de ideas, la urgencia del elemento militar, en la justificación del gobierno morenista, radica en el reconocimiento de que cualquier otra institución de seguridad (con independencia del adjetivo: ciudadana, pública, nacional, interior, etc.), no cuenta con las capacidades operativas (de fuego y logísticas) necesarias para hacerle frente a las propias capacidades operativas de, por ejemplo, los cárteles del narcotráfico. De aquí surge la profunda contradicción entre el decir y el quehacer de la propuesta de Guardia Nacional, pues la razón más profunda para justificar el contenido militar de la propuesta viene —aunque en el discurso se oculte, para no repetir la narrativa de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto— de la necesidad de mantener un poder de fuego equiparable al de los cárteles en las calles. La lógica de la confrontación armada y de la guerra sin cuartel entre buenos y malos sigue vigente, y se mantiene intacta, en los mismos términos desde 2006. Puestas así las cosas, la Guardia Nacional es una excelente salida para conseguir la militarización de la vida pública nacional sin la necesidad de haber incurrido en el error calderonista de ocupar a las Fuerzas Armadas en actividades para las cuales no estaban legalmente facultadas, y sin haber tenido que mantener en vigor ese resabio de la administración federal anterior que es la controvertida Ley de Seguridad Interior.
Pero aquí lo que el presidente y su equipo no parecen comprender es que, por más que en la constitución i) se reconozca la competencia de los tribunales civiles en delitos en donde estén involucrados elementos castrences [Art. 13], ii) se prohiba expresamente el traslado y resguardo de cualquier detenido a instalaciones militares [Art. 16] o iii) se reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional [Art. 21]; la fortaleza y la solidez con la que se está dotando a las Fuerzas Armadas en el país es tanta, que rememora a los casos del Sur de América, en los que la izquierda fortaleció a los aparatos represivos del Estado —tanto para ganárselos para su propia causa como para blindarse contra sus oponentes ideológicos—, que al final estos terminaron vendiéndose a los mejores postores de la derecha y el conservadurismo sin que la izquierda pudiese hacer nada para contener su fortaleza.
Como lo muestran los últimos discursos de López Obrador sobre la materia, lo que éste intenta conseguir es la lealtad de las Fuerzas Armadas acrecentando sus recursos, su poder, su presencia y su incidencia en los procesos de la vida pública nacional. Sus intervenciones en diferentes espacios afirmando que las Fuerzas Armadas de México se caracterizan por no gestar golpes de Estado así lo hacen creer. Y quizá no sea un movimiento torpe si el presidente y su plataforma política tienen en planes el profundizar las correcciones de carácter social al funcionamiento del neoliberalismo, previendo que los intereses empresariales y oligárquicos, nacionales y extranjeros, afectados por ese proceder se podrían llegar a polarizar tanto como para intentar replicar la historia que América del Sur ya conoce. El problema aquí es, no obstante, si esa fortaleza que le está concediendo a la milicia será controlable en lo sucesivo, solo confiando en la lealtad que estas afirman guardar para la nación.

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]

29/12/18
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La disputa por el presupuesto


El nuevo gobierno federal ya dio a conocer los Criterios Generales de la Política Económica 2019 y, como suele suceder en los terrenos del debate público, los primeros rasgos que salieron a relucir y a saturar la discusión al respecto fueron los montos que se asignaron a los diferentes Ramos (Autónomos, Administrativos y Generales), Entidades (de Control Directo y de Control Indirecto), Empresas Productivas del Estado y los Programas y Proyectos de Inversión  dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
En estricto, que el tema fundamental de discordia entre los amplios sectores que componen la comentocraciamexicana por los Criterios Generales terminara siendo las cifras asignadas no es algo que sorprenda dada la naturaleza del propio documento. Más bien, lo que trasciende —sin tener mayor cobertura por parte de aquellos que hoy se asumen como la oposición críticaautocrítica y responsable de cualquier decisión que provenga de la administración de Andrés Manuel López Obrador y su plataforma política y de gobierno— es que el problema de fondo sigue siendo la discusión de la cifras por las puras cifras, como si la forma en la que se administran, para qué se destinan, por qué se erogan y cómo se gastan esos recursos fuesen aspectos que ni siquiera valen la pena ser sometidos a consideración.
Que en el debate actual sobre el Presupuesto importe infinitamente más cuánto se pretende gastar en un rubro o por una institución que el saber administrar esos recursos (en qué gastarlos, cómo gastarlos, por qué razones y para conseguir qué fines) es un sentido común popular que los voceros de la economía convencional han venido popularizando entre las masas desde siglos atrás: primero, por intermediación de la ideología liberal; y después, mediante del programa neoliberal. Y es que, en efecto, y por contradictorio que pudiese resultar de cara al decálogo del neoliberalismo más purista, en el fondo, la lógica que rige a esta manera cuantitativa de comprender los egresos de cualquier Estado está determinada por una premisa fundamental: la magnitud de la cifra indica la importancia del rubro y condiciona la consecución de cualquier éxito deseado.
Ejemplo claro de esta manera de proceder en el momento actual tiene que ver con la discusión que los sectores más conservadores del sistema político mexicano, en general; y sus representantes institucionales en, por ejemplo, órganos del Estado como el Congreso federal, en particular; han buscado colocar en el centro de la atención pública, respecto de la disminución de recursos a ramos como los de educación y cultura, mientras que al de defensa nacional (Ejército y Fuerza Aérea) se le incrementa de manera sustancial.
En este orden de ideas, los argumentos que la oposición al actual gobierno federal colocan sobre la mesa tienen que ver con ese reclamo histórico que diversos sectores de izquierda hicieron a los gobiernos de Vicente Fox, en 2000-2006; Felipe Calderón, en 2006-2012; y Enrique Peña Nieto, 2012-2018: dar prioridad a los rubros de cultura y educación por encima de los gastos que, en última instancia, terminarán ahondando la degradada situación de derechos humanos en la que viven los mexicanos y las mexicanas; la militarización del país y las lógicas belicistas de combate a la criminalidad y la delincuencia.
El problema de salir al debate público con ese argumento, tanto hoy como en los sexenios pasados, redunda sobre el hecho de que no se termina de comprender que no es el monto de los recursos, por sí mismo, lo que define los objetivos y/o el éxito de una política pública determinada. Y es que, por supuesto, mayor presupuesto para un Ramo o una institución no hace diferencia alguna —en términos del despliegue, el alcance, la eficacia y la eficiencia de capacidades operativas— si el grueso de ese monto no se administra de una manera en que la población sea el objetivo final de su ejercicio y no, por lo contrario, apenas el remanente de una serie de gastos que se dispendian en lujos y una infinidad de gastos onerosos a los que apenas accede un reducido número de privilegiados.
En el caso del recorte a diversas universidades públicas, por ejemplo, un tema que a menudo se obvia tiene que ver, en el mejor de los casos, con el hecho de que se desconoce la magnitud de los recursos que se destinan para el mantenimiento de una clase de académicos, administrativos y demás trabajadores universitarios que no únicamente gozan de sueldos cercanos y/o por encima de los cien mil pesos mensuales; sino que, además, son beneficiarios directos de diversas prestaciones que les permiten, entre otras cosas, viajar constantemente a eventos académicos en sedes extranjeras con todos los gastos pagados, en clase ejecutiva (algo muy parecido a la añeja práctica del turismo legislativo con cargo al erario); con independencia de la calidad de su producción docente y de investigación. Pero no sólo es eso, pues, asimismo, se encuentra un tema que no es menor: los casos en los que programas universitarios de investigación (o las propias universidades) sirven como mecanismos de desvío de recursos públicos.
En este sentido, parte de la racionalidad detrás de la propuesta de Presupuesto de Egresos del gobierno de López Obrador tiene que leerse, por un lado, como la puesta en marcha de un ejercicio que sí es de amedrentamiento a ese tipo de prácticas de corrupción que constantemente acusa en la burocracia gubernamental, pero que también tienen lugar en las burocracias de las instituciones de educación básica y superior públicas; y por el otro, como una réplica de su estrategia política en torno del cuestionamiento de las remuneraciones de los servidores públicos a nivel federal, en general; y de los miembros del poder judicial, en particular; que no es sino una estrategia, hasta ahora bastante efectiva, que tiene como objetivo el crear una conciencia colectiva en torno de los mecanismos de control de poderes del viejo régimen que impiden el pleno despliegue y funcionamiento del nuevo.
Así pues, el empuje de López Obrador sobre la austeridad republicana de su gobierno no debe pasarse por alto pretendiendo ver en ella sólo una estrategia discursiva, mediática y/o demagógica que buscaría implantar en el imaginario colectivo nacional una representación falsa del presidente y su plataforma. Antes bien, ésta cumple, en lo fundamental, dos objetivos que en la práctica parecen excluyentes (por provenir, cada uno, de extracciones ideológicas divergentes): por un lado, mantener cierta fidelidad al cumplimiento de una parte del decálogo del neoliberalismo; y por el otro, el lograr, a través de esa austeridad y reducción de la burocracia gubernamental, una mayor transferencia de recursos hacia programas sociales, clientelares y asistenciales.
Es por estas razones que si bien es cierto que la cantidad de recursos destinados refleja, en cierto grado, la prioridad que un rubro tiene para una administración federal, ésta no explica, por sí misma, el espectro completo de todo lo que se juega en esa erogación. Sin duda, el juego político de los recursos siempre está sobre la mesa, pero ello no excluye que este gobierno realmente busque el poder llevar a cabo la mayor parte de su política social valiéndose de algunos de los postulados del neoliberalismo. El detalle aquí, más bien, se encuentra en no perder de vista que el equilibrio de poder que se está construyendo es en extremo frágil, lo que lo hace susceptible de decantarse con mucha facilidad por cualquiera de los extremos en pugna del espectro ideológico.
Para muestra, basta con observar que, más allá, por un lado, de la inversión de signo ideológico de las banderas políticas del panismo, el perredismo, el priísmo y sus respectivas rémoras —que ahora los lleva a buscar venderse a la opinión pública y la ciudadanía como los partidos políticos de izquierda que le hacen oposición a un gobierno de derecha—; y por el otro, del ocultamiento premeditado de que esos mismos sectores, durante los gobiernos de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, promovieron, implementaron y celebraron los recortes y la austeridad en cualquier ramo que no tuviese que ver con el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado y con la profundización de la matriz de producción y consumo neoliberal; un rasgo que no debe pasarse por alto en el debate actual tiene que ver con el hecho de que los principales ideólogos nacionales del liberalismo y el neoliberalismo no sólo no han condenado a la totalidad de los Criterios Generales porque en sus líneas generales es una aceptación, por parte del gobierno federal, de los postulados básicos del consenso de Washington en materia presupuestaria y fiscal; sino que, antes bien, al mismo tiempo que condenan los recortes que resultan sensibles en los sectores populares (en una lógica que claramente busca irritar a las colectividades), aplauden la disciplina fiscal, el superávit primario, la estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio, la tasa de interés, etcétera


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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Del excepcionalismo estadounidense al fascismo brasileño


De entre los distintos efectos que en Occidente, en general; y en América, en particular; han tenido, en términos ideológicos, fenómenos políticos como la elección presidencial de Donald J. Trump, quizá uno de los más significativos, y al mismo tiempo uno de los más subestimados y menospreciados en el análisis de dichos sucesos, es aquel que tiene que ver con la cada vez más amplia y profunda interiorización, normalización y naturalización de un discurso específico, cargado de una diversidad y una multiplicidad de referentes claramente supremacistas —propios de la cultura política estadounidense—, que, en el contexto actual, se ven avanzar cada vez más hacia expresiones que resultan familiares a las experiencias del fascismo y del nacionalsocialismo de mediados del siglo XX en Europa.
El discurso del hoy presidente de Estados Unidos, es verdad, por supuesto que no pasa desapercibido ni en la prensa diaria ni en los flujos de información que suelen circular de manera permanente en las redes sociales —estas últimas lugar privilegiado de enunciación dentro de los marcos retóricos de Trump. Basta con prestar un poco de atención para caer en cuenta de que cada día, a cada momento, en algún espacio, alguien está diciendo algo sobre el jefe del ejecutivo federal estadounidense (lo cual no es, en sí mismo, tampoco una novedad, tratándose de la política del Estado que hasta hace poco era indiscutiblemente hegemónico a nivel global; y que hoy se disputa el sostenimiento de esa posición con el Estado chino).
Ese no es el problema. El punto a discutir aquí sobre el discurso de Trump y sus efectos en el continente no tiene ver con el nivel de exposición pública y/o mediática que éste tiene; es decir, no se refiere a la cantidad y ni siquiera a la calidad de los abordajes que se plantean en la cotidianidad sobre lo que dice. Tiene que ver, antes bien, con ese fenómeno tan particular que ha resultado de la minimización de sus palabras en dos sentidos: primero, en el de despojarlas de todo su contenido semántico; y en seguida, en el de no saber colocar en su justa dimensión el impacto que esas palabras —aún si no se materializan en políticas públicas o acciones concretas, fieles a la manera en que se plantearon las cosas en el discurso— tienen en la formación colectiva de ciertas ideologías, imaginarios y sentidos comunes sobre la manera de pensar, entender y hacer política.
Y es que, en efecto, en tiempos en los que la crème de la crème de la comentocracia, de los analistas a sueldo y de los académicos adictos al tratamiento de los temas mainstream se dedicaron con insistencia y necedad a descalificar los discursos de Trump como simples manifestaciones de posverdad; esto es —de conformidad con la definición ofrecida por esos mismos actores sobre lo que significa posverdad—, como simples reflejos de una manera de hacer política en la que las palabras no reflejan la verdad y no se corresponden con la realidad; el haber generalizado esa particular manera de abordar los contenidos profundos de los discursos enunciados por el presidente estadounidense no hizo sino reafirmar en los imaginarios colectivos nacionales del continente que quizá hoy lo real y verdaderamente importante en política no sea el prestar tanta atención a las palabras de los actores políticos como Trump, sino, antes bien, el privilegiar la vigilancia directa sobre las políticas públicas y el resto de las acciones que efectivamente se están ejecutando sobre el terreno.
Así pues, no hizo falta mucho esfuerzo para que, luego de poco más de un año de observar e intentar comprender (a su manera) las formas de discurrir de Trump, esa élite solemne de formadores de opinión pública afianzara como sentido común general de las sociedades americanas una idea (y quizá hasta una metodología) según la cual, con independencia de que el presidente estadounidense dijese (o tuitease) sobre la posibilidad de desatar una guerra nuclear en contra de Corea del Norte o una invasión a Venezuela o la destrucción del estado iraní; lo que realmente habría que observar para comprender la política exterior (pero también interna) de Estados Unidos era el comprobar en los hechos que la guerra nuclear, la invasión y la destrucción enunciadas sí se llevase a cabo.
 En varios sentidos, tal manera de proceder resulta correcta si lo que se pretende saber o analizar es lo que está ocurriendo en la implementación de acciones que en algún momento fueron planteadas en el discurso. El error al que llevó concentrarse sólo en ello como un mecanismo de ofrecer rigor y objetividad al conocimiento y al análisis del fenómeno Trump, no obstante, fue el de no haber prestado atención al hecho de que las palabras, en particular; y los discursos, en general; aún si en la práctica no se materializan o no se convierten en acciones saturadas de un empirismo que las haga ser comprobables, en términos de la construcción de contenidos ideológicos, el efecto ya está ahí y el daño ya ha sido causado.
En este sentido, si en algún tuit o en alguna conferencia de prensa o en algún otro espacio a disposición del presidente estadounidense éste llegaba a hacer mención de la necesidad de eliminar a ciertos sectores de la población y, ante ello, los observadores, teóricos, comentócratas y/o analistas de los fenómenos sociales no veían más que su desplazamiento político y territorial o su encarcelamiento, su deportación, etc., lo que en términos de esa observación y análisis realmente resultaba primando era el hecho de que en el discurso se había exaltado una propuesta de acción que en la práctica en realidad se había dado de otra manera: desplazamiento, deportación y encarcelación en lugar de eliminación física (asesinato). Y así, sucesivamente, todo aquello que entre discurso y práctica no encajaba terminó rediciéndose y entendiéndose como pura retórica o simple demagogia, en los sentidos más despectivos de ambos términos.
(Queda claro que Trump ha sido bastante congruente con muchos de los temas que le son particularmente importantes en su agenda política. Los temas de migración, raciales, de clase, de género y de confesiones religiosas, por mencionar sólo algunos ejemplos, en general, se han mantenido como espacios en los que la práctica no se distancia mucho de lo afirmado en el discurso. Este no es, sin embargo, el problema que interesa aquí tratar).
Ahora bien ¿por qué la manera en que se ha analizado desde la región la forma de hacer discurso y de hacer política del actual presidente estadounidense resultan siquiera importantes o relevantes para comprender cómo en este momento se están haciendo discursos y política (interna) en el resto de las sociedades de América? El caso a discutir aquí es, por supuesto, el de Brasil, de cara a la posibilidad de que Jair Bolsonaro sea electo por los brasileños y las brasileñas como su próximo presidente. Y uno que, en particular, es profundamente deudor del fascismo y del nacionalsocialismo de mediados del siglo pasado.
Lo singular aquí, por eso, es el hecho de que los sectores que se esperaría serían la vanguardia de la crítica y la resistencia al discurso de Bolsonaro en realidad no están haciendo más que renunciar a ambas condiciones, justo en los mismos términos en los que ya renunciaron a ser críticos y resistir al excepcionalismo estadounidense vigente. En este sentido, esa renuncia es clave para comprender la facilidad, la rapidez y la profundidad con la que el discurso mismo y la violencia impresa en él se han expandido, interiorizado, normalizado y naturalizado en el imaginario colectivo de la sociedad brasileña en su conjunto.
Y es que en efecto, al igual que ocurre con Donald Trump, en el caso de Bolsonaro no hay momento ni espacio, por lo menos en la prensa y en las redes sociales en la región Sur del continente, en que alguien no esté diciendo algo sobre Bolsonaro. El problema es, de nuevo, que no se trata aquí de un tema de exposición en medios y en el espacio o el debate público, sino, más bien, del no estar colocando en su justa dimensión la magnitud de las palabras del candidato de la extrema derecha (esa evangélica que, hay que decirlo, también apoyó como base electoral a Luiz Inacio Da Silva); y por consecuencia, del no saber que esa manera de subestimar y menospreciar al propio discurso como un recurso de formación tanto de ideologías como de subjetividades está potenciando su efecto sobre las masas.
Ahora bien, no todo en esta vida es discurso. Es claro (y evidente en y por sí mismo) que el fascismo profesado por Bolsonaro es expresión de unas condiciones materiales (económicas) específicas que son, en principio, su condición de posibilidad. De hecho, el excepcionalismo, el fascismo y el nacionalsocialismo son, desde sus formaciones clásicas, fenómenos en estricto potenciadores y aceleradores de las lógicas de concentración y acumulación de capital; es decir, son fenómenos de masas, sí, pero con una estructura que se encuentra anclada en el reclamo de los sectores medios de la sociedad de una mejora material de sus condiciones de vida. No es un, por lo anterior, una casualidad ni producto del azar el que en Brasil sean las capas medias y medias altas las que configuran la vanguardia de ese movimiento y esa lógica supremacista que exige a toda costa la implantación del mas atroz y avasallante de los neoliberalismos posibles.
En el caso del Cono Sur, en general; y de Brasil, en particular; se encuentra, además, el hecho mismo y la memoria histórica de los años de la dictadura militar y todo lo que ella conlleva: las desapariciones, los asesinatos en masa, las reclusiones masivas, la censura, el disciplinamiento social, la militarización de la vida colectiva, la aniquilación de las alternativas políticas, etcétera. Esto, en términos de la construcción y la ordenación del discurso, por supuesto, introduce en la ecuación del éxito de Bolsonaro que, por un lado, el grueso de la información está monopolizada en el país por un puñado de intereses corporativos que se beneficiarían con creces de una presidencia de extrema derecha; y por el otro, dentro y fuera de esos circuitos la información que circula está siendo producida por los sectores que se vieron medrados e los gobiernos del Partido dos Trabalhadores.
Ello, no obstante, no debe confundirse con esa otra dinámica en la que las palabras, el discurso propio del fascismo, está siendo recibido por la crítica y la resistencia como un discurso que está despojado de sus contenidos semánticos y simbólicos (como posverdad). Porque, además, esa designificación de la violencia en el discurso está inscrita en un contexto nacional en el que la violencia física, producto del combate armado al narcotráfico y de un repunte en la militarización del país en los últimos años —en especial de los espacios con mayor grado de pauperización—, exige, para contener la interiorización, la normalización y la naturalización de la violencia, que se pongan en marcha prácticas y discursos que se le opongan. Jair Bolsonaro, después de todo, para apropiarse y efectuar su agenda de política económica, se está disputando en el terreno discursivo la capacidad de nombrar a los sujetos y a los objetos de la sociedad; y en el nombrar, no debe olvidarse, se encuentra la acción misma de crear a lo nombrado.
De ahí que en la dimensión del discurso no sólo se esté tratando de una campaña de convencimiento, de puro dogmatismo y retórica de derechas, como se lo suele aminorar; sino que, por lo contrario, se está jugando la posibilidad de nombrar, (re)crear y (re)producir a los enemigos de la sociedad: enemigos ante los cuales hay que defender a la sociedad, inclusive si ello significa la aniquilación física de aquellos en los que se personifique a esos enemigos. La repetición acrítica de los términos, de los conceptos, de las categorías, de las frases, de los enunciados, en general, por eso es fundamental para la campaña de Bolsonaro, en un país en el que el internet y las redes virtuales tienen una penetración de más del setenta por ciento en la población.
Y es que incluso cuando las formas del fascismo se sustentan esencial o primordialmente sobre la base de una política de militarización y de aniquilación, el convencimiento no deja de ser un factor básico para el sostenimiento de la estructura ideológica del sistema en su conjunto. No debe pasarse por alto, después de todo, que el fascismo que propone Bolsonaro no es un fenómeno que sólo se circunscribe al periodo en el cual él y sus sucesores serían los controladores del gobierno brasileño. Antes bien, es un fenómeno que busca su continuación en una forma de democracia comandada y administrada por los sectores empresariales de la población; una que ya no requiera del elemento militar y aniquilador sostenido por Bolsonaro, pero que mantenga el grado de disciplinamiento y violencia (re)producido por aquel.
Es claro que supremacismos, excepcionalismos, fascismos y nacionalsocialismos son expresiones sociales que no son nuevas en toda América. De hecho, y salvando las diferencias que le son propias a cada fenómeno de acuerdo con el país, el espacio y el tiempo en el que se den, son tan antiguas como las formas clásicas de esos cuatro fenómenos, con autoría intelectual en esas sociedades que también sustentaron las estructuras globales de colonización en otros momentos de la historia. La cuestión de si había o no había tales expresiones en el continente es, en realidad, un falso debate que ni en primera ni en última instancia resulta capaz de develar por qué, en el momento actual, Brasil se encuentra al borde de sumergirse en uno o varios de esos abismos.
Lo que resulta fundamental, aún si Bolsonaro ganase las elecciones que ya están a nada de ser celebradas, es que la sociedad brasileña se plantee cambiar los términos de la discusión, y no simplemente entrar en los términos que ya se emplean pretendiendo que con ello será suficiente para exponer los peligros materiales de una presidencia de extrema derecha.


*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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Octubre del 68: memoria, política y capital


2 de Octubre de 2018. Hoy, hace cincuenta años, el Estado mexicano hizo gala de su vocación totalitaria y represiva ejecutando una carnicería de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Aquel, por supuesto, no fue el primer baño de sangre del que las instituciones y el Estado de Derecho en México se sirvieron para hacer valer su propia racionalidad, su raison d’Etat. El México profundo del que en algún momento escribió Bonfil Batalla, para el 68, ya era un espacio consagrado para ensayar el exterminio institucional y silencioso de los sectores poblacionales que se oponían, en primer lugar, al curso de la modernización del país; y en seguida, a los intereses anquilosados en su andamiaje gubernamental y su iniciativa privada. La diferencia del 2 de Octubre era, por tanto, que el asesinato no se había cometido en la oscuridad ni en el silencio, sino todo lo contrario.
Cincuenta años de historia se dicen facil. Tanto, que la nostalgia y las memorias romantizadas de los sucesos proliferan en los momentos próximos a la celebración de algún acto conmemorativo. La fuerza de arrastre del pasado, y de ese pasado en particular, es tan grande que se hace imposible el no sentir la imperiosa necesidad de regresar a sus consignas, como en una suerte de eterno retorno, en donde el imaginario colectivo nacional hallaría, por lo menos, algunas de las respuestas que hoy no tiene para salir de la situación de descomposición social en la que se encuentra. Así, aquel es un pasado glorioso no porque se lo martirice, sino porque en los resabios de memoria que aún se encarnan en las figuras de los sobrevivientes el 68, o por lo menos del periodo que va de Julio a Octubre de ese año, se recuerda como el momento clímax de un verdadero y profundo compromiso del mexicano con su propia historia, con el pasado que tanto se negaba, con el presente del que tanto huía y con el futuro que tan incierto le parecía.
Pero cincuenta años no son nada fáciles de sobrevivir en este país. Son, en verdad, un inmenso abismo temporal cuya profundidad, en la actualidad, hace cada vez menos posible a cada nueva generación de mexicanos y mexicanas el dimensionar la magnitud de todo lo perdido, todo lo arrebatado y todo lo asesinado aquella noche y durante su largo y prolongado postludio, cuya sombra aún hoy nos abraza.
Hoy, en una realidad, el 68, en general; y el 2 de Octubre, en particular; le sigue diciendo mucho a la sociedad que parió sobre los cadáveres que lo colmaron y al proyecto de nación que se edificó sobre las ruinas de su historia. El trauma es, no obstante, que a pesar de lo mucho que dice, son pocos los oídos que le prestan atención, y son menos los sectores de la población para los cuales aún significa algo que sea digno de seguir recordado, algo por lo cual siga valiendo la pena salir a protestar, más allá de si ello tiene un impacto directo en la gestión gubernamental vigente o no.
Por supuesto que los sobrevivientes, no sólo de la masacre de Tlatelolco sino del propio 68, en general, siguen siendo un asidero al cual es posible anclarse si se desea tener un referente inmediato de ese pasado. La transmisión de sus vivencias hacia las generaciones que les siguen ha sido un ejercicio fundamental para mantener con vigencia el recuerdo general de que algo sucedió en nuestro pasado común que es preciso no dejar ir, menos aun cuando los esfuerzos gubernamentales en pos de la reconstrucción de ese recuerdo han sido tan avasalladores, en términos de la construcción de un memorial del 68 por completo despolitizado y cuyas consignas ya son bandera corriente de la política social o de los institutos políticos que se autodenominan herederos exclusivos de su legado.
Sin embargo, ello no es suficiente. La transmisión oral de los sucesos del 68, de quienes lo vivieron hacia sus allegados, es una expresión marginal si se la compara con lo mucho que ha crecido la población de México y con lo mucho que se ha ensanchado el archivo de su historia. A nivel colectivo, es un hecho que sólo algunas organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, pero sobre todo y fundamentalmente las universidades públicas (en particular las que en el 68 aún buscaban conservar cierta vocación popular: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Chapingo, etc.), son hoy espacios privilegiados en los que se lleva a cabo un permanente y sistemático ejercicio de trabajo de la memoria histórica del 2 de Octubre y de sus legados.
Y ello, por supuesto, no sin el tener que lidiar con una serie de conflictos y tensiones que, como dan cuenta las actividades académicas y culturales organizadas este año por la rectoría en turno de la Universidad Nacional, o la remoción de placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz en diversos puntos del espacio público urbano, por parte del Gobierno de la Ciudad de México, pretenden tanto el arrebatar la autoría intelectual y el legado de las movilizaciones a los sectores populares cuanto el ocultar y el negar la historia misma de los sucesos; y con ello, despolitizar a ese trabajo memorístico para sustituirlo por el puro acto de rendirle culto, sin actualizar sus consignas y sin pretender mantener vivo el recuerdo.
Negar que el 68 le parece cada vez más lejano a cada vez más mexicanos y mexicanas que viven su cotidianidad por fuera de esos circuitos de trabajo permanente de la memoria colectiva nacional es, por un lado, equivalente a reproducir el absurdo del discurso normativo imperante en el que los beneficios (esas pretendidas libertades, igualdades y democratizaciones, etc.,) obtenidos de la vivencia sangrienta del 2 de Octubre son la experiencia que en verdad se tiene que rescatar y salvaguardar de cualquier retroceso —haciendo de la masacre el precio justo que hubo que pagarse para gozar de nuestra condición moderna—; y por el otro, idéntico a negarse a reconocer que si esa es la realidad que impera en nuestra sociedad, ella misma se debe a que en la autocomplacencia en la que vivimos estos últimos cincuenta años permitimos que el capitalismo neoliberal se apropiaría de cada una de las consignas del movimiento.
Y es que sí, es cierto, en el 68 se buscó enfrentar a un sistema social jerárquico y centralizado, en muchos sentidos puritano de manera hipócrita y no siempre velada, excesivamente solemne y cortesano. Sin embargo, al conseguirse desmontar algunas de esas estructuras, al renunciar a la permanente construcción de un proyecto político común y siempre autocrítico, el mercado logró, asimismo, apropiarse de cada consigna para hacerla gravitar sobre la posibilidad de que cualquier individuo sea capaz de acceder a un cumulo cada vez mayor de mercancías.
Por eso hoy ya no es necesario, en el marco de una era digital comandada por la informática y la lógica voyerista de sus redes virtuales, el tener que protestar por una mayor liberación sexual del individuo, porque es el propio mercado el que se encarga de promover una imagen de la individualidad saturada de sexualidad. No es necesario protestar por entornos laborales con mayores facilidades y comodidades para las masas trabajadoras, pues, con salvedad de los sectores más pauperizados de la fuerza de trabajo nacional, las clases medias disfrutan de la libertad que les ofrece el mercado de saberse empresarios de sí mismos. No es necesario, tampoco, protestar contra el endurecimiento de los aparatos represivos del Estado, pues es el mercado el que se encarga de dispersar, atomizar y anular a las resistencias sociales con concesiones materiales. Y no es necesario, en fin, protestar en contra de la carencia absoluta de todo cuanto disfrutaron los trabajadores de mediados del siglo XX, pues basta con vivir el momento disfrutando de los placeres que el mercado provea.
He ahí la importancia de trabajar de forma reiterativa no la conmemoración de un suceso en y por sí mismo —como se pretende que sea a partir de su despolitización—, sino de la memoria que se construye y (re)construye en torno de la historia de esta sociedad, pues es sólo en ese reducido espacio de acción en el que es posible formular potencialidades que sean capaces de romper con la inercia y la dinámica propias de la lógica del mercado neoliberal. Poco importa si con la movilización social que se realiza cada 2 de Octubre el gobierno en turno o los intereses privados que controlan a la economía nacional le realizan alguna concesión a las masas (como un incremento salarial, una extensión de la política de desarrollo, o similares y derivados), pues el objetivo practico de la propia movilización no es de carácter utilitarista: su finalidad última es la memoria misma y las posibilidades que por medio de ella se abren para construir imaginarios colectivos nacionales, para construir identidad y comunidad.
Mantener vivo el recuerdo no es sólo un acto necesario para no repetir la historia y para no perder el rumbo de la autocrítica en la estructuración de nuestro organización política colectiva; es, antes bien, un imperativo para sabernos a nosotros mismos como los sujetos de nuestra historia: sujetos que, de renunciar a sus responsabilidades con la misma, corren el riesgo de que ésta les sea expropiada por el mercado. ¡Seamos realistas, pidamos lo imposible!

*Esta columna fue publicada originalmente, por el autor de la misma, en la página web del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional [ Enlace ]
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Antilecciones Zapatistas: la Historia de nuestro tiempo


Reflexiones en torno de la Hidra Capitalista, a propósito del 25 aniversario del alzamiento zapatista.

¿El capitalismo está en crisis? Sí. ¿Es ésta su más profunda crisis? No. ¿Es ésta la última de ellas, la que pondrá fin a las contradicciones internas del sistema porque en esta crisis se juega todo lo material (la vida, el mundo, la existencia misma) que de hecho posibilita que el capitalismo y cualquier forma de civilización humana exista? No necesariamente. Las posibilidades de reciclamiento, la plasticidad del sistema, son tantas y tan variadas, además de que se dan con independencia de los costos humanos y terrenales que de ese reciclamiento se deriven. ¿tiene, pues, futuro el capitalismo? Sí. Y uno, por lo menos en lo inmediato, en el que la regla, la norma, será todo aquello que en las formas históricas anteriores a la ahora vigente era visto como crisis, como coyuntura, como salvedad, como contradicción. El límite de su propia racionalidad dejará de ser límite.
El capitalismo tiene futuro porque en nuestras vidas seguimos reproduciendo la forma de valor en todo. El todo mismo es, sigue siendo, una objetivación, y no una subjetivación en la que se proyecta nuestra vida en tanto horizonte cualitativo de la misma. La cuantificación es lo que impera. El tener es lo que nos conduce en nuestras vidas. No sabemos relacionarnos con la materia de otra forma porque todo lo históricamente experimentado nos parece un retroceso en el tiempo, un proceso de involución (y esto lo creen hasta los críticos del evolucionismo social o natural), un arcaísmo o un animismo que va en contra del nervio más profundo de nuestra racionalidad moderna. ¿Es que hemos olvidado que toda forma social es nada más que una invención? ¿Renunciamos ya a la posibilidad de inventar? Estamos sometidos a la imperiosa necesidad moderna de introducirlo todo en la misma línea del tiempo, hasta cuando pensamos en la existencia de múltiples tiempos, de tiempos sincrónicos, de tiempos diacrónicos, de tiempos que no son tiempos.
Tiene futuro… porque para miles de millones de personas la vida de la modernidad capitalista es una vida legítima. Es una vida ética y moralmente justa y válida. Esto los zapatistas lo tienen claro. Ese mundo (que en términos de Marx es un mundo alineado, imbuido de fetichismo, de seres enajenados —y pienso que es verdad—) es, en definitiva, un mundo que no cabe dentro de ese «un mundo en donde todos los mundos quepan» o «donde muchos mundos quepan» da igual. Para el caso es lo mismo, es un mundo que no cabe. Ellos lo tienen claro. Pero ¿y nosotros, lo tenemos claro? Nosotros, citadinos que en nuestro día a día reproducimos una multiplicidad de sentidos y lógicas comunes del capitalismo y de su modernidad; nosotros, que somos los Otros del zapatismo a pesar de que los citamos en nuestros días para mostrar que somos externos al sistema, radicales ¿lo tenemos claro? ¿Aquí, en nuestro cúmulo de instituciones cortesanas, clasistas, sexistas, racistas, aristocráticas, nobles? ¿procederemos como el zapatismo? ¿Construiremos nuestros propios espacios de excepción? ¿Construiremos nuestros propios caracoles en medio de la inmensidad de este espacio que es todo él la representación más fiel de la ontología del capitalismo? ¿No es eso lo que ya está haciendo el individualismo que en nosotros sembraron el neoliberalismo y su ideología, el posmodernismo —y que nosotros, los modernos del capitalismo, llamamos pomposa y orgullosamente nuestra infranqueable libertad individual—? ¿No estamos construyendo nosotros mismos una infinidad de espacios de exclusividad en los que la construcción de lo común se vuelve una práctica impensable (ontológicamente impensable) porque lo que prima es la identidad individual y nada más que la pura individualidad? ¿Qué vamos a hacer con esos miles de millones de personas si nosotros, que citamos a los zapatistas para decir que este mundo capitalista no cabe dentro de «todos los mundos» o los «muchos mundos», le tememos con tanto fervor a la violencia, tanto, que hasta llegamos a creer que una vida sin violencias y sin ejercicios de poder es posible? ¿Qué vamos a hacer con ellas si no somos siquiera capaces de reconocer nuestras propias violencias y nuestros propios ejercicios de poder?
Los zapatistas, insisto, lo tienen resuelto. Tienen las armas prendidas al cuerpo y saben que si es necesario matar y morir para defender el mundo en donde «quepan muchos o todos los mundos», pues hay que matar y morir. Pero ¿Y nosotros? El capitalismo tiene futuro porque existen miles de millones de personas que están dispuestas a morir (y de hecho lo hacen dia a día, de enfermedades, de hambrunas, de guerras, etc.) por defender este sistema. O si bien no por defenderlo, sí, por lo menos, porque les es imposible pensar uno alternativo. Y cuando lo piensan, lo piensan sin violencia, sin poder. Como si cuestionar los modos de vida que no se ajustan a nuestros criterios de lo que es ética y moralmente correcto no fuese ya, por sí mismo, un ejercicio de poder y de violencia para esas personas que no caben en nuestra ética y en nuestra moral (porque claro, el ser críticos del sistema nos asegura que la nuestra, ésta sí, es una verdadera ética y no una hipocresía como los derechos humanos y su pretendida universalidad). ¿Tomaremos las armas? ¿Eliminaremos a los mundos que comparten la racionalidad destructiva del capitalismo moderno? ¿o que haremos con ellos? ¿Qué haremos nosotros con nosotros mismos, que lo vivimos, lo (re)producimos y padecemos día a día?
El capitalismo tiene futuro porque hoy nos importa más consumir todo aquello que nos dote de una identidad diferenciada que superponernos al sistema mismo que nos provee de nuestra identidad por medio del sistema. Y no es que la diferencia y la identidad no importen. Importan mucho (y como dijera el gran poeta: «hay que atreverse a defender la diferencia con radicalidad»). El problema es que nuestras diferencias están domesticadas por el multiculturalismo posmoderno y neoliberal. Estamos sujetos a imaginarios colectivos que parecen sacados de la cabeza de Paulo Coelho, en donde la autosuperación personal, el echarle ganas, el tirar buena onda (pero también todo lo contario, el ser derrotistas, el ser conscientes de nuestra miseria para abrazarla) es algo así como la representación de nuestra propia Verónica Decide Morir. La clave está en uno mismo. El cambio está en uno mismo —dirán algunos y hasta llegarán a ser presidentes de una nación. ¿Desde cuando renunciamos a la tarea irrenunciable de los movimientos sociales en torno de cambiar la mentalidad de las colectividades? ¿Todo lo vamos a dejar a la buena voluntad de cada persona para que sea autocrítica y autorreflexiva de su comportamiento? Porque ese es el modelo de tolerancia que impera desde el posmodernismo, ¿no? El de las sentencias que por la vía de lo políticamente correcto buscan no causar conflicto, no pelear, no discutir. Porque el disputar la forma y el sentido de nuestra historia y nuestra política es sinónimo de ser una persona conservadora, conflictiva, violenta… y sí, dirían, intolerante. Pero el problema con la autocrítica es que si la dejamos al arbitrio de cada persona dos son las opciones que se abren: en primer lugar, que esa persona de entrada no se cuestione nada porque el mundo que vive y que (re)produce no es cuestionable, ni ética, ni moral, ni política, ni culturalmente; en segundo lugar, que quien sí llegue a cuestionarse, de entre las múltiples respuestas a las que llegue se entre con la respuesta anterior. Se cumple la autocrítica, la autorreflexividad y la responsabilidad de uno mismo consigo mismo, aunque el resultado sea el mismo. ¿Entonces, seguimos renunciando a la disputa de formas y sentidos históricos? ¿qué cada quien haga lo que quiera y allá su conciencia? ¿Qué la historia sea la que juzgue o absuelva?
¿Qué peso tienen los Estados frente a esta devastación de nuestra subjetividad y de nuestra sujetidad? Ninguno. ¿Qué puede hacer uno de los tantos ejércitos que defiende al capitalismo frente a esta decadencia de nuestra propia existencia, en donde nuestra mayor aspiración en cuanto humanidad es la de consumir los referentes mercantiles de nuestra identidad? Ninguno. Porque no hay guerra que logre el mismo resultado. Somos minoría frente a los aparatos represivos del Estado y del capital. Pero incluso si fuésemos mayoría, la diferencia de fondo no se encuentra en el número. La radicalidad, para el ser humano, es el propio humano (o algo así reza el viejo adagio). Somos las cabezas de la Hidra. Y hasta ahora, lo único que hemos hecho es cortar una tras otra, creyendo que el monstruo capitalista crece en el exterior de nuestras propias existencias. Hablamos de EL capitalismo, en tercera persona (o tercera cosa) y no en primera, no de nosotros, capitalistas.
Al final, el capitalismo tiene futuro. Y ¿cuál es ese futuro del capitalismo? La respuesta es incierta. Pero lo que es cierto es que en este momento aquellos que dan forma y sentido al capitalismo ya construyen sus pertrechos para dar continuidad transhistórica a su dominación sobre aquellos que hoy somos los oprimidos y los condenados de la tierra (y que transhistóricamente seremos los oprimidos y los condenados de esa sucesión que ya se fragua en este momento.

22/11/18
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Neoliberalismo y migración


No es la primera vez que sucede y por supuesto no será la última. La magnitud de la Caravana de migrantes centroamericanos, que llegó este fin de semana a la frontera política y administrativa del Estado mexicano, con el propósito de alcanzar territorio estadounidense o de permanecer en México (da lo mismo), desató una profusa expresión pública de mensajes en contra del internamiento de los migrantes en eso que, de maniera tan pomposa, se suele denominar como suelo patrio siempre que se busca enmascarar lo que en realidad y en verdad es un profundo sentimiento de xenofobia entre mexicanos y mexicanas. ¡Amén del soldado que a la patria en cada hijo el cielo le dio, por si algún extraño enemigo osare profanar con su planta su suelo!
Y lo cierto es que ni es la primera ni la última vez que sucede porque la construcción de las otredades, de los enemigos, sobre las poblaciones extranjeras, en general; y sobre las poblaciones que el mexicano y la mexicana consideran racialmente inferiores, en particular; es una condición permanente de la forma en que los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad de este gran país se relacionan con el exterior (o cuando se trata de la reproducción de nuestro colonialismo interno, de la manera en que esos mismos sectores —por lo demás mayoritarios— se relacionan con las poblaciones originarias de aquí y del resto del continente). Y es que el discurso de la unidad cultural latinoamericana en la diversidad de sus poblaciones, cuando no es más que una herramienta al servicio del capitalismo neoliberal para mercantilizar a la multiculturalidad, no pasa de ser una excepción, y no la regla, en la historia política de la región.
Ser racista, después de todo, no es un rasgo que encuentre su condición de posibilidad en la clase social, en el género, en la orientación sexual, en las preferencias confesionales o en el nivel de escolarización con el que se cuenta. El ser racista es un rasgo que atraviesa todas y cada una de esas características de la identidad de un individuo. Por ello los sectores conservadores, en términos raciales, son siempre mayoritarios respecto de aquellos que no lo son: porque la racialización no está ligada a ninguna de las otras condiciones y porque aquellos que son objeto de racismo lo son, siempre, porque en ellos se encuentra la posibilidad de que el racista objetivice en su persona todos los males que aquejan a la humanidad.
Basta con observar las múltiples muestras de desprecio que se han expresado en los últimos días (cuyo tono ha crecido de manera proporcional a la proximidad de la caravana con el territorio mexicano y, sobre todo, proporcional a la fuerza con la que el movimiento de los desplazados centroamericanos ha buscado sortear los bloqueos y la represión impuestos por las autoridades gubernamentales respectivas), para dar cuenta de que, dependiendo de los intereses del racista del que se trate, a los migrantes se los identifica de inmediato con rasgos como la delincuencia, la violencia, la destrucción, el despojo de bienes escasos, de fuentes de empleo o de la riqueza nacional; con enfermedades, con desviaciones psicológicas, con pobreza, etcétera.
De tal suerte que si bien la clase social no es un criterio para ser racista, sí lo es para la definición de las características que se le otorgarán al migrante por cuento tal, abriendo la posibilidad de que se lo califique como un indeseado porque es un individuo que no hace más que robar fuentes de empleo a los nacionales de un país y saquear los recursos de éstos (y en particular de los nacionales comprometidos con el régimen tributario del Estado), al aprovecharse de los servicios sociales que el Estado ofrece de manera gratuita a quienes, se supone, no tendrían mayor mérito que el ser sujetos de protección de diferentes normativas garantes de derechos humanos.
Y la cuestión es que lo mismo ocurre con el resto de los rasgos de la identidad de cualquier persona. Porque la realidad es que el contar mayores o con menores grados de escolarización no es garantía de que la persona sea más o menos racista que sus contrapartes; así como el ser hombre o mujer no es sinónimo de una determinada actitud en relación con la causa migrante y con los migrantes mismos. La racialización y el racismo son construcciones sociales históricamente determinadas, y no una suerte de rasgo inherente e irrenunciable a una pretendida naturaleza humana. Naturalizar a ambos procesos (racialización y racismo) no únicamente es una vía fácil e hipócrita para justificarlas, sin pretender ser responsables por las consecuencias siempre catastróficas del combate (a menudo armado o judicial) de las diferencias culturales e identitarias (nacionales no, pues la nacionalidad es ya, por y para sí misma una herramienta de combate a las diferencias culturales e identitarias), sino que, además, es una manera bastante ingenua (pero no por ello menos militante y racional) de justificar matrices de explotación política y económica tanto en los espacios de origen como en los de tránsito y de destino.
En este sentido, cada vez que se argumentan criterios de seguridad nacional ante el fenómeno migratorio no únicamente se pasa por alto el hecho de que la nacionalidad, en general; y la extranjería o la no pertenencia jurídica y cultural a una determinada estructura estatal, en particular; no es, por sí mismo, como en una suerte de a priori, una determinante para la comisión de delitos o para el agotamiento de recursos naturales disponibles para la población del país; sino que, además, se oculta (o se desconoce, en el peor de los casos) el hecho de que tanto la actividad delictiva como la disponibilidad de recursos materiales para la subsistencia individual y colectiva (alimentos, agua, fuentes de energía, empleos, servicios de salubridad, de vivienda y de educación, etc.) no está dada por ninguna cantidad de población, sino por las lógicas de acumulación y concentración de capital en todas sus escalas: locales, nacionales, regionales, hemisféricas, globales.
Un migrante de cualquier nacionalidad no llega a otro territorio a arrebatarle las fuentes de empleo a los nacionales del territorio al que llega o por el cual transita sólo porque es migrante, sino por el hecho de que, al serlo, y al no contar con una situación jurídica regular (como la de cualquier ciudadano en su patria), los criterios para su explotación laboral por parte tanto del sector público como del privado (en los cuales se incluyen, por supuesto, a las actividades delictivas) se amplían y profundizan de manera considerable. El inmigrado a un Estado, después de todo, no obtiene una actividad productiva sólo por ser originario de otro Estado, sino porque, en las lógicas de acumulación de capital en las distintas geografías del mundo, esa condición particular es objeto de series y conjuntos de actividades económicas específicas, dedicadas a la extracción de los mayores rendimientos posibles de su fuerza de trabajo.
Por eso, además, el discurso mainstream de que todos en este mundo somos o fuimos migrantes (o, en su defecto, somos o fuimos producto de algún movimiento migratorio originario) no únicamente es una falsa defensa frente al embate que se desarrolla para detener, rechazar y/o reprimir  a los desplazamientos forzados de población (porque frente al turismo, claro está, ese argumento resulta improcedente y ni siquiera se conjura), sino que, aunado a ello, no termina por resolver nada, pues el eje que articula su discusión y sus argumentos se siguen dando en rededor de la pregunta sobre si se debe o no se debe permitir el libre tránsito e internamiento de migrantes (respondiendo que sí) y bajo qué condiciones (partiendo de la defensa de unos supuestos derechos humanos universales que les ofrezcan un mínimo de condiciones materiales).
El actual presidente de Estados Unidos (y todos sus antecesores, también,) es plenamente consciente del carácter estructural que los flujos migratorios y la desprotección jurídica de los mismos (carencia de papeles de tránsito, internamiento y estadio) tienen en el desarrollo de las matrices de producción y consumo de la economía estadounidense, en lo singular; y del rol en el que ésta se inserta dentro de los circuitos productivos/consuntivos internacionales. No por nada la presión que ha ejercido para que sea México el Estado encargado de detener a la Caravana ha sido mayúsculo (con Mike Pompeo visitando a los equipos del gobierno saliente y del entrante en la víspera del arribo de la Caravana a México). Y es que el costo político para su administración (y en realidad para la de cualquier gobierno) es infinitamente menor si se lo compara con la incidencia que estos flujos tienen en aspectos económicos clave como lo son la posibilidad de pagar a la fuerza de trabajo por debajo de los niveles mínimos para otorgarle condiciones decentes de vida, el ahorro en prestaciones y diferentes derechos sociales y laborales, o el incrementar cuantitativa y cualitativamente la producción de mercancías sin encarecer el proceso productivo en su conjunto por ello.
En México, finalmente, antes de cuestionar si la sociedad y su andamiaje gubernamental deben permitir el ingreso, el tránsito y/o la permanencia de cualquier flujo migratorio en el país, quizá no esté demás el recordar, en primer término, que durante los tres últimos sexenios se ha librado una sanguinaria guerra civil que no está siendo combatida por migrantes; y que definitivamente no fue desatada por otros individuos que los propios nacionales de este país. Pero no sólo, pues, enseguida, debería recordarse que no se requirió de ningún flojo masivo de migrantes hacia el país para que las condiciones laborales por todo el territorio se pulverizaran hasta el punto en el que, hoy, el salario mínimo no es ni de lejos suficiente para cubrir una Canasta Básica Recomendable.


20/10/18
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