Geopolíticas imperiales: racionalidad de la guerra en Siria

En noviembre de 2017, en el marco de celebración de la XXV Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el entonces recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en reiteradas ocasiones a los equipos de prensa que lo acompañaban en su viaje, que al margen de los acuerdos a los que se estaban llegando dentro del APEC, tanto su Gobierno como el encabezado por el ruso Vladimir Putin habían acordado que una solución política sobre la guerra en Siria era necesaria para salvar millones de vidas y clausurar, por fin, el conflicto.
Al momento de darse a conocer esta información, las corporaciones de comunicación estadounidenses —por aquel entonces adversas a la administración de Trump por convicción y necesidad—, hicieron eco de las palabras de éste para atizar posicionamientos que desde la campaña electoral del mismo ya habían colocado en el centro de las agendas pública y mediática, siempre con la pretensión de mostrar el enorme error histórico que se estaba a punto de cometer en la Unión Americana al conferirle los destinos de ese país a quien los intereses mediáticos no se cansaron (y no lo hacen, aún) de señalar como la personificación del mayor retroceso y la más grande y profunda anormalidad civilizacional hasta entonces experimentada por la sociedad estadounidense.
En varios sentidos, además, para aquellos intereses, el posicionamiento de Trump respecto de la intervención militar en Siria —hecho gravitar desde las campañas electorales al rededor del objetivo confeso de cooperar con el Gobierno ruso para poner un punto final a la cuestión—, era muestra clara de que los señalamientos hechos por los aparatos de inteligencia estadounidenses, en los que se acusaba la injerencia de Rusia en los procesos electorales de Estados Unidos y de sus principales aliados en Europa, eran de hecho ciertas; comprobándose así la subordinación del adalid de los valores occidentales al renacido imperio del mal.
Trump, después de todo, con posicionamientos como éste y con una gran cantidad de declaraciones con un grado ínfimo de corrección política que iban en la misma línea de ideas, pasaba no únicamente a sacar la relación Estados Unidos-Rusia del abismo tan profundo en el que la administración de su antecesor, Barack Obama, la había dejado —con fórmulas y niveles de intercambio inclusive por debajo de los experimentados en los peores momentos de la Guerra Fría—, sino que, además, debido a que ese grado de normalización no era, por sí mismo, condenable, Trump estaba, más bien, abriendo la puerta a una conjunción de alta prioridad en la relación bilateral con un amplio margen de maniobra militar; ambos, elementos que Obama procuró mantener en dimensiones diferenciadas, y sobre todo, nunca concurrentes.
¡Poco más de un lustro de intervención armada, así como los lucrativos resultados de ella obtenidos, parecían entrar en una irreversible fase de peligro sólo por causa de las ocurrencias de un presidente sospechoso de ser doble agente soviético y su equipo de asesores rusófilos!
Poco menos de medio año después, aquel punto máximo de convergencia entre los intereses occidentales y orientales, en general; estadounidenses y rusos, en particular; se aprecia muy lejano y la relación bilateral, aunque podría empeorar aún más, por lo menos en el momento presente ya superó al legado de Obama en la materia; tanto, que en ese lapso de tiempo, lo que va de transcurrido este año, Estados Unidos, en solitario, primero; secundado por Francia y el Reino Unido, después; ya incluso llegó a declarar ataques aéreos focalizados (en particular en lo que respecta el empleo de misiles balísticos de largo alcance) no únicamente en instalaciones militares y económicas de prioridad para el funcionamiento propio del Gobierno de Bashar Al-Assad, sino también, colocando como objetivos destacamentos militares Iraníes y Rusos, así como instalaciones y conglomerados urbanos habitados por civiles.
La última de estas ofensivas, declarada unilateralmente por la coalición que conforman Estados Unidos, Francia y Reino Unido, se dio en la madrugada de este 14 de abril; alegando como justificante para la afrenta, por supuesto, las también aún infundadas acusaciones de que el Gobierno sirio y sus aliados de Oriente habrían utilizado, de nueva cuenta, armamento químico en contra de población civil, aunque adherente a los movimientos de resistencia contra el régimen de Al-Assad.
¿Qué cambió en los pasados cinco meses que ahora la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia pacten en torno del conflicto sirio es ya una decisión fuera de la baraja de opciones sobre la mesa? ¿Por qué lo que se prefiguraba como un acuerdo político entre los dos principales actores con intereses geopolíticos vitales en Siria es ahora un abierto enfrentamiento entre las fuerzas armadas estadounidenses y las rusas, ya no al estilo de las proxy wars a las que la Guerra Fría y su aftermath tenían acostumbradas a las periferias globales, en donde se libraban este tipo de conflictos, sino en la forma de un hipócrita embate directo velado por declaraciones públicas en las que en ambos lados de la ecuación se niegan los hechos al tiempo que condenan con cada vez mayor vehemencia?
De entrada, aunque ya son historia añeja y son hechos sólidos con amplia difusión y reconocimiento en los análisis que abordan la intervención de Occidente en Siria (criterios aplicables, por extensión, a otras localidades alrededor del mundo), algunos de los lugares comunes particulares del conflicto son, entre otros, y de entrada, que la posición geográfica del país lo convierte en un enclave geopolítico desde el cual se juegan: a) el control de las operaciones directamente involucradas con la intervención en Irak; b) en conjunción con este otro país, así como con Afganistán y Pakistán, la contención de la influencia económica, política y militar de Irán en la región; c) la regulación de los contactos comerciales terrestres (y en menor medida marítimos) entre Oriente Próximo, Asia Central y las economías del Mediterráneo; d) del punto anterior, en particular, los contactos comerciales de China con el extremo occidental del corredor denominado Nueva Ruta de la Seda; e) la confrontación de la presencia militar rusa en los alrededores del Mar Caspio; f) el sostenimiento del cerco articulado con Libia y Túnez, en el Mediterráneo; y Yemen y Somalia en el Mar Rojo.
En otros planos, además, se encuentran en juego las enormes ganancias que dejan el propio negocio de la guerra como tal, la extracción de recursos naturales (en particular petróleo), la reconstrucción de todo cuanto se devastó (de peculiar importancia para la especulación financiera y para los sectores involucrados con las industrias de la construcción e inmobiliaria), las actividades involucradas con el tráfico de estupefacientes, etcétera. Todo esto y más hacen del país sirio y de su sociedad un botín en el que el ganador no únicamente gana para sí, sino que hace que el oponente pierda: la guerra en Siria es una operación de suma cero y la cantidad y la magnitud de intereses respaldando a los actores principales a ambos lados de la ecuación hacen que el perder sea aún más costoso.
La cuestión acá, concerniente a los porqués de la más reciente ofensiva estadounidense, a pesar de la línea dura que adoptó Rusia sobre ello (dureza pocas veces observada en los pasados siete años de conflicto) es que cada uno de esos elementos enlistados líneas arriba son constantes que nunca son sacadas de la ecuación, es decir, no se suspenden o se excluyen en momentos determinados, sino que, por lo contrario, se traslapan, se superponen unas a otras en ordenes que dependen de las necesidades del momento, tanto para un frente como para el otro —sin obviar que a pesar de adherirse a Rusia y a Irán, Siria tiene sus propios intereses aún ante a estos dos.
Declarar un ataque por cualquiera de esas condicionantes del conflicto, luego de que en días pasados la coalición de fuerzas pro-Assad declarara sucesivamente la derrota del Estado Islámico en el país y la reconquista del grueso de los territorios dominados por la oposición al régimen (en gran medida armados y financiados por Occidente, además de recubrirlos con el velo de la potencia moral que contienen en sí palabras como liberación, democracia, justicia, etc.,), habría resultado en un verdadero fracaso mediático, dentro y fuera de Occidente, en términos de la construcción y aceptación pública, colectiva, de las justificaciones políticas, éticas y morales necesaria para atacar sin oposición o condena alguna.
Por lo anterior, en primer lugar, no hay que ver en las acusaciones de Occidente contra Siria y Rusia sobre el accionar de armas químicas una simple empresa de concientización de la humanidad en torno a los fantasmas del Holocausto y sus posibles consecuencias si no se previenen —a propósito de la demagógica condena elaborada por la representante estadounidense ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Nikki Haley, sobre el tema. Aunque parecen eventos distintos, sin ninguna relación que los vincule, las acusaciones en contra del Gobierno ruso, acerca del uso de un agente tóxico en contra de Serguéi Skripal, en Reino Unido; y las propias sobre el régimen de Al-Assad en la ciudad de Douma, se unen por el común denominador del empleo de químicos, y en estricto, aunque a Al-Assad ya se le acusó en los mismos términos y con una campaña mediática de aún mayores proporciones en 2013, en esta ocasión, los señalamientos sobre Skripal sirvieron para preparar a las audiencias en la aceptación de que Rusia no únicamente sería capaz de negar el uso de agentes tóxicos si le conviene a sus intereses, sino que los aplaudiría en caso de que un aliado lo haga: así, los eventos de Douma del 8 de abril pasado son el correlato de algo que ya estaba en marcha mucho antes, en Londres.
No debe perderse de vista, en segunda instancia, además, que no es azaroso que justo en el momento en que la alianza que respalda al régimen sirio declara la finalización del conflicto armado y el inicio del proceso de reconstrucción, un ataque como el que se señaló al unísono, con la misma línea editorial en la prensa mainstream estadounidense y europea, se le adjudique a aquellos que en el terreno ya se encontraban sumando a su causa y restando a la de Occidente: afrenta directa para tres gobiernos con un marcado acento nacionalista y neoliberal —a pesar de los reiterados señalamientos que se les hacen sobre su proteccionismo, amén de no comprender que éste es sólo un instrumento más del neoliberalismo para reciclarse, y no su antítesis.
Así pues, los argumentos sobre el uso de armas químicas en Douma se usaron como un justificante que aunque en el pasado emergió, su desenlace en 2013 lo mantuvo oculto, y hasta ahora fuera de la actual ecuación. Introducirlo ahora ofrecía algo nuevo y algo potente en contra de lo cual actuar: un fantasma, se insiste, del Holocausto (Occidente no iba a elegir como ejemplos a otros genocidios perpetrados en contra de las poblaciones de la periferia global: África, América Latina, Asia) presto para unificar fuerzas de apoyo social públicas. La cuestión es, no obstante, que aunque ese parece ser el detonante, en realidad no es sino un subproducto de dos eventos más significativos en términos de sus implicaciones para el sostenimiento o desbalance posible de la correlación de fuerzas presente en el país.
El primero de ellos fue, por supuesto, la declaración misma de la coalición que se encuentra respaldando a Gobierno de Al-Assad. Sin embargo, ésta no debe considerarse por sí misma, de manera independiente al conjunto de poderes que la sustentan. Antes bien, este evento debe considerarse siempre a partir de la consideración de que fueron Rusia, Irán y Turquía las potencias regionales que se presentaron juntas, a pesar de las diferencias y los múltiples enfrentamientos que entre ellas subsisten por debajo y al margen del conflicto sirio. Turquía, en particular, es un asunto de especial atención para Estados Unidos y sus aliados europeos, después de todo, no es gratuito que el Estado turco sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte: su viraje hacia nuevos horizontes es más significativo de lo que los atlantistas suelen aceptar.
El segundo de estos eventos es, quizá, el de mayor trascendencia y consideración, tanta, como para que el conjunto de intereses estadounidenses empeñados en mantener su posición de poder en la región —los mismos que lograron arrastrar al presidente Trump desde una posición favorable a Rusia a una abiertamente hostil—, es que en los primeros días de abril, el nuevo Ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, en visita oficial a su contraparte rusa, en el marco de la VII Conferencia Internacional de Seguridad de Moscú, acompañado de una comitiva integrada por los más altos y especializados mandos chinos en el rubro, declaró abiertamente, y con un lenguaje más directo y certero, pocas veces visto en años anteriores en temas que no implicasen de facto los intereses geopolíticos inmediatos de China (sobre todo en el Sudeste asiático), que su presencia en la Conferencia se debía sobre todo para mostrar a América el nivel de compromiso, de fortalecimiento y de cooperación al que se busca escalar la relación bilateral China-Rusia en términos militares.
Aquí, de nueva cuenta, el evento no debe leerse por sí mismo. No es extraño, al final del día, encontrarse en el camino de los últimos dos lustros declaraciones y actos concretos dados por ambas partes en la misma dirección. La alianza sino-rusa es un vínculo que se ha venido trabajando por ambas partes con esfuerzos muy potentes en los últimos años; garantizando un equilibrio financiero (China) y militar (Rusa) de frente a Estados Unidos y su animadversión por ambos regímenes. Lo que es importante en este evento es que la temática y los trabajos de la VII Conferencia rusa se centraron en desarrollar una estrategia militar enfocada en el conflicto sirio.
Ahora bien, ¿por qué ello debería ser trascendental para el proceso de toma de decisiones en Washington y su desenlace en los ataques de esta madrugada? La decisión, aquí, se encuentra definida por el hecho de que si bien es cierto que China ya participa como una potencia militar (además de financiera, en comparación con Rusia, con mayores posibilidades en el plano militar pero en franca desventaja en el financiero) en una multitud de operaciones que abarcan la masa continental euro-afro-asiática —con una fuerte concentración en el África Subsahariana—, también lo es que en los siete años del conflicto, China se había mantenido al margen, militarmente, de la cuestión siria. Haber participado en la VII Conferencia, con el tema al que ésta se dedicó y con el posicionamiento que se planteó, supone, ya de entrada, un mayor involucramiento militar de China en la guerra, con la posibilidad abierta a que esa cooperación se escale y se lleve a otros escenarios en el Asia Central y Oriente Próximo.
Y aquí el punto es que, en realidad, no es para sorprenderse por el posicionamiento chino. No únicamente por la tensión presente en la relación de ese Estado con la Unión Americana, sino porque siendo la franja media de Oriente Próximo y Asia Central los escenarios principales en los que se proyecta desarrollar el proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, el contener la presencia estadounidense en los ramos económico y militar resulta ser crucial para la instrumentación del proyecto en sí mismo.
No es azaroso, por esto, que lo que en la opinión pública y la agenda mediática se trata como una respuesta desproporcionada —incluso irracional— del presidente Trump no sea sino un procedimiento estándar más dentro de su baraja de opciones; que además, en la lógica de ese mismo proceder, es por entero proporcional al tamaño de la amenaza que se percibe de una articulación militar a profundidad Rusia-China-Irán-Turquía; escenario por mucho parecido a aquel que desde la década de los años setenta del siglo XX planteara el entonces Consejero de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente estadounidense James Carter, Zbigniew Brzezinski, como la mayor amenaza concebible a la posición de poder de Estados Unidos en la región.
Por eso, no queda más que señalar que aunque los eventos aquí apuntados apenas se van desarrollando, es importante dar un paso atrás y no leerlos de inmediato como anormalidades en el funcionamiento general de los aparatos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos; menos aún, como decisiones azarosas, irracionales y viscerales de su presidente, pues en este momento no hay mejores ejemplos de que la administración de Trump y sus decisiones son vivo reflejo del estatus quo dominante en la era Obama y mandatos anteriores, justo, que las decisiones que se están tomando en materia de Seguridad y conflictos armados.
14/4/18
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Socialdemocracia, peligro para México

Hace doce años, cuando la alternancia partidista entre una opción de derecha y una versión aún más radical de la misma perfilaba la posibilidad que inclusive en algún momento una expresión más moderada, de tipo socialdemócrata, llegara a la administración del poder ejecutivo federal por un sexenio, el representante de la que en ese momento era la apuesta mexicana más próxima a la socialdemocracia fue convertido, por la narrativa gubernamental y la campaña mediática de un conglomerado de intereses comerciales y financieros privados, en un peligro para México. En ese momento, el motivo de la peligrosidad del entonces candidato a la presidencia del país por primera vez, Andrés Manuel López Obrador, se fundaba en la retórica radical de éste con respecto al funcionamiento del sistema político y económico de corte neoliberal vigente.
Radical, no porque en realidad, en el fondo, la propuesta de gobierno ofrecida consistiese en algo cercano a un punto de ruptura o a un movimiento de discontinuidad en relación con la lógica general del México posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; sino, más bien, porque para los estándares de funcionamiento del sistema de partidos y de las actividades comerciales y financieras, nacionales y extranjeras con presencia en el país, el centro de gravedad de los privilegiados que es posible conseguir por medio del régimen se perfilaba para gravitar alrededor de intereses particulares distintos de los entonces —como ahora— dominantes. Es decir, radical, en este sentido, porque la posibilidad, hasta entonces no confesada, de que una opción gubernamental beneficiara a otros grupos políticos y a otros intereses empresariales, distintos de los propios de la derecha y la extrema derecha del espectro ideológico estaban, por fin, siendo confesados.
Hace doce años, pues, López Obrador y los conglomerados empresariales y partidistas a los que representa eran un peligro para México no porque el contenido de su retórica en realidad girara en torno del establecimiento de un régimen socialista o algo parecido. En gran medida, por supuesto que para la opinión pública que el Gobierno federal y su transición pactada formaron a través del asedio mediático ese era el peligro real. Y lo cierto es que no es para menos: la primera década del siglo XXI vio surgir por toda América regímenes gubernamentales con bases de todo tipo, populares, campesinas, indígenas, sindicales, afrodescendientes, etc.; y la idea de que expresiones similares llegasen a México ponía en cuestión que los endebles privilegios laborales que se gozaban en el país —meros retazos de un pasado industrialista extinto desde los años 80— se extinguieran.
Pero hay más, pues incluso si López Obrador y su programa de gobierno no eran ni remotamente próximos a lo que en América presidencias como las de Hugo Chávez, Evo Morales o Lula da Silva ya realizaban en el terreno —con expropiaciones de capitales extranjeros, regulaciones más estrictas en materia comercial y una intervención más marcada del Estado con márgenes de redistribución de la riqueza más amplios y profundos—, el hecho de que en el Sur del continente intereses de potencias comerciales como Estados Unidos se estuvieran viendo afectados por una reducción sustantiva en sus ganancias era motivo suficiente para que el sentido común de la población general en México se viera introducido dentro de la órbita de la comentocracia estadounidense y su intransigente demagogia.
En este plano, las probabilidades de que Estados Unidos y el resto de las democracias electorales y representativas de Occidente vieran una amenaza en López Obrador como la veían en Hugo Chávez eran reducidas y en realidad no iban más allá de lo que en el plano discursivo circulaba. Sin embargo, la sola idea de que un modelo similar a los sureños se extendiera tan cerca de las fronteras de la aún potencia comercial, militar y financiera de la economía mundial era motivante suficiente como para superponer al cerco mediático nacional uno con marca propia desde Washington.
   La reacción de la plataforma lopezobradorista ante su pérdida en las elecciones de aquel 2006 sirvió para potenciar —y en ocasiones confirmar— algunas de las consignas que durante la campaña habían alimentado la animadversión a popular hacia su propuesta. Y un sexenio, varios miles de asesinatos y de desapariciones, decenas de miles de millones de dólares añadidos a la deuda exterior del Estado, reducciones sustanciales en el poder adquisitivo de la ciudadanía y un país sometido ante los designios de las fuerzas armadas nacionales y de los cárteles del narcotráfico después, la fórmula que tantos réditos dio en aquellos comicios se repitió, ahora frente a un autoproclamado nuevo y rejuvenecido Partido Revolucionario Institucional, para volver a cerrar el cerco alrededor de la apuesta socialdemócrata mexicana.
De ambas experiencias a este momento, no obstante, mucho ha cambiado en el contenido y en las formas del lopezobradorismo —ahora morenismo, en virtud de su pronta institucionalización en el partido político Movimiento de Regeneración Nacional. Y es que, lo que en esas dos elecciones se daba por supuesto como un peligro para México, hoy, cuando la distancia ideológica entre los partidos de izquierda —o eso que en México se autodenomina como tal— y de derecha se cerró y colapsó sobre la propia derecha, dejándola en pie como la única opción ofrecida a la ciudadanía para los siguientes comicios, la apuesta socialdemócrata de López Obrador (la única que pugnaba por diferenciarse de sus pares cuando las precampañas aún no comenzaban), ya no pasa de ser un espectro más de la derecha pero con discurso que pretende ser progresista, de abajo y a la izquierda.
Ello, no sólo por ese amasiato al que Morena llegó con la expresión evangélica, democristiana, más estable que ha tenido el sistema político mexicano en el último medio siglo, el Partido Encuentro Social (PES), sino además, porque al haber comprendido que noventa por ciento de la elección tiene que ver con los capitales que invierten en esta democracia, y un diez por ciento restante con la necesidad de legitimar aquella dinámica por medio de la simulación de comicios libres, informados y periódicos, López Obrador y su plataforma han recurrido cada vez más a la opción de mantener las cosas como están siempre y cuando se realicen pequeñas concesiones a las bases de apoyo que le son históricas al movimiento que encabeza. La cantidad deserciones que desde otros partidos y círculos empresariales se han transitado hacia Morena para obtener las designaciones que en sus viejas guardias les fueron negadas son claro ejemplo de ello —y por supuesto, también del hecho de que lo que se juega en estas elecciones es tanto, que para quien resulte ganador habrá tanto para repartir como promesas haga durante la campaña.
Pero aún más representativo de ese giro que en el mejor de los casos sería un intento de invertir aquel adagio que reza que el poder se conquista por la izquierda y se sostiene con la derecha, el maridaje que en las últimas semanas López Obrador ha buscado en el seno del sector financiero, en la 81ª Convención Bancaria, en Acapulco, Guerrero, es signo de que si algo queda de la opción de izquierda a la que en algún momento llegó a aspirar, hoy no se distingue en nada de la pretendida ciudadanización del priísmo o de la presunta moderación progresista de la coalición Acción Nacional-Revolución Democrática.
Dos posibilidades, no obstante, quedan en el aire aquí. La primera tiene que ver con el no tan remoto escenario en el que de manera consiente López Obrador esté buscando sumar apoyos a su causa sabiendo que después de ganar los comicios, con tan potente integración de intereses, no respetará los acuerdos a los que llegó de antemano; reduciendo los márgenes de acción de las opciones que se encuentren más próximas a la derecha de su propio posicionamiento. Por supuesto esta apuesta no es para nada libre de riesgos, y es que, de proceder en tal línea de ideas, lo que se aproxima es una parálisis y un desaseo de proporciones mayúsculas en el caso de llegar a la presidencia. Después de todo, gobernar, y no sólo llegar a, es cuestión de negociación permanente entre intereses divergentes; y traicionando a quienes alimentaron su campaña a cambio de una concesión tiene el potencial de desatar, en el mejor de los casos, escenarios como el que ahora asedia a Venezuela y en años recientes a Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina; en el peor, guerras más profundas que la desatada por Felipe Calderón, entre 2006 y 2012.
La segunda posibilidad presupone que el Morenismo respetará cada acuerdo de campaña una vez en detentación del ejercicio del ejecutivo federal. La cuestión es que no por ello es menos atroz que el primer escenario. Y es que aquí el problema es que las concesiones pueden ser tantas y con consecuencias tan agudas que el mantener el funcionamiento del régimen en sus términos actuales sería el menor de los males asechando a la población. Y lo cierto es que, por lo hasta ahora visto, y por las personalidades que han desfilado hacia Morena, ese costo no se aprecia para nada menor.
Si en dos oportunidades en el pasado la plataforma de López Obrador no suponía ningún peligro para México —por lo menos no en los términos en los que se planteó desde la narrativa que lo denostó en 2006 y 2012—, esta tercera, el peligro es mayúsculo (en el nivel de las otras coaliciones), y lo que lo hace aún peor es que la única expresión realmente opositora a la totalidad de la lógica del sistema político mexicano, la representada por el Concejo Indígena de Gobierno y la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ni siquiera fue respaldada por ninguno de esos sectores que durante tanto tiempo se autoproclamaron la izquierda mexicana.
10/3/18
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Disputas internas del priísmo

Entre una investigación dada a conocer por el diario estadounidense The New York Times y un conjunto de filtraciones publicadas por el rotativo mexicano Reforma, la sociedad mexicana asiste, en vísperas del periodo de precampañas para las elecciones de 2018, a un nuevo performance ilustrativo de la manera en que la administración pública federal opera el dinero de sus contribuyentes para mantener determinadas estructuras de poner en pleno funcionamiento a favor de los grupos partidistas que la encabezan.
La noticia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habría avalado, en 2016, el desvío de más de doscientos cincuenta millones de pesos para financiar las campañas electorales de candidatos priístas para los comicios de ese año, así, se suma a una serie de publicaciones desafortunadas para la imagen pública del partido en el Gobierno que incluyen —al margen de una longeva tradición de secretos a voces sobre la apropiación partidista del erario nacional—, tan sólo para el último año, las investigaciones sobre las empresas fantasma de Veracruz y sobre el empleo de universidades públicas para desviar más de siete mil millones de pesos, entre 2013 y 2014.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, basadas, por un lado, en las declaraciones de Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda de Chihuahua durante la administración de César Duarte como gobernador de la entidad; y de Ricardo Yáñez Herrera, Secretario de Educación en los mismos términos; y en la documentación correspondiente a la investigación judicial en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, por el orto; los montos monetarios en cuestión fueron enviados a las entidades con gobernantes priístas próximos a la figura del presidente, Enrique Peña Nieto, para ser transferidos, mediante la simulación de contratos gubernamentales con empresas fantasma, a las estructuras internas del Partido Revolucionario Institucional para ser empleados en el financiamiento de sus propias campañas electorales en las entidades en que se temía perder la gubernatura.
Con independencia de los causes que esta información y los eventos mismos deberán de seguir para llegar a su esclarecimiento, algunas de las principales reflexiones que surgen sobre el problema tienen que ver con tres temáticas, con consecuencias particulares por cada una de ellas.
La primera de ellas tiene que ver, por evidencia explícita, con esa gran discusión relativa a los actos de corrupción dentro del Gobierno Federal. Y es que, de las muchas cosas que sí quedan claras incluso dentro de los límites que suponen la información circulante, es que, una vez más, un sólo evento es totalmente capaz de mostrar que la administración pública, en sus tres niveles de gestión, mantiene, como parte de su funcionamiento habitual, el despliegue de operaciones bien estructuradas, sistemáticas, de apropiación de los recursos públicos para beneficiar a una casta de ciudadanos dedicados a vivir de los cargos de representación popular.
La cuestión con este nivel es, no obstante, que mostrar, de nueva cuenta, que los rasgos más fundamentales del Estado y de sus andamiajes gubernamentales son los de un complejo que funciona para mantener relaciones de clase y privilegios en sus términos, no hace gran cosa en una sociedad en la que la historia de sus instituciones (esas que el priísmo se adjudica como parte de su patrimonio material e intelectual), de sus sistema de partidos y del funcionamiento global de su sistema político (también, en palabras del actual candidato del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade Kuribreña, deudas de los mexicanos con su partido) es la historia misma del ejercicio de los cargos públicos (de representación o no) como ejercicio patrimonial de los intereses vigentes en cada sexenio.
Ello, por supuesto, no significa que las implicaciones del acto de corrupción actual sean menores. Por lo contrario, de las muchas situaciones que este nuevo escándalo permite hacer visibles a la ciudadanía —pese al cerco mediático que ya se cierne sobre él— es que cada uno de esos casos que año con año se presentan como eventos aislados, autónomos, en los que una figura pública, un burócrata o un funcionario electo, es involucrado en casos de manejo irregular de los recursos del erario o de financiamiento ilegal de privados no son, en ningún sentido, situaciones independientes unas de las otras; como si cada caso de corrupción implicase única y exclusivamente a un reducido universo de personas involucradas. Son, por lo contrario, casos representativos de una lógica operacional estructural y sistemática de la que la sociedad apenas llega a enterarse a cuentagotas —pese a la mayor incidencia que se presenta en periodos electorales.
El problema que los mexicanos enfrentan ante esta situación, por eso, no se encuentra allí, sino en los esfuerzos que desde diferentes frentes se conjugan para normalizar los casos de corrupción, ya sea por la vía de la opacidad y la impunidad gubernamentales, o por la construcción de una narrativa en las que estos eventos son estructurados como problemas propios de la falta de ética y profesionalismo de las personalidades involucradas; personalidades, al final del día, siempre reemplazables por otras que se suponen más integras y probas —y con cuyo nombramiento el caso de corrupción en cuestión sería liquidado. Así, la corrupción se construye como un archipiélago de excepciones, con cada una de sus islas aislada y sin ninguna racionalidad inherente.
La segunda temática tiene que ver con el terreno electoral, y debe comenzar a plantearse en los siguientes términos: es claro que el monto de los recursos triangulados no es menor, y menos aún dentro de los márgenes de los procesos electorales en las entidades. Cualquier revisión superficial de los registros bancaros de los partidos y de las cuentas públicas de cada administración involucrada en la operación da cuenta de ello. La cuestión es, por lo tanto ¿En qué términos y en qué profundidad participaron las autoridades electorales, locales y federales, que sus facultades de fiscalización de los recursos materiales, humanos y financieros empleados en los comicios no arrojaron ningún tipo de irregularidad? Y más aún, como también queda claro que inclusive si la desviación de recursos se comprueba, a pesar de esa comprobación, más bien, las elecciones ya están en su curso gracias a la validación y la sanción del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los problemas que se visualizan son dos: ¿Es este caso el preludio de lo que ocurrirá en los comicios de 2018, en el sentido en que de superarse el financiamiento establecido las elecciones seguirán siendo validadas, sancionadas y legitimadas? ¿Cómo se supone que se debería de proceder en los casos en los que, como en la actual situación, se muestre, a destiempo, que todo el proceso electoral estuvo marcado por el financiamiento irregular? ¿Se deberá mantener a las administraciones surgidas de esos procesos como legales y legitimas?
Las implicaciones no son menores, pues remiten a la interrogante sobre el número de casos que se han dado en condiciones similares, bajo patrones equiparables y que sin embargo han sido sostenidos por todo el andamiaje gubernamental en sus funciones.
La tercera temática, justo, apunta hacia esa dirección. Y es que más allá de las dos dinámicas anteriores, en el fondo de esta situación lo que parece encontrarse en el centro es el uso político y los resultados que tendrá en el desarrollo y los resultados de las presidenciales de 2018. Una lectura inicial, por supuesto, arrojaría que los tiempos en los que detonó el problema simplemente no fueron los correctos como para causar todos los estragos que posiblemente sí habría ocasionado en un momento en el que las campañas ya se encontraran avanzadas. Después de todo, estas son apenas las semanas de las precampañas, y con medio año por delate y un electorado de memoria cortoplacista, hacer viral el escándalo tan pronto fue consecuencia de un mal cálculo.
Pero aquí es en donde está lo interesante, el punto que no debe dejar de observarse. Si toda esta situación se dio tan pronto es porque su objetivo político se encuentra justo en las precampañas, en el momento en donde los principales arreglos, concesiones y reparto de posiciones de poder y otros dividendos apenas se están construyendo y organizando.
Que el escenario de la disputa sea Chihuahua bajo una administración panista da la impresión de que el fuego proviene de las trincheras de un panismo desesperado por deshacerse de sus rivales electorales antes de que se llegue al tiempo de las urnas y las boletas. Los márgenes de maniobra que Javier Corral —uno de los panistas a los que menos secretos sucios se le conocen en la arena pública— otorgó a su fiscalía apuntan en esa dirección. Y es que no es una regularidad del funcionamiento del sistema político mexicano que dentro del propio partidismo se den este tipo de sucesos, en los que son más que un par de funcionarios en la base de la pirámide alimenticia los que se están perfilando en el próximo sacrificio.
Sin embargo, esta es justo apenas una impresión. El fuego tiene todos los elementos para ser identificado como fuego amigo, proveniente de la trinchera de un priísmo moribundo, bajo el riesgo de ser consumido por una casta de nuevos intereses que definitivamente no se encuentran en sincronía con las formas cortesanas y la solemne corrección política del priísmo de la vieja guardia.
En lo que va de tiempo, desde el momento en que se hizo público el desvío de los dineros públicos hasta hoy, una de las principales lecturas que se han hecho del mismo es la que el propio gobernador Corral ofreció: que las filtraciones del proceso judicial que se está siguiendo en la fiscalía chihuahuense provienen del grupo compacto de César Duarte para poder evitar la prisión apelando a que la filtración de información confidencial sería violatoria del debido proceso. Sin embargo, todo el movimiento se percibe más grande que la figura del exgobernador Duarte.
Y es que, en general, el pacto de silencio que impera entre los miembros de la clase política siempre funciona en términos en los que es posible recompensar con creces a aquellos individuos que están dispuestos a ser sacrificados con el objeto de mejorar la percepción de la imagen del partido y del gobierno. De ahí que si bien es factible concebir que las filtraciones se dieron como una advertencia de Duarte para evitar ser procesado por los crímenes que se le imputan en la justicia mexicana, el recurso se presente, hasta cierto punto, como un movimiento extremo de frente a un sistema que tiene como signo característico a la impunidad y a la complicidad.
Por ello, la ruptura de ese silencio sepulcral por parte de funcionarios pertenecientes al círculo interno del más añejo y rancio priísmo de la vieja guarda apunta, más bien, a una suerte de ajuste de cuentas entre facciones internas que se están disputando el reparto de dividendos que resulten de los comicios venideros. El mensaje de advertencia es claro, y sus efectos ya comienzan a perfilar como elementos prescindibles a aquellos que entorpezcan la campaña de José Antonio Meade.
El argumento de la elusión del proceso judicial de Duarte por causa de la filtración de información privilegiada dentro de una carpeta de investigaciones, en este sentido, sólo cobra sentido en el momento en que se observa que si es correcto que la información se ventiló desde la facción a la cual pertenece, el proceso judicial como pretexto para castigarlo por la osadía de arremeter en contra de su propio partido queda fuera de la ecuación. De lo contrario, queda rebasado.
Duarte, y hasta Beltrones (guardia pretoriano que custodia la historia oficial de Lomas Taurinas), parecen precios pagables de frente a la posibilidad de que el priísmo que se afirma como heredero de la Revolución pierda el control no sólo de las estructuras gubernamentales que recobró en 2012, sino de cara a la posibilidad de perder el control de sus propias instancias internas de poder. Y son, de hecho, las dos únicas opciones que las figuras próximas al presidente Peña Nieto tienen de amortiguar el impacto que esta situación ocasiones (buscando que ésta no escale hasta vincular a personalidades más cercanas a Peña Nieto y Meade). Y es que el movimiento es, también, capaz de contener la creciente influencia de Luis Videgaray en la campaña de Meade; influencia que encuentra una fuerte resistencia no únicamente por parte del círculo interno del presidenciable, sino que también la encuentra en el equipo de trabajo del actual presidente del partido, Enrique Ochoa Reza.
En última instancia, es el control de daños lo que permitirá definir, de manera más certera, la intención mentada en la publicación de esta información: el mayor o el menor grado que se observe que ocasiona en las principales figuras del partido será lo que señale el enfrentamiento entre las facciones y los balances o desbalances que se den en su correlación.
22/12/17
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Jerusalén: Discursos de normalidad y balcanización de facto

Por irónico que parezca, en todo lo concerniente a la administración de Donald Trump, al frente del gobierno estadounidense, el principal problema y la amenaza más inmediata para la humanidad no es, en estricto, el propio presidente, sino el vasto universo de sujetos que observan en su gestión una especie de anormalidad que llegó a alterar, de manera intempestiva, y hasta imprevisible, el relativamente alto grado de refinamiento y normalidad que se había logrado obtener, en el desarrollo de la historia de la política internacional, a través de la experiencia que dejaron dos Guerras Mundiales y medio siglo más de proxy wars motivadas por ideologías excluyentes.
Es decir, hoy, teniendo en perspectiva la serie de eventos que se acumulan detrás de cada decisión y afirmación del actual presidente de Estados Unidos, es posible afirmar que no son ni la persona al frente del ejecutivo estadounidense ni su gabinete, así como tampoco lo son los intereses —legales o ilegales, institucionales o facticos— que soportan cada uno de sus actos y cada una de sus palabras, quienes representan la mayor amenaza para la humanidad, sino que lo son, por lo contrario, todos aquellos actores (medios de comunicación tradicionales, homólogos del mandatario al frente de otras naciones, think tanks, universidades, analistas a sueldo, empresarios privados, el vulgo), quienes, al aferrarse a la idea de que Trump es una anormalidad, una lamentable excepción a las reglas de la alta y solemne política, continúan interpretando el mundo —e intentando explicarlo— a partir del imperativo de recobrar esas formas cortesanas, esos simbolismos tan políticamente correctos, al margen y a pesar de las políticas estadounidenses desplegadas alrededor del mundo.
¿Por qué? No porque los despliegues militares estadounidenses, sus cambios introducidos en las reglas del comercio internacional, sus modificaciones forzadas en el sector financiero global, sus alteraciones en el reparto de los mercados regionales (con particular énfasis en los energéticos) o sus refuncionalizaciones en una multitud de otros campos (migración, medio ambiente, ciencia, educación, cultura, etc.) no sean, por sí mismas, preocupantes por las devastadoras consecuencias que ya comienzan a tener —y que proyectan para el futuro inmediato, con la posibilidad de alcanzar puntos de no retorno en algunas de ellas. De hecho, lo son, en toda la extensión del término.
Más bien, Trump y su gabinete son riesgos civilizatorios de segundo orden, frente a aquel que representan todos esos actores que observan el acontecer cotidiano con la aspiración de regresas a ese viejo orden pretrumpiano, porque, en estricto, el mayor o menor grado de éxito de la actual agenda de intereses globales de Estados Unidos depende de una correcta percepción del significado que realmente tiene cada modificación en las políticas internacionales vigentes.
Es claro que con Trump o sin él, el gobierno de Estados Unidos, en general; y su complejo militar-financiero-científico-tecnológico, en particular; representan la mayor amenaza civilizatoria de los últimos tres siglos. Y en este sentido, la administración Trump significa, más que un cambio de sentido, más que un retroceso o una abierta negación a alguna especie de movimiento inercial, un potenciador de prácticas, proyectos y políticas que ya ocurrían por debajo de la percepción pública (la mayoría de las veces, como denuncias de movimientos de resistencia que la ahora oposición al trumpismo —y antes, como hoy, establishment del capitalismo moderno— ignoraba por considerarlas radicales, reaccionarias).
Quizá el evento que mejor ejemplifica esta perversa dinámica —o por lo menos el más reciente de una larga lista— sea el reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como la capital histórica, legítima del estado de Israel. Y es que, si algo ha dejado entrever la situación que se desató a partir de este viraje (si es que se le puede nombrar así a una decisión que ya se había legislado desde 1995, en la the Jerusalem Embassy Act, pospuesta cada seis meses por cada presidente después de Clinton) en la política estadounidense sobre la ciudad, es que esa masa amorfa de observadores, analistas e intérpretes de las acciones del gobierno de Trump se mantienen en una línea narrativa en la que cada acto y sentencia del presidente estadounidense es considerada como una decisión irracional, aleatoria y sin ninguna finalidad objetiva que beneficie a Estados Unidos, pues se aprecian apenas como meras ocurrencias.
No teniéndose necesidad de profundizar y solidificar las relaciones que existen entre Israel y Estados Unidos, la decisión de Trump sobre Jerusalén parece simplemente incoherente, más aun, teniendo en cuenta, por un lado, que los principales estrategas de Estados Unidos en la región no han escatimado recursos en apoyar a los movimientos ultraderechistas del judaísmo; y por el otro, que en el plano domestico el apoyo a la decisión, por término medio, no rebasa porcentajes de entre el cuarenta y el cincuenta por ciento —incluyendo a los sectores evangélicos más conservadores y ortodoxos
En última instancia, el reconocimiento de Jerusalén como capital israelita se percibe como la única decisión que no se debía tomar si no se busca ir en contra de cada una de las políticas estadounidenses activas en Oriente Medio, Asia Central y el Norte de África; es decir, se concibe como la antítesis de la pacificación regional, de los mandatos del Consejo de Seguridad en diversos temas, del combate al terrorismo islámico y de la contención de la influencia iraní en la zona. Así pues, en el mejor de los casos, las ocurrencias del actual presidente estadounidense podrían explicarse como un error de cálculo en el que la percepción del mundo musulmán se vio viciada por la ilusión de que el reconocimiento no sería lo suficientemente grave como para sacar a los musulmanes del letargo en el que se encuentran sumidos, en sus realidades, problemas y carencias más inmediatas.
 Dos son los problemas que se desprende de estas estrategias discursivas. Por un lado, continúan invisibalizando el hecho de que con o sin reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, por parte de Estados Unidos, las condiciones de facto que se desenvuelven en el curso de la cotidianidad son, ya, las que en el imaginario colectivo general se suponen reservadas para un escenario en donde la diplomacia, las negociaciones y los procesos de paz han fracasado. Es decir, (re)producen y legitiman la idea de que hay dinámicas de pacificación que se están llevando a cabo de manera efectiva, cuando lo cierto es que, a pesar de las once ocasiones en las que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado en el sentido de afirmar que «el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal», la ocupación sigue.
En este sentido, se pierde de vista, también, que en diez de esas once votaciones (la última de las cuales se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2016) el gobierno estadounidense bloqueó la aplicación del derecho internacional a la cuestión palestina, ya por la emisión de su derecho a vetar una resolución del Consejo de Seguridad; por boicotear en el terreno bilateral las negociaciones que no resultaran favorables para su alianza con Israel; incrementando sus presupuestos de asistencia militar a este Estado (tres mil millones de dólares anuales); bloqueando las cadenas de producción y suministro palestinas; catalogando a las organizaciones políticas palestinas como agrupaciones terroristas; desplegando campañas mediáticas para justificar moralmente los actos genocidas de Israel, y un largo etcétera.
Pero también, por otro lado, se encuentra el problema de no alcanzar a observar los despliegues militares que se dieron, incluso, antes de que la decisión de Trump se anunciara de manera formal. Y aquí, los eventos a observar son principalmente dos, pues si no se captan en su articulación conjunta se corre el riesgo no sólo de pretender que cada una es una situación aislada de las demás, sino de obviar la racionalidad que subyace a la decisión del reconocimiento de Jerusalén.
a)  La última semana de noviembre, diplomáticos de Siria, Irán y Rusia, así como sus respectivas cadenas mediáticas afines, y hasta el propio presidente ruso, Vladimir Putin, informaron que el conflicto con el Estado Islámico ya había llegado a su fin; teniendo como garantía de dicha victoria la recuperación de la totalidad de los territorio sirios bajo ocupación la agrupación extremista.
b)  Simultáneamente, el gobierno iraquí anunció que en sus propios territorios la lucha en contra del Estado Islámico había finalizado, con la recuperación, también, de la totalidad de territorios que aquella agrupación dominada con su despliegue militar.
Mientras esto ocurría, la administración estadounidense, por medio de su Comando Central (CENTCOMM), instancia encargada de las operaciones militares y de inteligencia estadounidenses en Oriente Próximo y Asia Central, comenzó con el despliegue de tropas adicionales a las ya emplazadas en todos los países que se encuentran bajo el rango de operaciones de dicho comando —además de en la región Norte de África, a cargo del AFRICOMM. El cinco de diciembre, por ejemplo, el Comando Central informó, a través de la plataforma digital de la revista de estudios estratégicos y posicionamiento geopolítico estadounidense, Foreign Policy, que parte del plan de contingencia que se tenía preparado para los meses venideros contempla el emplazamiento de un número mayor de la Flota Antiterrorismo del cuerpo de la Marina (Fleet Antiterrorism Security Teams, o FAST Companies); ello, además, enmarcado en una campaña de reposicionamiento militar mayor, alrededor del globo, denominada Operation New Normal, cuyos detalles aún no se dan a conocer por completo, pero que incluyen el destacamento de mayores contingentes militares en cada país en el que Estados Unidos cuente con una Embajada.
Pero no sólo, pues en caso de que las operaciones desarrolladas por las Compañías FAST para hacer frente a cualquier contingencia no fuesen suficientes, también se tienen preparadas compañías adicionales, denominadas Special Purpose Marine Air-Ground Task Forces, acompañadas, por cierto, por los mayores portatanques de los que dispone la Armada estadounidense: KC-130 aerial tankers —con una alta capacidad de fuego—; por algunos ejemplares de uno de sus mejores aeronaves militares polivalentes, Bell-Boeing V-22 Osprey; así como por maquinaria de tipo: AV-8B Harrier jump jets, F/A-18 Hornet fighter jets; y, EA-6B Prowler electronic warfare aircraft; todas, parte del mejor armamento que el gobierno estadounidense desplegó en sus bombardeas en Siria.
Y lo cierto es que estas previsiones no son para sorprenderse: están pensadas para sostener conflictos armados de alta intensidad espacial y temporal, como aquellos que se suelen sostener con agrupaciones guerrilleras o terroristas. Y es que sí, la racionalidad subyacente a este tipo de decisiones mantiene activa la previsión de la cantidad de los estallidos sociales, armados y pacíficos, que se pueden desatar en esta región tan balcanizada por las actividades comerciales y militares de Occidente. Conflictos previsibles que, no sobra señalarlo, serían suficiente motivo para comenzar una nueva avanzada bélica,; es decir, justificantes necesarios para ampliar la escala de las operaciones militares que se requieren mantener en la zona para contener la creciente influencia de la triada China-Rusia-Irán. Primero se sa un pretexto al enemigo para ser violento, y luego se justifica la guerra contra ese enemigo, por esa violencia.
Tal proceder, por supuesto, no carece de riesgos: la formula mantiene los elementos esenciales que se emplearon, de un lado, para balcanizar el Norte África (en eso que desde Occidente se nombra Primavera Árabe); y del otro, para intervenir en sociedades como Siria y Yemen. Y por ello mismo, la ecuación tiene todo el potencial de desarrollar resultados contrarios a los esperados por los aparatos de inteligencia estadounidenses —como los obtenidos en esos otros eventos. Después de todo, por la cantidad de intereses que se pondrían en juego, el margen para mantener a Rusia, China e Irán fuera de la jugada es mínimo. Sólo balcanizar a la región por balcanizarla, esto es, viendo al proceso como el objetivo y no como el medio, alcanza a mejorar la apuesta: en Irak, por lo menos, funcionó como antesala para la reconfiguración que el país tuvo bajo el comando de las empresas estadounidenses.
Cualquiera que sea el caso, mientras fluye la información, lo importante es ser consciente de que la decisión del presidente Trump (y de todo el aparato de inteligencia detrás de él) tiene que ver con muchas dinámicas, menos con el puro reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Continuar con esa narrativa oculta series más complejas de intereses en juego que son, por donde se las quiera ver, mayores que el mantenimiento de la colonización de Palestina.
17/12/17
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Estado de excepción... Disolución Social

III
Siguiendo su tránsito legislativo en el constituyente permanente, el proyecto de Ley de Seguridad Interior avanzó, este jueves 14 de diciembre, hasta el trámite de discusión y votación plenaria, luego de su aprobación en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda. Llegada a este punto, y derivado de las manifestaciones de inconformidad que la sociedad civil ha mostrado de cara a las disposiciones del texto, el proyecto que la Cámara de Diputados había aprobado en días pasados ya no es el mismo que ahora el pleno del Senado se prepara a legislar. Pero no lo es sólo en la forma, pues las diversas disposiciones que se modificaron únicamente sustituyeron unos eufemismos por otros, manteniendo íntegro su contenido normativo.
La primera de estas alteraciones tiene que ver con la referencia explícita que se hacía en el texto al contenido del proyecto como materia de Seguridad Nacional. Y es que, lo que antes indicaba que: «Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional», ahora manifiesta que: «Sus disposiciones [de la Ley] son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior». La cuestión aquí es, no obstante, que pese a la nueva redacción el contenido de la Ley como derivación de la Ley de Seguridad Nacional no cambia en absoluto, ni siquiera acota su ámbito de acción y competencias.
Y es que, en estricto, las fracciones referidas remiten, por un lado, a las facultades del Congreso «para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes»; y por el otro, a las del presidente de la república para «preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación». Es decir, que mediante un largo rodeo en el que una disposición remite a otra, pero siempre correlativa, normativa de la misma materia, se mantiene el objetivo de hacer de las cuestiones de seguridad pública, ciudadana, objeto de regulación de la Ley de Seguridad Nacional, afianzando el rol de las fuerzas armadas en la ejecución de dicha Ley.
El segundo cambio de redacción importante tiene que ver con las disposiciones del artículo séptimo de la Ley, uno de los que más han preocupado a la sociedad civil, en general, y a diversas instancias encargadas de velar por los derechos humanos en el país, en particular. En la redacción anterior, este artículo establecía, en su párrafo segundo, que: «En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas».
 Y lo cierto es que se considera una de las disposiciones más sensibles y preocupantes del proyecto porque abre la puerta, de par en par, a la posibilidad de repetir la persecución política que en el siglo XX se justificaba a través del delito de Disolución Social; empleado por el Gobierno Federal para perseguir, criminalizar, incriminar, desaparecer y asesinar a cualquier ciudadano que le fuera incómodo para el desarrollo de sus intereses —y fuente, también, de las protestas que condujeron al 68 mexicano, movimiento por el que se logró la derogación de los artículos que fundamentaban dicho delito, el 145 y 145 Bis del Código Penal.
Es decir, es una disposición en la que el contenido moral fundado en ella es tan sólido, tan hermético y conservador que, así como en el siglo XX cualquier acto ciudadano que el Gobierno considerara que ponía en peligro u obstaculizaba el funcionamiento de sus instituciones, o que simplemente se consideraba que propagaba el desacato a los deberes cívicos, así ahora cualquier evento que las instituciones del Gobierno Federal consideren, de manera arbitraria, como una perturbación grave de la paz pública, o que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad, pasa a justificar no sólo el empleo de las fuerzas armadas para disolver ese evento, sino que, además, legitima la suspensión de derechos en la población objetivo.
En la nueva redacción del proyecto, este párrafo fue eliminado, mientras que en el párrafo primero se introdujeron algunos términos que dan la impresión de reforzar los límites de acción de las fuerzas armadas, por medio del recurso a un amplio abanico de instrumentos garantes de los derechos humanos. De tal suerte que el artículo ahora queda con un solo párrafo que establece: «Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes».
El problema aquí es que, a pesar del énfasis que se hace en el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo primero de la Ley, y de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, ese respeto, esa protección y garantía dejan de ser válidas en el momento en que el titular del Ejecutivo, con el aval del Congreso, considere que hay una amenaza, un peligro o apenas una perturbación grave a la sociedad, en general; o a la paz pública, en general. Y es así porque tales disposiciones están subordinadas al artículo 29 de la Constitución, mismo en el que se establece que la respuesta ante tales eventualidades será la de «restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación».
Y si bien es cierto que en el siguiente párrafo del art. 29 constitucional (modificado en los términos aquí expuestos el diez de febrero de 2014) se hace mención de los derechos y las garantías que no se podrán suspender, también lo es que las líneas citadas arriba anulan esas excepciones, pues expresamente se establece que se deberán suspender los derechos y las garantías que fuesen obstáculo. Da manera tal que cuando la libre circulación de las personas, el derecho de asociación o de libre expresión, por mencionar algunos ejemplos, constituyan —de conformidad con los estándares morales y de gobernabilidad de la administración en turno—, un peligro, una amenaza o una perturbación deberán suspenderse para hacer frente a la situación de manera rápida y fácil (sí, la Constitución también cuenta con contradicciones importantes).
Es aquí, quizá, en donde se concentran las mayores incomprensiones de la sociedad civil, en favor del proyecto de Ley, sobre los peligros que éste representa para el conjunto poblacional. Y es que, en última instancia, lo que parece estarse olvidando al observar este punto (si es que se lo observa en absoluto), es que la construcción social de los enemigos, la invención de las amenazas, los peligros y las perturbaciones, además de ser asuntos por entero discrecionales, relativos a la moral y a los intereses imperantes en las personas al frente de las instituciones gubernamentales cada sexenio, no precisan de su tipificación en algún código o ley para ser efectivos.
¿Acaso no es la historia de la guerra sucia, de la represión y el despojo de las comunidades originarias la historia de individuos y comunidades que representan un peligro para los intereses económicos en turno? ¿No es la historia de los movimientos obreros la historia de cómo un trabajador reclamando sus derechos sociales es motivo de represión gubernamental, de desaparición, de asesinato o, en el mejor de los casos, de despido? ¿No es la historia de los movimientos estudiantiles la historia de cómo un adolescente inscrito en una institución de educación pública pasa a representar un guerrillero en potencia o un anarquista en las narrativas de la administración pública federal? ¿Y no es la historia de la sexualidad la historia de hombres y mujeres que por sus preferencias afectivas constituían una aberración para los valores cristianos imperantes en el tejido social?
Los ejemplos son muchos, y cada uno de ellos es tan arbitrario como los demás. El que hoy algunos sectores de la población ya no constituyan un peligro para el orden, la paz y la estabilidad públicos no garantiza que en un futuro, próximo o lejano, no lo vuelvan a ser, con las mismas estrategias discursivas o con otras. ¿Qué pasa cuando las manifestaciones por cuarenta y tres estudiantes desaparecidos por las fuerzas armadas se convierte en motivo de expresiones de repudio y resistencia a nivel nacional? ¿Qué pasa cuando el asesinato anual de miles de mujeres se convierte en motivo de protestas sociales frente a la inacción del gobierno? ¿Qué pasa cuando una agenda de reformas estructurales se convierte en motivo de rechazo por sendos sectores poblacionales en todo el territorio nacional?
Entre los cambios al proyecto de Ley realizados por el senado, de la redacción del artículo octavo se eliminó la adjetivación «pacíficamente» impuesta a las manifestaciones de protesta social como condicionante para no ser consideradas amenazas a la Seguridad Interior. La propuesta actual sólo establece que: «Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior».
Pero lo cierto es, no obstante, que pese a haber eliminado esa condicionante, la latencia de incluir en la constitución aún más candados de los que ya existen para la libre manifestación de las inconformidades sociales no se suprime, sólo se la disimula, bajo la pretensión de que al apelar a la Constitución todas las garantías están salvaguardadas —aunque sea en la propia constitución en donde se fundamentan las condiciones del estado de excepción.
Estado de excepción que se edifica, justo, sobre diversas eventualidades que en tiempos y espacios específico, de acuerdo con necesidades gubernamentales definidas en su particularidad histórica, constituyen excepciones por sí mismas. Es decir, un estado de excepción en el que la regla de dicha excepcionalidad se funda en la posibilidad de hacer de cada individuo, de cada comunidad y de cada situación una excepción a la justicia. Y es que si bien es cierto que los márgenes de acción del ejército, hasta el momento, no se dan en un ámbito de sistematicidad generalizada, en donde el grueso de la población ya cuente con alguna experiencia de abusos por parte de las instancias castrenses del Estado, también lo es que no por ello debe obviarse, excluirse, olvidarse, invalidarse o invisibilizar toda una historia de abusos.
Y abusos, por supuesto, que no es que hayan ocurrido porque las fuerzas armadas no contaban con un marco normativo para regular sus actividades. ¿Si no contaban con un marco normativo para realizar tareas de seguridad pública, por qué, en principio, no se esperó a contar con tal marco antes de sacar a los efectivos de sus cuarteles? La guerra sucia en México, aún vigente en todas aquellas comunidades que se resisten al despojo de sus recursos naturales, es el claro ejemplo de que los enemigos del Estado, son muchos, aunque estos tiendan a ser tradicionalmente los mismos, y es, también, la historia de cómo aún en la ilegalidad, en la carencia total de marcos regulatorios que legalicen su actividad, esa excepción a la norma constituye, de facto, una normalidad de la excepción.
Que no se requiera experimentar en carne propia, en la historia de vida de uno mismo, los abusos del ejército para caer en la cuesta de que esos abusos ya fueron cometidos y se continúan cometiendo en otros espacios, en contra de otros individuos y otras poblaciones. Y es que, en el momento en que se llegue a ese nivel de generalidad la Ley que regule la militarización será la menor de las preocupaciones, como las leyes vigentes lo fueron en los regímenes militares de toda América en el siglo XX.

14/12/17
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Estado de excepción... Seguridad Nacional: última ratio

II
Si se parte de comprender, por un lado, que el elemento sobre el cual se funda la militarización de cualquier sociedad es el de introducir a los individuos que la componen en un marco relacional dominado por una racionalidad, una lógica, de tipo castrense; y por el otro, que todo corpus normativo, legal, es una síntesis de una particular manera de razonar la realidad, de organizarla, construirla y comprenderla; la primera consecuencia analítica que se obtiene es que si bien los procesos de militarización de la vida en sociedad no requieren de leyes o constituciones a modo, una vez que éstas existen —ya como mandatos constitucionales, como leyes generales o reglamentarias—, el desplazamiento que se produce no es el de una simple sustitución de lo fáctico por lo legal y lo legítimo, sino el de la fundación de un estado de excepción permanente.
En este sentido, a lo que se punta con denominar a un cuerpo social como sociedad militarizada —teniendo como fundamento de dicha militarización el despliegue, en distintas escalas espaciales y temporales, y a través de diferentes dispositivos de poder, una racionalidad específica, privativa, de las fuerzas armadas—, es al reconocimiento de que la forma y el sentido organizativos de las relaciones sociales, de las pautas de convivencia cotidianas entre sujetos individuales y colectivos se encuentran dominados, colonizados, por rasgos que, como generalidad (abstracta) no se encuentran en el desarrollo civil de dicha socialidad.
  Es decir, así como la organización y el sentido de las relaciones sociales en una población en la que se privilegian la equidad entre los géneros y la aceptación de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad de los individuos no son los mismos que en aquellas colectividades en las que un género se subordina a otro y el desarrollo de la sexualidad se da en términos estrictamente hetero; así también el sentido y la forma organizacional de una sociedad en la que las nociones de seguridad se encuentran articuladas a la idea de construir y eliminar enemigos no son los mismos que los de aquellas en las que los objetivos de la seguridad no constituyen Otredades. Y es que no únicamente las maneras de comprender la problemática en cada uno de los polos son divergentes, sino que, además, sus procesos de construcción, las corrientes discursivas que los estructuran, los canales de poder que se emplean para abordarlo y los medios por los cuales circulan no son los mismos.
Ahora bien, identificar estas diferencias entre las distintas lógicas, racionalidades, que determinan la organización y el desarrollo de las relaciones de convivencia entre individuos y colectividades es imprescindible para mostrar por qué la Ley de Seguridad Interior, en trámite legislativo en el Congreso mexicano, sí constituye, tanto en su generalidad como en sus disposiciones particulares, la cristalización de una profunda y sostenida dinámica de militarización de la vida en sociedad, en el marco del despliegue y mantenimiento de una guerra en contra del narcotráfico.
Así pues, el primer rasgo que no se debe perder de vista es que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal —y sus ideólogos— para mostrar a la Ley como un cuadro normativo destinado a la reglamentación de las fuerzas armadas nacionales en las tareas de seguridad pública, el contenido de la misma es, en realidad, materia de seguridad nacional. La denominación de la propia Ley y de la materia que se supone pretende regular, como dominio de Seguridad Interior, se deben, de hecho, a la pretensión de realizar una distinción efectiva entre tres ámbitos muy específicos en los términos de lo que se entiende por seguridad: a) pública, b) nacional, c) interior; mismos que, en la práctica, se rigen por lógicas relativamente diferenciadas justo por sus órdenes normativos.
El artículo primero del texto, por lo anterior, expresa que la Ley «tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, los procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia». Porque la idea, aquí, es establecer que el campo de Seguridad Interior es una unidad en sí misma, diferente (aunque interconectada) con esas otras dos unidades, con mecanismos regulatorios y dispositivos de poder propios, que se refieren a la seguridad pública y a la seguridad nacional.
El problema es, no obstante, que en el párrafo segundo de la Ley se establece, de manera explícita, que «las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional», lo que significa que, para todos sus efectos, prácticos y normativos, la Seguridad Interior es apenas un subconjunto, una derivación o modalidad particular de aquella.
Y es que si bien es cierto que la Ley, en su artículo segundo, ofrece una definición de Seguridad Interior que busca distanciarla —aunque sea sólo en apariencia— de aquella que corresponde a la seguridad nacional, también lo es que, en estricto, ambas leyes se complementan, antes que fundar ordenes de acción diferenciados.
El artículo segundo de la Ley de Seguridad Interior, en este sentido, define a la misma como: «la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley».
En el artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, por su lado, se entiende por ésta: «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: i) La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; ii) La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;  iii) El  mantenimiento  del  orden  constitucional  y  el  fortalecimiento  de  las  instituciones  democráticas de gobierno; iv) El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; v) La  defensa  legítima  del  Estado  Mexicano  respecto  de  otros  Estados  o  sujetos  de  derecho internacional; y, vi) La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
Por su objetivo principal, el objeto general de su regulación, ambas Leyes están orientadas, estrictamente, al mantenimiento funcional y la permanencia del Estado mexicano tal y como éste existe en la actualidad; lo que, de entrada, implica que cualquier situación, sujeto y evento que sea susceptible de ser considerado —por el Estado mismo— como una amenaza que ponga en peligro su funcionamiento y existencia, ya es, de suyo, objeto de aplicación de ambas normatividades. Una y otra Ley se superponen, se refuerzan, se doblan, se comprimen sobre ellas mismas.
Y si se omiten, por el momento, las disposiciones referentes a las amenazas extranjeras y se diseccionan las redacciones de ambos cuerpos normativos, se tiene que la efectividad en mantener y asegurar la permanencia y la continuidad del Estado mexicano se encuentra determinada por, y subordinada a, la efectividad que se tenga en salvaguardar la permanencia y la continuidad, asimismo, de a) sus órdenes de gobierno e instituciones; b) el desarrollo nacional; c) el Estado de Derecho; d) la gobernabilidad democrática; e) la defensa del territorio; f) el mantenimiento del orden constitucional; g) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación; y, h) la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Los riesgos para la sociedad mexicana que supone el lograr dichos objetivos, por tanto, son varios, y todos igual de preocupantes.
En primer lugar, las disposiciones relativas a las territorialidades coloca como amenazas, tanto de Seguridad interior como nacional, a las autonomías indígenas, que aunque tienen su propia reglamentación que les confiere el estatus de autonomías integrantes de la unidad territorial nacional, cuando esa autonomía escapa a la subordinación en la que la mantiene la ley, respecto de las estructuras municipales y estatales —como en el caso de las poblaciones autogestivas, del tipo de las comunidades zapatistas—, aquellas son integradas, como ya lo están, a la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por los servicios de contrainsurgencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La suspensión de garantías, el despliegue de efectivos militares, su intervención y su empleo en contra de poblaciones de este tipo, en tal sentido, pasa su justificación por estas nociones, como ya ocurre, de facto, en los casos en que es preciso que el Estado se apropie de sus territorios para insertarlos en las cadenas de producción internacionales.  
En segunda instancia, las disposiciones en torno de la gobernabilidad, de la democrática y del desarrollo nacionales están articuladas, en términos de supeditación, al grado de estabilidad que se perciba en la actividad económica impulsada por el Estado mexicano. La propia noción de «preservación de la democracia», definida en la Ley se Seguridad Nacional como una condición fundada en el desarrollo económico del país refiere a la compresión de la democracia como un orden estrictamente económico, productivo/consuntivo, que, a su vez, con base en la experiencia histórica de los últimos seis sexenios, no tiene otra orientación que no sea de corte neoliberal.
De aquí que, en última instancia, Seguridad Interior y seguridad nacional terminen afirmando su campo de acción a través del objetivo de asegurar el despojo territorial, la privatización de la actividad productiva/consuntiva, la especulación financiera, el desmantelamiento de las prerrogativas de seguridad social, etc., cuando la política económica del gobierno en turno considere que el desarrollo del país se encuentra en peligro —lo que ya es tan arbitrario como la racionalidad detrás de la agenda de desarrollo del gobierno lo es. Intereses económicos en turno son identificados, así, con la estabilidad y la permanencia del Estado. Es el rubro en el que se inscriben las resistencias al modelo productivo neoliberal, a la apropiación de los medios de producción, al desarrollo de proyectos de infraestructura en poblaciones autónomas y al extractivismo de recursos naturales como amenazas al Estado en ambas nociones de seguridad.
En tercera instancia, se encuentran las disposiciones que tienen que ver con la institucionalidad y la legalidad del Estado, preceptos en los que la disidencia, la oposición y las políticas de las alternativas figuran como los fenómenos arquetípicos de las amenazas en contra de la racionalidad del Estado. Pero una disidencia, una oposición y unas alternativas que no pasan por las formas de la corrección política que se constituyen en partidos políticos, o similares y derivados, sino que atraviesan la manera de hacer política, en general; y la organización de su órdenes y escalas, en particular.
Es decir, son disposiciones en las que no únicamente se pone en juego la legitimidad, como aceptación popular, de las distintas legalidades que el constituyente permanente funda en su accionar, sino que, además, cuestionan de manera aún más profunda la razón de ser y el telos, la finalidad, de su existencia. El énfasis que se hace en ambas leyes, por lo anterior, no es arbitrario ni azaroso: el objetivo es mantener el status quo, la vigencia actual de las estructuras, divisiones y jerarquías que permiten la reproducción del capitalismo moderno; esto es, la vida en sociedad debe mantenerse, de acuerdo con estos imperativos, en un estado de coagulación permanente.
Así pues, se comprende que ya desde el primer artículo del proyecto de Ley de Seguridad Interior los asedios que se yerguen sobre la población civil mexicana son bastantes y reiterativas, redundantes —pero al mismo tiempo complementarias— de aquellas que ya en ese otro texto que compone a la Ley de Seguridad Nacional se prefiguran. De tal suerte que, en una primera aproximación, se obtiene que el proyecto de Ley en proceso se orienta en la tarea de desagregar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional a los campos específicos de la seguridad pública, subsumiendo a ésta en los objetivos de aquella a través del velo de una nueva nomenclatura.
El Estado, una vez más, se afirma a sí mismo como la ultima ratio de la vida en sociedad, el punto de culminación de la socialidad humana dentro de la cual —como lo mostró a la civilización entera el fascismo de mediados del siglo XX— queda todo, pues fuera de su racionalidad y en contra de la misma, queda la nada. 

10/12/17
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